Gerardo Baez Ordoñez

Expediente 1044/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1044/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
20/10/2016

Partes del expediente

  • Gerardo Baez Ordoñez
  • Jorge Almanza Reyes

Actuaciones

  1. Principal

    En veinte de octubre de dos mil dieciséis, el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, --------------------------------------------------- C E R T I F I C O:------------------------- Que el término de cinco días que prevé el artículo 98, de la Ley de Amparo vigente, para interponer el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de esa propia legislación, en contra del auto dictado por este Juzgado el tres de octubre del año en curso, en el juicio de amparo 1044/2016-3, promovido por GERARDO BÁEZ ORDOÑEZ y JORGE ALMANZA REYES; transcurrió del once al dieciocho de octubre de dos mil dieciséis; asimismo, que al revisar el expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; de igual forma, se hace constar que no se aperturó incidente de suspensión, por lo que no se exhibió billete de depósito o alguna otra garantía sobre la cual se tenga que proveer sobre su destino; y que no existen tomos de prueba por devolver a la autoridad responsable. Doy fe. En la misma fecha el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta a la Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veinte de octubre de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por el Secretario adscrito a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido para la parte quejosa el término de cinco días que establece el artículo 98, de la Ley de Amparo vigente, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de esa propia legislación, en contra del auto dictado por este Juzgado el tres de octubre de dos mil dieciséis, en el que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por GERARDO BÁEZ ORDOÑEZ y JORGE ALMANZA REYES; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. En atención a lo anterior, y toda vez que el auto de que se trata no requiere ejecución material, con apoyo en el numeral 214, de la Ley de Amparo en vigor, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Por otra parte, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el expediente en que se actúa, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que se desechó la demanda de amparo con que se formó el mismo; además de que este Juzgado considera que no contiene valor jurídico o histórico que amerite su conservación. Una vez que transcurran los tres años que establece el Primer Párrafo del Punto Décimo Primero del Acuerdo en cita, remítase el presente expediente por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Punto Décimo Tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Por último, conforme a la certificación de cuenta asentada por el Secretario adscrito a este Tribunal Federal, se hace constar que en el presente asunto las partes no allegaron al expediente principal algún documento de los que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que por sus características deba ser devuelto; como tampoco se exhibió billete de depósito o alguna otra garantía que amerite su devolución o proveer sobre su destino, dado que no se tramitó incidente de suspensión; asimismo, no existen pruebas pendientes por devolver a las autoridades responsables. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA A LAS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe. Luis.

  2. Principal

    En tres de octubre de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta a la Juez con un escrito con registro 16640 y nueve copias que se adjuntan.- CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, A TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. Visto el escrito signado por el diverso quejoso GERARDO BÁEZ ORDOÑEZ, en su carácter de representante común; y en atención a su contenido, se le tiene dando cumplimiento a las prevenciones formuladas en auto de veintiocho de septiembre del año en curso; en tales condiciones, respecto de la demanda de amparo planteada, se acuerda lo siguiente: Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que consigna: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano". En el presente asunto, esta resolutora considera que por lo que se refiere al acto que reclaman los quejosos GERARDO BÁEZ ORDOÑEZ Y JORGE ALMANZA REYES, que consiste en el auto de exequendo dictado por la Juez Segundo del Ramo Mercantil del distrito judicial de Zacatecas, el treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, dentro del juicio mercantil ejecutivo 576/2016, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" Por su parte, los numerales 1339 y 1340 del Código de Comercio, disponen: Art. 1,339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $574,690.47 (Quinientos setenta y cuatro mil seiscientos noventa pesos 47/100 M.N.) por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente. Corresponderá a la Secretaría de Economía actualizar cada año por inflación el monto expresado en pesos en el párrafo anterior y publicarlo en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el 