Gerardo Arias Rangel
Expediente 188/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 188/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 03/03/2017
Partes del expediente
- Gerardo Arias Rangel
Actuaciones
- Principal
Agréguese el escrito signado por el quejoso, y en atención a su contenido, dígasele que deberá estarse a lo acordado en proveído de veintisiete de febrero del año en curso, en el cual ya fueron puestos a su disposición las documentales que refiere.
- Principal
Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que el quejoso no interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental. Finalmente, se ordena notificar a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca al local de este juzgado de Distrito a recoger los documentos que exhibió en este juicio, apercibida que de no hacerlo, dichos documentos, sin previo acuerdo, serán destruidos junto con el expediente en que se actúa.
- Principal
Agréguese la razón actuarial de cuenta, a través de la cual la actuaria judicial adscrita a este juzgado manifiesta su imposibilidad para notificar a la parte quejosa el auto de nueve de febrero del presente año, por los motivos que en ella expone. En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa el auto referido, así como los subsecuentes, por medio de lista que se publica en los estrados de este órgano jurisdiccional federal; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Visto el escrito de cuenta signado por Gerardo Arias Rangel, regístrese bajo el número 188/2017-I-B. DESECHAMIENTO Previamente, deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Del análisis íntegro al escrito de demanda, se obtiene que la parte quejosa reclama la expedición de la boleta de infracción folio 4776032 de veintitrés de enero del presente año, por infracción al reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal. Atento a lo anterior, del estudio integral de la demanda y los anexos que adjuntó a esta, se advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, como se expondrá a continuación. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. [.] ." De lo anterior, se observa que la regla a fin de que se actualicen los supuestos de la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, es que en contra del acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa que pueda nulificar, modificar o revocar el acto reclamado. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Ello es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses existe el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Lo anterior, porque si se pasan por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos judiciales no tendrían la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, pues de lo contrario, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración pública, lo cual no es permitido conforme a la técnica del juicio constitucional. De ahí la importancia de que las partes interesadas, antes de acudir al juicio constitucional, deban agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley que rija el acto reclamado prevea para tal efecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 447, visible en la página 297, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995 que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo" Así también, apoya a lo anterior la jurisprudencia 573, visible en la página 515, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000 que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73 fracción XIII de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional." En ese orden, para que se actualice la causa de improcedencia en análisis, es menester que se satisfagan los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado emane de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. b) Que dicho acto pueda ser revisado de oficio o proceda en su contra algún recurso o medio de defensa legal. c) Que por virtud de esa revisión oficiosa, recurso o medio de defensa, el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado. d) Que puedan suspenderse sus efectos, sin exigir mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo. En ese sentido, respecto al acto reclamado consistente en la expedición de la boleta de infracción folio 4776032 de veintitrés de enero del presente año, por infracción al reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal, como ya se dijo la parte quejosa estaba obligada a agotar los recursos ordinarios que la ley establece previo a acudir a esta vía constitucional, lo que en el caso concreto no aconteció. Se arriba a tal aserto, pues en contra del acto reclamado en estudio procede el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ahora, para demostrar la actualización de la improcedencia en estudio, se analizarán los supuestos que la integran. a) Que el acto reclamado emane de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. En el caso, se actualiza, porque el acto reclamado se atribuye respectivamente, al Secretario de Gobernación, Comisionado General de la Policía Federal y al Oficial de la Policía Federal Mauro Espinoza Jasso. Es decir, se trata de actos emitidos por autoridades distintas de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en el caso, de autoridades de la Policía Federal y de la Secretaría de Gobernación, perteneciente a la administración pública federal, en términos del artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. b) Que dicho acto pueda ser revisado de oficio o proceda en su contra algún recurso o medio de defensa legal. En el caso se actualiza, porque los actos reclamados, son susceptibles de ser impugnados mediante el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en términos del artículo 3, fracción IV, de la Ley Orgánica de dicho tribunal. Para corroborar lo anterior, se reproduce el contenido del referido precepto legal. Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: [.] IV. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales; [.] El artículo transcrito, establece la competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para conocer de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos, tales como las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales. Lo que en el caso se actualiza, dado que la parte quejosa reclama la emisión de la boleta de infracción 4776032, en la cual se contiene una multa por infringir los artículos 134, fracción III y 136, fracción III, inciso b), ambos del Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal. c) Que por virtud de esa revisión oficiosa, recurso o medio de defensa, el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado. En el caso, dicho supuesto se actualiza, porque el artículo 52 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, establece los efectos de una sentencia emitida en un juicio de nulidad, como enseguida se verá. Artículo 52.- La sentencia definitiva podrá: I. Reconocer la validez de la resolución impugnada. II. Declarar la nulidad de la resolución impugnada. III. (DEROGADA, D.O.F. 13 DE JUNIO DE 2016) IV. Siempre que se esté en alguno de los supuestos previstos en las fracciones II y III, del artículo 51 de esta Ley, el Tribunal declarará la nulidad para el efecto de que se reponga el procedimiento o se emita nueva resolución; en los demás casos, cuando corresponda a la pretensión deducida, también podrá indicar los términos conforme a los cuales deberá dictar su resolución la autoridad administrativa. En los casos en que la sentencia implique una modificación a la cuantía de la resolución administrativa impugnada, la Sala Regional competente deberá precisar, el monto, el alcance y los términos de la misma para su cumplimiento. Tratándose de sanciones, cuando dicho Tribunal aprecie que la sanción es excesiva porque no se motivó adecuadamente o no se dieron los hechos agravantes de la sanción, deberá reducir el importe de la sanción apreciando libremente las circunstancias que dieron lugar a la misma. V. Declarar la nulidad de la resolución impugnada y además: a) Reconocer al actor la existencia de un derecho subjetivo y condenar al cumplimiento de la obligación correlativa. b) Otorgar o restituir al actor en el goce de los derechos afectados. (REFORMADO, D.O.F. 10 DE DICIEMBRE DE 2010) c) Declarar la nulidad del acto o resolución administrativa de carácter general, caso en que cesarán los efectos de los actos de ejecución que afectan al demandante, inclusive el primer acto de aplicación que hubiese impugnado. La declaración de nulidad no tendrá otros efectos para el demandante, salvo lo previsto por las leyes de la materia de que se trate. (ADICIONADO, D.O.F. 12 DE JUNIO DE 2009) d) Reconocer la existencia de un derecho subjetivo y condenar al ente público federal al pago de una indemnización por los daños y perjuicios causados por sus servidores públicos. [.] El artículo transcrito, establece que la sentencia que se dicte en el juicio de nulidad, podrá entre otros, declarar la nulidad lisa y llana del acto impugnado o bien, declarar la nulidad del acto impugnado para determinados efectos, de ahí que se colme la hipótesis en estudio, ya que mediante el juicio de nulidad, se pueden revocar, modificar o nulificar los actos aquí combatidos. d) Que puedan suspenderse sus efectos, sin exigir mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo. Al respecto, el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que rige a los juicios de nulidad que se promuevan ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, prevé la suspensión de los actos reclamados sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo. Precepto legal que dispone: Artículo 28.- La solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, presentado por el actor o su representante legal, se tramitará y resolverá, de conformidad con las reglas siguientes: I. Se concederá siempre que: a) No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y b) Sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. II. Para el otorgamiento de la suspensión deberán satisfacerse los siguientes requisitos: a) Tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá la suspensión, la que surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Al otorgar la suspensión, se podrá reducir el monto de la garantía, en los siguientes casos: 1. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del solicitante, y 2. Si se tratara de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. b) En los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable. En caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión a la que se refiere este inciso quedará sin efecto, si previa resolución del Magistrado Instructor, el tercero otorga a su vez contragarantía para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la notificación del acto impugnado al solicitante y a pagar los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado, si finalmente la sentencia definitiva que se dicte fuere favorable a sus pretensiones, así como el costo de la garantía que este último hubiere otorgado. No procede admitir la contragarantía si, de ejecutarse el acto, quedare sin materia el juicio. c) En los demás casos, se concederá determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme. d) El monto de la garantía y contragarantía será fijado por el Magistrado Instructor o quien lo supla. III. El procedimiento será: a) La solicitud podrá ser formulada en la demanda o en escrito diverso presentado ante la Sala en que se encuentre radicado el juicio, en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia firme. b) Se tramitará por cuerda (sic) separada, bajo la responsabilidad del Magistrado Instructor. c) El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud. d) El Magistrado Instructor requerirá a la autoridad demandada un informe relativo a la suspensión definitiva, el que se deberá rendir en el término de tres días. Vencido el término, con el informe o sin él, el Magistrado resolverá lo que corresponda, dentro de los tres días siguientes. IV. Mientras no se dicte sentencia firme en el juicio, el Magistrado Instructor podrá modificar o revocar la resolución que haya concedido o negado la suspensión definitiva, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique. V. Cuando el solicitante de la suspensión obtenga sentencia favorable firme, el Magistrado Instructor ordenará la cancelación o liberación de la garantía otorgada. En caso de que la