Gerardo Arturo Rodríguez Hernández
Expediente 373/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 373/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 01/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Gerardo Arturo Rodríguez Hernández
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Agréguese en autos el escrito signado por **********; en atención a su contenido, téngasele cumpliendo el requerimiento que se le hizo en providencia de dos de mayo pasado, lo que hace manifestando que acude a esta instancia constitucional en su calidad de Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Segundo Penal de Partido de esta ciudad y precisando los actos reclamados; en ese sentido, se acuerda: Se precisa que del análisis integral de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa reclama: Los autos de cinco y nueve de abril de dos mil dieciocho, dictados por el Juez Segundo Penal de Partido, con residencia en esta ciudad, en el proceso penal 28/2016, mediante los cuales, respectivamente, se le impone una multa de veinte días y respecto del segundo, confirma el auto de combatido. En primer término debe precisarse que el quejoso acude al amparo en su calidad de Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Segundo Penal de Partido de esta localidad. En ese orden, el suscrito estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 1°, fracción I, interpretado a contrario sensu, 6° y 7°, todos de la Ley de Amparo, dispositivos que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.". "(...)" "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley.". "Artículo 7°. La Federación, los estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que en esta ley se exige a las partes". De los numerales anteriormente transcritos, se advierte que el objetivo del juicio de amparo es dirimir las controversias que se susciten por leyes o actos que violen los derechos fundamentales, en tanto que tales derechos subjetivos públicos sólo se otorgan a los gobernados y no a las entidades públicas. Sin embargo la anterior regla general admite como excepción el supuesto contenido en el artículo 7° de la Ley de Amparo, que faculta a las personas morales oficiales a promover demanda de amparo, con la condición de que la afectación que resiente el organismo oficial comprenda, exclusivamente, sus intereses patrimoniales, lo que se actualiza únicamente cuando actúa como persona de derecho privado, excluyéndose el acceso al juicio constitucional cuando la autoridad, pretende defender actos que emitió en su carácter de persona moral de derecho público, en razón de que en ese supuesto actuó como autoridad de manera unilateral e imperativa. De ahí que resulte jurídicamente inaceptable que los organismos públicos o dependencias del gobierno federal, estatal o municipal, invoquen violación de derechos fundamentales cuando los actos que defienden derivan de su actuar como autoridad. Con base en lo anterior, se concluye que la autoridad demandada en un juicio contencioso administrativo o del orden penal, como en el caso que nos ocupa, no puede promover juicio de amparo, porque no lo hace en defensa de sus intereses patrimoniales, única hipótesis en que ello es posible, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 7° de la Ley de Amparo. Es decir, que si en dichas controversias, la intervención de la autoridad es como tal, entonces no tiene legitimación para promover juicio de amparo, pues el hecho de que acuda a la contienda no le da legitimación para promoverlo, al no concretarse la hipótesis del artículo 7° de la Ley de Amparo, ya que el objeto de la acción constitucional es resolver las controversias que se susciten por leyes o actos de autoridad que violen derechos fundamentales, las que no pueden hacerse extensivas a las personas de derecho público, porque no opera la excepción a esta regla, esto es, la defensa de los derechos patrimoniales, ya que no actúa como persona de derecho privado, sino como ente público. En este sentido, el juicio de amparo sólo puede promoverse por la parte a quien el acto o la ley que se reclama le ocasione un agravio personal y directo, pues es lo que le otorga legitimación para acudir a la instancia constitucional; sin embargo, la circunstancia de que la autoridad actúe como parte acusadora en el proceso penal no le confiere la legitimación necesaria para promover el amparo, porque no lo hace defendiendo derechos patrimoniales. Por tanto, tratándose de personas morales oficiales que figuran como parte en un procedimiento, la única posibilidad de que puedan promover el amparo es cuando lo hagan en defensa de sus intereses patrimoniales, cuenta habida que lo que les otorga legitimación en el procedimiento constitucional es el perjuicio que les ocasione el acto o la ley que reclamen. Es decir, la circunstancia de haber actuado en el procedimiento respectivo como autoridad acusadora no le da la facultad para acudir a la vía de amparo, pues lo único que les otorga interés para ello es que defiendan sus derechos patrimoniales, ya que en este supuesto no actúan en funciones de autoridad, sino como personas morales de derecho