30 de diciembre de cada año. Para estos efectos, se basará en la variación observada en el valor del Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía entre la última actualización de dicho monto y el mes de noviembre del año en cuestión. Las sentencias que fueren recurribles, conforme al primer párrafo de este artículo, lo serán por la apelación que se admita en ambos efectos, salvo cuando la Ley expresamente determine que lo sean sólo en el devolutivo. Sólo serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente o cuando lo disponga este código, y la sentencia definitiva pueda ser susceptible de apelación, de acuerdo a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo. El recurso de apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones, que se dicten en el trámite del procedimiento se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación conjunta con la apelación de la sentencia definitiva, sin que sea necesario en tal escrito la expresión de agravios; interpuesta esta apelación, se reservará su trámite para que se realice en su caso conjuntamente con la tramitación de la apelación que se formule en contra de la sentencia definitiva por la misma parte apelante. Para que proceda la apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones en efecto devolutivo o en el suspensivo se requiere disposición especial de la ley. La apelación debe interponerse ante el tribunal que haya pronunciado el auto, interlocutoria o resolución, a más tardar dentro de los nueve días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación si se tratare de sentencia definitiva, seis si fuere contra auto, interlocutoria o resolución, dictada en el procedimiento si se trata de apelaciones de tramitación inmediata y en el término de tres días si se trata de apelación de tramitación conjunta con la sentencia definitiva. Los agravios que hayan de expresarse en contra del auto, interlocutoria o resolución, cuando se trate de apelaciones de tramitación inmediata o de sentencia definitiva, se expresarán al interponerse el recurso de apelación. Los agravios que en su caso se deban expresar en contra de resoluciones de tramitación conjunta con la sentencia definitiva se expresarán en la forma y términos previstos en el artículo 1344 de este Código." Art. 1,340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $574,690.47 (Quinientos setenta y cuatro mil seiscientos noventa pesos 47/100 M.N.) por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339." Como se ve, la interpretación armónica y sistemática de los preceptos legales transcritos permite colegir que en los juicios mercantiles la apelación no procede cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a quinientos setenta y cuatro mil seiscientos noventa pesos con cuarenta y siete centavos por concepto de suerte principal; actualizada dicha cantidad conforme lo dispone el artículo 1339 del Código de Comercio. Establecido lo anterior, precisado quedó en párrafos que preceden, que en el presente asunto el acto reclamado consiste en el auto de exequendo dictado contra los ahora quejosos por la juez señalada como responsable el treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, dentro del juicio mercantil ejecutivo 576/2016, promovido por José Librado Salazar Martínez, en su carácter de representante de ARRENDADORA VE POR MAS, Sociedad Anónima de Capital Variable, Organización Auxiliar de Crédito, Grupo Financiero Ve Por Mas, contra los aquí quejoso GERARDO BÁEZ ORDOÑEZ Y JORGE ALMANZA REYES. Pues bien, atendiendo a la interpretación de los invocados numerales 1339 y 1340 del Código de Comercio; y tomando en consideración que el monto de la suerte principal que se demanda en el juicio de origen lo es por la cantidad de un millón doscientos setenta y cuatro mil doscientos ochenta y ocho pesos con veintitrés centavos, es decir, se trata de un monto superior a los quinientos setenta y cuatro mil seiscientos noventa pesos con cuarenta y siete centavos a que alude el precepto citado en último término, de ello se sigue que los peticionarios de amparo debieron impugnar el referido auto de exequendo que aquí reclaman, a través del recurso de apelación que establece el primero de los dispositivo citados, dado que es el conducto legal por el cual el auto que combaten puede ser modificado, revocado o nulificado. En efecto, bajo las premisas apuntadas, es claro que: 1. Si los quejosos figuran como demandados en el juicio mercantil ejecutivo 576/2016, que se tramita en el Juzgado Segundo Mercantil de Zacatecas, Zacatecas, ello pone de manifiesto que no comparecen al presente juicio de amparo en su calidad de terceros extraños, sino como parte procesal. 