Gerardo Aviles Herrera
Expediente 1440/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 21 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1440/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 28/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Gerardo Aviles Herrera
- Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado
- Gerardo Aviles Herrera y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiocho de junio de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por la Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, mediante el cual acusa recibo del oficio número 13371/2019 con el que se devolvieron las copias certificadas del expediente 592/2016 de su índice. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, trece de junio de dos mil diecinueve. Atento a lo informado en la cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo aplicable, sin que se hubiere interpuesto recurso alguno en contra de la sentencia dictada el veintidós de junio de dos mil diecinueve, en la que en su segundo punto resolutivo negó el amparo y protección de Justicia Federal instada; con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado, se declara que aquella sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, toda vez que por sentencia emitida el veintidós de mayo de dos mil diecinueve, se sobreseyó en el juicio y se negó el amparo a la parte quejosa; en consecuencia, este asunto encuadra en lo dispuesto en el artículo Vigésimo Primero, fracción IV del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de fecha quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; por tanto, se hace la observación que el presente expediente es susceptible de depuración, debiendo conservarse únicamente la demanda y la sentencia. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentado la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Agréguese copia autorizada del presente proveído al original y duplicado del incidente de suspensión que derivan de estos autos, para que se provea lo conducente en relación a su archivo. Finalmente, se ordena devolver la Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, las copias autorizadas relativas que integran el expediente 593/2016 de su índice que en su oportunidad se remitieron como justificación de sus actos, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe.
- Incidental
Mérida, Yucatán, trece de junio de dos mil diecinueve. Vista la copia certificada de cuenta y en atención a lo acordado en el juicio principal del que deriva este incidente, archívense los presentes cuadernos de suspensión por cuerda separada. Ahora bien, de conformidad con el segundo párrafo, de la fracción III del artículo vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la observación de que el cuaderno original del presente incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que por acuerdo de diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, se concedió la suspensión provisional y por resolución de catorce de enero de dos mil diecinueve, se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, por lo que deberán conservarse únicamente las resoluciones relativas a su otorgamiento, así como que el duplicado del mismo deberá ser destruido una vez que transcurra el término de seis meses contados a partir de que fue dictada la sentencia interlocutoria que resolvió la suspensión definitiva. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordena el archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del presente juicio de amparo 1440/2018-VI, promovido por Gerardo Aviles Herrera en contra de los actos que reclama de la Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, por estimarlos violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y R e s u l t a n d o: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el cinco de diciembre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, Gerardo Avilés Herrera solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama de la Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado. Segundo. Admisión de la demanda. Por auto de diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, previa aclaración, se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por Gerardo Avilés Herrera, la cual se radicó bajo el número de expediente 1440/2018-VI del índice de este propio juzgado, se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional. Posteriormente, se ordenó y realizó el emplazamiento de la parte tercero interesada. Tercero. Requerimiento y apercibimiento. Por auto de seis de marzo de dos mil diecinueve, se requirió al quejoso para que dentro del término de quince días hábiles manifestara si señalaba como autoridad responsable, entre otras, al Actuario de la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares adscrito al Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, al advertirse la participación de dicha autoridad en los actos reclamados. Y toda vez que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto del requerimiento que le fue formulado, en audiencia constitucional de ocho de mayo del año en curso, se hizo efectivo el apercibimiento contenido en el auto señalado y no se tuvo al Actuario referido como autoridad responsable, determinándose que el presente juicio se resolvería únicamente por las autoridades señaladas con tal carácter de manera primigenia. Finalmente, la audiencia constitucional tuvo verificativo en términos del acta que antecede, por lo que es procedente pronunciar la sentencia correspondiente. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 35 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, al reclamarse actos con ejecución dentro del ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de actos. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es oportuno precisar que la parte quejosa reclama de las autoridades señaladas como responsables: - La falta o el ilegal emplazamiento que le fue realizado en el juicio ejecutivo mercantil 593/2016, promovido por Julio Alberto Martínez Euan, en contra del aquí quejoso y otro, del índice del Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, así como todo lo actuado en consecuencia. - El acuerdo de catorce de mayo de dos mil dieciocho, dictado en los autos del referido juicio ejecutivo mercantil 593/2016, promovido por Julio Alberto Martínez Euan, en contra del aquí quejoso y otro, del índice del Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, mediante el cual ordenó el embargo sobre el treinta por ciento del excedente del salario mínimo del quejoso y la correspondiente retención, a fin de garantizar el pago de la condena impuesta en dicho procedimiento. Tercero. Actos Existentes. La Juez Primero de lo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, al rendir su informe justificado manifestó que es cierto el acto reclamado consistente en la emisión del acuerdo de catorce de mayo de dos mil dieciocho en cuanto a que en dicho acuerdo decretó el embargo del salario del aquí quejoso. Lo que se corrobora con las copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil 593/2016, que la Juez responsable mencionada remitió junto con su informe justificado, las cuales adquieren valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo; de ahí que tal acto deba considerarse existente. Cuarto. Análisis de las causales de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, este Juzgado de Distrito realizará el análisis de las causales de improcedencia, previamente a estudiar el fondo de este asunto, en atención al contenido del artículo 62 de la ley de la materia. De oficio, se advierte que en relación con el acto reclamado por la parte quejosa consistente en el emplazamiento que le fue realizado en el juicio ejecutivo mercantil 593/2016, promovido por Julio Alberto Martínez Euan, en contra del aquí quejoso y otro, del índice del Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, así como todo lo actuado en consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el 5º, fracción II, y 108, fracción III, todos de la ley de la materia, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (.)". "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios. (.)". Para estar en condiciones de sustentar la afirmación de improcedencia de este juicio, es menester precisar que conforme a la fracción II, del artículo 5°, de la Ley de Amparo aplicable, es parte la autoridad o autoridades responsables; que tendrán tal carácter quien dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado; y, conforme al artículo 108 del mismo ordenamiento legal, las autoridades que realicen esos actos deberán ser señaladas como responsables. De lo antes expuesto, es evidente que si el quejoso se ostenta como tercero extraño a juicio por equiparación e impugna el emplazamiento que le fue practicado en el mismo, en este caso, por el Actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, a éste le resulta el carácter de autoridad responsable y, por tanto, debió señalarse como autoridad responsable a dicho funcionario. Sirve de sustento, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 29/94, emitida por Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 82, Octubre de 1994, Materia Común, Octava Época, de rubro y texto: "ACTUARIO, HIPÓTESIS EN QUE DEBE SER SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE. De conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Amparo, el actuario tiene la calidad de autoridad responsable, por lo que si en el amparo indirecto, el quejoso se ostenta como extraño al juicio, y le atribuye omisiones o irregularidades respecto al emplazamiento, debe señalarse a ese funcionario como autoridad responsable, toda vez que el mismo está obligado a cumplir cabalmente con los lineamientos legales que regulan tal acto; consecuentemente es el directamente encargado de defender la legalidad de su actuación, puesto que es el que conoce los pormenores de la misma, que lleva a cabo bajo su estricta responsabilidad, ello, con independencia de que el titular del Tribunal que igualmente puede tener el carácter de autoridad responsable, cumpla con su deber de revisar de oficio el actuar de su subalterno." También es útil para sustentar la consideración antes precisada, la parte conducente de la tesis sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 4105 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo LXXII, Quinta Época, Materia Civil, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES, CUÁLES LO SON, EN CASO DE EMBARGOS EN BIENES DE PERSONAS EXTRAÑAS AL JUICIO. Si el actuario, al cumplimentar el auto de exequendo dictado en un juicio, embargó bienes pertenecientes a un tercero extraño, los