Gelvin López González

Expediente 364/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
364/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
20/07/2022

Partes del expediente

  • Gelvin López González

Actuaciones

  1. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veinte de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, al haber transcurrido el término de cinco días a que alude el artículo 98 de la Ley de Amparo, en términos del diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de la propia ley invocada, para interponer recurso de queja en contra del proveído en el que se desechó la demanda, sin que los impetrantes hubiesen ejercido ese derecho; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de referencia HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación; se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio en el que se desechó la demanda de amparo. Se precisa que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, habida cuenta que no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. En virtud de lo anterior, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación; acorde a lo dispuesto en el citado artículo 21 del mismo ordenamiento legal.

  2. Principal

    (CITATORIO) LISTA QUEJOSO Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a treinta de junio de dos mil veintidós. RADICACIÓNVista la demanda de amparo promovida por ******* y *******, por propio derecho, contra actos del Fiscal Primero Especializado en la Investigación de Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Trata de Personas, con residencia en esta ciudad y otras autoridades, por violación a los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales. Fórmese expediente, anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 364/2022, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). REPRESENTANTE COMÚNCon fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se designa como representante común a *******, sin perjuicio de que los quejosos puedan designar uno diverso con posterioridad. ACTOS RECLAMADOSDel escrito inicial de demanda, en un sentido congruente con todos sus elementos, además atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión se precisan como actos reclamados: 1. Al Fiscal Primero Especializado en la Investigación de Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Trata de Personas, con residencia en esta ciudad: a. La integración de la carpeta de investigación en donde se encuentra como ofendida la persona de identidad resguardada con las iniciales L. E. L. R; y, b. La posible orden de detención o presentación emitida por la autoridad responsable en contra de los aquí quejosos, en los autos de la carpeta de investigación. 2. Del Director de la Institución Educativa CONALEP (Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica), con residencia en esta ciudad: a). El hecho de haber llevado a la Fiscalía Primera Especializado en la Investigación de Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Trata de Personas de esta ciudad, a la menor de iniciales L. E. L. R. sin que haya tomado en consideración a los aquí quejosos y sin hacer del conocimiento la causa, motivo o razón de su actuar. 3. De la Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF (Desarrollo Integral de la Familia), con residencia en esta ciudad: a). La omisión de comunicar a los aquí quejosos, la situación de la menor de iniciales L. E. L. R., así como la determinación de dejarla en resguardo de Esperanza Reyes Azures, sin hacerles del conocimiento. SEPARACIÓN MATERIAL DE JUICIOS De lo anterior, se advierte que la parte quejosa reclama en el presente juicio de amparo actos que se encuentran totalmente desvinculados entre sí; ya que a cada autoridad señalada como responsable, le reclama diverso acto como se precisó en el párrafo precedente. Ahora, primeramente se menciona que el precepto 17 constitucional estatuye los diversos principios de justicia completa, pronta y expedita, entonces, se tiene que la facultad de decretar de oficio la separación que corresponda, puede ejercerse de plano, o sea, sin substanciar artículo o incidencia previa. En este entorno, se afirma que en la especie procede decretar de oficio la acumulación de que se trata, contrario sensu por los artículos 72, 73 y 75 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Así las cosas, aplicando en sentido contrario las disposiciones que regulan la acumulación de juicios precisadas por el artículo 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, esta potestad federal se encuentra facultada para decretar, de oficio, la separación de juicios, en aquéllos casos en que así proceda. Por tanto, es procedente la SEPARACIÓN MATERIAL DE JUICIOS, respecto de los actos que la parte quejosa reclama a las autoridades responsables Director de la Institución Educativa CONALEP (Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica); y, Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF (Desarrollo Integral de la Familia), ambos con residencia en esta ciudad. En ese sentido, ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL SE AVOCA AL CONOCIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO RADICADA CON EL NÚMERO 364/2022, únicamente por cuanto hace a los actos reclamados al Fiscal Primero Especializado en la Investigación de Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Trata de Personas, con residencia en esta ciudad. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En tales condiciones, en atención a la circular DGGJ/0012/2020, de diez de julio del año en curso, emitida por la Titular de la Dirección General de Gestión Judicial, gírese oficio al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común B de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad; vía correo electrónico institucional, adjuntando los datos necesarios para su registro, el turno correspondiente a la normativa vigente (de manera aleatoria o relacionada). Una vez hecho lo anterior, con la boleta de turno que envié la Oficina de Correspondencia Común B de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, mediante la cual se identifique el órgano al que le fue turnado el asunto, remítase copia certificada de la presente demanda de amparo. Asimismo, hágase de su conocimiento que el turno que se solicita es respecto a la separación de juicios ordenada en los presentes autos, por lo que se indican los datos necesarios para tal fin, siendo éstos los