Gerardo Andres Zavala de la Rosa

Expediente 1180/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 20 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1180/2021
Año
2021
Actuaciones
20
Última actuación
18/05/2022

Partes del expediente

  • Gerardo Andres Zavala de la Rosa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por los Magistrados Integrantes de la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; en atención a su contenido, téngasele acusando recibo de las constancias exhibidas en el presente juicio. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes impugnaran la sentencia dictada en este juicio, sin que lo hayan hecho; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que aquélla, en la que se negó la protección constitucional, ha causado ejecutoria para los efectos legales conducentes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En consecuencia, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se negó la protección constitucional solicitada, este expediente es susceptible de depuración. Asimismo, con apoyo en lo dispuesto en el citado numeral, toda vez que se tramitó incidente de suspensión, en el que se concedió la medida cautelar solicitada, el cuaderno original de dicho incidente también es susceptible de depuración, por lo que deberá glosarse al cuaderno principal, sin que en el caso obre algún documento presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En consecuencia, dicho expediente deberá permanecer en este juzgado por un lapso de tres años, contado a partir del presente auto en el que se ordena su archivo y transcurrido aquél, dentro del término de noventa días deberá procederse a su depuración, para su posterior transferencia. Por otra parte, archívese por separado el duplicado del incidente, con la indicación de que al contar con su original, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a) del referido Acuerdo, es susceptible de destrucción al transcurrir el plazo de seis meses, contado a partir del dictado del presente proveído; sin que existan en dicho cuaderno documentos originales. Hágase constar la valoración de los expedientes referidos, en las carátulas respectivas, como lo prevé el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. En otro aspecto, por ser innecesaria su retención, devuélvanse a los Magistrados Integrantes de la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el disco compacto y las constancias que se exhibieron en este asunto. Glósese copia de este proveído en el duplicado del incidente de suspensión que deriva del presente asunto, para los efectos legales a que haya lugar. Se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que la constancia de notificación relativa al oficio que deriva de esta determinación, hace las veces de acuse de recibo, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Ahora bien, se advierte que, en el expediente en que se actúa, se formó cuaderno de antecedentes con motivo de que el presente juicio se encontraba en estudio para dictar sentencia y toda vez que ello ya aconteció, glósese a este expediente el cuaderno en cita, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  3. Principal

    V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 1180/2021-II, promovido por Gerardo Andrés Zavala de la Rosa, contra actos de la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, que estimó violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1° 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O: I. Mediante escrito presentado el dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado y recibido al día siguiente en este Juzgado, Gerardo Andrés Zavala de la Rosa, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra un acto de la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, que hizo consistir en lo siguiente:: La sentencia emitida el veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, dentro del toca penal UG/ASA-257/2021. La cual, en lo que aquí interesa resolvió: ".PRIMERO. Resultaron infundados, los argumentos de agravios que expresó la parte apelante, sin que se haya advertido alguna violación a los derechos fundamentales de los intervinientes y, en consecuencia: SEGUNDO. Se confirma el auto de vinculación a proceso, dictado el 17 diecisiete de mayo de 2021 dos mil veintiuno, por la Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral, adscrita al Centro de Justicia Penal Regional, sala sede San Luis Potosí, S.L.P., en la causa penal RI/SLP/CP 286/2021, al imputado GERARDO ANDRÉS ZAVALA DE LA ROSA, por el hecho que la ley señala como delito de FRAUDE ESPECÍFICO, cometido en agravio de RUBÉN GONZÁLEZ ALEMÁN. TERCERO. Inclúyanse los datos personales de las partes en la publicación de la presente sentencia, con la protección oficiosa que corresponda. CUARTO. Notifíquese, comuníquese y cúmplase."II. Por acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo, quedando registrada bajo el expediente número 1180/2021-II; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; y se dio la intervención legal correspondiente al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, quien presentó alegato ministerial. Posteriormente, por diverso proveído de dos de diciembre de dos mil veintiuno, se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados Rubén Guzmán Alemán y Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Trámite Común, mismos que obran en autos y, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35 y 108 de la Ley de Amparo; 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y del Acuerdo 3/2013, puntos Primero y Segundo, en su respectiva fracción IX, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de actos cuya emisión y ejecución se atribuye a autoridades que residen en el ámbito territorial en que este tribunal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Previo al estudio del presente asunto, conviene precisar cuál es el acto que se reclama, a efecto de fijar con exactitud la litis y estar así en aptitud de proceder al estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo. En esa tesitura, del análisis integral de la demanda de amparo, en relación con la totalidad de constancias que conforman el juicio, se obtiene que el quejoso reclama de la autoridad responsable:  La sentencia emitida el veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, dentro del toca penal UG/ASA-257/2021. La cual resolvió: ".PRIMERO. Resultaron infundados, los argumentos de agravios que expresó la parte apelante, sin que se haya advertido alguna violación a los derechos fundamentales de los intervinientes y, en consecuencia: SEGUNDO. Se confirma el auto de vinculación a proceso, dictado el 17 diecisiete de mayo de 2021 dos mil veintiuno, por la Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral, adscrita al Centro de Justicia Penal Regional, sala sede San Luis Potosí, S.L.P., en la causa penal RI/SLP/CP 286/2021, al imputado GERARDO ANDRÉS ZAVALA DE LA ROSA, por el hecho que la ley señala como delito de FRAUDE ESPECIFICO, cometido en agravio de RUBÉN GONZÁLEZ ALEMÁN. TERCERO. Inclúyanse los datos personales de las partes en la publicación de la presente sentencia, con la protección oficiosa que corresponda. CUARTO. Notifíquese, comuníquese y cúmplase." TERCERO. Es cierto el acto atribuido a la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, pues así lo manifestaron los Integrantes de dicha Sala al rendir su informe con justificación. Certeza corroborada del audio y video que se adjuntó como apoyo a su informe justificado, así como del toca de apelación correspondiente; documentales que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 188, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, dado que son diligencias encomendadas por disposición de la Ley y tratarse de un disco óptico en formato de videograbación (DVD),considerado como una prueba documental pública. Lo anterior se sustenta en la tesis 43/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, al resolver la contradicción de tesis 455/2012, cuyo rubro y texto son los siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. Las partes no hacen valer causa de improcedencia y de oficio tampoco se advierte su existencia, por ende, procede el estudio de fondo del acto reclamado. QUINTO. En este apartado se dan por reproducidos los conceptos de violación, los que no se trascriben por no ser una exigencia legal ni considerarlo necesario, acorde con la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Ahora bien, previo al análisis del acto reclamado, es pertinente puntualizar que a partir de la reforma constitucional de junio de dos mil ocho, el sistema penal cambió radicalmente y con ello, los recursos ordinarios que actualmente se encuentran homologados a nivel nacional por el Código Nacional del Procedimientos Penales. En ese sentido, los principios de concentración, continuidad e inmediación que rigen el sistema, se encuentran diseñados para materializar el derecho a una justicia pronta, entre otros, de manera tal que los juicios penales no se extiendan más allá de los plazos constitucionales establecidos en el artículo 20, apartado B, fracción VII, de la Constitución Federal, por actuaciones judiciales, pues la única excepción a ello, lo constituye el derecho de defensa. "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (.) B. De los derechos de toda persona imputada: (.) VII. Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa" De acuerdo con lo expuesto, es necesario destacar que el legislador, específicamente en relación con las decisiones tomadas por jueces de control en las etapas preliminares del procedimiento y la referente a la adoptada en la etapa de juicio, diseñó un sistema de recursos estricto, a fin de dotar de celeridad al procedimiento de acuerdo con las reglas generales del artículo 456 del mencionado código nacional. "Artículo 456. Reglas generales Las resoluciones judiciales podrán ser recurridas sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos en este Código. Para efectos de su impugnación, se entenderán como resoluciones judiciales, las emitidas oralmente o por escrito. El derecho de recurrir corresponderá tan sólo a quien le sea expresamente otorgado y pueda resultar afectado por la resolución En el procedimiento penal sólo se admitirán los recursos de revocación y apelación, según corresponda." Para ello, el legislador previó disposiciones para la admisibilidad y procedencia de los recursos que pueden ubicarse como condiciones de interposición y condiciones de admisibilidad, así como los plazos que consideró prudentes. Lo anterior puede verse del contenido literal de los artículos 457, 458 y 471, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que disponen siguiente: "Artículo 457. Condiciones de interposición. Los recursos se interpondrán en las condiciones de tiempo y forma que se determinan en este Código, con indicación específica de la parte impugnada de la resolución recurrida." "Artículo 458. Agravio Las partes sólo podrán impugnar las decisiones judiciales que pudieran causarles agravio, siempre que no hayan contribuido a provocarlo. El recurso deberá sustentarse en la afectación que causa el acto impugnado, así como en los motivos que originaron ese agravio." "Artículo 471. Trámite de la apelación. El recurso de apelación contra las resoluciones del Juez de control se interpondrá por escrito ante el mismo Juez que dictó la resolución, dentro de los tres días contados a partir de aquel en el que surta efectos la notificación si se tratare de auto o cualquier otra providencia y de cinco días si se tratare de sentencia definitiva. En los casos de apelación sobre el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público se interpondrá ante el Tribunal de enjuiciamiento que dictó la resolución dentro de los tres días contados a partir de que surte efectos la notificación. El recurso de apelación en contra de las sentencias definitivas dictadas por el Tribunal de enjuiciamiento se interpondrá ante el Tribunal que conoció del juicio, dentro de los diez días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, mediante escrito en el que se precisarán las disposiciones violadas y los motivos de agravio correspondientes. En el escrito de interposición de recurso deberá señalarse el domicilio o autorizar el medio para ser notificado; en caso de que el Tribunal de alzada competente para conocer de la apelación tenga su sede en un lugar distinto al del proceso, las partes deberán fijar un nuevo domicilio en la jurisdicción de aquél para recibir notificaciones o el medio para recibirlas. Los agravios deberán expresarse en el mismo escrito de interposición del recurso; el recurrente deberá exhibir una copia para el registro y una para cada una de las otras partes. Si faltan total o parcialmente las copias, se le requerirá para que presente las omitidas dentro del término de veinticuatro horas. En caso de que no las exhiba, el Órgano jurisdiccional las tramitará e impondrá al promovente multa de diez a ciento cincuenta días de salario, excepto cuando éste sea el imputado o la víctima u ofendido. Interpuesto el recurso, el Órgano jurisdiccional deberá correr traslado del mismo a las partes para que se pronuncien en un plazo de tres días respecto de los agravios expuestos y señalen domicilio o medios en los términos del segundo párrafo del presente artículo. Al interponer el recurso, al contestarlo o al adherirse a él, los interesados podrán manifestar en su escrito su deseo de exponer oralmente alegatos aclaratorios sobre los agravios ante el Tribunal de alzada". Como se observa, en el primero de dichos preceptos, el legislador estableció la obligación para el recurrente de precisar específicamente la parte impugnada de la resolución que le genera agravio, que debe exponer en el escrito por el cual se interpone. La finalidad de esa disposición es fijar adecuadamente la materia del recurso para no crear situaciones que generen la revisión oficiosa de apartados no considerados agraviantes para el promovente, de las resoluciones de los jueces de control, propios de un sistema de corte inquisitivo, sobre todo cuando las resoluciones se componen por diversas consideraciones jurídicas, pues ello generaría revisiones oficiosas que no son acordes con la figura del juez imparcial, ni con el principio de igualdad. De igual manera, el subsecuente numeral dispone que las partes solamente podrán impugnar las decisiones judiciales que pudieran causarles agravio y para ello, el recurso que interpongan debe sustentarse en la afectación y los motivos que generan el agravio. Circunstancias que se estiman razonables si se considera que los recursos contra las decisiones del juez de control, deben ser ágiles, atendiendo a la celeridad propia del sistema acusatorio; además, de fijar adecuadamente la litis y determinar, en un primer momento, si la decisión judicial puede o no causar agravio al apelante y verificar si éste no contribuyó a provocarlo; de lo contrario, se deja la carga al juzgador de interpretar qué parte de la determinación es la que se pretende impugnar, lo que atenta contra el principio de imparcialidad y contradicción que rigen el sistema acusatorio, precisamente porque la procedencia del recurso debe sustentarse en la afectación que causa el acto impugnado y en los motivos que la originan. Por tanto, precisar la parte de la resolución que causa agravio es una exigencia mínima que no lesiona la sustancia del derecho del acceso a la justicia y tampoco constituye un formalismo o rigorismo excesivo, toda vez que sólo se trata de un requisito mínimo para estimar la viabilidad de abrir una segunda instancia para revisar la determinación de un juez de control. Lo que se vincula con lo dispuesto por el transcrito artículo 471 de dicho Código Adjetivo, referente a la tramitación del recurso de apelación ante la autoridad de primera instancia, pues en el escrito que se interponga deberán expresarse agravios y se exhibirá copia para registro y para cada una de las partes. De ahí que la necesidad del recurrente de indicar específicamente la parte impugnada de la resolución controvertida y formular los agravios que le depara, para con ello dar vista a la parte contraria y esté en posibilidad de pronunciarse respecto de los formulados por el recurrente, o bien, de manifestar por escrito su deseo de exponer oralmente alegatos aclaratorios sobre los agravios ante el tribunal de segundo grado o incluso, quien también tenga derecho a recurrir, adherirse dentro del término de tres días contados a partir de recibido el traslado, al recurso interpuesto por cualquiera de las otras partes, siempre que cumpla con los demás requisitos formales de interposición, en términos de lo dispuesto por el artículo 473 del propio ordenamiento legal; salvaguarda el principio de concentración procesal, para dotar de mayor rapidez y celeridad en la tramitación del recurso de apelación, pero, primordialmente, el de igualdad procesal de las partes, que implica el equilibrio en las posiciones de éstas, equivalencia de oportunidades, homogeneidad razonable de medios e identidad de facultades para el desempeño de sus respectivos roles, al conocerse la base específica de impugnación y los motivos de inconformidad respectivos. En ese sentido, debe considerarse que la disposición de expresar los agravios en el escrito de interposición de la apelación, obedece a un principio de razonabilidad jurídica, puesto que tiene como propósito que el apelante esgrima sus motivos de inconformidad tomando en cuenta que el recurrente conoce el proceso instruido y el contenido de la resolución que impugna, lo que permite afirmar que resulta suficiente para desglosar las consideraciones jurídicas que el inconforme estima pertinente y que puedan ser tomadas en cuenta al resolverse el recurso de apelación, todo ello, en un ámbito de igualdad procesal. Lo que tampoco constituye un obstáculo insuperable, ya que el apelante no se encuentra imposibilitado para cumplir ese requisito, pues si se trata del imputado o la víctima u ofendido, estos durante todo el tiempo del proceso, tienen asistencia técnica de su defensor y del asesor jurídico respectivamente. Ahora bien, tocante al tema de la suplencia de la queja deficiente, debe decirse que dicha institución operaba en el recurso de apelación en el procedimiento mixto; sin embargo, no es del todo compatible con el nuevo sistema acusatorio, precisamente porque compromete los principios de igualdad procesal e imparcialidad en que se sustenta. En efecto, el artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone lo siguiente: "Artículo 461. Alcance del recurso. El Órgano jurisdiccional ante el cual se haga valer el recurso, dará trámite al mismo y corresponderá al Tribunal de alzada competente que deba resolverlo, su admisión o desechamiento, y sólo podrá pronunciarse sobre los agravios expresados por los recurrentes, quedando prohibido extender el examen de la decisión recurrida a cuestiones no planteadas en ellos o más allá de los límites del recurso, a menos que se trate de un acto violatorio de derechos fundamentales del imputado. En caso de que el Órgano jurisdiccional no encuentre violaciones a derechos fundamentales que, en tales términos, deba reparar de oficio, no estará obligado a dejar constancia de ello en la resolución. Si sólo uno de varios imputados por el mismo delito interpusiera algún recurso contra una resolución, la decisión favorable que se dictare aprovechará a los demás, a menos que los fundamentos fueren exclusivamente personales del recurrente". Como puede verse, el numeral transcrito constriñe tajantemente a la autoridad de alzada a pronunciarse únicamente en relación con los agravios expresados por los recurrentes, vedando cualquier posibilidad de que examine la decisión sometida a su potestad, a cuestiones no planteadas en el recurso, con la única excepción de que se trate de un acto violatorio de derechos fundamentales del imputado. Lo hasta aquí expuesto pone de relieve que la Sala responsable, al emitir el acto que ahora se combate, sólo podía pronunciarse sobre los agravios expresados por el apelante (aquí parte quejosa), precisamente por la especial naturaleza del sistema penal acusatorio, y de conformidad con el artículo 461, en relación con los diversos 458 y 471, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales, a menos que advirtiera actos violatorios de derechos fundamentales, caso en el cual, se encontraba facultada para extender el examen de la decisión recurrida. El artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, prevé la suplencia de la queja deficiente en beneficio del inculpado (imputado) o sentenciado, aún ante la ausencia de conceptos de violación o agravios. Sin embargo esta figura sólo obliga al tribunal de amparo a analizar de oficio las posibles violaciones de derechos fundamentales; por tanto, cuando éstas no son alegadas, por ejemplo, con motivo de una actuación deficiente de la defensa o la reserva del derecho del imputado a no realizar manifestación alguna, el órgano constitucional es quien, a través de la suplencia de la queja, debe analizar si tales violaciones han acontecido y, en su caso, otorgar la protección solicitada. Apoya lo expuesto la Jurisprudencia 1a./J. 94/2011 (9a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro I, Octubre de 2011, Tomo 2, página 689, que dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, EN SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE, DEBE CONSIDERAR TODOS LOS ARGUMENTOS FORMULADOS POR EL IMPUTADO O SU DEFENSOR EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS O EN EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS TENDENTES A DESVIRTUAR LAS RAZONES QUE MOTIVARON SU DICTADO, AUN CUANDO NO SE HAYAN PLANTEADO EN LA AUDIENCIA CORRESPONDIENTE. El artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, prevé la suplencia de la queja deficiente en beneficio del reo, aun ante la ausencia de conceptos de violación o agravios; esta figura obliga al juez de distrito a analizar de oficio las posibles violaciones de derechos fundamentales, por tanto, cuando éstas no son alegadas, por ejemplo, con motivo de una actuación deficiente de la defensa o la reserva del derecho del imputado a no realizar manifestación alguna, el juez de amparo es quien, a través de la suplencia de la queja, debe analizar si tales violaciones han acontecido y, en su caso, otorgar el amparo. Por tanto, el órgano de control constitucional, en aplicación de la figura de la suplencia de la queja deficiente en beneficio del imputado, debe considerar todos los argumentos formulados por él o su defensor en la demanda de garantías o en el escrito de expresión de agravios, que estén encaminados a controvertir las razones que motivaron al juez de control o juez de garantía a dictar el auto de vinculación a proceso y el valor convictivo de los datos de investigación en que se apoya esta determinación, así como la deficiente valoración de los datos aportados en su defensa, supliéndolos en su deficiencia, aun cuando no los hayan hecho valer en la audiencia de imputación, a fin de verificar que los datos de investigación aportados por el Ministerio Público y en que se apoya tal determinación, se hayan ofrecido y desahogado conforme a derecho; y que las razones que motivaron su dictado tienen el debido sustento legal, esto es, la suplencia se torna absoluta, aun ante la ausencia de motivos de inconformidad, cuando deba subsanar de oficio posibles violaciones a derechos fundamentales, sin subrogarse en el papel de defensor." En ese orden de ideas, conforme a la naturaleza del sistema penal acusatorio, este órgano de control constitucional se encuentra constreñido a verificar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, única y exclusivamente respecto del pronunciamiento realizado por el órgano jurisdiccional de segunda instancia, en vinculación con los conceptos de violación hechos valer en esta sede constitucional, a fin de no trastocar los principios fundamentales en que se sustenta el sistema penal acusatorio, concretamente el de contradicción e inmediación. No obstante, de advertirse una violación directa a derechos fundamentales, como a la defensa adecuada o de diversa índole, siempre y cuando se trate de un derecho fundamental, operará la suplencia de la queja deficiente aun ante la ausencia de conceptos de violación. Ahora, en sus conceptos de violación el quejoso refiere que la resolución emitida por la Sala responsable el veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, en el toca UG/ASA-257/2021 de su índice, por la cual confirmó el auto de vinculación a proceso dictado en su contra, trasgrede sus derechos fundamentales por los motivos siguientes: A) Refiere que la resolución reclamada carece de congruencia, motivación, fundamentación y exhaustividad dado que, no expone razonamientos lógicos respecto de las omisiones por parte del Juez de origen, a pronunciarse de forma completa sobre los datos de prueba, ya que señala que existen pruebas aportadas en la carpeta de investigación, en donde hay un señalamiento de una tercera persona de nombre Mauricio Martínez Flores, quien fue denunciado en el Estado de Querétaro, y fue quien lo engañó, pues le vendió el vehículo, el cual había sido rentado, por lo que posteriormente fue reportado como robado. B) Refiere que no hubo imparcialidad en la sentencia reclamada, toda vez que el Juez de Origen interrumpió en repetidas ocasiones al ministerio público mientras exponía su solicitud de vinculación a proceso, por lo que esto lo indujo a perfeccionar su exposición, lo que transgredió el principio del proceso penal, dado que el ministerio público tiene la carga de la prueba y no el juzgador. En ese tenor, los conceptos de violación, los cuales son una reiteración de los agravios esgrimidos ante la Sala responsable, resultan infundados, sin que se advierta deficiencia que suplir en términos del indicado artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, como enseguida se verá. Asimismo, se precisa que los conceptos de violación se estudiarán en forma conjunta, dada su estrecha relación. Así, el quejoso arguye que el acto reclamado transgrede en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al incurrir la responsable en una indebida fundamentación y motivación, al estimar esta última, a la luz de los datos de prueba existentes, que probablemente cometió el hecho que la ley señala como delito de fraude. Dicho motivo de inconformidad, es infundado. Como requisito, todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado, debiéndose entender por lo primero, la cita del precepto que sustenta una determinada consideración, y, por lo segundo, que han de señalarse en el acto de autoridad las circunstancias especiales, razones particulares o causas imputadas que se hayan tomado en consideración para su emisión; siendo necesario que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas de los preceptos que se hayan invocado como fundamentación, debiendo establecerse la relación que exista entre uno y otro. Resulta aplicable la tesis XX.102 K, sostenida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Enero de 1997, Materia Común, página 501, que dice: "MOTIVACIÓN. TODO ACTO DE AUTORIDAD DEBE SATISFACER EL REQUISITO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. La motivación exigida por el artículo 16 constitucional debe existir en todo acto de autoridad (orden de aprehensión, auto de formal prisión, sentencia, etc.), en razón de que debe justificarse la aplicación de las normas jurídicas respectivas precisamente en el mandamiento escrito, con el objeto de que la parte afectada con el acto de molestia pueda conocerlo y estar en condiciones de producir o preparar su defensa". Luego, con base en el análisis de los registros de audio y video de la audiencia en la que se vinculó a proceso al quejoso, mismos que fueron apreciados por la autoridad responsable, así como de la propia resolución que aquí se combate, dictada en el toca penal UG/ASA 257/2021, se advierte que la Sala responsable sí fundó y motivó debidamente la existencia de datos que permitieron concluir al juez de control que el imputado probablemente cometió el hecho que la ley señala como delito de fraude en agravio de Rubén González Alemán. En efecto, contrario a lo alegado por el quejoso, la resolución reclamada sí se encuentra debidamente fundada, pues de su lectura puede observarse que la responsable citó el marco normativo en el que sustentó su determinación, pues al efecto, invocó los artículos 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente, el primero de ellos, a la motivación y fundamentación que todo acto de autoridad debe contener, y el segundo, relacionado directamente con las exigencias que deben seguirse al emitirse el auto de vinculación a proceso. Ahora, el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece los requisitos para el dictado del auto de vinculación a proceso, así como el contenido con que debe contar. De la interpretación sistemática y literal de los indicados preceptos constitucionales y legales, respectivamente, se advierte, entre otras cosas, que para que un Juez de Control pueda dictar un auto de vinculación a proceso es necesario, como requisitos de forma, que el Ministerio Público lo solicite; que se haya formulado la imputación y se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar. En cuanto al fondo, se requiere que de la exposición que el Ministerio Público haga de los datos de prueba que obren en la carpeta de investigación se desprenda que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado o imputada lo cometió o participó en su comisión; en el entendido de que para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito, es necesario que existan indicios razonables que así permitan suponerlo; finalmente, el último requisito de fondo para el dictado del auto de referencia es que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente de delito. En ese sentido, se constata que la Sala responsable adecuadamente relacionó los datos de prueba aportados por la fiscalía tales como: I. Copia de la factura de la empresa "Automotriz Tangamanga, S.A. de C.V.", a nombre de Rene Sánchez González. II. Refacturación de "Auto Dreams", emitida por Salvador Ortega Calderón a favor de Alejandro Silva Blanco, de la que se advierte un endoso a favor de Mauricio Martínez Flores, este último quien aparece como propietario del automóvil de mérito, ante la Dirección General de Ingresos de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado. Datos de prueba anteriores con los que la Sala responsable empató con el juez de control, para concluir en seguir una investigación en contra del imputado. En efecto, de la resolución reclamada se advierte que la Sala comulgó con el juez responsable al pronunciarse respecto de la forma y términos en que a su juicio estaba acreditada la probable comisión del hecho delictivo por el que se le vinculó a proceso, pues refirió: ".si se actualiza el hecho que la ley señala como delito de fraude especifico, se asevera lo anterior, toda vez que, efectivamente esta autoridad empata con el criterio relativo a que el imputado enajenó una cosa que no era de su propiedad, ya que si bien, se dice erogó una cantidad en la adquisición de dicho vehículo, no se advierte de la audiencia dato de prueba que acredite lo anterior, lo cierto es, que como es posible que venda algo de lo cual no hay una trasmisión continua de la propiedad, porque como ya se ha dicho de lo que refirieron las partes en la audiencia, de la factura no se advierte el endoso a Mauricio Martínez Flores al imputado, por lo que no se colma que efectivamente se le haya transmitido el imputado la propiedad del vehículo." De lo anterior se advierte, tal y como lo refirió la Sala responsable y contrario a lo manifestado por el quejoso, pues el Juez de Control destacó los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación, los cuales resultan aptos para vincular a proceso al imputado, ello de acuerdo con los parámetros exigidos para el dictado de un auto de esa naturaleza, contemplados en el artículo 19 constitucional. De tales consideraciones es dable establecer que, el concepto de violación en el cual en forma toral el quejoso alega que, no está acreditado con ningún dato de prueba que él haya cometido el delito, al contrario, refiere que existen datos de prueba en donde se aprecia