Geovana Galan Olavarría y Otros.
Expediente 832/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 10 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 832/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 29/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Geovana Galan Olavarría y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
NOTIFICACIÓN A LOS TERCEROS INTERESADOS Esperanza Molina Cervantes, Carlos Javier Velasco Molina, Carlos Federico Zárate Padilla, Donna Pierce y Rodolfo Morales Moreno (notario Público número diecinueve en el Estado de Oaxaca).- pral 832/2019 mesa 7-a° AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca siendo las once horas con diecisiete minutos del veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, hora y día señalados para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo 832/2019, como se ordenó en auto de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve (foja 64), Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido de Federico de Jesús Díaz Arias, secretario de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrarla, sin asistencia de las partes. Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se declara abierta la audiencia. Relación de Constancias. El secretario hace relación de las constancias de autos, que son las siguientes: Demanda de amparo promovida por Geovana Galán Olavarría, por propio derecho y como apoderada legal de Úrsula Rusch (fojas 5 a 17). Auto admisorio de cuatro de octubre de dos mil diecinueve (fojas 28 a 30). Informe justificado rendido por la magistrada Presidenta de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca -autoridad responsable- (foja 38). Finalmente, se hace constar que las partes no manifestaron su oposición de manera expresa, para que la consulta de la sentencia que se pronuncie en este juicio de amparo sea omitiendo sus datos personales, como se les previno en auto admisorio. Enseguida, se acuerda: I. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales conducentes. II. Por cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, resuélvase lo conducente al dictarse sentencia. Etapa de pruebas. Acto continuo, se abre el periodo de pruebas en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, en el que se hace relación de las siguientes documentales: Parte quejosa: a) Instrumento notarial treinta mil cuatrocientos cuarenta y tres, volumen trecientos setenta y tres, pasado ante a la fe del notario público ciento cinco del Estado de Oaxaca (fojas 19 y 20). b) Sobre que contiene diversas constancias exhibidas como prueba en el juicio civil 480/2018, del índice del Juzgado Cuarto de lo Civil del distrito judicial del centro, Oaxaca (que se trae a la vista como un hecho notorio con base a lo acordado en proveído de veinticinco de octubre del año en curso foja 63). Autoridad responsable: c) Original de actuaciones del toca civil 21/2019 de su índice (tomo anexo I). d) Legajo de copia certificada de constancias deducidas del expediente número 480/2018, del Juzgado Cuarto Civil del distrito judicial del Centro, Oaxaca (tomo anexo II). Medios de convicción que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza. Etapa de alegatos. Se abre la fase de alegatos, en la que se hace constar que únicamente los formuló la parte quejosa mediante el escrito de fecha veinticuatro de octubre del año en curso (fojas 59 a 62); y la agente del Ministerio Público de la Federación no formuló pedimento, por lo que se declara cerrado este período. Enseguida, se procede a dictar la sentencia respectiva. VISTOS; para resolver el juicio de amparo número 832/2019, del índice de este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 5 a 17) en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en este municipio, remitido el mismo día, por razón de turno, a este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, Geovana Galán Olavarría, por propio derecho y como apoderada legal de Úrsula Rusch, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la resolución de fecha dos de septiembre de dos mil diecinueve, mediante la cual no se admitió la reconvención planteada contra 1) Fausto Armando Velasco Molina, 2) Carlos Javier Velasco Molina y 3) Donna Pierce, emitida en el toca civil 21/2019 y atribuida a la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. Bajo protesta de decir verdad la parte quejosa narró los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado (fojas 7 y 8); invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (foja 8) y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes (fojas 9 a 17). SEGUNDO. Registro de la demanda de amparo en el libro de gobierno y prevención. Por auto de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 21 a 24) se ordenó registrar la demanda de amparo en el libro de gobierno con el número 832/2019 y se previno a la parte quejosa a fin de que la aclarara en los términos ahí precisados. TERCERO. Cumplimiento de prevención. Por escrito presentado en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el tres de octubre de este año (foja 27), la parte quejosa cumplió con la prevención que se le formuló en auto veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 