Gerardo Arce Espinoza

Expediente 1241/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1241/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
10/11/2022

Partes del expediente

  • Gerardo Arce Espinoza

Actuaciones

  1. Principal

    PRAL. 1241/2022. MESA-5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de noviembre de dos mil veintidós. Firmeza de resolución. Como se hizo constar en la certificación de cuenta, feneció el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso ********* interpusiera recurso de queja contra la resolución de veinticinco de octubre de este año, por la cual se desechó su demanda de amparo; no obstante su notificación el veintisiete del mismo mes. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicha determinación. 2. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la resolución estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de la resolución sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. 3. Precisión previa a ordenar el archivo del expediente. Antes de establecer lo procedente sobre el archivo del expediente, comuníquese a las partes que el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, no hace precisión respecto del archivo de los expedientes que se tramitan en los órganos del Poder Judicial de la Federación; por tanto, en relación con ese tópico, por el momento, se estará a lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 4. Archivo. Así, considerando que en resolución de veinticinco de octubre de este año se desechó la demanda de amparo, y toda vez que en esta fecha queda firme, sin que exista asunto pendiente por diligenciar; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en contrario sensu) y 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5. Destino y archivo reciente. Conforme al artículo 21, inciso b), y 24 del Acuerdo General en cita, se comunica a las partes que este expediente es DESTRUIBLE; por lo que será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será destruido, remitiendo el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. 6. Anotaciones. Por ahora, realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico; hasta en tanto las áreas competentes del Consejo de la Judicatura Federal determinen la estrategia de transición exclusivamente a libros de control electrónicos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 99 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; reformado por el diverso Acuerdo General vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, según lo dispone su transitorio decimocuarto. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL.1241/2022.MESA-5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de octubre de dos mil veintidós. 1. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo depositada el veinticuatro de este mes en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, y turnada a este órgano jurisdiccional en la misma fecha, promovida por *****, por propio derecho, contra un acto del administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, y de otra autoridad; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el registro 1241/2022. 2. Integración del expediente. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, tan pronto como se normalicen de forma presencial las actividades jurisdiccionales, o se hagan presentes en el órgano jurisdiccional dentro de los días y horario establecido, y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, se deberá incorporar a éste la totalidad de las constancias que falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Asimismo, se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que, en su oportunidad, haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3. Actuaría. Integración de notificaciones. De igual manera, con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena al (la) actuario (a) de la adscripción que las notificaciones que se generen en este expediente, inmediatamente a su realización, las integre de manera correcta al expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con la finalidad de que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa. 4. Desechamiento de la demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa de improcedencia, en virtud que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, la ley en comento prevé la posibilidad del desechamiento de la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, entendiéndose por lo primero, aquello que no requiere de mayor demostración y que se advierte de manera clara y directa, y por lo segundo, aquello de lo que se tiene certeza y plena convicción. En ese tenor, si bien existen diversas causas que generan la improcedencia del juicio de amparo, éstas no deben originar el desechamiento de la demanda a menos que su existencia sea evidente, clara y notoria, con la finalidad de no tramitar un juicio que, desde su promoción, se aprecia inútil, con el consecuente desgaste de recursos humanos y materiales; por esa razón, el legislador estableció la posibilidad de desechar la demanda siempre que se materialice, de manera manifiesta e indudable, alguna de las hipótesis previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, que lista una serie de actuaciones, cuyo origen, naturaleza y/o condiciones producen que no sean susceptibles de analizarse en el juicio constitucional, es decir, respecto de los cuales no puede existir un pronunciamiento de fondo en cuanto a su constitucionalidad o inconstitucionalidad. En el caso concreto, del análisis íntegro de la demanda de amparo y su anexo se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios. (.)". El referido precepto establece la improcedencia del juicio de amparo cuando el acto que se reclame sea materia de diverso juicio de amparo que esté pendiente de resolución, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Es decir, la causa de improcedencia por litispendencia parte de la premisa de que la parte quejosa promueve un juicio de amparo contra la misma autoridad o autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, cuando previamente accionó un juicio en que existen las coincidencias mencionadas, que se encuentra pendiente de resolución (en trámite). Para demostrar la actualización de dicha causa de improcedencia es preciso señalar que constituye un hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que en este Juzgado se encuentra radicado el juicio de amparo 1090/2022, el cual se formó con motivo de la demanda presentada por Gerardo Arce Espinoza el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Y entre dicha demanda y la que dio origen a este juicio existe identidad en la 1) parte quejosa, 2) autoridades responsables y 3) acto reclamado; aunado a que 4) al momento en que se presentó la demanda 1241/2022 ya existía radicado el diverso juicio 1090/2022, que se encuentra en trámite, por haberse admitido la demanda el veintidós de septiembre de este año. En efecto, tanto en la demanda 1090/2022 como en la relativa a este asunto 1241/2022, el quejoso ****** reclama: La omisión de sustanciar y resolver su solicitud de traslado voluntario para el Centro de Reinserción Social de Acapulco o Chilpancingo, ambos del Estado de Guerrero, que formuló mediante escrito de veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Acto que atribuye a las autoridades responsables siguientes: Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec. Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones de juez de Ejecución. Y la demanda del juicio 1090/2022 se admitió a trámite el veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Por tanto, es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia a que alude el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis con registro 2019187, del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto: "LITISPENDENCIA. CASOS EN QUE SE ACTUALIZA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. La causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que comúnmente se conoce como litispendencia, pretende evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez, de manera que su actualización depende, necesariamente, de que exista identidad en el quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado pero, sobre todo, que al momento de presentar la demanda de amparo exista otro juicio constitucional que se encuentre pendiente de resolución. Esto es, el juicio de amparo será improcedente por litispendencia, cuando exista otro juicio en trámite o pendiente de resolución -en primera o segunda instancia-, y se promueva una segunda o ulterior demanda de amparo: por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto o norma general. En este caso, basta que se reúnan los anteriores requisitos para que el amparo sea improcedente aunque las violaciones que se aduzcan sean distintas. Esto es, no constituye un requisito indispensable que se trate de demandas de amparo idénticas. Entendiéndose por juicio de amparo en trámite, aquel asunto que ya ha sido promovido y que no se ha resuelto en definitiva, o si se trata de un juicio de amparo cuya sentencia admita la procedencia del recurso de revisión, se encuentre transcurriendo el plazo para su interposición, o bien, que ya se haya interpuesto dicho recurso y no haya sido resuelto a la fecha de presentación de la segunda o ulterior demanda con las características señaladas. También puede actualizarse esta causa de improcedencia aunque al señalarse autoridades ejecutoras, éstas sean distintas a las designadas en el amparo anterior; ello, siempre que los actos reclamados a dichas ejecutoras sólo se impugnen como consecuencia de los actos que se atribuyen a la autoridad ordenadora y no por vicios propios pues, en caso contrario, respecto de los actos de ejecución no operaría la hipótesis legal relativa. Un aspecto importante a destacar lo constituye el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que esta causa de improcedencia también se actualiza cuando en una segunda demanda de amparo se combaten actos que, sin ser los mismos que los reclamados en la demanda presentada en primer término, realmente sólo constituyen las consecuencias legales de los reclamados en ésta. En este contexto, sólo podrá presentarse una segunda demanda de amparo contra actos que son una consecuencia legal de los reclamados en la primera demanda, si se tuvo conocimiento de aquéllos con posterioridad de los originalmente reclamados y ya no se pudo ampliar la demanda por haberse celebrado la audiencia constitucional. Por tanto, si no se cumplen estos últimos requisitos, la demanda de amparo contra actos que no son sino la consecuencia legal de otro que se encuentra en trámite, será improcedente." Sin que pase desapercibido que en la demanda relativa al juicio 1090/2022 el quejoso haya expresado que el traslado lo solicitó para el Centro Federal de Readaptación Social número 5 Oriente en la Ciudad de Villa Aldama, Veracruz; sin embargo, tal señalamiento únicamente constituye una imprecisión, pues anexó tanto a la demanda 1090/2022, como a la 1241/2022, la copia del acuse del escrito de solicitud de traslado de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, de donde se corrobora que el traslado lo solicitó hacia el Centro de Reinserción Social de Acapulco o Chilpancingo, ambos del Estado de Guerrero. Máxime que ello se corrobora con los informes que obran en el expediente 1090/2022, de los que se advierte que, efectivamente, la omisión reclamada deriva de la solicitud de traslado al Centro de Reinserción Social de Acapulco o Chilpancingo, ambos del Estado de Guerrero. Determinación. Al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo; se desecha, de plano, la demanda de amparo promovida por ******, por notoriamente improcedente. Acceso a la justicia. La actualización de la causal de improcedencia en estudio no implica negar acceso a la justicia al citado quejoso, ya que en este asunto se interpretó de manera estricta, sin que implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia consagrados en ordenamientos internacionales; pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual de ninguna manera implica que se le esté negando el derecho fundamental de acceso a la justicia; máxime que, como se ha señalado, la misma demanda de amparo ya está siendo atendida en el juicio de amparo 1090/2022. Por ende, el análisis de la causal de improcedencia actualizada constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia; ello, conforme a la tesis 2a. CLVII/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, enero de 2010, página 324, registro 165538, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA". 5. Precisión sobre Acuerdo General aplicable. Hágase del conocimiento de las partes que respecto a la a) atención al público, b) funcionamiento de oficialías de partes, c) publicación de lista de acuerdos, d) tramitación de asuntos promovidos físicamente y e) desahogo de actuaciones presenciales, entre otras cuestiones, deberá estarse a lo indicado en el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; únicamente durante su periodo de vigencia. 6. Notificación al quejoso. Se autoriza al actuario llevador de este asunto a fin de que, con anuencia del Consejo de la Judicatura Federal, se traslade al Centro Federal de Readaptación Social número Trece "CPS OAXACA", en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, lugar que se encuentra fuera de la residencia de este Juzgado, a efecto de notificar al quejoso Gerardo Arce Espinoza este proveído y las subsecuentes notificaciones personales que se ordenen; por haber designado ese lugar para la recepción de notificaciones. 7. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Dada la situación de contingencia sanitaria en que se encuentra el país, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo. 8. Autorización para firmar comunicaciones oficiales. Se faculta al (la) secretario (a) de guardia o al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado para que firme los oficios y copias autorizadas necesarias para la debida notificación de las determinaciones que se emitan en este expediente. 9. Anotaciones. Finalmente, realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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