privado. Lo anterior se justifica porque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para proteger a los individuos contra la acción del Estado que sea lesiva de los derechos humanos, creó el juicio de amparo y, como los derechos fundamentales se traducen en restricciones para el poder público, que salvaguardan derechos del individuo, queda al margen de toda discusión que el Estado no goza de derechos fundamentales, por lo que no puede promover juicio de amparo. Empero, como se dijo, a esta regla general se le opone la excepción marcada por el artículo 7°, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 7°. La Federación, los estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que en esta ley se exige a las partes". Esta excepción radica en que el Estado, por conducto de las personas morales oficiales, puede actuar con un doble carácter: como entidad pública y como persona moral de derecho privado. En el primer caso, su acción proviene del ejercicio de las facultades de que se haya investido como poder público; en la segunda situación, obra en las mismas condiciones que los particulares, esto es, contrae obligaciones y adquiere derechos de la misma naturaleza y en la misma forma que los individuos. Esta equiparación en el obrar, indujo al legislador a dotar al Estado y a sus personas morales oficiales, de los mismos derechos tutelares que al individuo, cuando aquél obra como persona moral de derecho privado, derechos tutelares entre los que principalmente se encuentran los derechos fundamentales que están protegidas por el juicio constitucional. Por ende, la excepción que prevé el artículo 7° de la Ley de Amparo, se refiere exclusivamente a la hipótesis de cuando las autoridades no actúan como tales, es decir, cuando defienden intereses patrimoniales. De manera que, cuando las autoridades acuden al juicio de amparo a defender esta clase de intereses, lo hacen en calidad de particulares, pero no como personas morales oficiales. En ese tenor, debe destacarse que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 38/2015, en la jurisprudencia 2a./J. 65/2015 (10ª.), publicada en la página 974 del Tomo I, junio de 2015, correspondiente a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sostuvo que cuando se combate la resolución que impone una multa en los términos referidos es susceptible de violar los derechos fundamentales de la persona física mencionada, afectando su esfera jurídica, concluyó que, está legitimada para promover el juicio de amparo en su contra, únicamente por su propio derecho; los principios que la sustentan son aplicables al caso, cuyo rubro y texto son los siguientes: "JUICIO DE AMPARO. LA PERSONA FÍSICA O TITULAR DE UNA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE EN SU ACTUAR COMO AUTORIDAD FUE MULTADA POR UN TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ESTATAL, POR CONTUMACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA, POR DERECHO PROPIO ESTÁ LEGITIMADA PARA PROMOVERLO CONTRA LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA. Si un Tribunal Contencioso Administrativo estatal estima que la persona física o titular de una unidad administrativa demandada en el juicio contencioso administrativo incurrió en la omisión de cumplir la sentencia dictada en el juicio relativo y le impone una multa equivalente a ciertos días de su salario, con independencia de que la imposición se haga relacionando su nombre, o bien, refiriéndose al titular de la unidad administrativa (dirección, dependencia del Gobierno Estatal o del organismo descentralizado), se entiende que aquélla se impone a la persona física o funcionario que, en su actuación como autoridad, omite cumplir la sentencia y no así a la unidad administrativa; tan es así, que la multa se impone en el equivalente a cierto número de días de salario vigente del funcionario responsable, quien debe cubrirla de su propio peculio y no con el presupuesto de la unidad administrativa. En consecuencia, como la resolución que impone multa en los términos referidos es susceptible de violar los derechos fundamentales de la persona física mencionada, afectando su esfera jurídica, se concluye que, por su propio derecho, está legitimada para promover el juicio de amparo en su contra." De modo y manera que aplicado dicho criterio a contrario sensu, el juicio de amparo será improcedente cuando se combata la imposición de una multa dentro un procedimiento y la parte quejosa no acuda por su propio derecho, sino en su calidad de ente de gobierno. Situación que en el presente caso acontece, porque en esta instancia acude a solicitar la protección constitucional el Agente del Ministerio Público, en su calidad de órgano acusador, por considerar violatorio de derechos las determinaciones de cinco y nueve de abril de dos mil dieciocho dictadas por el Juez Segundo penal de Partido, con residencia en esta ciudad, en los autos del proceso penal 28/2016, mediante las cuales, respectivamente, le impuso una multa de veinte unidades de medida y actualización diaria vigente y confirmó dicho auto. De lo anterior se colige que el ahora quejoso, en su carácter de autoridad, figura