21 a 24). CUARTO. Admisión de la demanda de amparo. En proveído de cuatro de octubre de este año (fojas 28 a 30) se admitió la demanda de amparo, se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. QUINTO. Emplazamiento de la parte tercera interesada. Por acuerdo de once de octubre de dos mil diecinueve (fojas 39 a 41) se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados I) Vilma Ivette Rivera Abarca, II) Esperanza Molina Cervantes, III) Fausto Armando Velasco Molina, IV) Carlos Javier Velasco Molina, V) Carlos Federico Zárate Padilla, VI) Donna Pierce, VII) Rodolfo Morales Moreno (notario Público número diecinueve en el Estado de Oaxaca), VIII) director General del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, IX) director de Ingresos y Control Fiscal, dependiente de la Coordinación de Finanzas y Administración del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, X) director General del Instituto de la Función Pública Registral del Estado de Oaxaca y XI) registrador que corresponda del Distrito Judicial del Centro del Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca. SEXTO. Cita para audiencia. En auto de treinta y uno de octubre de este año (foja 64) se citó a las partes a la audiencia constitucional, la cual en sus fases de pruebas y alegatos, consta en los términos que anteceden; y. C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y 48, 49 y 53, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un asunto de naturaleza civil, y el acto emana de un toca que, a su vez, se originó de un procedimiento civil tramitado en un Juzgado del distrito judicial del Centro, lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Acorde con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. En ese sentido, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que por Geovana Galán Olavarría, por propio derecho y como apoderada legal de Úrsula Rusch, reclaman de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca la resolución de dos de septiembre de dos mil diecinueve dictada en el toca 21/2019, en la parte relativa en que se declaró: Improcedente la reconvención planteada contra 1) Fausto Armando Velasco Molina, 2) Carlos Javier Velasco Molina y 3) Donna Pierce. TERCERO. Oportunidad para la presentación de la demanda de amparo. La resolución dictada el dos de septiembre de dos mil diecinueve en el toca civil 21/2019, de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, le fue notificada a la parte quejosa el tres de septiembre siguiente, por conducto de su autorizada en dicho expediente para oír y recibir notificaciones -foja 153 del tomo I-. En consecuencia, la notificación surtió efectos el cuatro de septiembre de este año, por lo que el plazo de quince días que tenían por Geovana Galán Olavarría, por propio derecho y como apoderada legal de Úrsula Rusch, para la presentación de la demanda de amparo, transcurrió del cinco al veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, con exclusión de sábados y domingos así como el dieciséis de los citados mes y año, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo; en esas condiciones, si la demanda de amparo se presentó el veinticuatro de septiembre del año en curso en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca -foja 5-, es inconcuso que fue presentada en tiempo, en términos de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia del acto reclamado. La magistrada Presidenta de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, al rendir informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado -foja 38-. Lo que constituye una confesión expresa que permite establecer la certeza del acto que en esta instancia constitucional reclaman Geovana Galán Olavarría y Úrsula Rusch. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". QUINTO. Consideraciones previas a) Improcedencia. Las partes no hicieron valer causales de improcedencia, ni de oficio este órgano jurisdiccional advierte que se actualice alguna de las hipótesis previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. b) Conceptos de violación. La parte quejosa aduce que se vulneraron sus derechos contenidos en los artículos 1°, 14, 16 y 17 constitucionales; en ese tenor, el estudio del acto reclamado se realizará bajo los argumentos que expone la parte quejosa, sin que sea necesaria su transcripción, toda vez que ningún precepto establece tal obligación . c) Suplencia de la queja deficiente. El estudio del acto reclamado se realizará al tenor de los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, sin que sea dable suplir la deficiencia de la queja a la parte impetrante, por no estar en alguno de los supuestos previstos en el artículo 79 de la Ley de Amparo. SEXTO. Antecedentes del acto reclamado. I) En el Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro se tramita el juicio ordinario civil 480/2018, promovido por Vilma Ivette Rivera Abarca, por conducto de su apoderado Fausto Armando Velasco Molina. II) En el referido juicio, la parte actora reclama de 1) Úrsula Rusch, 2) Geovana Galán Olavarría, 3) Nancy Sue Hild, 4) Omar Cruz Vicente, 5) Claudia Isela Aguilera, 6) Eduardo García Corpus, 7) José Alejandro González Gómez, 8) Juan José González Murguía, 