Geraldine Alexandra Badillo Berrones

Expediente 192/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 10 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
192/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
29/06/2023

Partes del expediente

  • Geraldine Alexandra Badillo Berrones

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Recepción de documentos. Agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta que remite la secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito; en atención a su contenido, se provee: Téngase recibido el testimonio de la ejecutoria pronunciada en el recurso de queja 120/2023. Acúsese recibo; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo y notifíquese a las partes el contenido de la resolución que se acompaña al oficio de cuenta, de la que se advierte que se declaró infundado el recurso de queja de que se trata. Archivo. En consecuencia, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Valoración. Por tanto, con fundamento en el artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Semanario Judicial de la Federación el dos de junio de dos mil veintitrés, se determina que este expediente al no ser de relevancia documental es susceptible de destrucción una vez que transcurra el lapso de tres años a que se refiere el acuerdo de mérito, teniendo en consideración que no se entró al fondo de la litis planteada, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 34, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. Recepción de documento Téngase recibido y agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio de cuenta, signado por el secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito. Contenido del oficio Téngasele informando que la superioridad acusa recibo de las constancias remitidas por este juzgado y que se admitió el recurso de queja interpuesto contra el auto por el que se desechó la demanda de amparo, el cual fue registrado con el expediente 120/2023. Notifíquese.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Se agrega únicamente oficio. Agréguese a los presentes autos únicamente para que obre como corresponda, el oficio de cuenta signado por la Secretaria Técnica de Logística para la Selección de Peritas/Peritos, de la Unidad de Peritos Judiciales, del Consejo de la Judicatura Federal; sin que haya lugar a proveer lo relativo, toda vez que el doce de enero de dos mil veintitrés, se celebró la audiencia constitucional y el expediente se encuentra en estudio para proyecto de resolución. No obstante lo anterior, comuníquese a la oficiante que el diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, se tuvo por desierta la prueba pericial en materia de neurología pediátrica y/o neurología, ofrecida por la parte quejosa; por lo que su desahogo ya no se llevará a cabo. Notifíquese.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, seis de marzo de dos mil veintitrés. Agrega escrito. Agréguese a los autos el ocurso de cuenta signado por ****, con cuatro copias que acompaña, mediante el cual desahoga el requerimiento que le fue efectuado; en atención a su contenido, se provee: Análisis de procedencia del amparo. Por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se analiza en principio, si en el caso se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia; pues de acontecer esto, la demanda se desechará de plano. El mencionado precepto dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Esta actualización es manifiesta cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; mientras que resulta indudable cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio. Ahora bien, en el caso, de la lectura integral de la demanda de amparo y escritos aclaratorios, analizada como un todo, se aprecia que la parte promovente señala como acto reclamado, el siguiente: - La convocatoria 2022 para ocupar plaza de Agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado. En ese sentido, respecto del acto reclamado, se advierte que se actualiza de forma manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I y 5°, fracción II, estos últimos interpretados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, dado que no es un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. En efecto, los preceptos mencionados disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.). II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando0 realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". De los preceptos legales transcritos, se advierte, en lo conducente, que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por actos de "autoridad", entendida como tal, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Ahora bien, en el caso la parte promovente señala en los antecedentes de la demanda y escritos aclaratorios, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: 1. Que el once de marzo de dos mil quince, la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, hoy Fiscalía General del Estado, publicó una convocatoria con las bases, requisitos y documentos que deberían presentar las personas candidatas a participar en el proceso de reclutamiento, selección y admisión al curso de formación para agente del ministerio público, para obtener una plaza con ese puesto. 2. Que en dicha convocatoria se estableció que la última etapa del proceso, era un curso de formación inicial, y que los candidatos que aprobaran el mismo, que serían quienes contaran con los mejores promedios, se realizaría su ingreso de acuerdo al presupuesto y prelación. 