Geovany Morales Solís

Expediente 126/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 1 actuación registrada, la última del 24 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
126/2021
Año
2021
Actuaciones
1
Última actuación
24/03/2021

Partes del expediente

  • Geovany Morales Solís

Actuaciones

  1. Principal

    (CITATORIO) NOTIFICACIÓN PERSONAL POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA.- Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno. RADICACIÓNVista; la demanda de amparo promovida por GEOVANY MORALES SOLÍS, por propio derecho, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia de esta ciudad y otras autoridades, por violación a los artículos 14 y 16 Constitucionales. Fórmese expediente, anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 126/2021, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). INCOMPETENCIA En principio, se estima necesario precisar que de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso señala como actos reclamados la orden de aprehensión y/o comparecencia girada en su contra, atribuido a este Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz y otras autoridades. En esa tesitura, debe decirse que el artículo 38 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra actos de un Juez de Distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso, y si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca. Por otra parte, la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideró -en el criterio que más adelante se reproduce- que si en un juicio de amparo el Juez de Distrito ante el que se presentó la demanda figura en ésta como autoridad responsable, el mismo carece de competencia para conocer del negocio, pues no se puede tener el carácter de Juez y parte. Bajo ese contexto, si en la demanda de amparo se reclama un acto atribuido a este órgano jurisdiccional, es inconcuso que, de conformidad con el invocado artículo 38 de la Ley de Amparo -interpretado a contrario sensu-, quien ahora resuelve, carece de competencia para conocer del juicio de amparo en que se actúa; por lo que, ello implica que no se actualice el supuesto contenido en la fracción IV, del artículo 51 del ordenamiento legal en cita, sino un planteamiento de incompetencia, de acuerdo con la jurisprudencia siguiente: "Época: Novena Época Registro: 193421 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo X, Agosto de 1999 Materia(s): Común Tesis: I.2o.P. J/10 Página: 680 IMPEDIMENTO. HIPÓTESIS EN LA QUE NO SE ACTUALIZA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE AMPARO, SINO UNA CAUSAL DE INCOMPETENCIA. La incompetencia y el impedimento son figuras jurídico-procesales referidas a la imposibilidad legal para conocer de un asunto. Se diferencian entre sí, en cuanto a que la primera está referida al órgano jurisdiccional con independencia del servidor público que desempeña el cargo; mientras que el segundo atañe a la persona física, concreta e individual, que encarna al órgano judicial. De ahí que cuando se acredite que Juez y autoridad responsable no son idéntica persona, no debe calificarse de fundado el impedimento planteado por el Juez de Distrito para conocer como autoridad de amparo de la demanda de garantías en la que fue señalado como autoridad responsable, toda vez que no se encuentra comprendido en la hipótesis de impedimento a que se refiere la fracción IV del artículo 66 de la Ley de Amparo, pues no se está en presencia de la hipótesis referida sino, en todo caso, de un motivo de incompetencia, conforme a lo previsto en el artículo 42 de la Ley de Amparo." Asimismo, tiene aplicación al caso la tesis sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "Época: Séptima Época Registro: 240246 Instancia: Tercera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 181-186, Cuarta Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 108 COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO. CARECE DE ELLA UN JUEZ DE DISTRITO, CUANDO ES SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE. Si en un juicio de amparo el Juez de Distrito ante el que se presentó la demanda figura en ésta como autoridad responsable, el mismo carece de competencia para conocer del negocio, pues no se puede tener el carácter de Juez y parte. Además, en los términos del artículo 42 de la Ley de Amparo, "es competente para conocer del juicio de amparo que se promueva contra actos de un Juez de Distrito, otro de la misma categoría dentro del mismo Distrito, si lo hubiere, o, en su defecto, el más inmediato dentro de la jurisdicción del Tribunal Colegiado de Circuito a que pertenezca dicho Juez"." Así las cosas, debe decirse que, al haber sido señalado como autoridad responsable este Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Geovany Morales Solís. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; se estima que resulta competente para conocer del presente sumario constitucional, por ser el más cercano, el Juez Decimotercero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, y por ende, se declina a su favor la competencia de que se trata. Tiene aplicación al caso concreto por sus consideraciones y fundamentos, la jurisprudencia que sigue: "Época: Novena Época Registro: 190008 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIII, Abril de 2001 Materia(s): Común Tesis: P./J. 44/2001 Página: 75 COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA, CUANDO SON SEÑALADOS COMO RESPONSABLES TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE LA MISMA MATERIA DE CIERTO ÁMBITO TERRITORIAL, DEBE ATENDERSE, ADEMÁS DE LA CERCANÍA, A LA ESPECIALIZACIÓN. El primer párrafo del artículo 42 de la Ley de Amparo constituye una regla de excepción a la competencia por territorio que prevé el numeral 36 del propio ordenamiento, al establecer que corresponde conocer de un juicio de garantías promovido contra actos de un Juez de Distrito a otro de igual categoría, dentro del mismo distrito, si lo hubiere o, en caso contrario, al más inmediato dentro de la jurisdicción del Tribunal Colegiado de Circuito al que pertenezca dicho Juez, regla que debe aplicarse para determinar cuál es el Juez competente cuando el amparo se promueve contra todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un determinado ámbito territorial (distrito o circuito), aun cuando no se prevea en forma expresa esa hipótesis. Ahora bien, atendiendo a la interpretación sistemática de lo dispuesto en el referido artículo 42, no sólo debe tomarse en cuenta el factor de la cercanía, sino también la materia en que están especializados o de que pueden conocer los Jueces de Distrito. En estas condiciones, puede concluirse que el competente para conocer del amparo indirecto que se promueva contra todos los Jueces de garantías de la misma materia de un distrito, es el Juez más cercano a éstos dentro del propio circuito, si los hubiere y, en caso contrario, el más próximo de la misma materia o no especializado, aun cuando resida en otro circuito; y, en el caso de que el amparo se promueva en contra de todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un circuito, aplicando dicha regla, será competente el Juez de garantías más cercano a ese circuito." Asimismo, sirve de apoyo la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "Época: Sexta Época Registro: 267938 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen XXXIV, Tercera Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 24 COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. Es principio de derecho que el ámbito de aplicación de una regla general queda automáticamente desplazado y reducido por la norma que configura los casos de excepción; y como el artículo 42 de la Ley de Amparo consagra una norma de excepción en materia de competencias, frente a la regla general del artículo 36, sin que el primero introduzca distinciones acerca de si un Juez de Distrito responsable es autoridad ordenadora o ejecutora, cabe concluir que el competente para conocer de una demanda de amparo lo es C. Juez de Distrito en el Estado más inmediato, y que pertenezcan ambos a la jurisdicción territorial de un Tribunal Colegiado de Circuito." INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin que haya lugar a proveer sobre la suspensión solicitada, previo a declarar la incompetencia antes referida, dado que los actos reclamados no encuadran en ninguna de las hipótesis que al efecto prevé el último párrafo del numeral 48 de la Ley de Amparo, ya que no se trata de ninguno de los establecidos en el artículo 15 de la ley en cita. Aquí, es menester precisar que el referido numeral 48 de la ley de la materia, establece: "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. [.]". Por su parte, el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que interesa destacar dice: "Artículo. 22 Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. [.]". De esta manera, el artículo 48 citado establece que en los casos de incompetencia, el Juez de Distrito está facultado para proveer sobre la suspensión solo cuando se trate de los actos siguientes: a) Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida. b) Incomunicación; c) Deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición; d) Desaparición forzada de personas, o e) Alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, que son la pena de muerte, mutilación, infamia, marca, azotes, palos, tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes o cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Por tanto, si en la especie se señaló como actos reclamados la orden de aprehensión y/o comparecencia girada en contra del impetrante del amparo, es evidente que dichos actos no encuadran en ninguna de las hipótesis previstas para que, previa a la remisión de la incompetencia planteada, este órgano jurisdiccional deba pronunciarse respecto de la suspensión solicitada. A más de que, por la naturaleza de los actos y autoridades señaladas como responsables, no puede concluirse que se esté en presencia de los actos enunciados en párrafos precedentes. CUADERNO DE ANTECEDENTES Y REMISIÓN DE LOS AUTOS En mérito de lo expuesto, fórmese cuaderno de antecedentes y remítanse los autos originales del presente asunto al JUZGADO DECIMOTERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común adscrito a los Juzgados de Distrito de esta