9) Zeferina Judith Murguía, 10) director del Instituto del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Oaxaca y 11) director General de Notarías del Estado de Oaxaca, la acción reivindicatoria de un bien inmueble, así como la declaración de nulidad absoluta del instrumento notarial veintidós mil doscientos dieciséis, volumen doscientos setenta y dos, de tres de mayo de dos mil dieciséis, pasado ante la fe del notario público ciento cinco en el Estado de Oaxaca -foja 2 tomo II-. III) En auto de veinticinco de abril de dos mil dieciocho se admitió a trámite la demanda y se ordenó emplazar a la parte demandada -fojas 100 reverso, 102 a 103 del tomo II-. IV) Mediante escrito presentado el nueve de julio de dos mil dieciocho en la oficialía de partes del Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro -fojas 177 a 254 tomo II-, Geovana Galán Olavarría, por propio derecho y como apoderada legal de la codemandada Úrsula Rusch, dio contestación a la demanda y presentó reconvención contra 1) Vilma Ivette Rivera Abarca, 2) Esperanza Molina Cervantes, 3) Fausto Armando Velasco Molina, 4) Carlos Javier Velasco Molina, 5) Carlos Federico Zárate Padilla, 6) Donna Pierce, 7) Rodolfo Morales Moreno (notario público número diecinueve en el Estado de Oaxaca), 8) director General del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, 9) director de Ingresos y Control Fiscal, dependiente de la Coordinación de Finanzas y Administración del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 10) director General y 11) registrador que corresponda, ambos del Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca -fojas 219 a 221 del tomo II-. V) Por escrito fechado el veinticinco de junio de dos mil dieciocho -foja 168 tomo II-, las quejosas devolvieron al Juzgado Cuarto Civil dos traslados correspondientes a los codemandados Omar Cruz Vicente y Claudia Isela Aguilera Yerena, pues adujeron que el domicilio donde se llevó a cabo la diligencia de emplazamiento era incorrecto, pues se practicó en el domicilio de las quejosas y no de los referidos codemandados. VI) En auto de trece de julio de dos mil dieciocho -fojas 154 y 255 tomo II-, el juez Cuarto Civil tuvo a Geovana Galán Olavarría, por propio derecho y como apoderada legal de Úrsula Rusch, contestando en tiempo y forma la demanda y desechó la reconvención presentada, por no estimar actualizado el litisconsorcio pasivo necesario; asimismo, en cuanto a la devolución de los traslados los dejó a disposición de la parte quejosa para que acudiera ante ese órgano jurisdiccional a recibirlos, pues consideró que el emplazamiento de Omar Cruz Vicente y Claudia Isela Aguilera Yerena se ajustó a derecho. VII) Inconformes con dicha determinación las quejosas interpusieron recurso de apelación -fojas 3 a 9 tomo I-. VIII) El dieciocho de febrero de dos mil diecinueve la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, declaró bien admitido el recurso de apelación interpuesto por las quejosas -foja 96 tomo I- y el treinta de abril de dos mil diecinueve resolvió el recurso de apelación, determinando que -fojas 125 a 128 tomo I-: a) No es procedente la reconvención planteada por lo que hace a 1) Fausto Armando Velasco Molina, 2) Carlos Javier Velasco Molina y 3) Donna Pierce. b) La decisión tomada por el juez natural, en relación a la devolución de los traslados de los diversos codemandados Omar Cruz Vicente y Claudia Isela Aguilera Yerena, únicamente causa perjuicio a ellos, por lo que sólo corresponde combatirla a los referidos codemandados. IX) Inconforme con dicha determinación la parte quejosa promovió demanda de juicio de amparo indirecto, radicándose en el número 474/2019, del índice de este juzgado federal, en el cual seguido con el trámite legal, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal para los siguientes efectos (datos que se traen a la vista como hechos notorios) : I. Dejar sin efectos la resolución de treinta de abril de dos mil diecinueve, únicamente en las partes relativas a: La improcedencia de la reconvención interpuesta contra 1) Fausto Armando Velasco Molina, 2) Carlos Javier Velasco Molina y 3) Donna Pierce, dejando intocado lo relativo a la admisión de la reconvención contra los diversos demandados. Los traslados correspondientes al emplazamiento de Omar Cruz Vicente y Claudia Isela Aguilera Yerena, cuya ilegalidad se estimó que sólo ellos deben combatirla. II. Emita otra, con libertad de jurisdicción, en la que: Analizando las pruebas aportadas por Geovana Galán Olavarría y Úrsula Rusch, establezca los motivos y fundamentos legales que la lleven a resolver sobre la admisión o desechamiento de la reconvención interpuesta contra 1) Fausto Armando Velasco Molina, 2) Carlos Javier Velasco Molina y 3) Donna Pierce. De manera fundada y motivada se pronuncie en relación con la ilegalidad del emplazamiento aducido por las quejosas y determine si es o no necesario practicar nuevamente el mismo. XI) En cumplimiento a esa ejecutoria de amparo la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca dictó la resolución de dos de septiembre de dos mil diecinueve, dictada en el toca 21/2019, en la parte relativa en que se declaró: Improcedente la reconvención planteada contra 1) Fausto Armando Velasco Molina, 2) Carlos Javier Velasco Molina y 3) Donna Pierce. (Resolución que constituye el acto reclamado en este juicio de amparo). SÉPTIMO. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. Las quejosas señalan como conceptos de violación los siguientes: 1.- En cuanto a Carlos Javier Velasco Molina la responsable no aplicó los artículos 206 y 208, fracciones I y III, 210 y 211 del Código Civil para el Estado de Oaxaca, puesto que: a.- El acta matrimonial es un documento público que hace prueba plena. b.- El solo hecho de encontrarse casado Carlos Javier Velasco Molina con Vilma Ivette Rivera Abarca en sociedad conyugal legal, el inmueble objeto del juicio natural forma parte del fondo de la sociedad y el dominio y posesión de los bienes reside en ambos. c.- Carlos Javier Velasco Molina está vinculado a la compraventa del bien inmueble en cuestión, pues resulta copropietario en cincuenta por ciento del mismo con base en el título de propiedad que se tilda de nulo, aun cuando Vilma Ivette Rivera Abarca haya declarado ser soltera en la escritura base de la acción cuya nulidad se reclama, a pesar de no haber intervenido directamente en el acto de compraventa. 2.- En relación a Fausto Armando Velasco Molina, señala que es apoderado de la actora y con ese carácter presentó la demanda, lo que hace ser parte formal del juicio; la responsable no valoró que debe ser llamado a juicio, pese a que le afectaría su esfera jurídica si no pudiera llegar a actuar a nombre propio como copropietario o dueño respecto del inmueble objeto del juicio natural, si el resultado de la resolución que llegara a dictarse afectaría a nombre propio, como lo establece el instrumento notarial en el que se le otorgó poder para representar a la actora y que se encuentran establecidas en los numerales I y II del testimonio notarial que se exhibió para justificar su personalidad. Agrega, que Fausto Armando Velasco Molina: a.- Es hermano de Carlos Javier Velasco Molina e hijo de Esperanza Molina Cervantes; además, actuó como testigo, es decir a nombre propio y no como apoderado de la actora, de un contrato de arredramiento, es decir, su intervención en el contrato de compraventa no es el único motivo por el que debe llamarse a juicio; y b.- Tiene interés jurídico, pues así quedó establecido desde el momento en que Esperanza Molina Cervantes, suegra de la compradora y actuando como gestora oficiosa, adquirió el inmueble para su nuera Vilma Ivette Rivera Abarca y el cuñado de la nuera de Fausto Armando Velasco Molina e hijo de Esperanza Molina Cervantes testifica un supuesto o simulado contrato de arrendamiento del inmueble objeto del juicio natural. 3.- En relación de Donna Pierce, precisa que si bien es cierto que dicha persona no intervino en el acto de la compraventa, la cual consta en el instrumento notarial base de la acción, la Sala responsable no tomó en cuenta que su interés jurídico resulta al haber sido designada por Nancy Sue Hild como su heredera en el primer testamento que se otorgó, el cual tendría consecuencias jurídicas al ser dejado sin efecto el otorgado a favor de la parte quejosa y de su poderdante. Atendiendo a la causa de pedir, resultan fundados los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa Geovana Galán Olavarría, por propio derecho y como apoderada legal de Úrsula Rusch, para conceder el amparo y protección de la justicia federal. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia P./J. 68/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XII, agosto de 2000, página 38, cuyo rubro y texto son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe abandonarse la tesis jurisprudencial que lleva por rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.", en la que, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación de ese criterio radican en que, por una parte, los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo no exigen como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo.". Lo anterior es así, en virtud de que lo propuesto por la parte quejosa, en esencia, tiene como origen la legitimación pasiva ad causam de las partes, lo que es una cuestión que debe de estudiarse en la sentencia definitiva que, en su caso, se dicte en el procedimiento de origen; ello, en virtud de que la legitimación en la causa (pasiva en este caso), es una condición para obtener sentencia favorable. En efecto, la legitimación pasiva en la causa consiste en la identidad de los codemandados con las prestaciones reclamadas; en consecuencia, los demandados estarán legitimados en la causa cuando se ejerce un derecho que se les reclama; como se ve, la legitimación ad causam atañe al fondo de la cuestión litigiosa y, por tanto, lógicamente, sólo puede analizarse en el momento en que se pronuncie la sentencia definitiva. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia VI.3o.C. J/67, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Julio de 2008, Materia Civil, Página 1600, Novena Época, del rubro y texto siguiente: "LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA. SÓLO PUEDE ESTUDIARSE EN LA SENTENCIA DEFINITIVA. Debe distinguirse la legitimación en el proceso, de la legitimación en la causa. La primera es un presupuesto del procedimiento que se refiere o a la capacidad para comparecer al juicio, para lo cual se requiere que el compareciente esté en pleno ejercicio de sus derechos civiles, o a la representación de quien comparece a nombre de otro. En este sentido, siendo la legitimación ad procesum un presupuesto procesal, puede examinarse en cualquier momento del juicio, pues si el actor carece de capacidad para comparecer a él o no justifica ser el representante legal del demandante, sería ociosa la continuación de un proceso seguido por quien no puede apersonarse en el mismo. En cambio, la legitimación en la causa, no es un presupuesto procesal, sino una condición para obtener sentencia favorable. En efecto, ésta consiste en la identidad del actor con la persona a cuyo favor está la ley; en consecuencia, el actor estará legitimado en la causa cuando ejercita un derecho que realmente le corresponde. Como se ve, la legitimación ad causam atañe al fondo de la cuestión litigiosa y, por tanto, lógicamente, sólo puede analizarse en el momento en que se pronuncie la sentencia definitiva." Ahora, de la jurisprudencia recién trascrita se advierte que la legitimación ad procesum y la legitimación en la causa; la primera, corresponde a la representación que hace un tercero interesado o la capacidad jurídica de las partes, la cual debe ser estudiada desde el inicio en el que una persona comparece a juicio, la cual, por constituir una cuestión procesal, es obligación de la autoridad responsable resolver durante el procedimiento; en cuanto a la segunda, consiste en el derecho subjetivo que una persona tiene para acudir a juicio, la cual debe examinarse hasta el dictado del fallo definitivo. La legitimación en la causa puede ser vista desde dos ángulos: como la identidad de la persona del actor, con aquel a quien la ley concede la acción (legitimación activa), y como la identidad de la persona del demandado, con aquella contra la cual es concedida la acción (legitimación pasiva). La legitimación en la causa constituye una condición de la acción porque únicamente en el supuesto de que se acredite la legitimación del actor y del demandado, tiene posibilidad de éxito la demanda, pues si falta en una o en otra parte, la demanda tiene que ser desestimada; de ahí que la calidad con la que es llamado un codemandado debe ser materia de estudio de la sentencia definitiva, por ser un tema de la legitimación. Ilustra a lo anterior, la tesis XV.4o.16 C, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, que este tribunal comparte, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Diciembre de 2010, Materia Civil, Página 1777, Novena Época, del texto y rubro siguiente: "LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA. CONSTITUYE UNA CONDICIÓN DE LA ACCIÓN Y NO UN PRESUPUESTO PROCESAL. Los presupuestos procesales son los requisitos sin los cuales no puede iniciarse ni tramitarse con eficacia jurídica un proceso. Por ello, se trata de cuestiones de orden público que deben ser analizadas incluso de oficio por el juzgador, antes de efectuar el estudio del fondo del asunto. Los presupuestos procesales deben distinguirse de las condiciones de la acción, ya que éstas son necesarias para que el actor obtenga una sentencia favorable. Entre los presupuestos procesales se encuentran la competencia, la procedencia de la vía, la personalidad y el litisconsorcio pasivo necesario. En cambio, entre las condiciones de la acción se encuentra la legitimación en la causa, que consiste en la calidad en virtud de la que una acción o derecho puede ser ejercido, por o contra una persona en nombre propio." Con base en las anteriores premisas, el análisis sobre la existencia o no de la legitimación pasiva, con motivo de la reconvención planteada, se debe reservar al momento de dictar sentencia, y no en la etapa postulatoria en la que se encuentra el juicio de origen, pues de otra manera se estaría prejuzgando antes de suscitarse la controversia respectiva sobre la procedencia de lo que se pide. Apoya lo anterior, por los razonamientos que la componen, la tesis I.11o.C. J/12, sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito; que este órgano jurisdiccional comparte, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Abril de 2008, página 2066, de rubro y texto siguientes: "LEGITIMACIÓN ACTIVA EN LA CAUSA. ES UNA CONDICIÓN NECESARIA PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN Y SÓLO PUEDE ANALIZARSE DE OFICIO POR EL JUZGADOR AL MOMENTO DE DICTAR SENTENCIA. La legitimación activa en la causa no es un presupuesto procesal sino una condición para obtener sentencia favorable, esto es, se trata de una condición necesaria para la procedencia de la acción, y consiste en la identidad del actor con la persona a cuyo favor está la ley, por lo que el actor estará legitimado en la causa cuando ejercita un derecho que realmente le corresponde, de tal manera que la legitimación ad causam atañe al fondo de la cuestión litigiosa y, por ende, es evidente que sólo puede analizarse de oficio por el juzgador en el momento en que se pronuncie la sentencia definitiva y no antes." De lo contrario, se vulneraría el derecho sustantivo de la