intereses jurídicos de éste resultan afectados con los actos de los Jueces titular y ejecutor, mediante los cuales ordenaron el secuestro, sin que obste que este secuestro hubiera sido ordenado respecto de bienes de la parte demandada en el juicio, pues es incuestionable que esos actos de las autoridades ordenadoras, dieron lugar a la molestia sufrida por el tercero; por tanto, no podría sostenerse que los repetidos actos no deben ser considerados como reclamados en el amparo que el tercero interponga, ni que las autoridades ordenadoras, no tienen el carácter de responsables en ese juicio de amparos, ya que la diligencia de embargo efectuada por el actuario, reconoce como origen las órdenes de que se ha hecho mérito, y como este último funcionario actuó como delegado de las autoridades ordenadoras, éstas pudieron aceptar, o no, los actos de aquél, de manera que si expresa o tácitamente los aceptan o ratifican, las propias autoridades son responsables, como lo es el actuario que ejecutó tales actos. Así no sólo es autoridad responsable la que ejecuta un acto o una ley, sino también, conforme el artículo 11 de la Ley de Amparo, la que dicta el expresado acto y expide tal ley. Además, en el caso de que se concediera el amparo, la autoridad meramente ejecutora, no podría ordenar el levantamiento del secuestro." Igualmente apoya las anteriores consideraciones la Jurisprudencia 3ª./J. 33/90, emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 186 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1990, Octava Época, Materia Común, de texto siguiente: "ACTUARIO. ES AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL EMPLAZAMIENTO. El artículo 11 de la Ley de Amparo, dispone que es autoridad responsable la que promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado; en esta clasificación queda comprendido el funcionario que realiza materialmente el emplazamiento, por las siguientes razones: I. Porque el juzgador sólo ordena que se haga el emplazamiento, y el actuario es el ejecutor de dicha orden; II. Porque en el emplazamiento es el actuario quien está obligado a observar los lineamientos legales que regulan tal acto; en consecuencia; III. Es al actuario a quien, en su caso, corresponde defender su acto, porque es el que conoce los pormenores de la diligencia de emplazamiento. En efecto, las actuaciones que realiza el actuario al practicar no sólo el emplazamiento, sino todas las notificaciones en el procedimiento respectivo, son de su exclusiva responsabilidad, al ser el encargado de observar los lineamientos legales que regulan tales actos." Y la Jurisprudencia P./J.5/98 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 96 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, Materia Común, con rubro y texto siguientes: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. EN EL AMPARO QUE PROMUEVA, SON AUTORIDADES RESPONSABLES LAS QUE DICTAN, ORDENAN, EJECUTAN O TRATAN DE EJECUTAR, LOS ACTOS QUE AFECTAN EL BIEN O DERECHO DEL QUE AQUÉLLA ES TITULAR. De los artículos 4o., 11 y 114, fracción V, de la Ley de Amparo, se infiere que, como regla general, para determinar qué autoridades han de ser llamadas como responsables cuando alguien demanda el amparo como persona extraña a un juicio, deben precisarse los actos autoritarios que afectan los intereses jurídicos del quejoso; y si bien no puede establecerse, a priori, con precisión, quiénes son autoridades responsables en esta clase de amparos, sí es posible, dentro de la amplia serie de situaciones susceptibles de presentarse, llegar a señalar a título ejemplificativo y como aplicación de la regla general, algunas de las hipótesis más características. Así, cuando el quejoso, como persona extraña, es titular del derecho o bien que debaten actor y demandado en un juicio, sufre el perjuicio desde que se inició el procedimiento sin haber sido emplazado, o haberse realizado el emplazamiento con vicios que le impidieron comparecer a defender sus derechos subsistiendo el perjuicio durante todo el juicio y, en su caso, en la ejecución; en esas condiciones, si todo el procedimiento le causa perjuicio, inclusive la sentencia definitiva y su ejecución (si hasta ahí se llegó), serán autoridades responsables el Juez y, en sus respectivos casos, el actuario, el tribunal de segunda instancia y los ejecutores. En otro supuesto, si los bienes o derechos de que es titular la persona extraña no son debatidos ni tocados durante el procedimiento, sino sólo por el Juez en su sentencia, ésta será el acto reclamado y el Juez la autoridad responsable. En otra aplicación de la regla general, si ni el procedimiento ni la sentencia afectan los intereses del quejoso extraño, pero sí el mandamiento de ejecución, éste y su cumplimiento serán los actos reclamados, y serán responsables el ordenador y el ejecutor. Finalmente, si los derechos del extraño no son tocados por el procedimiento ni por la sentencia, ni por el mandamiento de ejecución, sino sólo por la ejecución, ésta constituye el acto reclamado y el actuario o ejecutor será la autoridad responsable. No es obstáculo para lo anterior, la circunstancia de que al momento de promover la demanda no se tenga conocimiento de todas las autoridades sino sólo de alguna de ellas, ya que el quejoso tendrá la oportunidad de realizar el señalamiento de las restantes en la ampliación de