siguientes: ****** En relación al acto reclamado a la autoridad responsable Fiscal Primero Especializado en la Investigación de Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Trata de Personas, con residencia en esta ciudad, consistente en: a. La integración de la carpeta de investigación en donde se encuentra como ofendida la persona de identidad resguardada con las iniciales L. E. L. R. A criterio de esta juzgadora Federal, se surte la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [. ] Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.] El numeral citado en primer orden, establece, en lo conducente, que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I, del artículo 5º de la citada ley. Por su parte, en el último numeral y fracción destacados de la citada ley, aluden a que el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos fundamentales afectados con el acto reclamado y se identifica con el derecho subjetivo que supone una facultad de exigir y un deber jurídico correlativo de cumplir dicha exigencia, sólo el sujeto titular de esos derechos puede ocurrir al juicio de amparo y no otra persona. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la tesis 1a./J. 38/2016 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, Materia: Común, página seiscientos noventa, de rubro: INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. ; señaló que el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Sobre esa base, para que el juicio de amparo sea procedente se requiere, indispensablemente, que quien lo promueve demuestre la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, que el acto de autoridad genere una afectación a tal derecho. Ahora, si bien es cierto que el Ministerio Público, al integrar una carpeta de investigación actúa como autoridad, en atención a que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, también lo es que el desahogo de diligencias para tal fin, así como la emisión de la resolución que dé lugar a la judicialización de dicha carpeta, per se, no causa un daño o perjuicio al gobernado, a menos que se emitiera una determinación por la autoridad ministerial que ordenara se le privara ilegalmente de la libertad, de sus posesiones o derechos. Apoya lo anterior la tesis aislada II.2o.P.51 P (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, consultable en el libro 47, octubre de 2017, tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro: SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LOS ACTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO TENDENTES Y PROCESALMENTE INDISPENSABLES EN LA SECUENCIA DE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, YA SEA INFORMAL O JUDICIALIZADA, AL SER DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL, NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO GENERADORES DE AFECCIÓN AL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO . Lo anterior patentiza que el acto destacado como reclamado no afecta los derechos humanos de los promoventes, ya que el inicio de una carpeta de investigación, así como los actos de investigación, en sí mismos, no constituyen acciones que invadan o vulneren su esfera jurídica, ya que encuentran su justificación, en el artículo 21 constitucional, además de que sus consecuencias quedarán supeditadas a la decisión del juzgador que llegue a conocer de la carpeta de investigación; de manera que, como se ha establecido, tales actos no les causan un daño o perjuicio, al ser el inicio de una carpeta de investigación, así como propiamente los actos tendentes a la averiguación de los delitos, entre otras, cuestiones de orden público, que en su caso, quedan sometidas a la calificación de procedencia del juez de control. En ese orden, es indudable que los actos relativos al trámite de la investigación inicial, y aun a la resolución sobre judicialización o ejercicio de la acción penal a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendente a su suspensión o paralización, incluso del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque no irrogan perjuicio al gobernado pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse ante el juez de control. En consecuencia, con fundamento en lo señalado en la jurisprudencia anteriormente reseñada; y, de conformidad con los artículos antes transcritos además del 111 de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO EN EL INCISO A), por existir motivo manifiesto e indudable de improcedencia. DESECHAMIENTO RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO SEÑALADO CON EL INCISO B) En relación al acto reclamado a la autoridad responsable Fiscal Primero Especializado en la Investigación de Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Trata de Personas, con residencia en esta ciudad, consistente en: b) La posible orden de detención o presentación emitida por la autoridad responsable en contra de los aquí quejosos, en los autos de la carpeta de investigación. El artículo 113 de la ley de la materia, establece que el Juez de Distrito, debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable , que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. El citado artículo 113 de la Ley de Amparo establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En este aspecto, del contenido de los artículos 5°, fracción I, 6º, y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, se deduce que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no afecta la esfera jurídica de la quejosa, es decir, cuando no produce una afectación real y actual a sus derechos ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Es por ello, que la persona solicitante de la protección constitucional debe acreditar ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera real y directa con el acto que reclama. Por lo que, es claro que el presente juicio de amparo promovido en contra de la posible orden de detención o presentación emitida por la autoridad responsable en contra de los aquí quejosos, en los autos de una carpeta de investigación, no le causa un daño o perjuicio actual, real y directo, por ser un acto futuro e incierto, en virtud de que su realización no es segura por depender de la investigación que realice la autoridad responsable, por lo que el acto que aquí se reclama, no es inminente, al no existir certeza de que se va a ejecutar. No se inadvierte, el contenido de la jurisprudencia 1a./J. 25/2003, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: DEMANDA