parte quejosa, en cuanto a la tutela judicial efectiva, específicamente en la etapa de acceso a la jurisdicción, contenida en el artículo 17 de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, dada la trascendencia de los derechos en disputa, en virtud de que no se permitió a la parte quejosa ejercer su derecho de acción, de ahí que el acto reclamado define cuál será la materia del juicio y, en ese sentido, tiene impacto en el desarrollo del proceso que no incide únicamente en la posición que van tomando las partes en su desarrollo; por el contrario, los actos que fueron materia de la citada negativa de reconvención, ya no podrán formar parte de la litis, sin poder decidirse sobre cada una de las pretensiones del accionante, con lo que evidentemente se perturba el derecho de acción, que integra el citado derecho de acceso a la justicia. En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia de registro: 2015595, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, página 213, de rubro y texto siguientes: "DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN. SU CONTENIDO ESPECÍFICO COMO PARTE DEL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y SU COMPATIBILIDAD CON LA EXISTENCIA DE REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE UNA ACCIÓN. De la tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1a./J. 42/2007, (1) de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.", deriva que el acceso a la tutela jurisdiccional comprende tres etapas, a las que corresponden tres derechos que lo integran: 1) una previa al juicio, a la que atañe el derecho de acceso a la jurisdicción; 2) otra judicial, a la que corresponden las garantías del debido proceso; y, 3) una posterior al juicio, que se identifica con la eficacia de las resoluciones emitidas con motivo de aquél. En estos términos, el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción debe entenderse como una especie del diverso de petición, que se actualiza cuando ésta se dirige a las autoridades jurisdiccionales, motivando su pronunciamiento. Su fundamento se encuentra en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual corresponde al Estado mexicano impartir justicia a través de las instituciones y procedimientos previstos para tal efecto. Así, es perfectamente compatible con el artículo constitucional referido, que el órgano legislativo establezca condiciones para el acceso a los tribunales y regule distintas vías y procedimientos, cada uno de los cuales tendrá diferentes requisitos de procedencia que deberán cumplirse para justificar el accionar del aparato jurisdiccional, dentro de los cuales pueden establecerse, por ejemplo, aquellos que regulen: i) la admisibilidad de un escrito; ii) la legitimación activa y pasiva de las partes; iii) la representación; iv) la oportunidad en la interposición de la acción, excepción o defensa, recurso o incidente; v) la competencia del órgano ante el cual se promueve; vi) la exhibición de ciertos documentos de los cuales depende la existencia de la acción; y, vii) la procedencia de la vía. En resumen, los requisitos de procedencia, a falta de los cuales se actualiza la improcedencia de una acción, varían dependiendo de la vía que se ejerza y, en esencia, consisten en los elementos mínimos necesarios previstos en las leyes adjetivas que deben satisfacerse para la realización de la jurisdicción, es decir, para que el juzgador se encuentre en aptitud de conocer la cuestión de fondo planteada en el caso sometido a su potestad y pueda resolverla, determinando los efectos de dicha resolución. Lo importante en cada caso será que para poder concluir que existe un verdadero acceso a la jurisdicción o a los tribunales, es necesario que se verifique la inexistencia de impedimentos jurídicos o fácticos que resulten carentes de racionalidad, proporcionalidad o que resulten discriminatorios." Así como, por los razonamientos que la componen, la tesis I.13o.C.10 K (10a.), visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Mayo de 2019, Materia(s): Común, de rubro y texto siguientes: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO DERIVADO DE LA RECONVENCIÓN. LA RESOLUCIÓN QUE LO APRUEBA O DESESTIMA ES UN ACTO CUYOS EFECTOS SON DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, ATENTO AL DERECHO HUMANO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA.- De conformidad con la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis 469/2012, que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 19/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Tomo 1, agosto de 2013, página 595, de rubro: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. CUANDO EL TRIBUNAL DE ALZADA ADVIERTA QUE ALGUNA DE LAS PARTES NO FUE LLAMADA AL JUICIO NATURAL, OFICIOSAMENTE DEBE MANDAR REPONER EL PROCEDIMIENTO."; el litisconsorcio pasivo necesario es un presupuesto procesal que debe interpretarse bajo la óptica de los derechos humanos, siendo uno de ellos el acceso efectivo a la justicia, el cual debe protegerse en todo momento en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta conclusión que fue emitida para resolver respecto de la reposición del procedimiento en cualquier etapa del procedimiento al