3. Que el quejoso fue admitido al curso de formación inicial, realizando diversas evaluaciones y examen final, concluyendo el mismo el ocho de enero de dos mil dieciséis, con una calificación de 8.7, cumpliendo con los requisitos para obtener la plaza de Agente del Ministerio Público. 4. Que durante el periodo de 2016-2022 se fue enterando que sus compañeros de la convocatoria, estuvieron siendo designados como Agente del Ministerio Público, sin conocer él su calificación final, y que sólo le decían que pronto le tocaría su designación. 5. Por otro lado, que en el año dos mil diecisiete, aún no se otorgaba la totalidad de plazas de Agente del Ministerio Público, y la Fiscalía del Estado emitió diversa convocatoria para nombrar a personal con ese carácter; asimismo, refiere que el veintitrés de enero del presente año, se enteró que las autoridades responsables emitieron una nueva convocatoria para ocupar esas plazas, a sabiendas que se encuentra pendiente su nombramiento, estimando que no debe continuarse con la misma hasta que no se cumpla con el otorgamiento de las plazas conforme a la convocatoria en que él participó. 6. Que desde principios de dos mil dieciséis, se le ofreció la oportunidad de entrar bajo un esquema de contratos temporales indefinidos, para estar como auxiliar de Ministerio Público, siendo ello hasta que se autorizaran los recursos para emitir su nombramiento; que lo anterior se dio durante seis años aproximadamente. Así, que el treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, vencía un nuevo contrato temporal de tres meses como auxiliar de ministerio público; sin embargo, con el cambio de titular de la Fiscalía, el tres de enero de dos mil veintidós, se le informó que no le autorizaron la renovación de su contrato. Que contra la falta de expedición del nombramiento de Agente del Ministerio Público, al que dice tiene derecho a acceder desde el año dos mil dieciséis, promovió juicio de amparo indirecto, correspondiéndole conocer al Juzgado Sexto de Distrito de este Estado, quien le asignó el consecutivo 119/2022, sobreseyéndolo fuera de audiencia constitucional; y que inconforme con ello, promovió amparo en revisión, el cual le correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, bajo el número 487/2022, el cual se encuentra pendiente de resolver. 8. Siendo que en ese juicio de amparo, fundamentalmente reclamó la omisión de otorgarle su nombramiento como Ministerio Público, derivado de la convocatoria del año dos mil quince; así como violación a su derecho al trabajo, al darlo de baja de la Fiscalía General del Estado y no renovarle su contrato el diez de enero de dos mil veintidós. Por lo anterior, la quejosa considera que las autoridades que señala como responsables violaron en su perjuicio sus derechos fundamentales tutelados en los artículos 1, 4, 14 y 123 constitucionales, al impedir que en igualdad de condiciones acceda a un cargo o puesto público derivado de la convocatoria pública que aduce. Sin embargo, adversamente a lo que estima la promovente, "La convocatoria 2022 para ocupar plaza de Agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado.", únicamente constituye un llamado para que quienes cumplan con los requisitos ahí establecidos acudan al proceso de selección respectivo, lo que evidencia que a través de aquélla no se crea, modifica o extingue, por sí y ante sí, algún derecho de los gobernados, es decir, no modifica o afecta alguna situación en concreto, por lo que los actos derivados del proceso de selección, participan dentro de su naturaleza. Ello, en razón de que la citada convocatoria, por sí misma, no le genera algún perjuicio a la parte aquí quejosa, pues como ha quedado evidenciado, no obstante que aduzca la ilegalidad de la misma, porque no se ha cumplido con la finalidad de la convocatoria en la que participó en el año dos mil quince, al no haberle otorgado el nombramiento respectivo, se insiste en que la convocatoria sólo tiene por efecto, llamar a aquéllos aspirantes a cargo de ministerio público que reúnan los requisitos ahí establecidos, para participar en el proceso de selección. Siendo que incluso en el apartado de bases generales de la convocatoria, se establece que: (.) La participación en la presente convocatoria no establece relación laboral o vinculo administrativo con la Fiscalía General del Estado, y representa únicamente la posibilidad de participar en calidad de aspirante y/o candidato, por lo que conservará dicha calidad hasta en tanto se expida en su favor el Nombramiento correspondiente . El ingreso a la Institución y la emisión del nombramiento depende CONJUNTAMENTE del resultado de convocatoria de ingreso, número de plazas disponibles y la suficiencia presupuestal de la Institución, por lo que uno no trae aparejado el otro de manera individual (.). Como puede verse, la participación de las personas que se inscriban al proceso de reclutamiento y selección, no genera incluso con las mismas alguna relación laboral o vínculo administrativo con esa institución, siendo que conservaría la calidad de aspirante, hasta en tanto se emitiera su nombramiento respectivo, lo cual dependerá del número de plazas disponibles y la suficiencia presupuestal de la Institución. Esto es, de la convocatoria señalada no se desprende incluso, que se impida otorgar al quejoso el nombramiento que señala. En efecto, no obstante que el quejoso reclame la ilegalidad de la convocatoria por el hecho de encontrarse pendiente la emisión de su nombramiento como Ministerio Público, es claro que al haber ejercitado diversa acción de amparo en contra de esa omisión y sus consecuencias, no pueden tomarse en el caso dichas alegaciones