demanda, que procederá una vez que se conozca el informe justificado y, para tal efecto, si el quejoso omitiera señalar alguna o algunas de las autoridades que participaron en el procedimiento, concurriendo a la afectación de su derecho, debe atenderse a la jurisprudencia número 30/96 de la Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, del mes de junio de mil novecientos noventa y seis, a fojas doscientos cincuenta y doscientos cincuenta y uno, bajo el rubro: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.". Lo anterior es así, ya que las autoridades como tales, deben ser oídas dentro del procedimiento en que ha de juzgarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos que de ellas se reclaman, pues de lo contrario, las autoridades no designadas no tienen la oportunidad de acudir al juicio de amparo en defensa de sus actos, e inclusive para alegar causales de improcedencia del juicio constitucional. Apoya lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 69 del Apéndice 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, cuyo rubro y texto son: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente, no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oída." Como se ve, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que si en la demanda de amparo, no se señala a alguna de las autoridades que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley de Amparo aplicable, les revista el carácter de responsables, no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se les llamó a juicio ni fueron oídas. De ahí que, cuando el juzgador advierte la participación de una autoridad no señalada como responsable, a efecto de no incurrir en violaciones al procedimiento, debe prevenir a la parte quejosa para que haga la regularización correspondiente. Sirve de sustento, identidad de razón, la jurisprudencia P./J. 127/2000, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País, visible la página 19 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, Diciembre de 2000, Materia Común, Novena Época, bajo el siguiente rubro y texto: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CUANDO DEL INFORME JUSTIFICADO SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR LA QUEJOSA EN SU DEMANDA DE AMPAROS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE EL CONTENIDO DE DICHO INFORME, CON LA PREVENCIÓN CORRESPONDIENTE. La interpretación teleológica del primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo, permite considerar que el legislador estableció una facultad discrecional en favor del Juez de Distrito, para ordenar que se haga personalmente una notificación; pero dicha notificación personal, que se ordena durante la sustanciación del juicio de amparo, únicamente se llevará a cabo cuando se trate de determinaciones de importancia y trascendencia para la correcta integración de la litis constitucional, cuyo objetivo principal será no dejar en estado de indefensión a alguna de las partes. En estas condiciones, cuando la demanda de amparo es presentada por quien se ostenta como persona extraña a juicio, y al rendirse el informe justificado el Juez de Distrito advierte la participación de autoridades no señaladas por el quejoso como responsables, dicho juzgador deberá notificarle personalmente el contenido de dicho informe, para que esté en aptitud de regularizar su demanda, debiendo también tomar en cuenta lo que respecto a la prevención establecen las jurisprudencias números 5/98 y 8/98 de este Tribunal Pleno, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, enero de mil novecientos noventa y ocho, páginas noventa y seis y noventa y cuatro, respectivamente, bajo los rubros: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. EN EL AMPARO QUE PROMUEVA, SON AUTORIDADES RESPONSABLES LAS QUE DICTAN, ORDENAN, EJECUTAN O TRATAN DE EJECUTAR, LOS ACTOS QUE AFECTAN EL BIEN O DERECHO DEL QUE AQUÉLLA ES TITULAR." y "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA POR. OMISIÓN EN EL SEÑALAMIENTO DE ALGUNAS DE LAS AUTORIDADES QUE INTERVINIERON EN LOS ACTOS RECLAMADOS.", ya que de lo contrario el Juez de Distrito incurrirá en violación a las normas del procedimiento, que en todo caso será corregida por el tribunal revisor ordenando para ello que se reponga el procedimiento, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo." Por tanto, cuando se reclama en el juicio de amparo un acto que emitió o ejecutó una autoridad y ésta no es llamada como autoridad responsable, se hace nugatorio el derecho que le asiste para defender la legalidad de tal acto y, por consiguiente, el juzgador estaría impedido para analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del propio acto reclamado y la de aquéllos que de él derivan, más aún cuando durante la substanciación del procedimiento, se colma la exigencia de prevenir a la parte quejosa para que señale como responsable a la autoridad correspondiente, por haberse advertido su participación en los actos reclamados y el impetrante del amparo no la designa con tal carácter, dicha circunstancia trae como consecuencia la improcedencia del juicio de amparo. En el caso, según se vio, del análisis integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se advirtió que la parte quejosa impugnó el emplazamiento que le fue practicado en el señalado juicio de origen y como consecuencia, todo