advertirse que no se llamó a juicio a todos los litisconsortes, aun cuando no haya petición de parte, la cual se actualiza tratándose del juicio de amparo directo, resulta aplicable por extensión al juicio de amparo indirecto, cuando el tema del litisconsorcio pasivo necesario surge como violación intraprocesal, ya que el hecho de que el criterio en mención se haya emitido en relación con el deber del tribunal de alzada de examinar oficiosamente, si existe litisconsorcio pasivo necesario, no modifica la naturaleza de tal institución procesal, que debe ser entendida sobre la base de proteger en todo momento el derecho humano de acceso efectivo a la justicia consagrado en el citado artículo 17. De ahí que para el exclusivo efecto de la procedencia del juicio de amparo indirecto, sea dable considerar que la resolución que aprueba o desestima el litisconsorcio pasivo necesario derivado de la reconvención, es un acto cuyos efectos son de imposible reparación, en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en la medida en que se podrían ver afectados materialmente derechos sustantivos tutelados constitucionalmente." Sin que sea óbice a lo anterior que la sala responsable considere que no procede la reconvención planteada contra 1) Fausto Armando Velasco Molina, 2) Carlos Javier Velasco Molina y 3) Donna Pierce, ya que, agregó, no se actualiza el litisconsorcio pasivo necesario con base en el artículo 261, párrafo cuarto, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca (foja 139 de tomo I); pues lo aquí determinado no prejuzga respecto a la actualización o no del litisconsorcio pasivo necesario en relación a los citados demandados, vía reconvención, dentro del juicio ordinario civil 480/2018, promovido por Vilma Ivette Rivera Abarca, por conducto de su apoderado Fausto Armando Velasco Molina, sino sólo se atendió al derecho sustantivo de la parte quejosa, en cuanto a la tutela judicial efectiva, contenida en el artículo 17 de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de permitirle ejercer su derecho de acción. Máxime que, en su caso, los demandados, en vía reconvencional, podrán oponer las defensas y excepciones que estimen pertinentes alegando lo que en su derecho convenga en relación al litisconsorcio pasivo necesario, incluso el juez Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, de oficio, podrá advertir la participación de diversos litisconsortes y ordenar su llamado a juicio. Apoya lo anterior, por su contenido jurídico, la jurisprudencia 1a./J. 47/2006, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Septiembre de 2006, página 125, de rubro y texto siguientes: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. AL SER UN PRESUPUESTO PROCESAL, EL TRIBUNAL DE ALZADA DEBE MANDAR REPONER EL PROCEDIMIENTO OFICIOSAMENTE CUANDO ADVIERTA QUE NO TODOS LOS INTERESADOS FUERON LLAMADOS AL JUICIO NATURAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO VIGENTE A PARTIR DE JULIO DE 2002).- El litisconsorcio pasivo necesario implica pluralidad de demandados y unidad de acción; de ahí que deban ser llamados a juicio todos los litisconsortes, quienes al estar vinculados entre sí por un derecho litigioso deben ser afectados por una sola sentencia, conforme a los artículos 1.86, 1.87 y 1.88 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. En ese sentido, cuando se interpone un recurso de apelación y el tribunal de alzada advierte que en el juicio natural hubo litisconsortes que no fueron llamados, aunque no medie petición de parte, en cualquier etapa del procedimiento está obligado a mandar reponerlo de oficio, para el efecto de que el Juez de primera instancia los oiga y dicte una sentencia completa, en atención a los principios de igualdad, seguridad jurídica y economía procesal, siendo que en términos del último numeral, los efectos son reponer el procedimiento a fin de que el Juez de primer grado prevenga al actor para que amplíe su demanda o la reconvención contra las personas que formen el litisconsorcio necesario. Lo anterior en virtud de que el litisconsorcio constituye un presupuesto procesal sin cuyos requisitos no puede dictarse una sentencia válida en tanto que involucra cuestiones de orden público; por lo que la carga procesal de citar a todas las partes corresponde al órgano jurisdiccional. En consecuencia, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a las quejosas. SÉPTIMO. Efectos de la concesión. De conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, la autoridad responsable Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca deberá realizar lo siguiente: 1.- Dejar sin efectos la resolución de dos de septiembre de dos mil diecinueve, únicamente en la parte relativa a: La improcedencia de la reconvención interpuesta contra 1) Fausto Armando Velasco Molina, 2) Carlos Javier Velasco Molina y 3) Donna Pierce. 2.