2. Atendiendo a que los peticionarios de amparo tienen el carácter de parte procesal por ser demandados en el citado juicio natural; por ende, tienen la obligación de agotar el medio ordinario de defensa correspondiente en contra del acto que consideran violatorio de sus derechos fundamentales, como en la especie lo es el recurso de apelación que establece el ordinal 1339 del Código de Comercio, el cual debieron hacer valer contra del auto de exequendo dictado por la juez responsable el treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, mediante el cual ordenó requerirlos por el pago de las prestaciones que se les demandan en el juicio ejecutivo mercantil de origen. Es aplicable a las consideraciones expuestas la Jurisprudencia 1a./J. 12/2016 (10a.), publicada en la página 979 del Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, Materia Común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo contenido se lee: "JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL CUYA SENTENCIA DEFINITIVA SEA APELABLE POR RAZÓN DE LA CUANTÍA. CONTRA EL AUTO DE EXEQUENDO DICTADO EN AQUÉL, ES NECESARIO AGOTAR EL RECURSO DE APELACIÓN DE TRAMITACIÓN INMEDIATA, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Si bien es cierto que el artículo 1345 del Código de Comercio establece diversas hipótesis para la procedencia de la apelación de tramitación inmediata, entre las que no se encuentra el auto de exequendo, también lo es que dicho numeral forma parte de un sistema de normas que regula el recurso de apelación, por lo que se complementa con los casos expresamente previstos en el citado código como apelables de tramitación inmediata. Bajo esa perspectiva, si el artículo 1165, último párrafo, del mencionado código, expresamente señala que la resolución que niegue el auto de ejecución será apelable en ambos efectos y, en caso contrario, se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación inmediata, es inconcuso que contra el auto de exequendo dictado en el juicio ejecutivo mercantil, cuya sentencia definitiva sea apelable por razón de la cuantía, procede el recurso de apelación de tramitación inmediata y, en consecuencia, es necesario agotarlo previo a la promoción del juicio de amparo indirecto en su contra, a fin de cumplir con el principio de definitividad que rige en la materia, contenido en los artículos 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo abrogada y 61, fracción XVIII, de la vigente." En las relatadas condiciones, como los garantes no hicieron valer el indicado medio de impugnación, previo a la promoción del juicio de amparo; por ende, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, pues no se agotó el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, conforme al cual cuando éste se promueva contra resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo, no debe existir la posibilidad de que sean modificados o revocados por razón de un recurso o medio de defensa que la ley ordinaria regule dentro del procedimiento. Sirve de apoyo al tema la Jurisprudencia I.6°.C. J/37, que aparece publicada en la página número 902, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, instancia correspondiente a los Tribunales Colegiados de Circuito; del rubro y texto siguientes: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías.". Sin que sea obstáculo a la conclusión apuntada, la circunstancia de que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 6/2010 del rubro: "AUTO DE EXEQUENDO DICTADO EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO, AL CONSTITUIR UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DENTRO DEL JUICIO, se haya pronunciado en el sentido de que el auto de exequendo dictado en un juicio ejecutivo mercantil es combatible en amparo indirecto, al constituir un acto de imposible reparación; pues en ese criterio sólo se define la naturaleza del acto reclamado y la vía de amparo indirecto para su impugnación; empero, las normas que regulan el juicio de amparo indirecto no establecen como excepción al principio de definitividad el que se trate de actos de esa naturaleza, pues si bien el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República consigna que procede el juicio de amparo en contra de los actos cuya ejecución sea de imposible reparación; empero, condiciona su procedencia al agotamiento previo de los recursos ordinarios que en su caso procedan, tal como lo consideró la referida Primera Sala, en la Jurisprudencia 44/2012, del rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." Asimismo, apoya lo expuesto la Jurisprudencia emitida por Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 1214 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, Agosto de 2007, cuyo rubro y texto son: "DEFINITIVIDAD. ESTE PRINCIPIO DEL JUICIO DE AMPARO DEBE CUMPLIRSE AUN ANTE LA RECLAMACIÓN DE ACTOS QUE REVISTAN UNA EJECUCIÓN IRREPARABLE. De la interpretación relacionada de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, se desprende que el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de garantías es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal; 37, 73, fracciones XII, XIII y XV, y 114 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Las anteriores precisiones y el examen integral de la normatividad jurídica mexicana ponen de manifiesto que no existe ninguna razón jurídica para sostener que contra los actos de ejecución irreparable no es obligatorio agotar los recursos ordinarios, antes bien, informan en cuanto a que la regla general es que en el juicio de amparo sólo pueden reclamarse