como parte acusadora en el proceso penal 28/2016; por ende, al haberse dictado el acto reclamado dentro del citado procedimiento penal en donde la autoridad que acude al amparo, es parte acusadora, resulta patente que carece de legitimación para acudir a esta instancia constitucional. Entonces, aunque el artículo 7° de la Ley de Amparo, autoriza que las personas morales oficiales puedan ocurrir en demanda de amparo a través de los funcionarios o representantes que designen las leyes respectivas, esto sucede, exclusivamente, cuando el acto o la ley que se reclame afecte sus intereses patrimoniales, lo que no acontece cuando en un juicio contencioso administrativo o en un procedimiento penal un particular demanda el cumplimiento de una resolución, derivada de la abstención de las autoridades, ya que en ese supuesto, la autoridad actúa como ente de derecho público en ejercicio del poder autoritario que es inherente al imperio del cual está investida, siendo inaceptable, por ende, que en estos casos pueda solicitar amparo, aun cuando haya sido parte en el aludido juicio, cuenta habida que el juicio de amparo sólo es procedente contra actos de autoridades para tutelar los derechos públicos subjetivos de los gobernados. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I, interpretado a contrario sensu, 6° y 7°, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se estudia.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C) DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese en autos el escrito signado por **********; en atención a su contenido, téngasele cumpliendo el requerimiento que se le hizo en providencia de dos de mayo pasado, lo que hace manifestando que acude a esta instancia constitucional en su calidad de Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Segundo Penal de Partido de esta ciudad y precisando los actos reclamados; en ese sentido, se acuerda: Se precisa que del análisis integral de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa reclama: Los autos de cinco y nueve de abril de dos mil dieciocho, dictados por el Juez Segundo Penal de Partido, con residencia en esta ciudad, en el proceso penal 28/2016, mediante los cuales, respectivamente, se le impone una multa de veinte días y respecto del segundo, confirma el auto de combatido. En primer término debe precisarse que el quejoso acude al amparo en su calidad de Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Segundo Penal de Partido de esta localidad. En ese orden, el suscrito estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 1°, fracción I, interpretado a contrario sensu, 6° y 7°, todos de la Ley de Amparo, dispositivos que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.". "(...)" "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley.". "Artículo 7°. La Federación, los estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que en esta ley se exige a las partes". De los numerales anteriormente transcritos, se advierte que el objetivo del juicio de amparo es dirimir las controversias que se susciten por leyes o actos que violen los derechos fundamentales, en tanto que tales derechos subjetivos públicos sólo se otorgan a los gobernados y no a las entidades públicas. Sin embargo la anterior regla general admite como excepción el supuesto contenido en el artículo 7° de la Ley de Amparo, que faculta a las personas morales oficiales a promover demanda de amparo, con la condición de que la afectación que resiente el organismo oficial comprenda, exclusivamente, sus intereses patrimoniales, lo que se actualiza únicamente cuando actúa como persona de derecho privado, excluyéndose el acceso al juicio constitucional cuando la autoridad, pretende defender actos que emitió en su carácter de persona moral de derecho público, en razón de que en ese supuesto actuó como autoridad de manera unilateral e imperativa. De ahí que resulte jurídicamente inaceptable que los organismos públicos o dependencias del gobierno federal, estatal o municipal, invoquen violación de derechos fundamentales cuando los actos que defienden derivan de su actuar como autoridad. Con base en lo anterior, se concluye que la autoridad demandada en un juicio contencioso administrativo o del orden penal, como en el caso que nos ocupa, no puede promover juicio de amparo, porque no lo hace en defensa de sus intereses patrimoniales, única hipótesis en que ello es posible, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 7° de la Ley de Amparo. Es decir, que si en dichas controversias, la intervención de la autoridad es como tal, entonces no tiene legitimación para promover juicio de amparo, pues el hecho de que acuda a la contienda no le da legitimación para promoverlo, al no concretarse la hipótesis del artículo 7° de la Ley de Amparo, ya que el objeto de la acción constitucional es resolver las controversias que se susciten por leyes o actos de autoridad que violen derechos fundamentales, las que no pueden hacerse extensivas a las personas de derecho público, porque no opera la excepción a esta regla, esto es, la defensa de los derechos patrimoniales, ya que no actúa como persona de derecho privado, sino como ente público. En este sentido, el juicio de amparo sólo puede promoverse por la parte a quien el acto o la ley que se reclama le ocasione un agravio personal y directo, pues es lo que le otorga legitimación para acudir a la instancia constitucional; sin embargo, la circunstancia de que la autoridad actúe como parte acusadora en el proceso penal no le confiere la legitimación necesaria para promover el amparo, porque no lo hace defendiendo derechos patrimoniales. Por tanto, tratándose de personas morales oficiales que figuran como parte en un procedimiento, la única posibilidad de que puedan promover el amparo es cuando lo hagan en defensa de sus intereses patrimoniales, cuenta habida que lo que les otorga legitimación en el procedimiento constitucional es el perjuicio que les ocasione el acto o la ley que reclamen. Es decir, la circunstancia de haber actuado en el procedimiento respectivo como autoridad acusadora no le da la facultad para acudir a la vía de amparo, pues lo único que les otorga interés para ello es que defiendan sus derechos patrimoniales, ya que en este supuesto no actúan en funciones de autoridad, sino como personas morales de derecho privado. Lo anterior se justifica porque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para proteger a los individuos contra la acción del Estado que sea lesiva de los derechos humanos, creó el juicio de amparo y, como los derechos fundamentales se traducen en restricciones para el poder público, que salvaguardan derechos del individuo, queda al margen de toda discusión que el Estado no goza de derechos fundamentales, por lo que no puede promover juicio de amparo. Empero, como se dijo, a esta regla general se le opone la excepción marcada por el artículo 7°, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 7°. La Federación, los estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que en esta ley se exige a las partes". Esta excepción radica en que el Estado, por conducto de las personas morales oficiales, puede actuar con un doble carácter: como entidad pública y como persona moral de derecho privado. En el primer caso, su acción proviene del ejercicio de las facultades de que se haya investido como poder público; en la segunda situación, obra en las mismas condiciones que los particulares, esto es, contrae obligaciones y adquiere derechos de la misma naturaleza y en la misma forma que los individuos. Esta equiparación en el obrar, indujo al legislador a dotar al Estado y a sus personas morales oficiales, de los mismos derechos tutelares que al individuo, cuando aquél obra como persona moral de derecho privado, derechos tutelares entre los que principalmente se encuentran los derechos fundamentales que están protegidas por el juicio constitucional. Por ende, la excepción que prevé el artículo 7° de la Ley de Amparo, se refiere exclusivamente a la hipótesis de cuando las autoridades no actúan como tales, es decir, cuando defienden intereses patrimoniales. De manera que, cuando las autoridades acuden al juicio de amparo a defender esta clase de intereses, lo hacen en calidad de particulares, pero no como personas morales oficiales. En ese tenor, debe destacarse que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 38/2015, en la jurisprudencia 2a./J. 65/2015 (10ª.), publicada en la página 974 del Tomo I, junio de 2015, correspondiente a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sostuvo que cuando se combate la resolución que impone una multa en los términos referidos es susceptible de violar los derechos fundamentales de la persona física mencionada, afectando su esfera jurídica, concluyó que, está legitimada para promover el juicio de amparo en su contra, únicamente por su propio derecho; los principios que la sustentan son aplicables al caso, cuyo rubro y texto son los siguientes: "JUICIO DE AMPARO. LA PERSONA FÍSICA O TITULAR DE UNA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE EN SU ACTUAR COMO AUTORIDAD FUE MULTADA POR UN TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ESTATAL, POR CONTUMACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA, POR DERECHO PROPIO ESTÁ LEGITIMADA PARA PROMOVERLO CONTRA LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA. Si un Tribunal Contencioso Administrativo estatal estima que la persona física o titular de una unidad administrativa demandada en el juicio contencioso administrativo incurrió en la omisión de cumplir la sentencia dictada en el juicio relativo y le impone una multa equivalente a ciertos días de su salario, con independencia de que la imposición se haga relacionando su nombre, o bien, refiriéndose al titular de la unidad administrativa (dirección, dependencia del Gobierno Estatal o del organismo descentralizado), se entiende que aquélla se impone a la persona física o funcionario que, en su actuación como autoridad, omite cumplir la sentencia y no así a la unidad administrativa; tan es así, que la multa se impone en el equivalente a cierto número de días de salario vigente del funcionario responsable, quien debe cubrirla de su propio peculio y no con el presupuesto de la unidad