Gerardo Alberto Contreras Peraza
Expediente 420/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 420/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 18/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Gerardo Alberto Contreras Peraza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Atento a lo informado por la Secretaria en la razón de cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra del proveído de veintiuno de abril de dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; por lo tanto, con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de la Materia, se declara que aquella resolución ha causado estado, para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. (...)
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiuno de abril de dos mil veintitrés. Atento a lo informado por el Secretario en la cuenta que antecede y toda vez que no obra en autos constancia alguna que acredite que se haya notificado vía electrónica a la parte quejosa la determinación en la que se desechó de plano la demanda de amparo; en tal virtud, se comisiona a cualquiera de los actuarios adscritos a este juzgado, para que proceda a notificarle el referido acuerdo, para todos los efectos legales pertinentes. Notifíquese y cúmplase. (...) Mérida, Yucatán, seis de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Eduardo Antonio Aranda Alcocer en representación de sus hijos menores de edad Y.I.P.P. y D.E.P.P., contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades, recibida en línea, sin copias, sin anexos y sin evidencia criptográfica, intégrese tanto el expediente impreso como electrónico bajo el número 1566/2021-II. Ahora, previo a estar en aptitud de pronunciarse sobre la admisión, prevención, desechamiento o incompetencia de la demanda de amparo, es menester puntualizar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 19, publicada en la página 17, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, con el rubro: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS", ha sustentado el criterio que el libelo de amparo debe considerarse un todo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable que haga improcedente el juicio, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En este tenor, es claro que el órgano de control constitucional puede desechar la demanda, cuando de su contexto, se adviertan los siguientes elementos: a) Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Que ese motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y c) Que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Entendiéndose por tales extremos, que el motivo es patente y absolutamente claro del contexto de la demanda; y, que se tiene la certeza plena de que esa circunstancia que motivó la improcedencia no puede variar en modo alguno, durante la secuela del juicio. Al caso es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Del Primer Circuito, publicada en la página 890, del tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (registro 196196), que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Así, del análisis de la demanda, se advierte un motivo de improcedencia que reúne las diversas características exigibles para el desechamiento de una demanda de amparo, es decir, es manifiesto e indudable, por las siguientes razones: El escrito de demanda en comento, fue enviado a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y remitida a este Órgano Jurisdiccional de forma electrónica, por lo que, es evidente que no es susceptible de estampar una firma autógrafa; sin embargo, conforme a los lineamientos establecidos en los artículos 76, párrafo segundo, en relación con el 59 y 64, todos del Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los Servicios Tecnológicos relativos a la Tramitación Electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado el nueve de diciembre de dos mil quince, en el Diario Oficial de la Federación; las demandas presentadas a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que exista cierto grado de confiabilidad de quién es el quejoso o, en su caso, quién promovió la demanda, deben contener la evidencia criptográfica de la firma electrónica que muestre el nombre del titular de la misma. Ahora, es menester señalar que los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6° de la Ley de Amparo, en su orden disponen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada; [.]." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". De acuerdo con los preceptos transcritos, el juicio de amparo se rige por el principio de instancia de parte agraviada, que consiste en que sólo puede ser promovido por la persona a quien perjudique el acto reclamado y únicamente podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o su defensor. En este sentido, tomando en cuenta que la firma entraña la exteriorización de la voluntad de las personas en todos los actos jurídicos, y toda vez que la demanda de amparo que nos ocupa no fue firmada electrónicamente mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) por el directo quejoso Eduardo Antonio Aranda Alcocer en representación de sus hijos menores de edad Y.I.P.P. y D.E.P.P., por consiguiente, tal situación se considera como la ausencia de manifestación de voluntad de instar el juicio