que él también es víctima al ser engañado por diversa persona, lo anterior resulta infundado. En primer término porque, se reitera, a juicio de este órgano de control constitucional, resulta ajustado a derecho el que la Sala considerara que fue correcta la decisión adoptada por el juez de control, pues los datos aportados por la Fiscalía justifican la existencia del hecho con apariencia de delito, así como la probabilidad de la conducta desplegada por el imputado. Pues la Sala responsable determinó que existen las facturas de las que se advierte que el último endoso se realizó a favor de Mauricio Martínez Flores, quien aparece como propietario del bien mueble, ante la Dirección General de Ingresos de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, y no como propietario el aquí quejoso, datos de prueba que es razonable para seguir la investigación en su contra. Al margen de lo expuesto, es menester precisar que contrario a lo sostenido por la defensa del quejoso en la audiencia respectiva, existen datos de prueba de los que se desprende que el aquí quejoso enajenó una cosa que no era de su propiedad. De ahí que, como correctamente lo estimó el Juez de Control y avaló la Sala responsable, será cuestión de que las partes al establecer sus teorías del caso en las que puedan sostener que está acreditado un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado haya participado en su perpetración, o bien, se desvirtúen las evidencias en las que se apoya la fiscalía; se acredite que existe alguna excluyente de responsabilidad o, se demuestre que el imputado efectivamente fue víctima de engaño por parte de un tercero. Pues no debe soslayarse que el estándar probatorio que se necesita para un auto de vinculación a proceso, sólo exige analizar si existen datos que establezcan que se ha cometido un hecho, que la ley señale como delito; y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; bastando con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Sustenta la anterior consideración, la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el cuatro de agosto de dos mil diecisiete, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del siguiente epígrafe: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley". Mientras que el estándar más alto, es aquel que se contiene en la sentencia condenatoria, en la cual se debe llegar a la íntima convicción del juzgador acerca de la culpabilidad del imputado, más allá de toda duda razonable conforme lo estipula el artículo 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En efecto, es en la sentencia condenatoria en la que se debe tener íntima convicción e incluso en plena constatación de que la conducta del imputado es injusta (típica y antijurídica) y, por ende, se le debe formular el reproche penal (culpabilidad), conforme al artículo 406 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Luego, a partir del estándar probatorio más alto, se deben considerar grados más bajos del mismo, en el auto de vinculación a proceso, como es el caso. Por las razones que la sustentan, tiene aplicación la tesis XV.3o.6 P (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, publicada en diecisiete de febrero de dos mil diecisiete en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ESTÁNDAR PARA SU DICTADO EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. Para dictar un auto de vinculación a proceso en el sistema procesal penal acusatorio y oral, sólo es necesario analizar si existe el hecho considerado por la ley como delito y determinar si los datos de prueba hacen probable la responsabilidad del gobernado en su comisión, el que atendiendo a la significación que recoge tanto elementos normativos como doctrinales mayormente enfocados al casualismo, excluye un análisis de todos y cada uno de los elementos del tipo penal, dado que lo relevante para el dictado de ese acto procesal no es explicar el fenómeno delictivo en su completitud, sino la constatación de un resultado, lesión o puesta en peligro prohibido por la norma penal, ya que incluso el encuadramiento legal que se propone al solicitar la emisión del auto de vinculación puede variar hasta el alegato de clausura en la etapa de juicio oral. Por ende, el estándar que debe existir para la vinculación a proceso no es el de realizar un análisis exhaustivo de los elementos del delito (conducta, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad), sino que debe partirse de la normalización del procedimiento de investigación judicializada privilegiando su apertura, pues la finalidad del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune, para asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, lo cual se logra dando cabida a una verdadera investigación, donde los indicios den cuenta aproximada de la transformación del mundo con motivo de la conducta desplegada por el ser humano para verificar si existe un desvalor de la norma prohibitiva. Sin embargo, cuando se advierta una causa de exclusión del delito, el Juez debe declararla de oficio, porque en cualquier fase del procedimiento penal debe verificarse si se actualizan, tal como lo prevé el artículo 17 del Código Penal Federal, al disponer que las causas de exclusión del delito se investigarán y resolverán de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento; mientras que si es alegada por la defensa, para su verificación, es necesario atender a que se impone al procesado la carga probatoria respecto a la causa de exclusión del delito que se haga valer, por implicar una afirmación que corresponde probar a quien la sostiene patente y plenamente". En otras palabras, el estándar de prueba para la etapa procesal en la que se emitió el acto reclamado, no requiere de prueba plena, sino solamente que existan datos suficientes sobre la existencia del hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió, lo que en el caso quedó colmado conforme al artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Máxime que los datos de prueba sólo fueron considerados para fijar los hechos sobre los que se seguirá el procedimiento; lo cual es objeto del auto de vinculación a proceso; de modo que en el estado procesal de su emisión, no se prejuzga sobre la acreditación del delito ni la responsabilidad del imputado, sino que se limita a determinar que en el caso existen datos que han resultado idóneos y pertinentes para establecer razonablemente la existencia de un hecho que la ley señala como delito y la probable participación del imputado. De ahí lo infundado del concepto de violación antes destacado. Sin que se advirtiera alguna violación a un derecho fundamental del imputado, dando cumplimiento con ello a lo exigido por el artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales. "Artículo 461. Alcance del recurso El Órgano jurisdiccional ante el cual se haga valer el recurso, dará trámite al mismo y corresponderá al Tribunal de alzada competente que deba resolverlo, su admisión o desechamiento, y sólo podrá pronunciarse sobre los agravios expresados por los recurrentes, quedando prohibido extender el examen de la decisión recurrida a cuestiones no planteadas en ellos o más allá de los límites del recurso, a menos que se trate de un acto violatorio de derechos fundamentales del imputado. En caso de que el Órgano jurisdiccional no encuentre violaciones a derechos fundamentales que, en tales términos, deba reparar de oficio, no estará obligado a dejar constancia de ello en la resolución. Si sólo uno de varios imputados por el mismo delito interpusiera algún recurso contra una resolución, la decisión favorable que se dictare aprovechará a los demás, a menos que los fundamentos fueren exclusivamente personales del recurrente." Circunstancia por la que tampoco existe necesidad de que este Juzgado, sustituyéndose a las facultades de la responsable, asiente mayores argumentos a los aquí reproducidos en relación con la probable participación del imputado en su comisión o, bien, la no existencia de excluyentes de responsabilidad a su favor, dado que ello no implicará beneficio para el quejoso, pues a criterio de este órgano jurisdiccional, tanto el juez de la génesis, como el tribunal de alzada, dieron cabal cumplimiento a todos y cada uno de los requisitos que el arábigo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, exige para el dictado de un acto de tal naturaleza, en tanto que, como quedó precisado, no se advierte que haya existido en agravio del quejoso, alguna violación a sus derechos fundamentales. Se cita al respecto la tesis (I Región)8o.1 P (10a.), de la Décima Época, con número de registro 2014738, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 44, Julio de 2017, Tomo II, página 1068, que dice: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. ATENTO AL ARTÍCULO 79, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 18 DE JUNIO DE 2016, ES INNECESARIO EXPRESAR EN LA SENTENCIA EL ESTUDIO OFICIOSO DE LOS ELEMENTOS DEL CUERPO DEL DELITO, LA RESPONSABILIDAD PENAL, LA NO EXISTENCIA DE EXCLUYENTES DE RESPONSABILIDAD O LA GRADUACIÓN DE LA PENA, SI ELLO NO REPORTA NINGÚN BENEFICIO AL QUEJOSO. El precepto mencionado establece que la suplencia de la queja deficiente se expresará en las sentencias cuando el estudio oficioso respectivo derive de un beneficio. Ahora bien, la interpretación de la porción normativa en cuestión denota la intención del legislador de detener la añeja práctica que realizaban los tribunales de amparo, los cuales se sustituían a las facultades de las autoridades judiciales ordinarias, analizando directamente cuestiones relativas a la acreditación de los elementos del cuerpo del delito, la responsabilidad penal, la no existencia de excluyentes de responsabilidad o la graduación de las penas, aun cuando ello no implicara algún beneficio para el quejoso. Entonces, si a pesar del estudio oficioso que involucra la suplencia de la queja, éste no se traducirá en ningún beneficio a favor del quejoso, no existe obligación del tribunal de amparo de expresar textualmente ese análisis en la sentencia respectiva" Conforme con lo expuesto, ante lo infundado de los conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, solicitados por Gerardo Andrés Zavala de la Rosa. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en lo establecido por los artículos 73, 74 y 107 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política del País, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Gerardo Andrés Zavala de la Rosa, contra la vinculación a proceso dictada en su contra; por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma la Licenciada Laura Coria Martínez, Juez Octavo de Distrito en el Estado, quien actúa con el Licenciado José Francisco Guajardo Gómez, quien autoriza, hoy doce de abril de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy Fe.

