Gerardo Agustín Guerrero López y Otros.
Expediente 878/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 17 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 878/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 06/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Gerardo Agustín Guerrero López y Otros.
- Juan Carlos Aguilar López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Visto el estado de autos, de los que se advierte que el veintitrés de agosto del presente año se declaró cumplida la sentencia emitida en el presente juicio de amparo y se ordenó el archivo definitivo del expediente; al respecto, se acuerda: Tomando en consideración que resulta innecesaria la retención de las constancias (un tomo) que como justificación a su informe remitió el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto de la Unidad de Investigación de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIIPE), con residencia en la ciudad de Guanajuato, devuélvansele las mismas y solicítesele el acuse de recibo correspondiente.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de ocho de agosto del año en curso, para que hiciera manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, haciendo uso de ese derecho mediante escrito que presentó el quince de agosto pasado; por tanto, se acuerda: Con apoyo en el numeral 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procederá a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Para estar en condiciones de resolver lo anteriormente mencionado, es importante resaltar los siguientes antecedentes: 1. El veinticinco de febrero de dos mil veintidós, se terminó de engrosar la sentencia que en su primer resolutivo sobreseyó en el presente juicio de amparo, y en el segundo se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a *****************. La protección constitucional se otorgó para los siguientes efectos: Dejara insubsistente la resolución reclamada de tres de noviembre de dos mil veintiuno, emitida en la carpeta de investigación ********** de su índice; y, Con plenitud de jurisdicción dictara una nueva, la cual podría ser en el mismo sentido u otro diferente, pero purgando los vicios incurridos de deficiencia de fundamentación y motivación detectados. 2. Inconforme con la determinación anterior, solo respecto al sobreseimiento decretado, la parte quejosa interpuso recurso de revisión del cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con residencia en la ciudad de Guanajuato, y el veintisiete de julio de dos mil veintidós se le tuvo remitiendo el testimonio de la ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión 54/2022, cuyos puntos resolutivos fueron los siguientes: PRIMERO. En la materia, se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a los quejosos ****************** en contra del acto reclamado al Agente del Público de la Unidad de Investigación e Inteligencia Patrimonial y Económica de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, de la ciudad del mismo nombre, dentro de la carpeta de investigación ******************. El amparo se concede para el efecto precisado en la parte final del último considerando de esta ejecutoria." Cabe destacar que la protección constitucional se otorgó, para el efecto de que la autoridad responsable: Dejara insubsistente el acuerdo de aseguramiento reclamado; y, en su lugar dictara otro en el sentido que considere conforme derecho, pero reparando la deficiencia en la fundamentación y motivación que se destacó en la ejecutoria de meritó; sin que la autoridad responsable estuviese obligada a resolver en un determinado sentido. Y, en la ejecutoria de referencia se destacó como deficiencias en la fundamentación y motivación: Que el agente del Ministerio Público fue omiso en establecer puntualmente, razonamientos lógicos jurídicos tendientes a establecer claramente las causas inmediatas que tomó en consideración para determinar que era procedente el aseguramiento del numerario, expresando los motivos, causas y razones que consideró para emitir la determinación que aquí se combate y que refiere se encuentra relacionada con los hechos descritos en la puesta a disposición que abrió la carpeta de investigación **************. Que la autoridad responsable no señaló hipótesis, razonamientos o argumentos en los que apoye que de los datos de prueba que utilizó establezcan que se cometió un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que los indiciados lo cometieron o participaron en su comisión. Que la responsable fue omisa en precisar qué parte de la puesta a disposición utilizó para justificar la determinación emitida, porque únicamente se limitó a trascribirla, esto es, la representación social afirmó de forma dogmática que el dinero en efectivo asegurado es objeto del delito, pero no explicó porque motivo los datos de prueba le hacen afirmar que tiene esa connotación. Que la responsable tampoco refirió cómo justificó que esos datos de prueba más allá de su transcripción, eran suficientes para considerar que es necesaria la conservación de ese bien y, de qué manera se puede afirmar que se trata de un objeto delictivo. 3. En virtud de lo anterior, este órgano jurisdiccional requirió el cumplimiento de la ejecutoria de amparo al Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación e Inteligencia Patrimonial y Económica de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, quien remitió copias certificadas de las determinaciones de dos y tres de agosto de dos mil veintidós, emitidas en la carpeta de investigación ********* de su índice. 4. Con motivo de lo anterior, el ocho de agosto del año en curso se dio vista a la parte quejosa, apercibiéndola que de no hacer manifestación alguna al respecto este juzgado determinaría si la sentencia de amparo fue o no acatada. Ahora, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable, mismas que de conformidad con los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno, se desprende que: Dejó insubsistente el acuerdo de aseguramiento reclamado; y, en su lugar dictó otro reparando la deficiencia en la fundamentación y motivación que se destacó en la ejecutoria emitida en el amparo en revisión 54/2022 de la estadística del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con residencia en la ciudad de Guanajuato. Lo anterior, se considera de esa manera, en virtud de que el agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación e Inteligencia Patrimonial y Económica, al emitir el acuerdo de dos de agosto del año en curso, dentro de la carpeta de investigación ********** de su índice, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, estableció razonamientos lógicos jurídicos tendientes a establecer las