actos definitivos; por consiguiente, no debe hermanarse el concepto de actos de ejecución irreparable con el principio de definitividad, pues de acuerdo con las anteriores precisiones, debe estimarse que aun contra actos dentro de juicio que revistan una ejecución irreparable, es menester que se agoten los recursos ordinarios procedentes a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de algunos de los mencionados supuestos de excepción al principio de definitividad." Conforme a lo antes expuesto, al no haber agotado los impetrantes de amparo el recurso de apelación para combatir la determinación que aquí reclaman, previo al ejercicio de la acción constitucional; por tanto, se patentiza la causal de improcedencia invocada. Además del referido auto de exequendo antes analizado, el diverso quejoso JORGE ALMANZA REYES reclama la diligencia practicada el doce de septiembre del año en curso, por la Ministro Ejecutora adscrita a la Central de Actuarios de los Juzgados Civiles, Familiares y Mercantiles del distrito judicial de Zacatecas, Zacatecas, en la que se le requirió por el pago de las prestaciones reclamadas en el precitado juicio ejecutivo mercantil 576/2016; asimismo, la parte actora señaló para embargo un camión Marca Mercedes Benz, Modelo 2013, con placas de circulación 919326Y, particulares del Estado de Zacatecas; y solicitó se girara oficio a las direcciones de Transito Municipales de "Cieneguitas" ó "Guadalupe, Zacatecas", para que se retirara dicho automotor de la circulación; y, por último, lo emplazó en los términos en que consta en el Acta relativa. El citado quejoso también reclama un oficio dirigido a la Dirección de Transporte, Tránsito y Vialidad en el Estado de Zacatecas, que dice se originó del acta de embargo levantada el doce de septiembre del presente año. Pues bien, en relación con tales actos, esta resolutora considera que cobra vigencia la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado;" En efecto, en relación con los destacados actos reclamados conviene destacar que entre los anexos que se adjuntaron al escrito inicial de demanda obra un escrito signado por el quejoso Jorge Almanza Reyes, mediante el cual dio contestación a la demanda instaurada en su contra; y en ese propio ocurso promovió incidente de nulidad de actuaciones, respecto de la mencionada diligencia practicada el doce de septiembre del año en curso. Con motivo de lo anterior, en auto de veintiocho de septiembre del año actual se determinó requerir a los promoventes del amparo para que bajo protesta de decir verdad, a manera de antecedentes de los actos que reclaman, manifestaran si la Juez señalada como responsable admitió a trámite el indicado incidente de nulidad de actuaciones; y en caso afirmativo, dijeran cuál es el estado procesal que guarda, esto es decir, si se está sustanciado, o bien, si ya fue resuelto. En cumplimiento a esa prevención, en su escrito aclaratorio el garante GERARDO BÁEZ ORDOÑEZ, bajo protesta de decir verdad manifestó que el incidente de nulidad de actuaciones de que se trata fue admitido para darle curso legal, prosiguiendo como acto inmediato, darle vista a la parte demandada incidental para que manifieste lo que a sus intereses convengan, estando pendiente su contestación, si es que es así su deseo, para posteriormente dictar la sentencia interlocutoria que corresponda. En esa tesitura, lo anterior pone de relieve que en la especie se está tramitando ante la misma autoridad responsable Juez Segundo del Ramo Mercantil del distrito judicial de Zacatecas, Zacatecas, un incidente de nulidad de actuaciones respecto de la diligencia de requerimiento de pago, señalamiento de un automotor para embargo; así como su emplazamiento, dentro de la cual además la parte actora solicitó se girara oficio a las Direcciones de Transito Municipales de "Cieneguitas" ó "Guadalupe, Zacatecas", para que sea retirado de la circulación dicho vehículo; acto este último que también se reclama; y en ese contexto, deviene inconcuso que dicho incidente puede tener por efecto modificar, revocar o nulificar los destacados actos reclamados, lo que impide legalmente realizar el análisis de tales actos en esta instancia constitucional, pues de hacerlo podría dar lugar al dictado de resoluciones contradictorias, entre la que se emita al resolver dicho incidente y la sentencia que se pronuncie en este juicio de amparo, lo que torna a éste improcedente. En las relatadas condiciones, al actualizarse en el presente asunto las causales de improcedencia analizadas, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, procede desechar de plano la demanda de amparo que promueven GERARDO BÁEZ ORDOÑEZ Y JORGE ALMANZA REYES. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LOS QUEJOSOS. Así lo proveyó y firma la licenciada ISAURA ROMERO MENA, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el Secretario que autoriza, licenciado José de Jesús Martínez Torres.- DOY FE. Luis.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE TRES DE OCTUBRE DE 2016, DE COPNFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LALEY DE AMPARO. "En tres de octubre de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta a la Juez con un escrito con registro 16640 y nueve copias que se adjuntan.- CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, A TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. Visto el escrito signado por el diverso quejoso GERARDO BÁEZ ORDOÑEZ, en su carácter de representante común; y en atención a su contenido, se le tiene dando cumplimiento a las prevenciones formuladas en auto de veintiocho de septiembre del año en curso; en tales condiciones, respecto de la demanda de amparo planteada, se acuerda lo siguiente: Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que consigna: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano". En el presente asunto, esta resolutora considera que por lo que se refiere al acto que reclaman los quejosos GERARDO BÁEZ ORDOÑEZ Y JORGE ALMANZA REYES, que consiste en el auto de exequendo dictado por la Juez Segundo del Ramo Mercantil del distrito judicial de Zacatecas, el treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, dentro del juicio mercantil ejecutivo 576/2016, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" Por su parte, los numerales 1339 y 1340 del Código de Comercio, disponen: Art. 1,339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $574,690.47 (Quinientos setenta y cuatro mil seiscientos noventa pesos 47/100 M.N.) por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente. Corresponderá a la Secretaría de Economía actualizar cada año por inflación el monto expresado en pesos en el párrafo anterior y publicarlo en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el 30 de diciembre de cada año. Para estos efectos, se basará en la variación observada en el valor del Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía entre la última actualización de dicho monto y el mes de noviembre del año en cuestión. Las sentencias que fueren recurribles, conforme al primer párrafo de este artículo, lo serán por la apelación que se admita en ambos efectos, salvo cuando la Ley expresamente determine que lo sean sólo en el devolutivo. Sólo serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente o cuando lo disponga este código, y la sentencia definitiva pueda ser susceptible de apelación, de acuerdo a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo. El recurso de apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones, que se dicten en el trámite del procedimiento se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación conjunta con la apelación de la sentencia definitiva, sin que sea necesario en tal escrito la expresión de agravios; interpuesta esta apelación, se reservará su trámite para que se realice en su caso conjuntamente con la tramitación de la apelación que se formule en contra de la sentencia definitiva por la misma parte apelante. Para que proceda la apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones en efecto devolutivo o en el suspensivo se requiere disposición especial de la ley. La apelación debe interponerse ante el tribunal que haya pronunciado el auto, interlocutoria o resolución, a más tardar dentro de los nueve días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación si se tratare de sentencia definitiva, seis si fuere contra auto, interlocutoria o resolución, dictada en el procedimiento si se trata de apelaciones de tramitación inmediata y en el término de tres días si se trata de apelación de tramitación conjunta con la sentencia definitiva. Los agravios que hayan de expresarse en contra del auto, interlocutoria o resolución, cuando se trate de apelaciones de tramitación inmediata o de sentencia definitiva, se expresarán al interponerse el recurso de apelación. Los agravios que en su caso se deban expresar en contra de resoluciones de tramitación conjunta con la sentencia definitiva se expresarán en la forma y términos previstos en el artículo 1344 de este Código." Art. 1,340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $574,690.47 (Quinientos setenta y cuatro mil seiscientos noventa pesos 47/100 M.N.) por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339." Como se ve, la interpretación armónica y sistemática de los preceptos legales transcritos permite colegir que en los juicios mercantiles la apelación no procede cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a quinientos setenta y cuatro mil seiscientos noventa pesos con cuarenta y siete centavos por concepto de suerte principal; actualizada dicha cantidad conforme lo dispone el artículo 1339 del Código de Comercio. Establecido lo anterior, precisado quedó en párrafos que preceden, que en el presente asunto el acto reclamado consiste en el auto de exequendo dictado contra los ahora quejosos por la juez señalada como responsable el treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, dentro del juicio mercantil ejecutivo 576/2016, promovido por José Librado Salazar Martínez, en su carácter de representante de ARRENDADORA VE POR MAS, Sociedad Anónima de Capital Variable, Organización Auxiliar de Crédito, Grupo Financiero Ve Por Mas, contra los aquí quejoso GERARDO BÁEZ ORDOÑEZ Y JORGE