Gerardo Antonio Torres Mena

Expediente 1448/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1448/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
24/10/2016

Partes del expediente

  • Gerardo Antonio Torres Mena

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la nueva Ley de Amparo, sin que el promovente del amparo hubiese recurrido el por el que se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), de la ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto, queda firme para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y ordénese el archivo de las presentes actuaciones como asunto concluido. Por tanto, atendiendo a la certificación de cuenta, se determina lo siguiente: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo General, Conjunto, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I, de dicho punto, al ser un juicio de amparo en que se desechó la demanda de garantías. c) Transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo, debiendo desintegrar el original de la demanda de amparo y sentencia definitiva. Ahora, toda vez que Modesto Castro Amaya, Juan Jesús Almanza López y Gerardo Antonio Torres Mena, se encuentran recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social Número "Cinco", en Villa Aldama, Veracruz y dicho domicilio se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado, con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso a), así como 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federal, de conformidad con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como el numeral 27 fracción II de la Ley de Amparo, líbrese atento exhorto al Juzgado de Distrito en el Estado De Veracruz con residencia en Xalapa, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado comisione a uno de los actuarios adscritos a ese órgano jurisdiccional a fin de que se constituya en el referido centro carcelario en comento y le corra traslado del presente proveído a Modesto Castro Amaya, Juan Jesús Almanza López y Gerardo Antonio Torres Mena. Para lograr el cometido de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilita al actuario judicial de esa adscripción para que realice la presente notificación en horas y días hábiles. Ahora, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, acorde con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y numeral 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, y con la finalidad de evitar dilaciones procesales ociosas e innecesarias, se precisa que la comunicación oficial derivada del presente pronunciamiento, así como sus anexos deberán remitirse a través de la plataforma virtual Sistema Integral de Seguimiento de EXPEDIENTES (S.I.S.E.), facultando al Secretario de Juzgado, encargado del trámite del presente juicio, para que firme electrónicamente el exhorto respectivo. Debido a lo anterior, se solicita al Juez federal al que corresponda el exhorto en cita, de no existir algún impedimento legal, devuelva la referida comunicación a través de la plataforma virtual Sistema Integral de Seguimiento de EXPEDIENTES (S.I.S.E.). Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado José Jiménez Sarmiento, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/6258/2016, de dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa asistido ante el licenciado Luis Alberto Castro Velázquez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; treinta de septiembre de dos mil dieciséis. RADICACIÓN. Visto el escrito de demanda promovido por Modesto Castro Amaya, Juan Jesús Almanza López y Gerardo Antonio Torres Mena, por propio derecho contra actos del Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad; por considerarlos violatorios de los artículos 1, 6, 8, 14, 16, 17, 19, 20, 21 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. FORMACIÓN DE EXPEDIENTE. En mérito de lo anterior, téngase por recibida la demanda de cuenta; por tanto, anótese su ingreso en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) e intégrese expediente bajo el número que le corresponda. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De la lectura íntegra de la demanda se advierte que los quejosos se duelen sustancialmente de: La omisión, negativa e incumplimiento de no realizar el careo supletorio en los autos de la causa penal 52/2011-VI el día dos de diciembre de dos mil quince, con el ex elemento aprehensor Cesar Adrián Martínez Aragón. DESECHAMIENTO. Ahora, resulta improcedente el juicio de amparo que se intenta, en atención a que se surte la causal que a continuación se detalla, y que estatuye el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con los diversos 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, 170, fracción I y 172, fracciones III y XII, de la ley de la materia. En efecto, conforme a la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto, establecida en el artículo 107, fracción III, inciso b), interpretada a contrario sensu, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 107, fracción V de la Ley de Amparo, el juicio constitucional biinstancial es improcedente contra el acto que en esta vía se reclama y que se precisó líneas arriba. Lo anterior, toda vez que el amparo indirecto, en tratándose de actos emitidos dentro de un juicio, solo será procedente contra actos de imposible reparación. Ahora, el prototipo de los actos irreparables está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los cuales la ley fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los reparables se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que solo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener una resolución favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. El amparo indirecto procede, pues, contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, cuando los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, aun obteniendo sentencia favorable, por afectar sus derechos sustantivos y no los adjetivos, de acuerdo con la distinción siguiente: DERECHOS SUSTANTIVOS. Son los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, los cuales se encuentran tutelados en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, mediante las llamadas garantías individuales o ahora, derechos humanos, en virtud de que la afectación no se destruye con el solo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia favorable en el juicio. DERECHOS ADJETIVOS. Son los que solo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se desarrolla éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de resolución favorable; por lo cual, si esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versa en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. En este sentido el Pleno y la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han emitido las jurisprudencias 189 y 175, visibles en las páginas 154 y 144 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con los rubros: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), 'CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Sentado lo anterior, cabe recordar que los quejosos Modesto Castro Amaya, Juan Jesús Almanza López y Gerardo Antonio Torres Mena reclaman sustancialmente: La omisión, negativa e incumplimiento de no realizar el careo supletorio en los autos de la causa penal 52/2011-VI el día dos de diciembre de dos mil quince, con el ex elemento aprehensor Cesar Adrián Martínez Aragón. Sin embargo, conforme a los criterios establecidos por el máximo Tribunal del País, el concepto de acto de ejecución irreparable para la procedencia del amparo indirecto, debe entenderse como aquel que tiene consecuencias que afectan directa e inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución por medio de los derechos fundamentales y, ahora por los instrumentos internacionales respecto de los cuales el estado mexicano sea parte; nunca en casos en que la afectación se adjetiva o procesal, toda vez que esa afectación o sus efectos no podrían ser destruidos con el solo hecho de que quien la resienta obtenga sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio. Así se desprende de la tesis P. LVII/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto establece: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." Así como la sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P. LVIII/2004, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, ha establecido, implícitamente, un criterio orientador para decidir cuándo revisten tales matices y se tornan de ejecución irreparable, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo cual sucede, por regla general, cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que implican una situación relevante para el procedimiento, de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio natural, bien para asegurar la continuación de su trámite con respeto a las garantías procesales esenciales del quejoso, o bien porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento, debiendo resaltarse que siendo la regla general que las violaciones procesales dentro del juicio se reclamen junto con la sentencia definitiva en amparo directo, es lógico que aquellas que sean impugnables en amparo indirecto tengan carácter excepcional. Estas bases primarias para determinar los actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, requieren que se satisfagan íntegramente, sin desdoro del prudente arbitrio del juzgador para advertir similares actos de esa naturaleza que puedan alcanzar una afectación exorbitante hacia el particular dentro del juicio." Por tanto, es evidente que el acto reclamado no es de los que irrogan perjuicio de imposible reparación a los amparistas, pues en estos casos (los de imposible reparación), la necesidad que los caracteriza y que hace procedente el juicio de amparo en la vía indirecta, lo constituye el hecho de que no podrían repararse esas violaciones con el dictado de una sentencia favorable, inclusive tampoco a través del amparo directo que se intentase en su momento, dada la propia naturaleza del acto. Sin embargo, en la especie no se está frente a uno de esos actos. Lo anterior, en atención a que la omisión, negativa e incumplimiento de no realizar el careo supletorio en los autos de la causa penal 52/2011-VI el día dos de diciembre de dos mil quince, con el ex elemento aprehensor Cesar Adrián Martínez Aragón es el reclamo de una violación procesal, pues se trata del pronunciamiento intrínsecamente relacionado con el proceso entablado en su contra, y por regla general dichas violaciones pueden hacer valer cuando transcienden en el resultado de resolución o sentencia que se emita; por lo que en su caso, esas posibles violaciones deben reclamarse mediante el juicio de amparo directo que se interponga en contra de la sentencia definitiva correspondiente, si es contraria a los intereses de los hoy impetrantes del amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal, 170, fracción I y 172, fracción XXII, de la ley de la materia, argumentando la parte agraviada las transgresiones en las que considere haya incurrido la autoridad y que sean motivo de la determinación que considera violatoria de sus derechos otorgados. En ese orden de ideas, el acto reclamado no puede ser considerado como de imposible reparación, debido a que, como ya se estableció, su actualización tiene como consecuencia una afectación a sus derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. Esto de suyo refleja que ya no pueden considerarse como actos de imposible reparación los acontecidos dentro de juicio (proceso penal al caso en concreto), bajo la perspectiva que se tenía en la anterior legislación de la materia, en donde no existía restricción en cuanto a lo que debía entenderse como actos dentro de juicio de imposible reparación. Por tanto, no sólo es legalmente posible, sino correcto que la autoridad continúe con el proceso y será hasta que se dicte la sentencia que resuelva en definitiva el asunto y se impugne a través del juicio constitucional uniinstancial, en que podrá alegarse y demostrarse la existencia de tal violación al procedimiento que hubiera afectado a los aquí quejosos en sus defensas y que la aludida violación hubiese trascendido al resultado del fallo. En efecto, los artículos 170 y 172 de la Ley de Amparo se apoyan en el principio de economía procesal, pues lo que con ello se pretende evitar es la proliferación o una cadena interminable de juicios de garantías con motivo de diversas actuaciones procesales; es decir, el legislador de amparo ha pretendido evitar que las partes contendientes en un procedimiento seguido ante tribunales judiciales, laborales o administrativos puedan agotar el juicio de garantías tantas veces como violaciones se cometan en el procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante promoción de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la resolución del conflicto. Con lo anterior, se pretende que continúe el curso del procedimiento, sin mayores trabas y que el afectado con el fallo correspondiente, al impugnarlo, pueda hacer valer al mismo tiempo las violaciones de fondo y tantas violaciones al procedimiento como estimara