causas inmediatas que tomó en consideración para determinar que era procedente el aseguramiento del numerario; señaló razonamientos y argumentos en los que concluyó que de los datos de prueba que utilizó se advirtió que se cometió un hecho que la ley señale como delito y que existía la probabilidad de que los indiciados lo cometieron o participaron en su comisión; explicó las razones de porqué con los datos de prueba que refirió estimó que el dinero en efectivo asegurado es objeto del delito; y, justificó cómo, a su juicio, esos datos de prueba más allá de su transcripción, eran suficientes para considerar que es necesaria la conservación de ese bien y que se trata de un objeto delictivo, pues entre otras cosas: Expuso que de los datos de prueba que hasta el momento se tiene, se da cuenta de un hecho con apariencia ilícita el cual se puede clasificar, al menos de manera provisional, como el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, previsto y sancionado por el artículo 213-a, fracción I, y ultimo párrafo del Código Penal para el estado de Guanajuato. Señaló que los datos de prueba, consistentes en la denuncia de hechos por parte de los elementos de la Guardia Nacional y el oficio 4196/2021 realizado por el perito criminalista *****************, son suficientes para establecer que se cometió un hecho que la ley señale como delito el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y la probabilidad de que los aquí quejosos lo cometieron o participaron en su comisión. Explica que los referidos datos de prueba son suficientes para afirmar que el dinero en efectivo asegurado es objeto del delito, aunado a las conductas evasivas que presentaron los aquí quejosos al momento de su detención y la forma en la que se encontraba el dinero. Justifica que dichos datos de prueba son suficientes para considerar que es necesaria la conservación del bien asegurado. Bajo dichas circunstancias, el suscrito estima que con los acuerdos de dos y tres de agosto de dos mil veintidós, emitidos en la carpeta de investigación 117258/2021, la responsable dio cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio, pues restituyó a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado, ello de conformidad con el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo; por tanto, lo procedente es declarar que EL FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO. Hágase lo anterior del conocimiento de la autoridad responsable y realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que no es de relevancia documental. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva. Por lo que ve al original del incidente de suspensión, a consideración del suscrito será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), del citado acuerdo, toda vez que se negó la suspensión del acto reclamado; en el entendido de que mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para su mejor resguardo. Atendiendo al artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo General, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido en el plazo de seis meses. Conforme al 20, fracción I, inciso a) del referido Acuerdo General, el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, deberá ser destruido en el plazo a que alude dicho acuerdo, por lo que, se ordena mandarlo al lugar que le corresponda en el archivo de este Juzgado, hasta en tanto se destruya. Sin que obste a lo anterior las manifestaciones vertidas por la parte quejosa, en las que medularmente destaca que la sentencia de amparo no está cumplida, en virtud de que la determinación de aseguramiento de la responsable carece de debida fundamentación y motivación, dado que no se desprende que exista un indicio fundado para suponer que la cantidad de novecientos mil pesos asegurada es instrumento o producto de algún delito; no sustenta los motivos que lo llevaron a ordenar el aseguramiento; no se desprenden datos de prueba fundados para proceder al aseguramiento; es omiso en establecer los razonamiento lógico y jurídicos e hipótesis tendientes a establecer las causas inmediatas que toma en cuenta para determinar que es procedente el aseguramiento del numerario, no señaló hipótesis, razonamientos o argumentos en los que apoye que de los datos de prueba que utilizó establezcan que se cometió un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que los indiciados lo cometieron o participaron en su comisión. Lo anterior, porque contrario a lo que manifiesta la parte quejosa, la responsable, como se expuso en líneas anteriores, a su juicio fundó y motivó su determinación, expresó diversos argumentos para establecer que el numerario asegurado es instrumento o producto del hecho que la ley señale como delito el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; incluso expuso los elementos típicos del artículo 213-a, fracción I, y último párrafo del Código Penal para el Estado de Guanajuato, así como la probabilidad de que los aquí quejosos lo cometieron o participaron en su comisión, y asentó los datos de prueba con las que consideró que es necesaria la conservación del bien asegurado. Máxime que la autoridad responsable no estaba obligada a resolver en determinado sentido, sino que al concederse la protección constitucional por un aspecto de forma, como lo es la falta de fundamentación y motivación, únicamente debía expresar las razones y los fundamentos que, correctos o no, solventaran las violaciones que se destacaron en la ejecutoria de amparo. Por lo que estas últimas consideraciones, en todo caso, podrán ser impugnadas en un nuevo juicio de amparo. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Agréguese en autos el escrito signado por ******************, autorizada de la parte quejosa, mediante el cual, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, realiza diversas manifestaciones en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, las cuales serán tomadas en consideración al emitir el pronunciamiento respectivo. En ese sentido, tráiganse los autos a la vista para determinar si la sentencia de amparo fue o no cumplida.
- Principal
Agréguese en autos el oficio signado por el Agente del Misterio Público de la Unidad de Investigación e Inteligencia Patrimonial y Económica, con sede en la ciudad de Guanajuato, mediante el cual remite las constancias con las que aduce dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio. En ese sentido, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días legalmente computado, manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacerlo dentro del término indicado, este Juzgado determinará si la sentencia de amparo está o no cumplida.
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