DE AMPARO. LA RECLAMACIÓN DE UN ACTO FUTURO O INCIERTO, DEL CUAL NO PUEDA SABERSE CON EXACTITUD SI ES INMINENTE O SI LLEGARÁ O NO A MATERIALIZARSE, NO CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE. ; en la cual se establece que no es dable desechar de plano la demanda de amparo cuando se reclame un acto futuro e incierto, cuando es necesario contar con mayores elementos para determinar si llegará o no a materializarse; sin embargo, en el caso se considera que no es necesario contar con mayores datos, para arribar a la conclusión de que no estamos ante un acto futuro e incierto, en razón de que en la demanda no se hace manifestación alguna en cuanto a que advirtieran la existencia de una posible orden de detención en su contra, sino que se limitan a señalar que comparecieron ante la Fiscal Primero Especializado en la Investigación de Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Trata de Personas, con residencia en esta ciudad, y les informaron que se encuentran integrando una carpeta de investigación en su contra; lo que de modo alguno indica que por el momento exista una orden como la reclamada. Ante tal situación que se considere actualizada de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso precepto 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, por lo que el presente asunto resulta improcedente. En razón de lo expuesto y con apoyo en el artículo 113, en relación con el diverso 107, fracción V, este último, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA por ser manifiesta e indudable su improcedencia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado por los promoventes en su escrito de demanda y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a José Antonio García del Ángel, toda vez que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, tal como se advierte de la certificación secretarial de cuenta; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, en términos del segundo párrafo del citado numeral a Ramiro González Cobos, al no contar con su cédula profesional registrada en el sistema computarizado de mérito, así como a Angélica Marianne Huerta de Luna, por así haberlo solicitado expresamente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con el propósito de evitar dilaciones en el presente asunto, al respecto, requiérase a los actuarios adscritos a este juzgado, a efecto de que observen lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las resoluciones que se dicten deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente, salvo en materia penal, dentro o fuera del procedimiento, en que se notificará inmediatamente en que sean pronunciadas. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. DIGITALIZACIÓN Y EXPEDIENTE ELECTRÓNICO En observancia a los Acuerdos Generales conjuntos 1/2009 y 1/2013 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, así como el diverso Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, el cual en el transitorio tercero precisa que queda derogado el Título Cuarto, De los servicios electrónicos del CJF, del Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y al artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las constancias indispensables para su debida integración. COMUNICACIÓN ENTRE ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. RESERVA DE INFORMACIÓN De conformidad con lo establecido en los artículos 18, 23, 24, fracción VI, 68, 73, fracciones II y V, 111, 113, fracción V, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 9º, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, -que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y reformado mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; 1º, 2º, fracción V, 3º, fracción X; 4º, 7º, 17, 18 y 24 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete -que entró en vigor al día siguiente de su publicación-; así como los diversos numerales 1º, fracción l, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -este último aplicable al caso concreto de conformidad con los artículos Segundo Transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Cuarto y Séptimo transitorios del decreto por el que se emitió la Ley General en comento-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite a las partes y a sus autorizados la utilización de medios electrónicos a efecto de obtener la reproducción de los acuerdos que obran en el presente juicio. EXHORTO PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN CON LAS PARTES De conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se invita a las partes a que: a) De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. b) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, lo que significa que no podrá practicarse ninguna notificación a través de estos medios, únicamente son para establecer contacto. El contenido de estos contactos deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DENTRO DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL Se precisa a las partes, que en caso de que deseen consultar el expediente electrónico en los equipos de cómputo que están a su disposición en este órgano jurisdiccional, deberán generar una cita a través de un proceso automatizado disponible en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el que se les otorgará un Código QR que permitirá a éstas y, en su caso, a otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresar al órgano jurisdiccional, plenamente identificadas y registradas, dicho código podrá presentarse electrónicamente en un dispositivo móvil o podrá llevarse impreso, en el entendido de que la cita durará un máximo de veinticinco minutos, de conformidad con los artículos 3, 6 , fracción II, y 8, del referido Acuerdo General 21/2020. INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS Con apoyo en el artículo 2°, fracción VI, del referido Acuerdo General 21/2020, se instruye a los secretarios de este juzgado para que se realice la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos, asimismo, en caso de detectar alguna omisión, lo hagan saber a la titular para ordenar que se subsane de inmediato. DILIGENCIAS PERSONALES De conformidad con el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021 y 1/2022, las diligencias personales que se realicen en este asunto, deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud del servidor público que la realice y de las personas justiciables.

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