ALMANZA REYES. Pues bien, atendiendo a la interpretación de los invocados numerales 1339 y 1340 del Código de Comercio; y tomando en consideración que el monto de la suerte principal que se demanda en el juicio de origen lo es por la cantidad de un millón doscientos setenta y cuatro mil doscientos ochenta y ocho pesos con veintitrés centavos, es decir, se trata de un monto superior a los quinientos setenta y cuatro mil seiscientos noventa pesos con cuarenta y siete centavos a que alude el precepto citado en último término, de ello se sigue que los peticionarios de amparo debieron impugnar el referido auto de exequendo que aquí reclaman, a través del recurso de apelación que establece el primero de los dispositivo citados, dado que es el conducto legal por el cual el auto que combaten puede ser modificado, revocado o nulificado. En efecto, bajo las premisas apuntadas, es claro que: 1. Si los quejosos figuran como demandados en el juicio mercantil ejecutivo 576/2016, que se tramita en el Juzgado Segundo Mercantil de Zacatecas, Zacatecas, ello pone de manifiesto que no comparecen al presente juicio de amparo en su calidad de terceros extraños, sino como parte procesal. 2. Atendiendo a que los peticionarios de amparo tienen el carácter de parte procesal por ser demandados en el citado juicio natural; por ende, tienen la obligación de agotar el medio ordinario de defensa correspondiente en contra del acto que consideran violatorio de sus derechos fundamentales, como en la especie lo es el recurso de apelación que establece el ordinal 1339 del Código de Comercio, el cual debieron hacer valer contra del auto de exequendo dictado por la juez responsable el treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, mediante el cual ordenó requerirlos por el pago de las prestaciones que se les demandan en el juicio ejecutivo mercantil de origen. Es aplicable a las consideraciones expuestas la Jurisprudencia 1a./J. 12/2016 (10a.), publicada en la página 979 del Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, Materia Común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo contenido se lee: "JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL CUYA SENTENCIA DEFINITIVA SEA APELABLE POR RAZÓN DE LA CUANTÍA. CONTRA EL AUTO DE EXEQUENDO DICTADO EN AQUÉL, ES NECESARIO AGOTAR EL RECURSO DE APELACIÓN DE TRAMITACIÓN INMEDIATA, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Si bien es cierto que el artículo 1345 del Código de Comercio establece diversas hipótesis para la procedencia de la apelación de tramitación inmediata, entre las que no se encuentra el auto de exequendo, también lo es que dicho numeral forma parte de un sistema de normas que regula el recurso de apelación, por lo que se complementa con los casos expresamente previstos en el citado código como apelables de tramitación inmediata. Bajo esa perspectiva, si el artículo 1165, último párrafo, del mencionado código, expresamente señala que la resolución que niegue el auto de ejecución será apelable en ambos efectos y, en caso contrario, se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación inmediata, es inconcuso que contra el auto de exequendo dictado en el juicio ejecutivo mercantil, cuya sentencia definitiva sea apelable por razón de la cuantía, procede el recurso de apelación de tramitación inmediata y, en consecuencia, es necesario agotarlo previo a la promoción del juicio de amparo indirecto en su contra, a fin de cumplir con el principio de definitividad que rige en la materia, contenido en los artículos 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo abrogada y 61, fracción XVIII, de la vigente." En las relatadas condiciones, como los garantes no hicieron valer el indicado medio de impugnación, previo a la promoción del juicio de amparo; por ende, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, pues no se agotó el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, conforme al cual cuando éste se promueva contra resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo, no debe existir la posibilidad de que sean modificados o revocados por razón de un recurso o medio de defensa que la ley ordinaria regule dentro del procedimiento. Sirve de apoyo al tema la Jurisprudencia I.6°.C. J/37, que aparece publicada en la página número 902, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, instancia correspondiente a los Tribunales Colegiados de Circuito; del rubro y texto siguientes: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías.". Sin que sea obstáculo a la conclusión apuntada, la circunstancia de que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 6/2010 del rubro: "AUTO DE EXEQUENDO DICTADO EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO, AL CONSTITUIR UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DENTRO DEL JUICIO, se haya pronunciado en el sentido de que el auto de exequendo dictado en un juicio ejecutivo mercantil es combatible en amparo indirecto, al constituir un acto de imposible reparación; pues en ese criterio sólo se define la naturaleza del acto reclamado y la vía de amparo indirecto para su impugnación; empero, las normas que regulan el juicio de amparo indirecto no establecen como excepción al principio de definitividad el que se trate de actos de esa naturaleza, pues si bien el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República consigna que procede el juicio de amparo en contra de los actos cuya ejecución sea de imposible reparación; empero, condiciona su procedencia al agotamiento previo de los recursos ordinarios que en su caso procedan, tal como lo consideró la referida Primera Sala, en la Jurisprudencia 44/2012, del rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." Asimismo, apoya lo expuesto la Jurisprudencia emitida por Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 1214 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, Agosto de 2007, cuyo rubro y texto son: "DEFINITIVIDAD. ESTE PRINCIPIO DEL JUICIO DE AMPARO DEBE CUMPLIRSE AUN ANTE LA RECLAMACIÓN DE ACTOS QUE REVISTAN UNA EJECUCIÓN IRREPARABLE. De la interpretación relacionada de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, se desprende que el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de garantías es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal; 37, 73, fracciones XII, XIII y XV, y 114 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Las anteriores precisiones y el examen integral de la normatividad jurídica mexicana ponen de manifiesto que no existe ninguna razón jurídica para sostener que contra los actos de ejecución irreparable no es obligatorio agotar los recursos ordinarios, antes bien, informan en cuanto a que la regla general es que en el juicio de amparo sólo pueden reclamarse actos definitivos; por consiguiente, no debe hermanarse el concepto de actos de ejecución irreparable con el principio de definitividad, pues de acuerdo con las anteriores precisiones, debe estimarse que aun contra actos dentro de juicio que revistan una ejecución irreparable, es menester que se agoten los recursos ordinarios procedentes a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de algunos de los mencionados supuestos de excepción al principio de definitividad." Conforme a lo antes expuesto, al no haber agotado los impetrantes de amparo el recurso de apelación para combatir la determinación que aquí reclaman, previo al ejercicio de la acción constitucional; por tanto, se patentiza la causal de improcedencia invocada. Además del referido auto de exequendo antes analizado, el diverso quejoso JORGE ALMANZA REYES reclama la diligencia practicada el doce de septiembre del año en curso, por la Ministro Ejecutora adscrita a la Central de Actuarios de los Juzgados Civiles, Familiares y Mercantiles del distrito judicial de Zacatecas, Zacatecas, en la que se le requirió por el pago de las prestaciones reclamadas en el precitado juicio ejecutivo mercantil 576/2016; asimismo, la parte actora señaló para embargo un camión Marca Mercedes Benz, Modelo 2013, con placas de circulación 919326Y, particulares del Estado de Zacatecas; y solicitó se girara oficio a las direcciones de Transito Municipales de "Cieneguitas" ó "Guadalupe, Zacatecas", para que se retirara dicho automotor de la circulación; y, por último, lo emplazó en los términos en que consta en el Acta relativa. El citado quejoso también reclama un oficio dirigido a la Dirección de Transporte, Tránsito y Vialidad en el Estado de Zacatecas, que dice se originó del acta de embargo levantada el doce de septiembre del presente año. Pues bien, en relación con tales actos, esta resolutora considera que cobra vigencia la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado;" En efecto, en relación con los destacados actos reclamados conviene destacar que entre los anexos que se adjuntaron al escrito inicial de demanda obra un escrito signado por el quejoso Jorge Almanza Reyes, mediante el cual dio contestación a la demanda instaurada en su contra; y en ese propio ocurso promovió incidente de nulidad de actuaciones, respecto de la mencionada diligencia practicada el doce de septiembre del año en curso. Con motivo de lo anterior, en auto de veintiocho de septiembre del año actual se determinó requerir a los promoventes del amparo para que bajo protesta de decir verdad, a manera de antecedentes de los actos que reclaman, manifestaran si la Juez señalada como responsable admitió a trámite el indicado incidente de nulidad de actuaciones; y en caso afirmativo, dijeran cuál es el estado procesal que guarda, esto es decir, si se está sustanciado, o bien, si ya fue resuelto. En cumplimiento a esa prevención, en su escrito aclaratorio el garante GERARDO BÁEZ ORDOÑEZ, bajo protesta de decir verdad manifestó que el incidente de nulidad de actuaciones de que se trata fue admitido para darle curso legal, prosiguiendo como acto inmediato, darle vista a la parte demandada incidental para que manifieste lo que a sus intereses convengan, estando pendiente su contestación, si es que es así su deseo, para posteriormente dictar la sentencia interlocutoria que corresponda. En esa tesitura, lo anterior pone de relieve que en la especie se está tramitando ante la misma autoridad responsable Juez Segundo del Ramo Mercantil del distrito judicial de Zacatecas, Zacatecas, un incidente de nulidad de actuaciones respecto de la diligencia de requerimiento de pago, señalamiento de un automotor para embargo; así como su emplazamiento, dentro de la cual además la parte actora solicitó se girara oficio a las Direcciones de Transito Municipales de "Cieneguitas" ó "Guadalupe, Zacatecas", para que sea retirado de la circulación dicho vehículo; acto este último que también se reclama; y en ese contexto, deviene inconcuso que dicho incidente puede tener por efecto modificar, revocar o nulificar los destacados actos reclamados, lo que impide legalmente realizar el análisis de tales actos en esta instancia constitucional, pues de hacerlo podría dar lugar al dictado de resoluciones contradictorias, entre la que se emita al resolver dicho incidente y la sentencia que se pronuncie en este juicio de amparo, lo que torna a éste improcedente. En las relatadas condiciones, al actualizarse en el presente asunto las causales de improcedencia analizadas, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, procede desechar de plano la demanda de amparo que promueven GERARDO BÁEZ ORDOÑEZ Y JORGE ALMANZA REYES. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LOS QUEJOSOS. Así lo proveyó y firma la licenciada ISAURA ROMERO MENA, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el Secretario que autoriza, licenciado José de Jesús Martínez Torres.- DOY FE. Luis.

  4. Principal

    En veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta a la Juez con la demanda de amparo registrada con el número 16459, con nueve copias y anexos que se adjuntan.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas a veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis. Vista la demanda de amparo que promueve GERARDO BÁEZ ORDOÑEZ Y JORGE ALMANZA REYES, contra actos del Juez Segundo del Ramo Mercantil de Zacatecas y otras autoridades. Fórmese y regístrese el expediente en el libro de gobierno bajo el número 1044/2016-3; y en atención a su contenido, se acuerda: El artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: [ . ] II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley;". Por su parte, el numeral 108, fracción V, de la ley de la materia en consulta, disponen: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] V.- Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento de los conceptos de violación." Con apoyo en el precepto legal invocado, se determina requerir a los promoventes para que dentro del término de CINCO DÍAS contado a partir de la legal notificación de este proveído, cumplan con lo siguiente: Del análisis integral de la demanda de amparo, en lo que aquí interesa se advierte que los promoventes reclaman como diverso acto la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, practicada el doce de septiembre de dos mil dieciséis, en el juicio ejecutivo mercantil 576/2016. En relación con lo anterior, debe acotarse que entre los anexos que se adjuntaron al libelo constitucional, se advierte que obra un escrito signado por el diverso quejoso Jorge Almanza Reyes, mediante el cual dio contestación a la demanda instaurada en su contra; y en ese propio ocurso promovió incidente de nulidad de actuaciones, respecto de la mencionada diligencia practicada el doce de septiembre del año en curso. Atendiendo a lo anterior, se determina requerir a los promoventes para que bajo protesta de decir verdad, a manera de antecedentes de los actos que reclaman, manifiesten si el Juez señalado como responsable admitió a trámite el indicado incidente de nulidad de actuaciones; y en caso afirmativo, digan cuál es el estado procesal que guarda, esto es, si se está sustanciado, o bien, si ya fue resuelto; lo anterior, resulta necesario a efecto de estar en condiciones de proveer lo que legalmente proceda respecto de la demanda de amparo que se plantea. Se apercibe a la parte quejosa, que de no dar cumplimiento en los términos indicados dentro del plazo concedido a la prevención formulada, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, en términos del penúltimo párrafo del artículo 114, de la Ley de Amparo. En otro aspecto, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 13 de la Ley Reglamentaria en consulta, se tiene como representante común de los quejoso a GERARDO BÁEZ ORDOÑEZ; sin perjuicio de que posteriormente pueda ser sustituido por otro de los garantes. Se tiene como autorizado del quejoso en términos del artículo 24 segundo párrafo de la ley de amparo, es decir, únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos al licenciado J. Manuel Castrellón Uribe, toda vez que el quejoso no le otorga de manera expresa autorización en los amplios términos que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo; y como domicilio el ubicado en Calle Jaime Nunó 110, de la Colonia Francisco E. García, en Zacatecas, Zacatecas. Por último, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo vigente, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LOS QUEJOSOS. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe. Luis.

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