constitucional, lo que hace improcedente el mismo, pues el promovente no exteriorizó su voluntad para acudir a la instancia de control constitucional. En tales condiciones, se estima que la acción de amparo es improcedente, ya que tal deficiencia (falta de firma electrónica) no puede corregirse mediante prevención, pues no es una de las irregularidades descritas en el numeral 114 de la precitada ley en la materia, ni tampoco se trata de la omisión de alguno de los requisitos referidos en el artículo 108 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro 65, tomo I, abril de 2019, décima época, página 79, intitulada: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las Promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida.". Además, los actos reclamados en el presente juicio, contrario a lo alegado por la quejosa, no se encuentran en alguna de las hipótesis contenidas en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, en cuyo caso sería innecesaria la firma autógrafa o electrónica. En efecto, si bien de conformidad con los artículos 42, 43 y 44 del referido ACUERDO General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, cuenta con una opción para presentar demandas de amparo electrónicas en los que se señalen como reclamados actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, lo cierto es que en el caso, de la lectura integral de la demanda de amparo, no se aprecia que los actos reclamados encuadren en dichos supuestos, esto es, no se trata de un caso urgente, que amerite su tramitación de esa manera, ello, aun cuando así lo haya expresado la parte quejosa en su demanda. No pasa desapercibido para el suscrito, que el acto reclamado en esencia lo constituye la omisión de aplicarle a los menores de edad de iniciales Y.I.P.P. y D.E.P.P. la vacuna contra el virus SARS-CoV2 antes de la entrada a clases establecida para el treinta de agosto del año en curso, mismo que no se encuentra entre los supuestos previstos en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, aunado a que la Secretaría de Salud a través de la política nacional de vacunación, ha establecido el proceso y el esquema para que toda la población mexicana sea vacunada contra el virus SARS- CoV2, y que el regreso presencial al ciclo escolar 2021-2022 por parte de los alumnos no es obligatorio, pues dicha potestad depende de sus padres. Por tanto, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6, contrario sensu, de la ley especial en la materia, que conduce a desechar de plano la demanda de amparo que intenta promover Eduardo Antonio Aranda Alcocer en representación de sus hijos menores de edad Y.I.P.P. y D.E.P.P. Sin que lo anterior implique una negativa de acceso a la justicia para la quejosa en términos del artículo 17 Constitucional, puesto que el desechamiento de la demanda obedece a la ausencia de un requisitos de procedibilidad como lo es la expresión de la voluntad del promovente, la cual puede subsanarse en cualquier momento mediante la presentación de una nueva demanda de amparo subsanando esa irregularidad, incluso con su firma autógrafa en caso de no contar con la firma electrónica. Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 648, del Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por si mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Asimismo, apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 32/2018 (10a.), Registro: 2018943, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, enero de 2019, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto siguientes: | "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano." Por otra parte, en términos del numeral 3 de la ley de la materia y fracciones IV y V del artículo 2 del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la consulta del presente expediente y las notificaciones relativas a la parte promovente vía electrónica a la cuenta de usuario "eduardoaranda" siempre y cuando la clave de usuario proporcionada sea correcta y se encuentre debidamente registrada; en consecuencia, se ordena al Analista Jurídico SISE de este juzgado, para que habilite la consulta de dicho expediente. De igual manera, aún cuando el promovente señaló un domicilio para oír y recibir notificaciones, lo cierto es que solicitó expresamente la realización de las notificaciones por la vía electrónica, motivo por el cual, privilegiando la salud de las partes y dada las medidas de contingencia que imperan en estos tiempos, se instruye a los actuarios adscritos a este juzgado para que realicen las notificaciones a la parte promovente por la vía electrónica, por así haberlo solicitado expresamente. Asimismo, se tienen por señalados el correo electrónico y el número telefónico del nombrado promovente, mismos que únicamente se utilizarán con fines de localización, en caso de que no se puedan realizar las notificaciones por la vía ordinaria. Por otro lado, se hace de su conocimiento que se accede a su petición de que se le permita el uso de aparatos electrónicos, es decir, cámaras digitales y celulares, lectores ópticos o cualquier otro similar, a fin de capturar las actuaciones que obren en autos, en la inteligencia de que el uso de los medios electrónicos que propone se efectúe con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo al caso, la Tesis I.30.C.725 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil del Primer Circuito, visible en la Página 2847, del Tomo XXIX, Marzo de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Se hace del conocimiento de la parte promovente que para el caso que considere necesario imponerse de los autos, se encuentra disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual encontrará el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar el expediente y el desahogo de comparecencias o requerimientos. De igual manera, se exhorta a la parte promovente para que, cuando le sea posible, transite hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en términos del artículo 29, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a efecto de que pueda continuarse con la tramitación del presente asunto en la modalidad de juicio línea. Finalmente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento, por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas del presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, Encargado del Despacho por licencia médica del Titular, en términos del artículo 44, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, ante el licenciado Juan Armando Cortés Carabias, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, doce de abril de dos mil veintitrés. Atento el estado procesal que guardan estos autos y a fin de integrar debidamente este asunto, poder continuar con el trámite del mismo, por la vía telegráfica requiérase al Juez Tercero Interino del Sistema Justicia Penal Acusatorio y Oral y al Fiscal General, ambas del Estado de Campeche, con residencia en San Francisco de Campeche, autoridades señaladas como responsables en este asunto, para que dentro del término de veinticuatro horas que al efecto se les concede, por la propia vía informen si recibieron respectivamente los oficios 10934/2023 y 10935/2023 de treinta y uno de marzo de esta anualidad, en su caso, informen la fecha. Asimismo, se ordena el reenvío del oficio 10936/2023 de treinta y uno de marzo de esta anualidad, dirigido al Director General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol de la Policía Federal Ministerial, con residencia en la Ciudad de México, para los efectos legales a que haya lugar, solicitándole que al momento de recibir el oficio antes indicado, acuse de recibo de manera inmediata. Con el apercibimiento a las nombradas responsables que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo fijado, con fundamento en el artículo 260, fracción II de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al dictado de este acuerdo. Para dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia incidental especial señalada para el día de hoy y se fijan para su celebración las diez horas con siete minutos del veintisiete de abril de dos mil veintitrés. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Juana Mecalco Collí, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Atento el estado procesal que guardan estos autos y a fin de continuar con el trámite del recurso de revisión interpuesto por Úrsula Garzón Aragón, autorizada por la parte quejosa con las facultades que le otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, en contra de la resolución interlocutoria de cinco de agosto del año próximo pasado, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del término de veinticuatro horas que al efecto se les concede, informen a este Juzgado, en su caso la fecha de recepción de los oficios que se describen a continuación: SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SERMANAT), CON SEDE EN CIUDAD DE MÉXICO. (AUTORIDAD RESPONSABLE) Fecha recepción del oficio 38100/2022 de veintidós de agosto de esta anualidad, al que se adjuntó copia del escrito de expresión de agravios. DIRECCIÓN GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL (DGIRA), DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SERMANAT), CON SEDE EN CIUDAD DE MÉXICO. (AUTORIDAD RESPONSABLE) Fecha recepción del oficio 38101/2022 de veintidós de agosto de esta anualidad, al que se adjuntó copia del escrito de expresión de agravios. DELEGACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO, CON SEDE EN CANCÚN. (AUTORIDAD RESPONSABLE) Fecha recepción del oficio 38102/2022 de veintidós de agosto de esta anualidad, al que se adjuntó copia del escrito de expresión de agravios. DELEGACIÓN DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE EN CANCÚN, QUINTANA ROO. (AUTORIDAD RESPONSABLE) Fecha recepción del oficio 38103/2022 de veintidós de agosto de esta anualidad, al que se adjuntó copia del escrito de expresión de agravios. FONATUR TREN MAYA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE (AUTORIDAD RESPONSABLE) Fecha recepción del oficio 38104/2022 de veintidós de agosto de esta anualidad, al que se adjuntó copia del escrito de expresión de agravios. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo fijado o informar el impedimento que tienen para ello, con fundamento en el artículo 260, fracción II de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al dictado del presente acuerdo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Juana Mecalco Collí, secretaria que autoriza y da fe.
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