ciudad, a efecto de que dicho órgano tenga a bien decidir lo que proceda sobre el particular. DOMICILIO Y AUTORIZADA Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado por el promovente en su escrito de demanda y como autorizada en términos del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Yara Cristina Martínez Borbonio, toda vez que no tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, tal como se advierte de la certificación secretarial de cuenta. Asimismo, se tiene por señalado el correo electrónico que proporciona el impetrante y agréguese como información de contacto para que los actuarios adscritos a este juzgado federal puedan entablar comunicación no procesal, y acordar previamente la realización de las notificaciones personales, con el objeto de asegurar el éxito de la diligencia, de conformidad con los artículos 22 y 23 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con el propósito de evitar dilaciones en el presente asunto, al respecto, requiérase a los actuarios adscritos a este juzgado, a efecto de que observen lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las resoluciones que se dicten deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente, salvo en materia penal, dentro o fuera del procedimiento, en que se notificará inmediatamente en que sean pronunciadas. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. DIGITALIZACIÓN Y EXPEDIENTE ELECTRÓNICO En observancia a los Acuerdos Generales conjuntos 1/2009 y 1/2013 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, así como el diverso Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, el cual en el transitorio tercero precisa que queda derogado el Título Cuarto, De los servicios electrónicos del CJF, del Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y al artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las constancias indispensables para su debida integración. COMUNICACIÓN ENTRE ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. RESERVA DE INFORMACIÓN De conformidad con lo establecido en los artículos 18, 23, 24, fracción VI, 68, 73, fracciones II y V, 111, 113, fracción V, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 9º, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, -que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y reformado mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; 1º, 2º, fracción V, 3º, fracción X; 4º, 7º, 17, 18 y 24 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete -que entró en vigor al día siguiente de su publicación-; así como los diversos numerales 1º, fracción l, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -este último aplicable al caso concreto de conformidad con los artículos Segundo Transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Cuarto y Séptimo transitorios del decreto por el que se emitió la Ley General en comento-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite a las partes y a sus autorizados la utilización de medios electrónicos a efecto de obtener la reproducción de los acuerdos que obran en el presente juicio. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DENTRO DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL Se precisa a las partes, que en caso de que deseen consultar el expediente electrónico en los equipos de cómputo que están a su disposición en este órgano jurisdiccional, deberán generar una cita a través de un proceso automatizado disponible en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el que se les otorgará un Código QR que permitirá a éstas y, en su caso, a otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresar al órgano jurisdiccional, plenamente identificadas y registradas, dicho código podrá presentarse electrónicamente en un dispositivo móvil o podrá llevarse impreso, en el entendido de que la cita durará un máximo de veinticinco minutos, de conformidad con los artículos 3, 6 , fracción II, y 8, del referido Acuerdo General 21/2020. INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS Con apoyo en el artículo 2°, fracción VI, del referido Acuerdo General 21/2020, se instruye a los secretarios de este juzgado para que se realice la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos, asimismo, en caso de detectar alguna omisión, lo hagan saber a la titular para ordenar que se subsane de inmediato. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese personalmente al promovente y por oficio al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad. Así, lo proveyó y firma la licenciada Karina Esther Santiago Espinoza, Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, encargada del despacho, en términos del artículo 43, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con motivo de la licencia académica otorgada a la Titular de este juzgado, por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de diez de marzo de dos mil veintiuno, con el apoyo en el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la carrera judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales; asistida por el licenciado Gerardo Flores Báez, Secretario que autoriza y da fe.

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