  4. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA LA DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 1180/2021-II, promovido por Gerardo Andrés Zavala de la Rosa, contra actos de la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, que estimó violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1° 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O: I. Mediante escrito presentado el dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado y recibido al día siguiente en este Juzgado, Gerardo Andrés Zavala de la Rosa, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra un acto de la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, que hizo consistir en lo siguiente:: La sentencia emitida el veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, dentro del toca penal UG/ASA-257/2021. La cual, en lo que aquí interesa resolvió: ".PRIMERO. Resultaron infundados, los argumentos de agravios que expresó la parte apelante, sin que se haya advertido alguna violación a los derechos fundamentales de los intervinientes y, en consecuencia: SEGUNDO. Se confirma el auto de vinculación a proceso, dictado el 17 diecisiete de mayo de 2021 dos mil veintiuno, por la Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral, adscrita al Centro de Justicia Penal Regional, sala sede San Luis Potosí, S.L.P., en la causa penal RI/SLP/CP 286/2021, al imputado GERARDO ANDRÉS ZAVALA DE LA ROSA, por el hecho que la ley señala como delito de FRAUDE ESPECÍFICO, cometido en agravio de RUBÉN GONZÁLEZ ALEMÁN. TERCERO. Inclúyanse los datos personales de las partes en la publicación de la presente sentencia, con la protección oficiosa que corresponda. CUARTO. Notifíquese, comuníquese y cúmplase."II. Por acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo, quedando registrada bajo el expediente número 1180/2021-II; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; y se dio la intervención legal correspondiente al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, quien presentó alegato ministerial. Posteriormente, por diverso proveído de dos de diciembre de dos mil veintiuno, se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados Rubén Guzmán Alemán y Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Trámite Común, mismos que obran en autos y, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35 y 108 de la Ley de Amparo; 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y del Acuerdo 3/2013, puntos Primero y Segundo, en su respectiva fracción IX, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de actos cuya emisión y ejecución se atribuye a autoridades que residen en el ámbito territorial en que este tribunal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Previo al estudio del presente asunto, conviene precisar cuál es el acto que se reclama, a efecto de fijar con exactitud la litis y estar así en aptitud de proceder al estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo. En esa tesitura, del análisis integral de la demanda de amparo, en relación con la totalidad de constancias que conforman el juicio, se obtiene que el quejoso reclama de la autoridad responsable:  La sentencia emitida el veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, dentro del toca penal UG/ASA-257/2021. La cual resolvió: ".PRIMERO. Resultaron infundados, los argumentos de agravios que expresó la parte apelante, sin que se haya advertido alguna violación a los derechos fundamentales de los intervinientes y, en consecuencia: SEGUNDO. Se confirma el auto de vinculación a proceso, dictado el 17 diecisiete de mayo de 2021 dos mil veintiuno, por la Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral, adscrita al Centro de Justicia Penal Regional, sala sede San Luis Potosí, S.L.P., en la causa penal RI/SLP/CP 286/2021, al imputado GERARDO ANDRÉS ZAVALA DE LA ROSA, por el hecho que la ley señala como delito de FRAUDE ESPECIFICO, cometido en agravio de RUBÉN GONZÁLEZ ALEMÁN. TERCERO. Inclúyanse los datos personales de las partes en la publicación de la presente sentencia, con la protección oficiosa que corresponda. CUARTO. Notifíquese, comuníquese y cúmplase." TERCERO. Es cierto el acto atribuido a la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, pues así lo manifestaron los Integrantes de dicha Sala al rendir su informe con justificación. Certeza corroborada del audio y video que se adjuntó como apoyo a su informe justificado, así como del toca de apelación correspondiente; documentales que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 188, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, dado que son diligencias encomendadas por disposición de la Ley y tratarse de un disco óptico en formato de videograbación (DVD),considerado como una prueba documental pública. Lo anterior se sustenta en la tesis 43/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, al resolver la contradicción de tesis 455/2012, cuyo rubro y texto son los siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. Las partes no hacen valer causa de improcedencia y de oficio tampoco se advierte su existencia, por ende, procede el estudio de fondo del acto reclamado. QUINTO. En este apartado se dan por reproducidos los conceptos de violación, los que no se trascriben por no ser una exigencia legal ni considerarlo necesario, acorde con la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Ahora bien, previo al análisis del acto reclamado, es pertinente puntualizar que a partir de la reforma constitucional de junio de dos mil ocho, el sistema penal cambió radicalmente y con ello, los recursos ordinarios que actualmente se encuentran homologados a nivel nacional por el Código Nacional del Procedimientos Penales. En ese sentido, los principios de concentración, continuidad e inmediación que rigen el sistema, se encuentran diseñados para materializar el derecho a una justicia pronta, entre otros, de manera tal que los juicios penales no se extiendan más allá de los plazos constitucionales establecidos en el artículo 20, apartado B, fracción VII, de la Constitución Federal, por actuaciones judiciales, pues la única excepción a ello, lo constituye el derecho de defensa. "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (.) B. De los derechos de toda persona imputada: (.) VII. Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa" De acuerdo con lo expuesto, es necesario destacar que el legislador, específicamente en relación con las decisiones tomadas por jueces de control en las etapas preliminares del procedimiento y la referente a la adoptada en la etapa de juicio, diseñó un sistema de recursos estricto, a fin de dotar de celeridad al procedimiento de acuerdo con las reglas generales del artículo 456 del mencionado código nacional. "Artículo 456. Reglas generales Las resoluciones judiciales podrán ser recurridas sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos en este Código. Para efectos de su impugnación, se entenderán como resoluciones judiciales, las emitidas oralmente o por escrito. El derecho de recurrir corresponderá tan sólo a quien le sea expresamente otorgado y pueda resultar afectado por la resolución En el procedimiento penal sólo se admitirán los recursos de revocación y apelación, según corresponda." Para ello, el legislador previó disposiciones para la admisibilidad y procedencia de los recursos que pueden ubicarse como condiciones de interposición y condiciones de admisibilidad, así como los plazos que consideró prudentes. Lo anterior puede verse del contenido literal de los artículos 457, 458 y 471, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que disponen siguiente: "Artículo 457. Condiciones de interposición. Los recursos se interpondrán en las condiciones de tiempo y forma que se determinan en este Código, con indicación específica de la parte impugnada de la resolución recurrida." "Artículo 458. Agravio Las partes sólo podrán impugnar las decisiones judiciales que pudieran causarles agravio, siempre que no hayan contribuido a provocarlo. El recurso deberá sustentarse en la afectación que causa el acto impugnado, así como en los motivos que originaron ese agravio." "Artículo 471. Trámite de la apelación. El recurso de apelación contra las resoluciones del Juez de control se interpondrá por escrito ante el mismo Juez que dictó la resolución, dentro de los tres días contados a partir de aquel en el que surta efectos la notificación si se tratare de auto o cualquier otra providencia y de cinco días si se tratare de sentencia definitiva. En los casos de apelación sobre el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público se interpondrá ante el Tribunal de enjuiciamiento que dictó la resolución dentro de los tres días contados a partir de que surte efectos la notificación. El recurso de apelación en contra de las sentencias definitivas dictadas por el Tribunal de enjuiciamiento se interpondrá ante el Tribunal que conoció del juicio, dentro de los diez días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, mediante escrito en el que se precisarán las disposiciones violadas y los motivos de agravio correspondientes. En el escrito de interposición de recurso deberá señalarse el domicilio o autorizar el medio para ser notificado; en caso de que el Tribunal de alzada competente para conocer de la apelación tenga su sede en un lugar distinto al del proceso, las partes deberán fijar un nuevo domicilio en la jurisdicción de aquél para recibir notificaciones o el medio para recibirlas. Los agravios deberán expresarse en el mismo escrito de interposición del recurso; el recurrente deberá exhibir una copia para el registro y una para cada una de las otras partes. Si faltan total o parcialmente las copias, se le requerirá para que presente las omitidas dentro del término de veinticuatro horas. En caso de que no las exhiba, el Órgano jurisdiccional las tramitará e impondrá al promovente multa de diez a ciento cincuenta días de salario, excepto cuando éste sea el imputado o la víctima u ofendido. Interpuesto el recurso, el Órgano jurisdiccional deberá correr