- Emita otra, en la que: a) Determine procedente la reconvención interpuesta contra 1) Fausto Armando Velasco Molina, 2) Carlos Javier Velasco Molina y 3) Donna Pierce, atento a las consideraciones plasmadas en esta sentencia y, b) Hecho lo anterior, ordene al a quo proceder conforme a lo que en derecho corresponda respecto al trámite respectivo de la citada reconvención. Cabe apuntar que la cita que en esta ejecutoria se realiza de los criterios interpretativos emitidos por los órganos competentes del Poder Judicial de la Federación, jurisprudenciales o aislados, es viable para sustentar lo que aquí se considera, pues no obstante que algunos surgieron durante la vigencia de la abrogada Ley de Amparo, no se oponen a lo previsto en la vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio del propio ordenamiento. OCTAVO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal , ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73 y 74, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia Federal ampara y protege a Geovana Galán Olavarría, por propio derecho y como apoderada legal de Úrsula Rusch, contra el acto reclamado a la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, consistente la resolución de dos de septiembre de dos mil diecinueve, dictada en el toca 21/2019, en la parte relativa en que se declaró improcedente la reconvención planteada contra 1) Fausto Armando Velasco Molina, 2) Carlos Javier Velasco Molina y 3) Donna Pierce, para los efectos precisados en el considerando penúltimo de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Federico de Jesús Díaz Arias, secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
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PRAL 832/2019 MESA 7A° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de noviembre de dos mil diecinueve. Razón actuarial. Vista la razón asentada por el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional (foja 69), en la que se advierte que en relación a la entrega del oficio ***, del índice de este Juzgado, dirigido al director de Ingresos y Control Fiscal, dependiente de la Coordinación de Finanzas y Administración del Municipio de Oaxaca de Juárez (tercero interesado), la persona encargada de oficialía de partes del citado municipio, manifestó que por única ocasión recibiría dicho comunicado, toda vez que la denominación actual es subdirectora de Ingresos del Municipio de Oaxaca de Juárez. Por tanto, a fin de no obstruir el derecho de acceso a la justicia y su pronta impartición, prevista en el artículo 17 constitucional, se ordena hacer la anotación respectiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese. ...
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PRAL.832/2019-7A*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de octubre de dos mil diecinueve. 1. Se agrega escrito. Agréguese a los autos el escrito firmado por María de la Soledad Baltazar Segura, autorizada de la parte quejosa; en su atención, se provee: a) En relación a los antecedentes que señala la citada parte procesal y toda vez que solicita un sobre que contiene diversas probanzas ofrecidas por las aquí quejosas, el cual obra en el diverso juicio 656/2019, del índice de este Juzgado (juicio que se tramita en este órgano jurisdiccional, como se advierte de la certificación de cuenta), a efecto de ofrecerlas como pruebas en este juicio de amparo, información que se corrobora con la copia certificada del proveído de nueve del actual (foja 58), dictado en el citado juicio de amparo; por tanto, y al constituir un hecho notorio en términos de lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena traer a la vista el citado sobre, mismo que guarda relación con este juicio de amparo, y que será tomado en consideración si procede al dictar la sentencia correspondiente en este juicio de amparo indirecto. b) Por otra parte, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngasele por hechas las diversas manifestaciones en vía de alegatos, para los efectos legales procedentes, los cuales serán considerados en el momento procesal oportuno. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Federico de Jesús Díaz Arias, secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
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PRAL.832/2019-7A*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de octubre de dos mil diecinueve. Se apersona tercero. Agréguese a los autos el escrito firmado por Fausto Armando Velasco Molina, por propio derecho y como apoderado legal de Vilma Ivette Rivera Abarca, por el que se apersonan a este juicio de amparo con el carácter de terceros interesados. Domicilio y autorizados. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se le tiene señalando domicilio para recibir notificaciones y, en términos del numeral 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, autorizando a Gregorio Víctor Cruz Lucas y Selene Gabriela Torres Cruz para recibir notificaciones e imponerse de autos. 3. Personalidad. En términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, se reconoce a Fausto Armando Velasco Molina, el carácter apoderado legal de Vilma Ivette Rivera Abarca, lo que acredita con la copia certificada del instrumento notarial cuarenta y dos mil seiscientos setenta y tres, volumen setecientos noventa y nueve, pasado ante a la fe del notario público diecinueve del Estado de Oaxaca. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Federico de Jesús Díaz Arias, secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
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