para sustentar el perjuicio que el quejoso dice le provoca la simple emisión de la convocatoria. En efecto, conforme a las aclaraciones contenidas en autos, es palmario que el acto reclamado en el presente juicio, lo constituye únicamente la emisión de la convocatoria, de cuyo contenido como se dijo, no se desprende que se haya dejado sin efectos algún derecho "adquirido" del aquí quejoso como menciona; o que se hubiese dejado sin efectos el resultado de algún procedimiento de selección anterior. Resultando que si bien el quejoso se duele, de que la convocatoria es ilegal ya que no le ha sido extendido su nombramiento, lo cierto es que para ello, el propio impetrante ha instado diverso procedimiento de amparo, cuya resolución final se encuentra sub judice, al no haber sido resuelto el amparo en revisión que menciona. Por lo cual, los efectos de la convocatoria sólo inciden en el proceso de reclutamiento y selección de aspirantes al cargo de Ministerio Público, careciendo aquella por tanto, de las notas que definen todo acto de autoridad como son la imperatividad y coercitividad; sin que dicho acto se desdoble en efectos que de alguna manera o en alguna medida modifiquen, restrinjan o alteren los derechos de los gobernados. Máxime que dicha convocatoria no está dirigida a una persona en particular, sino a la colectividad interesada en ocupar el cargo como agente del Ministerio Público referido anteriormente. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 78/2009 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 296, Tomo XXIX, Junio de 2009, Novena Época, Materia Administrativa, registro 167119 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ESCUELAS NORMALES DEL ESTADO DE JALISCO. LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA INVITANDO A LOS EGRESADOS DEL BACHILLERATO A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA INGRESAR A AQUÉLLAS, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD IMPUGNABLE EN AMPARO. Es cierto que la citada Secretaría, en términos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Ley de Educación, ambas del Estado de Jalisco, puede considerarse, en principio, una autoridad, en la medida que sus atribuciones están previstas en la legislación y, en consecuencia, puede emitir actos unilaterales en un plano de supra a subordinación frente a los particulares, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales para hacer cumplir su voluntad; sin embargo, ello no implica que todos los actos que emita necesariamente sean impugnables en amparo, sino que en cada caso tendrá que analizarse la naturaleza del acto para determinar si a través de él se crean, modifican o extinguen, por sí y ante sí, situaciones jurídicas que afecten los derechos de particulares. Así, la convocatoria emitida por la Secretaría de Educación invitando a los egresados del bachillerato a participar en el proceso de selección para ingresar a las escuelas normales del Estado de Jalisco no es un acto de autoridad impugnable a través del juicio de garantías, pues únicamente constituye un llamado para que quienes cumplan con los requisitos ahí establecidos acudan al proceso de selección respectivo, lo que evidencia que a través de aquélla no se crea, modifica o extingue, por sí y ante sí, algún derecho de los gobernados, es decir, no modifica o afecta alguna situación en concreto, máxime que dicha convocatoria no está dirigida a una persona en particular, sino a la colectividad interesada en cursar las licenciaturas impartidas en las indicadas escuelas normales." Asimismo, resulta aplicable por analogía, la tesis II.1o.A.93 A del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, publicada en la página 1697, Tomo XIII, Enero de 2001, Novena Época, Materia Administrativa, registro digital 190505 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE MÉXICO. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO EN CONTRA DE LA CONVOCATORIA A PARTICIPAR EN EL CURSO DE PREPARACIÓN PARA INTERVENIR EN EL CONCURSO INTERNO DE OPOSICIÓN PARA MAGISTRADOS DEL FUERO COMÚN. Atendiendo al contenido del artículo 11 de la Ley de Amparo, el cual refiere: "Es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado.", resulta inconcuso que el término "autoridad" para los efectos del amparo, corresponde a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias legales, ya de hecho, y que por lo mismo estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen. Por tanto, si bien es cierto que el Consejo de la Judicatura Estatal, para determinados efectos tiene esas características, atribuidas por la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, también es verdad que en actos, como lo es la invitación o convocatoria a los interesados en participar en los cursos internos de preparación para aspirantes a Magistrados en materias civil y penal, que dará derecho a participar en el concurso interno de oposición, y que entre los requisitos se encuentra el de que los interesados presten sus servicios en el Poder Judicial del Estado, el consejo se encuentra desprovisto de esos atributos, pues aun y cuando por su conducto se aplica el Reglamento de Cursos y Concursos de Oposición, tal aplicación no resulta ser perjudicial para los impetrantes de la tutela federal, al ser evidente que la mencionada convocatoria carece de las notas que definen todo acto de autoridad como son la imperatividad, coercitividad y unilateralidad; sin que dicho acto se desdoble en efectos que de alguna manera o en alguna medida modifiquen, restrinjan o alteren los derechos de los gobernados." Sin que pase desapercibido que