traslado del mismo a las partes para que se pronuncien en un plazo de tres días respecto de los agravios expuestos y señalen domicilio o medios en los términos del segundo párrafo del presente artículo. Al interponer el recurso, al contestarlo o al adherirse a él, los interesados podrán manifestar en su escrito su deseo de exponer oralmente alegatos aclaratorios sobre los agravios ante el Tribunal de alzada". Como se observa, en el primero de dichos preceptos, el legislador estableció la obligación para el recurrente de precisar específicamente la parte impugnada de la resolución que le genera agravio, que debe exponer en el escrito por el cual se interpone. La finalidad de esa disposición es fijar adecuadamente la materia del recurso para no crear situaciones que generen la revisión oficiosa de apartados no considerados agraviantes para el promovente, de las resoluciones de los jueces de control, propios de un sistema de corte inquisitivo, sobre todo cuando las resoluciones se componen por diversas consideraciones jurídicas, pues ello generaría revisiones oficiosas que no son acordes con la figura del juez imparcial, ni con el principio de igualdad. De igual manera, el subsecuente numeral dispone que las partes solamente podrán impugnar las decisiones judiciales que pudieran causarles agravio y para ello, el recurso que interpongan debe sustentarse en la afectación y los motivos que generan el agravio. Circunstancias que se estiman razonables si se considera que los recursos contra las decisiones del juez de control, deben ser ágiles, atendiendo a la celeridad propia del sistema acusatorio; además, de fijar adecuadamente la litis y determinar, en un primer momento, si la decisión judicial puede o no causar agravio al apelante y verificar si éste no contribuyó a provocarlo; de lo contrario, se deja la carga al juzgador de interpretar qué parte de la determinación es la que se pretende impugnar, lo que atenta contra el principio de imparcialidad y contradicción que rigen el sistema acusatorio, precisamente porque la procedencia del recurso debe sustentarse en la afectación que causa el acto impugnado y en los motivos que la originan. Por tanto, precisar la parte de la resolución que causa agravio es una exigencia mínima que no lesiona la sustancia del derecho del acceso a la justicia y tampoco constituye un formalismo o rigorismo excesivo, toda vez que sólo se trata de un requisito mínimo para estimar la viabilidad de abrir una segunda instancia para revisar la determinación de un juez de control. Lo que se vincula con lo dispuesto por el transcrito artículo 471 de dicho Código Adjetivo, referente a la tramitación del recurso de apelación ante la autoridad de primera instancia, pues en el escrito que se interponga deberán expresarse agravios y se exhibirá copia para registro y para cada una de las partes. De ahí que la necesidad del recurrente de indicar específicamente la parte impugnada de la resolución controvertida y formular los agravios que le depara, para con ello dar vista a la parte contraria y esté en posibilidad de pronunciarse respecto de los formulados por el recurrente, o bien, de manifestar por escrito su deseo de exponer oralmente alegatos aclaratorios sobre los agravios ante el tribunal de segundo grado o incluso, quien también tenga derecho a recurrir, adherirse dentro del término de tres días contados a partir de recibido el traslado, al recurso interpuesto por cualquiera de las otras partes, siempre que cumpla con los demás requisitos formales de interposición, en términos de lo dispuesto por el artículo 473 del propio ordenamiento legal; salvaguarda el principio de concentración procesal, para dotar de mayor rapidez y celeridad en la tramitación del recurso de apelación, pero, primordialmente, el de igualdad procesal de las partes, que implica el equilibrio en las posiciones de éstas, equivalencia de oportunidades, homogeneidad razonable de medios e identidad de facultades para el desempeño de sus respectivos roles, al conocerse la base específica de impugnación y los motivos de inconformidad respectivos. En ese sentido, debe considerarse que la disposición de expresar los agravios en el escrito de interposición de la apelación, obedece a un principio de razonabilidad jurídica, puesto que tiene como propósito que el apelante esgrima sus motivos de inconformidad tomando en cuenta que el recurrente conoce el proceso instruido y el contenido de la resolución que impugna, lo que permite afirmar que resulta suficiente para desglosar las consideraciones jurídicas que el inconforme estima pertinente y que puedan ser tomadas en cuenta al resolverse el recurso de apelación, todo ello, en un ámbito de igualdad procesal. Lo que tampoco constituye un obstáculo insuperable, ya que el apelante no se encuentra imposibilitado para cumplir ese requisito, pues si se trata del imputado o la víctima u ofendido, estos durante todo el tiempo del proceso, tienen asistencia técnica de su defensor y del asesor jurídico respectivamente. Ahora bien, tocante al tema de la suplencia de la queja deficiente, debe decirse que dicha institución operaba en el recurso de apelación en el procedimiento mixto; sin embargo, no es del todo compatible con el nuevo sistema acusatorio, precisamente porque compromete los principios de igualdad procesal e imparcialidad en que se sustenta. En efecto, el artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone lo siguiente: "Artículo 461. Alcance del recurso. El Órgano jurisdiccional ante el cual se haga valer el recurso, dará trámite al mismo y corresponderá al Tribunal de alzada competente que deba resolverlo, su admisión o desechamiento, y sólo podrá pronunciarse sobre los agravios expresados por los recurrentes, quedando prohibido extender el examen de la decisión recurrida a cuestiones no planteadas en ellos o más allá de los límites del recurso, a menos que se trate de un acto violatorio de derechos fundamentales del imputado. En caso de que el Órgano jurisdiccional no encuentre violaciones a derechos fundamentales que, en tales términos, deba reparar de oficio, no estará obligado a dejar constancia de ello en la resolución. Si sólo uno de varios imputados por el mismo delito interpusiera algún recurso contra una resolución, la decisión favorable que se dictare aprovechará a los demás, a menos que los fundamentos fueren exclusivamente personales del recurrente". Como puede verse, el numeral transcrito constriñe tajantemente a la autoridad de alzada a pronunciarse únicamente en relación con los agravios expresados por los recurrentes, vedando cualquier posibilidad de que examine la decisión sometida a su potestad, a cuestiones no planteadas en el recurso, con la única excepción de que se trate de un acto violatorio de derechos fundamentales del imputado. Lo hasta aquí expuesto pone de relieve que la Sala responsable, al emitir el acto que ahora se combate, sólo podía pronunciarse sobre los agravios expresados por el apelante (aquí parte quejosa), precisamente por la especial naturaleza del sistema penal acusatorio, y de conformidad con el artículo 461, en relación con los diversos 458 y 471, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales, a menos que advirtiera actos violatorios de derechos fundamentales, caso en el cual, se encontraba facultada para extender el examen de la decisión recurrida. El artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, prevé la suplencia de la queja deficiente en beneficio del inculpado (imputado) o sentenciado, aún ante la ausencia de conceptos de violación o agravios. Sin embargo esta figura sólo obliga al tribunal de amparo a analizar de oficio las posibles violaciones de derechos fundamentales; por tanto, cuando éstas no son alegadas, por ejemplo, con motivo de una actuación deficiente de la defensa o la reserva del derecho del imputado a no realizar manifestación alguna, el órgano constitucional es quien, a través de la suplencia de la queja, debe analizar si tales violaciones han acontecido y, en su caso, otorgar la protección solicitada. Apoya lo expuesto la Jurisprudencia 1a./J. 94/2011 (9a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro I, Octubre de 2011, Tomo 2, página 689, que dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, EN SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE, DEBE CONSIDERAR TODOS LOS ARGUMENTOS FORMULADOS POR EL IMPUTADO O SU DEFENSOR EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS O EN EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS TENDENTES A DESVIRTUAR LAS RAZONES QUE MOTIVARON SU DICTADO, AUN CUANDO NO SE HAYAN PLANTEADO EN LA AUDIENCIA CORRESPONDIENTE. El artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, prevé la suplencia de la queja deficiente en beneficio del reo, aun ante la ausencia de conceptos de violación o agravios; esta figura obliga al juez de distrito a analizar de oficio las posibles violaciones de derechos fundamentales, por tanto, cuando éstas no son alegadas, por ejemplo, con motivo de una actuación deficiente de la defensa o la reserva del derecho del imputado a no realizar manifestación alguna, el juez de amparo es quien, a través de la suplencia de la queja, debe analizar si tales violaciones han acontecido y, en su caso, otorgar el amparo. Por tanto, el órgano de control constitucional, en aplicación de la figura de la suplencia de la queja deficiente en beneficio del imputado, debe considerar todos los argumentos formulados por él o su defensor en la demanda de garantías o en el escrito de expresión de agravios, que estén encaminados a controvertir las razones que motivaron al juez de control o juez de garantía a dictar el auto de vinculación a proceso y el valor convictivo de los datos de investigación en que se apoya esta determinación, así como la deficiente valoración de los datos aportados en su defensa, supliéndolos en su deficiencia, aun cuando no los hayan hecho valer en la audiencia de imputación, a fin de verificar que los datos de investigación aportados por el Ministerio Público y en que se apoya