administrativa. En consecuencia, como la resolución que impone multa en los términos referidos es susceptible de violar los derechos fundamentales de la persona física mencionada, afectando su esfera jurídica, se concluye que, por su propio derecho, está legitimada para promover el juicio de amparo en su contra." De modo y manera que aplicado dicho criterio a contrario sensu, el juicio de amparo será improcedente cuando se combata la imposición de una multa dentro un procedimiento y la parte quejosa no acuda por su propio derecho, sino en su calidad de ente de gobierno. Situación que en el presente caso acontece, porque en esta instancia acude a solicitar la protección constitucional el Agente del Ministerio Público, en su calidad de órgano acusador, por considerar violatorio de derechos las determinaciones de cinco y nueve de abril de dos mil dieciocho dictadas por el Juez Segundo penal de Partido, con residencia en esta ciudad, en los autos del proceso penal 28/2016, mediante las cuales, respectivamente, le impuso una multa de veinte unidades de medida y actualización diaria vigente y confirmó dicho auto. De lo anterior se colige que el ahora quejoso, en su carácter de autoridad, figura como parte acusadora en el proceso penal 28/2016; por ende, al haberse dictado el acto reclamado dentro del citado procedimiento penal en donde la autoridad que acude al amparo, es parte acusadora, resulta patente que carece de legitimación para acudir a esta instancia constitucional. Entonces, aunque el artículo 7° de la Ley de Amparo, autoriza que las personas morales oficiales puedan ocurrir en demanda de amparo a través de los funcionarios o representantes que designen las leyes respectivas, esto sucede, exclusivamente, cuando el acto o la ley que se reclame afecte sus intereses patrimoniales, lo que no acontece cuando en un juicio contencioso administrativo o en un procedimiento penal un particular demanda el cumplimiento de una resolución, derivada de la abstención de las autoridades, ya que en ese supuesto, la autoridad actúa como ente de derecho público en ejercicio del poder autoritario que es inherente al imperio del cual está investida, siendo inaceptable, por ende, que en estos casos pueda solicitar amparo, aun cuando haya sido parte en el aludido juicio, cuenta habida que el juicio de amparo sólo es procedente contra actos de autoridades para tutelar los derechos públicos subjetivos de los gobernados. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I, interpretado a contrario sensu, 6° y 7°, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se estudia.
- Principal
Vista la demanda de amparo presentada por *********, por su propio derecho, contra actos del Juez Segundo Penal de Partido, con residencia en esta ciudad y de otra autoridad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 373/2018-II. A efecto de proveer respecto de su admisión, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Como se advierte del artículo anterior, el órgano jurisdiccional al realizar el análisis del escrito constitucional puede advertir deficiencias, irregularidades u omisiones, respecto de las cuales mandará requerir al promovente para que las aclare dentro del término de cinco días legalmente computado, señalando con precisión en el auto relativo las que deban corregirse. En la especie, el suscrito estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto a los requisitos establecidos en las fracciones II y IV del invocado numeral, en relación con el artículo 108, fracciones IV y V de la Ley de Amparo, como se verá a continuación. A) La fracción IV del aludido numeral 108 de la ley de la materia estatuye: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "(.)" "IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame". Como se advierte de la transcripción anterior, la parte quejosa tiene la insoslayable obligación de precisar en su libelo actio el acto que reclama a las autoridades que señala como responsables. Respecto de dicho tópico, el Ministro en retiro Genaro David Góngora Pimentel, en su obra titulada "Introducción al Estudio del Juicio de Amparo", Editorial Porrúa, Sociedad Anónima de Capital Variable, página 458, Novena Edición, señala que esta exigencia significa que el agraviado debe indicar en su demanda, lo más claramente que pueda, qué ley y qué acto reclama a las distintas autoridades responsables que señale, porque su imprecisión pueda dar lugar a diversos problemas, como son: a. Las autoridades responsables no podrían rendir su informe correctamente b. Los terceros interesados no sabrían claramente de qué defenderse c. La sentencia no tendría ejecución sobre la verdadera razón de ser del amparo, entre otros. En apoyo a lo anterior se invoca el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 697, Tomo IX, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, se rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. En ella debe precisarse con toda claridad el acto que se reclama." Pues bien, en el caso concreto la parte quejosa señaló como actos reclamados: ".Los autos de fechas, 17 de enero, 19 de enero, 05 y 09 de abril, el primero donde se resuelve sobre las pruebas ofertadas por el Agente del Ministerio Público, el segundo donde resuelve recurso de revocación contra dicho auto, el tercero donde se me aplica una multa de 20 días, el cuarto donde se deja firme el auto de fecha 05 de Abril del año en curso." Sin embargo, del estudio integral de la demanda, se advierte que su principal fuente de agravio la hace valer en contra de la multa que le fue impuesta en auto de cinco de abril del año en curso. Por tanto, se le requiere a efecto de que precise si los autos de diecisiete y diecinueve de enero, ambos de dos mil dieciocho, los reclama de manera destacada o bien nada más los pretende hacer valer como meros antecedentes o determinaciones que generaron como consecuencia la multa que le fue impuesta el cinco de abril del año en curso. En el entendido que de señalar cualquiera de los citados actos deberá precisar la fecha en que tuvo conocimiento de los mismos. B) La fracción V del aludido numeral 108 de la ley de la materia estatuye: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "(.)" "V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación." Tal precepto establece como requisito de la demanda de amparo que la parte quejosa haga una narración, bajo protesta de decir verdad, de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al artículo 62 de la citada ley. Por las razones que informa, ilustra lo anterior, la tesis emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 990, Tomo XXIII, Abril de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley." En el caso concreto, el suscrito estima que si bien es cierto, que el solicitante del amparo en su afán de cumplir con el requisito establecido anteriormente, en su escrito de demanda narró algunos hechos y abstenciones del acto reclamado, también lo es que, omitió expresar: Con que calidad acude a esta instancia constitucional, pues por una parte refiere que lo hace por su propio derecho y del contenido integral de la demanda se advierte que funge como Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Segundo Penal de Partido de esta localidad, y que con dicha calidad compareció al proceso penal 28/2016 del que emanan los actos reclamados. Ante las irregularidades advertidas, con fundamento en los artículos 108, fracciones IV y V, en relación con el 114, fracciones II y IV, ambos de la Ley de Amparo, se determina prevenir al aquí quejoso para que, dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que del presente proveído se le practique, por escrito y con copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes: Señale con precisión cuál es el acto que reclama. Manifieste bajo protesta de decir verdad la totalidad de los hechos y abstenciones que le constan y que constituyen los antecedentes del acto reclamado, específicamente las irregularidades que se destacaron en la presente determinación. Lo anterior, en la inteligencia que la prevención sólo se tendrá por legalmente cumplida si el quejoso es quien la desahoga, dado que la manifestación "bajo protesta de decir verdad" constituye un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien promueve la demanda, porque lo sujeta a manifestar que el relato de sus hechos lo hace con sujeción a la verdad y, que de resultar falso alguno de ellos, estaría sujeto a lo dispuesto por la fracción I del artículo 261 de la Ley de Amparo, en la que se contienen las penas en que incurren las personas que al formular su demanda afirmen hechos falsos u omitan las que les consten en relación al amparo. Además que el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar las irregularidades que se detectaron en la demanda y, por tanto, ambos escritos integran la demanda de amparo, la cual debe ser suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, de conformidad con lo estatuido por los artículos 107 de la Constitución y 6° de la Ley de Amparo, en virtud que es considerada como un solo documento sin que puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia 50/2014 (10ª.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 61/2014, entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito y el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, aprobada en sesión de cuatro de junio de dos mil catorce, quedando pendiente de publicarse el engrose, más el tema de la misma que se consulta en la Intranet del Poder Judicial de la Federación reza de la siguiente manera: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." Los requerimientos que al efecto se emiten conllevan el apercibimiento que de no ser exactamente observados dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, que dispone: ".Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." Téngase al quejoso señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su libelo constitucional y como autorizado en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Enrique Horacio López Torres, al no contar con cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal. En términos del artículo 21 tercer párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".
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