sentencia firme le sea desfavorable, a petición de la contraparte o en su caso, del tercero, y previo acreditamiento de que se causaron perjuicios o se sufrieron daños, la Sala ordenará hacer efectiva la garantía otorgada ante la autoridad. [.] En ese sentido, de la lectura del artículo transcrito, se advierte que la suspensión de los actos reclamados no establece mayores requisitos para conceder la suspensión del acto reclamado, que los consignados en los artículos 128, 129, 132 y 135 de la Ley de Amparo. A continuación, se procede examinar si respecto del acto reclamado, se actualiza alguno de los casos de excepción de la causal de improcedencia en estudio contenida en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, para que el quejoso no se vea obligado a agotar el referido juicio de nulidad. Como casos de excepción, se indican los siguientes: 1. No se estará obligado a agotar el medio de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación. 2. En el caso de que solo se aleguen violaciones directas a la Constitución; o, 3. Cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Así, tocante a la excepción relativa a que el acto reclamado carece de fundamentación, en el caso, no se actualiza, porque los actos reclamados, se encuentran fundamentados en diversos ordenamientos, entre los que se encuentran la Ley General de Seguridad Pública, Ley de la Policía Federal, Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federales, Reglamento de Ley de la Policía Federal y Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal. Ahora, en cuanto a que solo se aleguen violaciones directas a la constitución, no se actualiza, porque en la demanda de amparo junto con las violaciones directas a la constitución, la parte quejosa también hace valer violaciones de legalidad, al señalar entre otras cuestiones lo siguiente: [.] La multa impuesta al suscrito deviene inconstitucional al carecer de una correcta motivación, lo que resulta contrario al artículo 16 constitucional, toda vez que del contenido de la misma se aprecia que el servidor público adscrito a la Policía Federal, no motivó la boleta o infracción correspondiente, pues de la simple lectura de su contenido se aprecia que aunque realiza una expresión precisa del precepto legal aplicable al caso (fundamentación) no hace señalamiento alguno de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto respectivo [.] (foja 7) De lo antes trascrito, es posible establecer que la parte quejosa junto con las violaciones directas hace valer cuestiones de legalidad, de ahí que no se actualice la excepción en estudio. Respecto a la excepción consistente en que el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia, tampoco se actualiza, dado que la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, establece la procedencia del juicio contencioso. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 95/2004 de la Segunda Sala del alto tribunal del país, consultable en la página 414 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Julio de 2004 que dice: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. PREVIO AL JUICIO DE GARANTÍAS NECESARIAMENTE DEBE AGOTARSE EL JUICIO DE NULIDAD, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PREVISTO EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 56/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, julio de 2002, página 351, con el rubro: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. NO ES NECESARIO AGOTAR EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SI LA RESPONSABLE NO INFORMA DE DICHO RECURSO AL QUEJOSO, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 3o., FRACCIÓN XV, DE ESA LEY.", sostuvo el criterio de que es innecesario agotar el recurso de revisión previsto en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo antes de acudir al juicio de amparo indirecto, en los casos en que no se haga del conocimiento del gobernado el recurso que proceda en contra de tal resolución. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema conduce a apartarse de tal criterio a fin de establecer que las resoluciones administrativas que en términos del referido artículo 83 son impugnables ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de manera optativa a través del recurso de revisión o del juicio de nulidad, necesariamente deberán impugnarse a través de este último, previo al juicio de garantías, en términos del artículo 11, fracción XIII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ya que no obstante que se haya optado por sustanciar el recurso de revisión, con posterioridad a éste siempre deberá agotarse el juicio de nulidad. Apoya lo anterior la circunstancia de que en relación con la tramitación del juicio contencioso administrativo, el Código Fiscal de la Federación no exige mayores requisitos que los que contempla la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, según se advierte de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 155/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, enero de 2003, página 576, con la salvedad de que no habrá obligación de agotar el juicio de nulidad en los casos en que se actualice alguna excepción al principio de definitividad previsto en la fracción XV del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por lo antes expuesto, resulta exigible que la parte quejosa, previo a acudir al amparo indirecto, agote el medio de defensa, a través del juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por lo que, si no agotó dicho medio de defensa, la presente demanda de amparo carece de definitividad para efectos del juicio de amparo. En consecuencia, atento a lo dispuesto por los artículos 61 fracción XX, 62, en relación con los artículos 112, 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Gerardo Arias Rangel, en virtud de ser notoriamente improcedente. DOMICILIO Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir de la quejosa el señalado en el proemio de su demanda. AUTORIZADOS Asimismo, se autoriza a las personas que designa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; asimismo, dígasele que estos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles.
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