tal determinación, se hayan ofrecido y desahogado conforme a derecho; y que las razones que motivaron su dictado tienen el debido sustento legal, esto es, la suplencia se torna absoluta, aun ante la ausencia de motivos de inconformidad, cuando deba subsanar de oficio posibles violaciones a derechos fundamentales, sin subrogarse en el papel de defensor." En ese orden de ideas, conforme a la naturaleza del sistema penal acusatorio, este órgano de control constitucional se encuentra constreñido a verificar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, única y exclusivamente respecto del pronunciamiento realizado por el órgano jurisdiccional de segunda instancia, en vinculación con los conceptos de violación hechos valer en esta sede constitucional, a fin de no trastocar los principios fundamentales en que se sustenta el sistema penal acusatorio, concretamente el de contradicción e inmediación. No obstante, de advertirse una violación directa a derechos fundamentales, como a la defensa adecuada o de diversa índole, siempre y cuando se trate de un derecho fundamental, operará la suplencia de la queja deficiente aun ante la ausencia de conceptos de violación. Ahora, en sus conceptos de violación el quejoso refiere que la resolución emitida por la Sala responsable el veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, en el toca UG/ASA-257/2021 de su índice, por la cual confirmó el auto de vinculación a proceso dictado en su contra, trasgrede sus derechos fundamentales por los motivos siguientes: A) Refiere que la resolución reclamada carece de congruencia, motivación, fundamentación y exhaustividad dado que, no expone razonamientos lógicos respecto de las omisiones por parte del Juez de origen, a pronunciarse de forma completa sobre los datos de prueba, ya que señala que existen pruebas aportadas en la carpeta de investigación, en donde hay un señalamiento de una tercera persona de nombre Mauricio Martínez Flores, quien fue denunciado en el Estado de Querétaro, y fue quien lo engañó, pues le vendió el vehículo, el cual había sido rentado, por lo que posteriormente fue reportado como robado. B) Refiere que no hubo imparcialidad en la sentencia reclamada, toda vez que el Juez de Origen interrumpió en repetidas ocasiones al ministerio público mientras exponía su solicitud de vinculación a proceso, por lo que esto lo indujo a perfeccionar su exposición, lo que transgredió el principio del proceso penal, dado que el ministerio público tiene la carga de la prueba y no el juzgador. En ese tenor, los conceptos de violación, los cuales son una reiteración de los agravios esgrimidos ante la Sala responsable, resultan infundados, sin que se advierta deficiencia que suplir en términos del indicado artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, como enseguida se verá. Asimismo, se precisa que los conceptos de violación se estudiarán en forma conjunta, dada su estrecha relación. Así, el quejoso arguye que el acto reclamado transgrede en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al incurrir la responsable en una indebida fundamentación y motivación, al estimar esta última, a la luz de los datos de prueba existentes, que probablemente cometió el hecho que la ley señala como delito de fraude. Dicho motivo de inconformidad, es infundado. Como requisito, todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado, debiéndose entender por lo primero, la cita del precepto que sustenta una determinada consideración, y, por lo segundo, que han de señalarse en el acto de autoridad las circunstancias especiales, razones particulares o causas imputadas que se hayan tomado en consideración para su emisión; siendo necesario que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas de los preceptos que se hayan invocado como fundamentación, debiendo establecerse la relación que exista entre uno y otro. Resulta aplicable la tesis XX.102 K, sostenida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Enero de 1997, Materia Común, página 501, que dice: "MOTIVACIÓN. TODO ACTO DE AUTORIDAD DEBE SATISFACER EL REQUISITO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. La motivación exigida por el artículo 16 constitucional debe existir en todo acto de autoridad (orden de aprehensión, auto de formal prisión, sentencia, etc.), en razón de que debe justificarse la aplicación de las normas jurídicas respectivas precisamente en el mandamiento escrito, con el objeto de que la parte afectada con el acto de molestia pueda conocerlo y estar en condiciones de producir o preparar su defensa". Luego, con base en el análisis de los registros de audio y video de la audiencia en la que se vinculó a proceso al quejoso, mismos que fueron apreciados por la autoridad responsable, así como de la propia resolución que aquí se combate, dictada en el toca penal UG/ASA 257/2021, se advierte que la Sala responsable sí fundó y motivó debidamente la existencia de datos que permitieron concluir al juez de control que el imputado probablemente cometió el hecho que la ley señala como delito de fraude en agravio de Rubén González Alemán. En efecto, contrario a lo alegado por el quejoso, la resolución reclamada sí se encuentra debidamente fundada, pues de su lectura puede observarse que la responsable citó el marco normativo en el que sustentó su determinación, pues al efecto, invocó los artículos 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente, el primero de ellos, a la motivación y fundamentación que todo acto de autoridad debe contener, y el segundo, relacionado directamente con las exigencias que deben seguirse al emitirse el auto de vinculación a proceso. Ahora, el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece los requisitos para el dictado del auto de vinculación a proceso, así como el contenido con que debe contar. De la interpretación sistemática y literal de los indicados preceptos constitucionales y legales, respectivamente, se advierte, entre otras cosas, que para que un Juez de Control pueda dictar un auto de vinculación a proceso es necesario, como requisitos de forma, que el Ministerio Público lo solicite; que se haya formulado la imputación y se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar. En cuanto al fondo, se requiere que de la exposición que el Ministerio Público haga de los datos de prueba que obren en la carpeta de investigación se desprenda que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado o imputada lo cometió o participó en su comisión; en el entendido de que para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito, es necesario que existan indicios razonables que así permitan suponerlo; finalmente, el último requisito de fondo para el dictado del auto de referencia es que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente de delito. En ese sentido, se constata que la Sala responsable adecuadamente relacionó los datos de prueba aportados por la fiscalía tales como: I. Copia de la factura de la empresa "Automotriz Tangamanga, S.A. de C.V.", a nombre de Rene Sánchez González. II. Refacturación de "Auto Dreams", emitida por Salvador Ortega Calderón a favor de Alejandro Silva Blanco, de la que se advierte un endoso a favor de Mauricio Martínez Flores, este último quien aparece como propietario del automóvil de mérito, ante la Dirección General de Ingresos de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado. Datos de prueba anteriores con los que la Sala responsable empató con el juez de control, para concluir en seguir una investigación en contra del imputado. En efecto, de la resolución reclamada se advierte que la Sala comulgó con el juez responsable al pronunciarse respecto de la forma y términos en que a su juicio estaba acreditada la probable comisión del hecho delictivo por el que se le vinculó a proceso, pues refirió: ".si se actualiza el hecho que la ley señala como delito de fraude especifico, se asevera lo anterior, toda vez que, efectivamente esta autoridad empata con el criterio relativo a que el imputado enajenó una cosa que no era de su propiedad, ya que si bien, se dice erogó una cantidad en la adquisición de dicho vehículo, no se advierte de la audiencia dato de prueba que acredite lo anterior, lo cierto es, que como es posible que venda algo de lo cual no hay una trasmisión continua de la propiedad, porque como ya se ha dicho de lo que refirieron las partes en la audiencia, de la factura no se advierte el endoso a Mauricio Martínez Flores al imputado, por lo que no se colma que efectivamente se le haya transmitido el imputado la propiedad del vehículo." De lo anterior se advierte, tal y como lo refirió la Sala responsable y contrario a lo manifestado por el quejoso, pues el Juez de Control destacó los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación, los cuales resultan aptos para vincular a proceso al imputado, ello de acuerdo con los parámetros exigidos para el dictado de un auto de esa naturaleza, contemplados en el artículo 19 constitucional. De tales consideraciones es dable establecer que, el concepto de violación en el cual en forma toral el quejoso alega que, no está acreditado con ningún dato de prueba que él haya cometido el delito, al contrario, refiere que existen datos de prueba en donde se aprecia que él también es víctima al ser engañado por diversa persona, lo anterior resulta infundado. En primer término porque, se reitera, a juicio de este órgano de control constitucional, resulta ajustado a derecho el que la Sala considerara que fue correcta la decisión adoptada por el juez de control, pues los datos aportados por la Fiscalía justifican la existencia del hecho con apariencia de delito, así como la probabilidad de la conducta desplegada por el imputado. Pues la Sala responsable determinó que existen las facturas de las que se advierte que el último endoso se realizó a favor de Mauricio Martínez Flores, quien aparece como propietario del bien mueble, ante la Dirección General de Ingresos de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, y no como propietario el aquí quejoso, datos de prueba