lo actuado en dicho juicio; asimismo se advierte que en la demanda de amparo únicamente señaló como autoridad responsable, de entre las que intervinieron en los actos reclamados, al Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado. Con motivo de lo anterior, al imponerse este Juzgado de los autos del juicio natural y advertir que la parte quejosa impugnó el emplazamiento que le fue realizado en el juicio de origen, el cual según constancias remitidas en el informe justificado, fue practicado por el Actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado; por lo que, mediante acuerdo de seis de marzo del año en curso, dictado en el presente asunto, se requirió a la parte quejosa para que dentro del término de quince días manifestara si señalaba al nombrado Actuario como autoridad responsable, con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna al respecto, únicamente se resolvería el juicio respecto de la autoridad señalada como responsable inicialmente en la demanda de amparo. No obstante, la parte quejosa omitió dar cumplimiento a la citada prevención, pese a la notificación que le fue realizada de la misma, el trece de marzo del año en curso, en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones; por lo que, mediante audiencia constitucional que antecede, se hizo efectivo el apercibimiento contenido en el diverso acuerdo de seis de marzo último antes citado, y no se tuvo como autoridad responsable en estos autos al Actuario antes nombrado que practicó el emplazamiento de la quejosa en el juicio natural. Es por ello que, ante la omisión de señalar al Actuario que practicó el emplazamiento reclamado, este Juzgado Federal se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del esa actuación. Es así, en razón de que no es posible analizar en esta instancia constitucional un acto ejecutado por una autoridad que no tuvo la oportunidad de ser escuchada en defensa de la legalidad de su actuación. Sirve de apoyo a lo anterior, por igualdad de razonamiento la tesis 2a. CLXIV/98, emitida por la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, visible en la página 113 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, Enero de 1999, Materia Común, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento." Asimismo, es aplicable en lo conducente, la tesis XI.2º.9K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, consultable en la página 765 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Junio de 1996, Materia Común, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "ACTUARIO. SI NO ES SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL EMBARGO QUE REALIZO, DEBE TENERSE POR CONSENTIDO EL ACTO. Si el actuario que llevó a cabo el embargo no fue señalado por el quejoso ni llamado al juicio constitucional a efecto de que en su carácter de responsable, defendiera tal acto que se le atribuye, es evidente que el mismo se considera consentido y torna improcedente el juicio de amparos planteado contra ese acto de embargo." Así como la tesis VII.A.T. J/6 sustentada por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, visible a página 738 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Junio de 1996, materia Común, Novena Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE GARANTIAS CUANDO SE RECLAMA EL EMPLAZAMIENTO Y NO SE SEÑALA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE AL ACTUARIO QUE LO PRACTICO. Dado que el actuario es autoridad responsable en el amparo promovido contra el emplazamiento, si no se señala a éste como autoridad, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oído, motivo por el que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, relacionada con las jurisprudencias de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación que bajo los números 22 y 108 y epígrafes: "ACTUARIO. ES AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL EMPLAZAMIENTO" y "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS", son visibles en las páginas quince y sesenta y nueve del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en mil novecientos noventa y cinco, lo que obliga a sobreseer el juicio con apoyo en la fracción III del numeral 74 del mismo ordenamiento legal." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5°, fracción II y 108, fracción III, de la Ley de Amparo aplicable, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo en términos de lo dispuesto por la fracción V del artículo 63 del invocado ordenamiento legal, respecto del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en el emplazamiento que le fue realizado en el juicio ejecutivo mercantil 593/2016, del índice del Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado. Es de señalarse que ante el sobreseimiento decretado, no es posible analizar los conceptos de violación esgrimidos al respecto por la parte quejosa, atento al contenido de la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Séptima Época, localizada en la Página 49 del Semanario Judicial de la Federación, 24 Tercera Parte, registro 239006, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de amparos individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Sobreseimiento que se hace extensivo respecto de los diversos actos reclamados consistentes en todo lo actuado en el juicio de origen con posterioridad al emplazamiento aludido, al