le hubieran sido cometidos. Por tanto, no queda comprendido en esa connotación (imposible reparación), la omisión, negativa e incumplimiento de no realizar el careo supletorio en los autos de la causa penal 52/2011-VI el día dos de diciembre de dos mil quince, con el ex elemento aprehensor Cesar Adrián Martínez Aragón, ya que a través de dicha omisión se producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales podrían ser reparados si se obtiene sentencia favorable, máxime que el dictado del acuerdo reclamado, no implica en forma alguna que el fallo deba ser contrario a los intereses de la afectada. Así, ese tipo de decisiones no son susceptibles de ser sujetas a análisis constitucional mediante la vía indirecta, sino hacerla valer hasta el amparo directo para el caso de que sea adversa la sentencia y en el supuesto de que sea favorable a los quejosos, lo puede plantear en el amparo adhesivo conforme al numeral 107, fracción III, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 182 de la ley de la materia. De tal manera que si la omisión reclamada, no produce afectación material de derechos sustantivos, no se surte el supuesto de procedencia de amparo indirecto al no estarse en el caso de un acto dentro de juicio que sea de imposible reparación, entendiéndose por estos únicamente aquellos que afecten materialmente algún derecho sustantivo, no procesal como acontece; por tanto, esa circunstancia hace a su vez que se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el 107, fracción V interpretada a contrario sensu, de la ley de la materia. En esa tesitura, toda vez que se surte de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, 113, 170, fracción I y 172, fracción XXII, del cuerpo de leyes en cita, se desecha de plano por ser notoriamente improcedente la demanda de que se trata. REPRESENTANTE COMÚN. Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo se tiene como representante común de la parte quejosa a Gerardo Antonio Torres Mena, por así haberlo solicitado. DOMICILIO. Conforme lo establecido por el numeral 26 fracción I, inciso a) de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de los quejosos el señalado en el proemio de su demanda, a saber el Centro Federal de Readaptación Social Número 5 Oriente, en Villa Aldama Veracruz. Ahora, toda vez que el domicilio que se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado, con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso a), así como 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federal, de conformidad con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como el numeral 27 fracción II de la Ley de Amparo, líbrese atento exhorto al Juzgado de Distrito en el Estado De Veracruz con residencia en Xalapa, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado comisione a uno de los actuarios adscritos a ese órgano jurisdiccional a fin de que se constituya en el referido centro carcelario en comento y le corra traslado del presente proveído al representante común de la parte quejosa Gerardo Antonio Torres Mena. Para lograr el cometido de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilita al actuario judicial de esa adscripción para que realice la presente notificación en horas y días hábiles. Ahora, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, acorde con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y numeral 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, y con la finalidad de evitar dilaciones procesales ociosas e innecesarias, se precisa que la comunicación oficial derivada del presente pronunciamiento, así como sus anexos deberán remitirse a través de la plataforma virtual Sistema Integral de Seguimiento de EXPEDIENTES (S.I.S.E.), facultando al Secretario de Juzgado, encargado del trámite del presente juicio, para que firme electrónicamente el exhorto respectivo. Debido a lo anterior, se solicita al Juez federal al que corresponda el exhorto en cita, de no existir algún impedimento legal, devuelva la referida comunicación a través de la plataforma virtual Sistema Integral de Seguimiento de EXPEDIENTES (S.I.S.E.). AUTORIZADOS. De acuerdo a la reforma del artículo 12 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio del año en curso, se tiene por autorizados en términos amplios a las personas que mencionan como sus defensores Ramón García Dorantes y María Félix Serrano Fuentes; siempre y cuando hayan cumplido con los extremos previstos en su segundo párrafo; es decir, que acrediten encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, y se hayan proporcionado los datos correspondientes. De igual forma, se autoriza en términos restringidos a las mencionadas si no se cumplió con dichos requisitos, determinación que subsistirá hasta en tanto se efectúen dichas acotaciones. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo dispuesto por el ordinal 21, tercer párrafo, de la legislación en cita, se habilita al actuario de la adscripción para que realice las notificaciones que surjan con motivo de la tramitación del presente juicio aun en horas y días inhábiles, medida adoptada para eficientar las labores de este órgano de control constitucional. PROTECCIÓN DE DATOS. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la a reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda su solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testaran las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. SISTEMA ELECTRÓNICO Y CONSULTA DE EXPEDIENTES. De la misma forma, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se hace del conocimiento de las partes, que para el caso de que así lo deseen, a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx), podrán imponerse del contenido de los presentes autos, así como promover y recibir notificaciones vía electrónica, quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el segundo párrafo del artículo 14 de dicho Acuerdo, y realicen las promociones correspondientes, además de hacerlo del conocimiento de este órgano jurisdiccional, para lo cual deberán atender al Título Cuarto del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de enero de dos mil quince, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo. Notifíquese por exhorto a la parte quejosa a través de su representante común; así como a sus defensores Ramón García Dorantes y María Félix Serrano Fuentes. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa asistido con el licenciado Jaime Arzate Romero, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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