que es razonable para seguir la investigación en su contra. Al margen de lo expuesto, es menester precisar que contrario a lo sostenido por la defensa del quejoso en la audiencia respectiva, existen datos de prueba de los que se desprende que el aquí quejoso enajenó una cosa que no era de su propiedad. De ahí que, como correctamente lo estimó el Juez de Control y avaló la Sala responsable, será cuestión de que las partes al establecer sus teorías del caso en las que puedan sostener que está acreditado un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado haya participado en su perpetración, o bien, se desvirtúen las evidencias en las que se apoya la fiscalía; se acredite que existe alguna excluyente de responsabilidad o, se demuestre que el imputado efectivamente fue víctima de engaño por parte de un tercero. Pues no debe soslayarse que el estándar probatorio que se necesita para un auto de vinculación a proceso, sólo exige analizar si existen datos que establezcan que se ha cometido un hecho, que la ley señale como delito; y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; bastando con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Sustenta la anterior consideración, la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el cuatro de agosto de dos mil diecisiete, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del siguiente epígrafe: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley". Mientras que el estándar más alto, es aquel que se contiene en la sentencia condenatoria, en la cual se debe llegar a la íntima convicción del juzgador acerca de la culpabilidad del imputado, más allá de toda duda razonable conforme lo estipula el artículo 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En efecto, es en la sentencia condenatoria en la que se debe tener íntima convicción e incluso en plena constatación de que la conducta del imputado es injusta (típica y antijurídica) y, por ende, se le debe formular el reproche penal (culpabilidad), conforme al artículo 406 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Luego, a partir del estándar probatorio más alto, se deben considerar grados más bajos del mismo, en el auto de vinculación a proceso, como es el caso. Por las razones que la sustentan, tiene aplicación la tesis XV.3o.6 P (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, publicada en diecisiete de febrero de dos mil diecisiete en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ESTÁNDAR PARA SU DICTADO EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. Para dictar un auto de vinculación a proceso en el sistema procesal penal acusatorio y oral, sólo es necesario analizar si existe el hecho considerado por la ley como delito y determinar si los datos de prueba hacen probable la responsabilidad del gobernado en su comisión, el que atendiendo a la significación que recoge tanto elementos normativos como doctrinales mayormente enfocados al casualismo, excluye un análisis de todos y cada uno de los elementos del tipo penal, dado que lo relevante para el dictado de ese acto procesal no es explicar el fenómeno delictivo en su completitud, sino la constatación de un resultado, lesión o puesta en peligro prohibido por la norma penal, ya que incluso el encuadramiento legal que se propone al solicitar la emisión del auto de vinculación puede variar hasta el alegato de clausura en la etapa de juicio oral. Por ende, el estándar que debe existir para la vinculación a proceso no es el de realizar un análisis exhaustivo de los elementos del delito (conducta, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad), sino que debe partirse de la normalización del procedimiento de investigación judicializada privilegiando su apertura, pues la finalidad del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune, para asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, lo cual se logra dando cabida a una verdadera investigación, donde los indicios den cuenta aproximada de la transformación del mundo con motivo de la conducta desplegada por el ser humano para verificar si existe un desvalor de la norma prohibitiva. Sin embargo, cuando se advierta una causa de exclusión del delito, el Juez debe declararla de oficio, porque en cualquier fase del procedimiento penal debe verificarse si se actualizan, tal como lo prevé el artículo 17 del Código Penal Federal, al disponer que las causas de exclusión del delito se investigarán y resolverán de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento; mientras que si es alegada por la defensa, para su verificación, es necesario atender a que se impone al procesado la carga probatoria respecto a la causa de exclusión del delito que se haga valer, por implicar una afirmación que corresponde probar a quien la sostiene patente y plenamente". En otras palabras, el estándar de prueba para la etapa procesal en la que se emitió el acto reclamado, no requiere de prueba plena, sino solamente que existan datos suficientes sobre la existencia del hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió, lo que en el caso quedó colmado conforme al artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Máxime que los datos de prueba sólo fueron considerados para fijar los hechos sobre los que se seguirá el procedimiento; lo cual es objeto del auto de vinculación a proceso; de modo que en el estado procesal de su emisión, no se prejuzga sobre la acreditación del delito ni la responsabilidad del imputado, sino que se limita a determinar que en el caso existen datos que han resultado idóneos y pertinentes para establecer razonablemente la existencia de un hecho que la ley señala como delito y la probable participación del imputado. De ahí lo infundado del concepto de violación antes destacado. Sin que se advirtiera alguna violación a un derecho fundamental del imputado, dando cumplimiento con ello a lo exigido por el artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales. "Artículo 461. Alcance del recurso El Órgano jurisdiccional ante el cual se haga valer el recurso, dará trámite al mismo y corresponderá al Tribunal de alzada competente que deba resolverlo, su admisión o desechamiento, y sólo podrá pronunciarse sobre los agravios expresados por los recurrentes, quedando prohibido extender el examen de la decisión recurrida a cuestiones no planteadas en ellos o más allá de los límites del recurso, a menos que se trate de un acto violatorio de derechos fundamentales del imputado. En caso de que el Órgano jurisdiccional no encuentre violaciones a derechos fundamentales que, en tales términos, deba reparar de oficio, no estará obligado a dejar constancia de ello en la resolución. Si sólo uno de varios imputados por el mismo delito interpusiera algún recurso contra una resolución, la decisión favorable que se dictare aprovechará a los demás, a menos que los fundamentos fueren exclusivamente personales del recurrente." Circunstancia por la que tampoco existe necesidad de que este Juzgado, sustituyéndose a las facultades de la responsable, asiente mayores argumentos a los aquí reproducidos en relación con la probable participación del imputado en su comisión o, bien, la no existencia de excluyentes de responsabilidad a su favor, dado que ello no implicará beneficio para el quejoso, pues a criterio de este órgano jurisdiccional, tanto el juez de la génesis, como el tribunal de alzada, dieron cabal cumplimiento a todos y cada uno de los requisitos que el arábigo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, exige para el dictado de un acto de tal naturaleza, en tanto que, como quedó precisado, no se advierte que haya existido en agravio del quejoso, alguna violación a sus derechos fundamentales. Se cita al respecto la tesis (I Región)8o.1 P (10a.), de la Décima Época, con número de registro 2014738, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 44, Julio de 2017, Tomo II, página 1068, que dice: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. ATENTO AL ARTÍCULO 79, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 18 DE JUNIO DE 2016, ES INNECESARIO EXPRESAR EN LA SENTENCIA EL ESTUDIO OFICIOSO DE LOS ELEMENTOS DEL CUERPO DEL DELITO, LA RESPONSABILIDAD PENAL, LA NO EXISTENCIA DE EXCLUYENTES DE RESPONSABILIDAD O LA GRADUACIÓN DE LA PENA, SI ELLO NO REPORTA NINGÚN BENEFICIO AL QUEJOSO. El precepto mencionado establece que la suplencia de la queja deficiente se expresará en las sentencias cuando el estudio oficioso respectivo derive de un beneficio. Ahora bien, la interpretación de la porción normativa en cuestión denota la intención del legislador de detener la añeja práctica que realizaban los tribunales de amparo, los cuales se sustituían a las facultades de las autoridades judiciales ordinarias, analizando directamente cuestiones relativas a la acreditación de los elementos del cuerpo del delito, la responsabilidad penal, la no existencia de excluyentes de responsabilidad o la graduación de las penas, aun cuando ello no implicara algún beneficio para el quejoso. Entonces, si a pesar del estudio oficioso que involucra la suplencia de la queja, éste no se traducirá en ningún beneficio a favor del quejoso, no existe obligación del tribunal de amparo de expresar textualmente ese análisis en la sentencia respectiva" Conforme con lo expuesto, ante lo infundado de los conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, solicitados por Gerardo Andrés Zavala de la Rosa. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en lo establecido por los artículos 73, 74 y 107 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política del País, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Gerardo Andrés Zavala de la Rosa, contra la vinculación a proceso dictada en su contra; por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma la Licenciada Laura Coria Martínez, Juez Octavo de Distrito en el Estado, quien actúa con el Licenciado José Francisco Guajardo Gómez, quien autoriza, hoy doce de abril de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy Fe.

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