no haberse impugnado dichos actos por vicios propios, sino como consecuencia del citado emplazamiento. Lo anterior, sin que en el caso sea procedente suplir la deficiencia de la queja, en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, ya que el quejoso no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos para ello, aunado a que la suplencia de la queja sólo opera tratándose de los conceptos de violación, no así del señalamiento de las autoridades responsables. Sirve de apoyo a esta consideración en lo conducente, la tesis visible en la página 113 del Semanario Judicial de la Federación, tomo V, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1990, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, que se lee: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. ALCANCE DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA EN AMPARO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. No puede considerarse que la falta de designación de alguna autoridad responsable en el juicio de amparo en materia administrativa deba ser subsanada a través de la suplencia de la queja prevista en el artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, puesto que las violaciones manifiestas de la ley que hayan dejado sin defensa al quejoso o al particular recurrente, deben haber sido cometidas precisamente por la autoridad cuyos actos habrá de calificar el juez federal. El precepto no se refiere, pues, a deficiencias de la demanda de amparo que no guarden relación directa con la inconstitucionalidad de los actos reclamados, lo cual por lo demás resulta manifiesto en el encabezado de la propia disposición, que únicamente prevé la suplencia de los conceptos de violación o de los agravios." Cabe destacar que similar criterio sustentó el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito al resolver el amparo en revisión 30/2015. Quinto. Análisis de los conceptos de violación relacionados con el acto reclamado consistente en el acuerdo de catorce de mayo de dos mil dieciocho. Antes de abordar el estudio relacionado con el acuerdo de catorce de mayo de dos mil dieciocho, se estima pertinente hacer la aclaración que sí sería dable su análisis debido a que se trata de un acto autónomo, que emitió el Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el cual embargó el sueldo del aquí quejoso y que se encuentra desvinculado del emplazamiento que reclamó y respecto del cual se decretó el sobreseimiento con antelación al no haber señalado al Actuario como autoridad responsable, ya que dicho acuerdo únicamente fue emitido por el Juez que señaló como responsable, de ahí que sea procedente su estudio. Se procede al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado consistente en el acuerdo de catorce de mayo de dos mil dieciocho, dictado en los autos del referido juicio ejecutivo mercantil 593/2016, promovido por Julio Alberto Martínez Euan, en contra del aquí quejoso y otro, del índice del Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, mediante el cual ordenó el embargo sobre el treinta por ciento del excedente del salario mínimo del quejoso y la correspondiente retención, a fin de garantizar el pago de la condena impuesta en dicho procedimiento, esto atendiendo a los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, sin que sea necesaria su transcripción al no existir disposición que obligue a ello. Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia 58/2010, aprobada por la Segunda Sala del Alto Tribunal del País, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Jurisprudencia, Materia(s): Común, consultable en la página 830, Registro IUS número 164618, del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". La parte quejosa argumenta en esencia, mediante sus conceptos de violación que se viola en su perjuicio sus garantías previstas en los artículos 14 y 16 Constitucionales, en virtud de que la autoridad responsable no fundó ni motivó su acuerdo de catorce de mayo del año en curso, mediante el cual ordenó el embargo sobre el treinta por ciento del excedente del salario mínimo del quejoso y la correspondiente retención, a fin de garantizar el pago de la condena impuesta en dicho procedimiento. Lo que a consideración de quien resuelve, resulta infundado. Lo anterior es así, toda vez que de las constancias que existen en autos entre las que se encuentra el proveído reclamado de catorce de mayo de dos mil dieciocho (foja 113, cuaderno de constancias), se advierte que tal acto de autoridad se encuentra fundado y motivado, porque de la lectura integral de la misma, se aprecia que acertadamente la Juez responsable atendió la solicitud que le fue realizada por la parte actora en el juicio de origen respecto a embargar el sueldo de la parte demandada únicamente sobre el treinta por ciento del excedente del mismo, después de restarle a éste el monto del salario mínimo, expresando además los preceptos legales aplicables al caso. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala, localizable en el Apéndice de 1975, Tomo Parte III, Sección Administrativa, Tesis 402, Página 666, con número de registro 395220, del rubro y texto siguiente: "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION, GARANTIA DE. Para que la autoridad cumpla la garantía de legalidad que establece el artículo 16 de la Constitución Federal en cuanto a la suficiente fundamentación y motivación de sus determinaciones, en ellas debe citar el precepto legal que le sirva de apoyo y expresar los razonamientos que la llevaron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, que las origina, encuadra en los presupuestos de la norma que invoca." Asimismo, tiene aplicación la jurisprudencia sostenida por la Segunda Sala, visible en el Apéndice de 1995, Tomo III, Parte SCJN, Tesis 73, Página 52, con número de registro 390963, del rubro y texto siguiente: "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Además que de la lectura de la resolución combatida se advierte que es clara, precisa y congruente con la solicitud formulada por la parte actora en el juicio de origen, así como con la etapa procesal en la que se encuentra el asunto, dado que el embargo decretado tiene como finalidad garantizar el cumplimiento de la sentencia definitiva ejecutoriada dictada en el juicio de origen; además, se observa que en la misma, se expresó la forma en la que se llevaría a cabo la retención del sueldo del demandado aquí quejoso, así como el monto de la suma asegurada en autos y que como se indicó garantiza el cumplimiento de la sentencia ejecutoriada dictada en ese procedimiento, acorde con la planilla de liquidación dicta en el mismo. Apoya lo anterior, lo sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada en la página 226, Tomo X, Octubre de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 193136, del rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS CIVILES, CONGRUENCIA DE LAS (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ). El principio de congruencia de las sentencias que establece el artículo 57 del código procesal civil para el Estado de Veracruz, implica la exhaustividad que debe regir en las mismas, es decir, la obligación del juzgador de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento, tomando en cuenta todos y cada uno de los argumentos aducidos tanto en la demanda, como aquellos en que se sustenta la contestación a ésta y demás pretensiones hechas valer oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo, sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate, debiéndose tomar en cuenta que en tratándose de una reconvención, el actor principal se convierte a su vez en demandado, pues constituye propiamente una contrademanda que el reo hace valer frente al actor en el mismo juicio en que fue emplazado. Por ello si esa reconvención se presenta oportunamente y cumple con los requisitos de forma, el juzgador al resolver deberá necesariamente atender y decidir en la misma sentencia, tanto lo deducido por la parte actora en su escrito de demanda, como lo alegado por la demandada en la acción reconvencional; todo ello en exacta concordancia con lo establecido en los numerales 57 y 214 del código adjetivo civil de la entidad antes referida." Asimismo, respecto a las manifestaciones realizadas por el quejoso en su escrito inicial de demanda, relativas a que los sueldos percibidos por él son para garantizar la subsistencia de sus padres y de su familia así como del quejoso y que al resultar afectado con dicha retención se pone en riesgo la seguridad y certeza para la subsistencia de su familia. Toda vez que dichas manifestaciones esgrimidas por la parte impetrante en su demanda de amparo, en ningún momento combaten los fundamentos y las consideraciones que el juez responsable pronunció para sustentar su determinación y, por lo mismo, demostrar, que las consideraciones medulares en que se sustenta la determinación reclamada son contrarias a la ley o a la interpretación jurídica de la misma. Por tanto, al no combatir el quejoso con dichas manifestaciones las consideraciones expuestas por la autoridad responsable en la determinación reclamada, resulta evidente que los mismos no son susceptibles de ser analizados, dada su inoperancia. Apoya lo anterior, en lo conducente, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XVI, Diciembre de dos mil dos, página sesenta y uno, bajo el rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AÚN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse." En mérito de lo anterior, al haber quedado de manifiesto que los conceptos de violación formulados por la parte quejosa resultan infundados e inoperantes y no existiendo queja deficiente que suplir por no encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 79 de la Ley de Amparo, lo que procede es negarle la protección constitucional que solicitó. Sexto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, y demás relativos de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el presente juicio promovido por Gerardo Aviles Herrera, respecto de los actos atribuidos a la autoridad señalada como responsable en este juicio, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. Segundo. Se niega el amparo y protección de la Justicia Federal, solicitado por Gerardo Aviles Herrera, respecto del acto atribuido a la autoridad señalada como responsable en este juicio y por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. Tercero. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la Secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe, hasta el día de hoy veintidós de mayo de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del Juzgado.
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