el quejoso promovió la demanda por propio derecho, así como a nombre de su menor hija de iniciales G.A.B.B., de quien aduce violación a sus derechos fundamentales de alimentación, educación, vestido y sano esparcimiento, entre otros, por el hecho de no haberse hecho la designación que le corresponde. Sin embargo, se insiste en que el acto aquí reclamado, consiste únicamente en la convocatoria para aspirantes al cargo de ministerio público en la Fiscalía General del Estado, no así las cuestiones relacionadas con la falta de expedición del nombramiento que afirma el directamente quejoso le corresponde, pues como ha quedado visto, en contra de esa omisión se encuentra tramitado diverso juicio de amparo, cuyo resultado final aún está a expensas de lo que se resuelva en el amparo en revisión ya citado. Aunado a ello, debe decirse que si bien a pesar de la estrecha relación funcional que guarda el derecho a recibir alimentos en su sentido amplio, por una persona menor de edad, respecto del satisfactor material que en este caso, podría ser la remuneración que pudiera recibir su progenitor, se tiene que al reclamarse únicamente la convocatoria emitida en dos mil veintidós para acceder al cargo de ministerio público, no es factible considerar que con ello se restrinjan o limiten los derechos relacionados con su manutención, pues éstos están ligados jurídicamente al deber de proporcionar alimentos a cargo de las personas responsables de tal obligación. Por lo cual, al resultar improcedente el juicio en que se actúa, de igual forma lo es respecto al reclamo instado a favor de la infante, pues la afectación que dice se provoca respecto de la misma, deviene indirecta respecto a la falta de emisión del nombramiento, que como se dijo, incluso, no es materia del presente procedimiento. Ilustra sobre lo anterior, por su esencia, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1632, Tomo II, Libro 6, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octubre de 2021, Undécima Época, registro digital: 2023695, que señala: "DERECHO DE ALIMENTOS (HABITACIÓN) DE LAS PERSONAS MENORES DE EDAD. ES DISTINTO DEL DERECHO DE USO QUE SUS PROGENITORES DEFIENDEN EN UN JUICIO DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE COMODATO RESPECTO DEL INMUEBLE DONDE HABITAN, POR LO QUE EN DICHO JUICIO NO PROCEDE ANALIZAR EL ASUNTO A LA LUZ DEL INTERÉS SUPERIOR DE LA INFANCIA. Hechos: El padre y la madre de dos personas menores de edad fueron demandados por la abuela de éstas en un juicio sobre terminación de contrato verbal de comodato, respecto de un inmueble que ocupaban aquéllos como casa habitación. En primera y segunda instancia se determinó la improcedencia de la acción planteada por la abuela; razón por la cual esta última promovió juicio de amparo. El Tribunal Colegiado concedió protección constitucional para que la autoridad responsable emitiera una nueva resolución, en la que valorara debidamente las pruebas desahogadas en el juicio. Los padres de las menores de edad presentaron un recurso de revisión en el que alegaron que el Tribunal Colegiado debió analizar el impacto que tendría la concesión del amparo en los derechos humanos de sus hijas quienes habitaban el domicilio y por lo tanto se podrían ver desalojadas de dicho inmueble. Criterio jurídico: El derecho de alimentos de las hijas o hijos menores de edad (que comprende la habitación), es distinto del derecho de uso que sus padres, como parte en el proceso, defienden en un juicio de terminación de contrato de comodato, por lo que en estos casos la autoridad jurisdiccional no se encuentra constreñida a realizar ningún pronunciamiento sobre el impacto de la determinación en el interés superior de la infancia, ya que no existe disputa respecto de los derechos de niños, niñas o adolescentes. Justificación: A pesar de la estrecha relación funcional que guarda el derecho de habitación de una persona menor de edad, respecto del satisfactor material (inmueble) que se emplea para colmar ese derecho, cuando la litis en el juicio natural versa sobre la determinación judicial de restitución de la posesión de un inmueble, mas no sobre el alcance, subsistencia y/o modificación del derecho de alimentos (habitación) de las personas menores de edad, el caso no amerita ser apreciado a la luz de su interés superior, ni con perspectiva de infancia. Lo anterior, aun tomando en consideración el alcance que jurisprudencialmente se ha dado al interés superior de la infancia y al derecho de participación de niños, niñas y adolescentes en los procedimientos en donde se ventilen sus derechos, pues no es posible atender a una eventual e incierta situación de hecho que en el futuro pudiera afectar de manera indirecta a las personas menores de edad involucradas. Lo definitivo en estos casos es que no existe una contraposición jurídica entre el derecho de propiedad y posesión que ostenta la parte actora en el juicio de origen y el derecho de alimentos (habitación) de las personas menores, pues lejos de estar vinculado directamente con el inmueble litigioso, está ligado jurídicamente al deber de proporcionar alimentos a cargo de las personas responsables de tal obligación.". Por tanto, dado que el acto reclamado no es un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, es claro que se actualiza de forma manifiesta e indudable, la causa de improcedencia en estudio, lo que conduce a su desechamiento en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte promovente.

Quedan 6 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · 7,469 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano