Gerardo Arvilla Yáñez
Expediente 104/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 12 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 104/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 20/04/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Gerardo Arvilla Yáñez
- Gumaro Arvilla Gómez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
En la misma fecha la Secretaria licenciada María Soledad Torres Muguiro, doy cuenta a la Juez con estado de autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veinte de abril de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por la Secretaria adscrita a este Tribunal Federal, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución dictada por este Juzgado el primero de abril del año en curso, por la que se decretó el sobreseimiento del presente juicio; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En consecuencia, y en atención a que la resolución de mérito no requiere ejecución material, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia en consulta, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción; por lo tanto, una vez que transcurra el término de tres años que establece el primer párrafo del referido punto vigésimo primero, deberán realizarse las gestiones necesarias para su destrucción. Por otra parte, agréguese el cuaderno original del incidente de suspensión, en virtud de que se negó la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, a fin de que sea destruido junto con el expediente en que se actúa; lo anterior en cumplimiento a lo ordenado en la fracción III, del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; y el duplicado guárdese por separado para que atendiendo a lo dispuesto en la fracción III, del diverso punto vigésimo del citado acuerdo, una vez que transcurra el término de seis meses; se realicen las gestiones pertinentes para su destrucción. Finalmente, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, PERSONALMENTE AL QUEJOSO Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe. Josué.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 27, DE ABRIL DE 2016, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) D ELA LEY DE AMPARO. "la misma fecha la Secretaria licenciada María Soledad Torres Muguiro, doy cuenta a la Juez con estado de autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veinte de abril de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por la Secretaria adscrita a este Tribunal Federal, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución dictada por este Juzgado el primero de abril del año en curso, por la que se decretó el sobreseimiento del presente juicio; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En consecuencia, y en atención a que la resolución de mérito no requiere ejecución material, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia en consulta, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción; por lo tanto, una vez que transcurra el término de tres años que establece el primer párrafo del referido punto vigésimo primero, deberán realizarse las gestiones necesarias para su destrucción. Por otra parte, agréguese el cuaderno original del incidente de suspensión, en virtud de que se negó la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, a fin de que sea destruido junto con el expediente en que se actúa; lo anterior en cumplimiento a lo ordenado en la fracción III, del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; y el duplicado guárdese por separado para que atendiendo a lo dispuesto en la fracción III, del diverso punto vigésimo del citado acuerdo, una vez que transcurra el término de seis meses; se realicen las gestiones pertinentes para su destrucción. Finalmente, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, PERSONALMENTE AL QUEJOSO Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe. Josué.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, siendo las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL UNO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías 104/2016, estando en audiencia pública la licenciada ISAURA ROMERO MENA, Juez Primero de Distrito en Estado de Zacatecas, asistida de la licenciada MARÍA SOLEDAD TORRES MUGUIRO, Secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo vigente, procedió a su celebración, sin contar con la asistencia personal de las partes. Acto seguido, la Secretaria da lectura a las constancias que integran el presente juicio de garantías, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas, en aplicación a la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 185, Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo, de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". En relación con lo anterior, la Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias, por leídas las mismas y por rendido el informe justificado de la autoridad señalada como responsable, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Enseguida, se declara abierta la ETAPA DE PRUEBAS, y se da cuenta con las documentales que adjuntó a su informe justificado la autoridad responsable. Al respecto, la Juez acuerda: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo vigente se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, las pruebas que ofreció la autoridad responsable, las cuales se tienen por desahogadas dada su propia y especial naturaleza, y se tomarán en consideración al momento de dictarse sentencia. Con lo anterior, se declara cerrado el período probatorio y se pasa al de alegatos, en el que se hace constar que no hay alegatos de las partes, ni pedimento del agente del Ministerio Público de la adscripción; en atención a lo anterior, se cierra esta etapa. Al no existir diligencia pendiente por desahogar, se pasa a dictar la siguiente resolución V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 104/2016; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. En escrito presentado el veinticinco de enero de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, GERARDO ARVILLA YÁÑEZ, por su propio derecho, formuló demanda de amparo indirecto, contra las autoridades, actos y por violación a las garantías individuales contenidas en los preceptos constitucionales, que enseguida se precisan: Autoridad Responsable Juez de Primera Instancia del Distrito Judicial de Loreto, Zacatecas. Acto reclamado: La omisión de dictar la interlocutoria dentro del incidente de nulidad de actuaciones promovido por el quejoso en el juicio sucesorio intestamentario 211/2014. Preceptos constitucionales que se estiman violados. El quejoso señaló como derechos humanos violados, los contemplados en los artículos 1, 14 y 16 Constitucionales. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de garantías de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, por lo que, mediante proveído de veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se ordenó su admisión y registro con el número 104/2016; se pidió informe justificado a la autoridad señalada como responsable; se dio intervención al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, tiene competencia legal para fallar en definitiva en el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse una omisión de una autoridad residente dentro de la demarcación territorial en que este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme las jurisprudencias del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese sentido, de una lectura integral del libelo constitucional y anexos que forman un todo, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, consiste en: La omisión de resolver el incidente de nulidad de actuaciones promovido por el quejoso en el juicio sucesorio intestamentario 211/2014. TERCERO. Existencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez precisados los actos reclamados, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia, certeza o presunción de los mismos, tal y como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis del rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." La autoridad responsable Juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Loreto, Zacatecas, al rendir su informe justificado reconoció la omisión o abstención de emitir la interlocutoria dentro del incidente de nulidad de actuaciones promovido por el quejoso Gerardo Arvilla Yáñez; sin embargo, agregó que el diecisiete de febrero del año que transcurre dictó la resolución correspondiente y para demostrar su afirmación anexó copia certificada de la misma. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Asimismo, es de precisarse que con el contenido del informe justificado y anexos, mediante proveído de veintinueve de febrero de dos mil dieciséis y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordenó dar vista al quejoso a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que se haya hecho argumentación alguna. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. La procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y de estudio preferente previo a la materia del fondo del asunto, ya sea de oficio o por planteamiento de alguna de las partes, de conformidad con lo establecido en el último párrafo, del artículo 62 de la Ley de Amparo vigente y con la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Atendiendo a lo anterior, la suscrita resolutora advierte que durante la tramitación del juicio en que se actúa cobró vigencia la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual, en lo conducente, establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Acorde a lo anterior tenemos que de una correcta interpretación del contenido de los artículos 61, fracción XXI, y 77, ambos de la Ley de Amparo se desprende que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado se actualice, no basta que la autoridad responsable en su caso, derogue, revoque o nulifique el acto que se le reclame sino que es necesario que los actos, consecuencias y efectos emanados con motivo del reclamo constitucional, queden superados en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del quejoso, o en su defecto, que habiéndola transgredido, la cesación que sobrevenga no deje huella alguna, puesto que la razón que justifica la improcedencia a que se ha hecho mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos, ni los surtirá porque ya no existe, además de que no dejó secuela alguna en la esfera jurídica de la impetrante de garantías que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De la demanda de garantías se advierte que el quejoso GERARDO ARVILLA YÁÑEZ, reclama del Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Loreto, Zacatecas, la omisión de resolver el incidente de nulidad de actuaciones que promovió en el juicio sucesorio intestamentario 211/2014. Lo anterior se trae a cuenta, toda vez que del análisis de las constancias que remitió la citada autoridad al rendir su informe justificado, se desprende que el diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, se emitió la interlocutoria relativa al incidente de nulidad de actuaciones promovido por el quejoso GERARDO ARVILLA YÁÑEZ, dentro del expediente 211/2014, en la que se determinó que no había lugar a declarar la nulidad de actuaciones solicitada. Así las cosas, las consideraciones expuestas ponen de relieve que a la fecha han cesado los efectos del acto reclamado, tomando en consideración que de las constancias aludidas se advierte que durante la substanciación del presente juicio constitucional, la autoridad responsable Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Loreto, Zacatecas, el diecisiete de febrero del presente año, emitió la interlocutoria correspondiente dentro del incidente de nulidad de actuaciones promovido por el quejoso GERARDO ARVILLA YÁÑEZ; por ende, debe concluirse que en el caso a estudio cesaron los efectos del acto impugnado en esta instancia constitucional. Lo anterior encuentra apoyo por analogía en la jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Sin que se obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que el juez responsable no haya remitido junto con su informe justificado la constancia de notificación del quejoso de la resolución de diecisiete de diecisiete de febrero del presente año, en razón a que este Juzgado le dio vista con su contenido en auto de veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que lo hiciera. En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie, durante la tramitación de este juicio constitucional, cobra vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; y, en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el numeral 63, fracción V, de la ley reglamentaria en consulta, procede SOBRESEER en el juicio promovido por GERARDO ARVILLA YÁÑEZ. Por lo anteriormente expuesto y con apoyo además en los artículos 73, 74, 124 y 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido GERARDO ARVILLA YÁÑEZ, contra la autoridad responsable y en cuanto al acto precisado en el considerando segundo de esta sentencia. NOTIFIQUESE POR LISTA A LAS PARTES Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Así lo resolvió y firma la licenciada ISAURA ROMERO MENA, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, secretaria que autoriza. DOY FE. mtm
- Principal
El treinta de marzo de dos mil dieciséis, el Secretario de Juzgado licenciado Faustino Rodríguez Flores, da cuenta a la Juez, con un escrito registrado con el número 6253. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a treinta de marzo de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta signado por GUMARO ARVILLA GÓMEZ, en su carácter de tercero interesado, por tanto, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo vigente, téngasele por apersonado en el presente juicio de garantías. Asimismo, como también lo solicita el promovente, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, el ubicado en Avenida Insurgentes número ciento veintidós (122), zona centro en esta ciudad; como autorizados en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo vigente, a la licenciada Evelia Robles Reyes (cédula 2289000), en virtud de que se encuentra registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Finalmente, con fundamento en el artículo 124 del ordenamiento legal en cita, téngaseles formulando los alegatos que vierten en su escrito, con los que se ordena dar cuenta en el momento oportuno. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Faustino Rodríguez Flores, Secretario que autoriza.- DOY FE. Lalo°
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