Geovana Jazmín Cervantes Pérez
Expediente 1696/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1696/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 08/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Geovana Jazmín Cervantes Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, ocho de febrero de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Visto el estado de autos se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, -a quien en dado caso le pudiera perjudicar las determinaciones que aquí se dicten-, haya interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, en contra de la sentencia engrosada el trece de enero de dos mil veintitrés, dictada por este juzgado de Distrito, en la cual se determinó sobreseer el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con los artículos 21, primer párrafo, inciso a) tercer párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales s/n, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído que no tiene relevancia documental para su conservación. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y una vez que transcurran tres años, desde esta fecha, procédase a la destrucción del expediente dentro del plazo de treinta días siguientes y a remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que haya lugar a ordenar notificar de manera personal el presente acuerdo, acorde al segundo párrafo del artículo 21 del acuerdo en cita, en razón de que no hay documentos originales en este expediente, por tanto, se ordena su notificación por lista. Notifíquese. Así lo acordó y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Rosa María Luna Mercado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Juicio de amparo: 1696/2022********************Quejosa: ******************** ****************************************Jueza: Nadyelly López Guevara********************Secretario: Mac Quetzin Murillón Duarte************************************************************S E N T E N C I A****************************************Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos ha tenido vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 1696/2022; y********************R E S U L T A N D O********************1. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito depositado el diez de noviembre de dos mil veintidós en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado De México, con residencia en Toluca, Estado de México y remitido por razón de turno, al Juzgado Octavo de Distrito en materia de Amparo y juicios Federales en el Estado de México, en la citada jurisdicción, ********************, así como otro quejoso, solicitaron el amparo y protección de la justicia federal, en lo que interesa, respecto de la primer promovente en mención, contra las siguientes autoridades [1] Directora General, [2] Titular del Área de Servicio Médico, y [3] Comité Técnico del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS Femenil Morelos", por el siguiente acto reclamado:******************** "IV.- Así mismo, respecto de las autoridades señaladas en los incisos c), d) y e), se reclama:********************ac).- La violación al derecho a la salud y protección de la vida de la suscrita quejosa Geovana Jazmín Cervantes Pérez, al no proporcionarme atención médica en las especialidades de medicina general, dermatología las cuales necesito de manera urgente, atento a los antecedentes médicos que obran en mi expediente médico.********************ad).- La violación al derecho a la salud y protección de la vida de la suscrita quejosa Geovana Jazmín Cervantes Pérez, al no proporcionar medicamentos, tratamientos médicos, y atención médica de las especialidades de medicina general y dermatología de forma periódica como lo marca la norma.********************ae).- La imposición de tratos crueles, inhumanos y degradantes, al no proporcionar atención médica y medicamentos a la suscrita quejosa Geovana Jazmín Cervantes Pérez, necesarios para la preservación de la salud de la vida de ésta.********************af).- La incomunicación y segregación de que es objeto la suscrita quejosa Geovana Jazmín Cervantes Pérez, por parte de las autoridades responsables señaladas en los incisos c), d) y e). "********************2. Preceptos constitucionales que se estiman violados. Artículos 1, 4°, 14, 16, 18, 19 y 22.********************3. Incompetencia, aceptación de la misma, admisión de la demanda y trámite del juicio. Por auto de diez de noviembre de dos mil veintidós, dictado por el Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, en lo que respecta al presente asunto, radicó la demanda, decretó la suspensión de plano en favor de los quejosos en cuanto a los actos consistentes en la incomunicación y segregación, además se declaró incompetente para conocer de la demanda presentada exclusivamente por la referida quejosa ******************** y declinó competencia al Juez de Distrito en el Estado de Morelos, en turno. ********************Luego, mediante oficio 43385/2022 Bis, el Juzgado Octavo de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México remitió la demanda de la quejosa ********************, y fue recibida el once de noviembre siguiente, por razón de turno, por este Juzgado Primero de Distrito en la citada jurisdicción.********************Posteriormente, en acuerdo de once de noviembre de dos mil veintidós, este juzgado aceptó la competencia y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por la referida quejosa, la admitió a trámite, pidió a las autoridades responsables su informe justificado, dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, no ordenó formar el incidente de suspensión, toda vez que en auto de diez de noviembre de dos mil veintidós, el Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, proveyó al respecto, no advirtió la existencia de tercero interesado, además requirió al Delegado de la Defensoría Pública Federal, en el Estado de Morelos, para que designara un defensor público a la quejosa, le hizo saber a las partes su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, determinando que resultaban aplicables las disposiciones para la protección de los datos personales y sensibles que en su caso se integren al expediente, sin que las partes realizaran manifestación alguna al respecto; y, fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional.********************Después, en auto de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, se tuvo por aceptado el cargo conferido a Miguel Ángel Hernández Rodríguez, como Defensor Público Federal designado para actuar como asesor jurídico de la citada quejosa.********************Seguidamente, derivado del contenido del informe justificado, en acuerdo de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, se dio vista a la quejosa con la manifestación de las responsables en torno a la inexistencia de la autoridad denominada [1] "Titular del Área de Servicio Médico del Centro Federal de Readaptación Social número 16 CPS Femenil Morelos", pues no se encontraba dentro de la estructura orgánica de dicha dependencia, apercibiendo a la impetrante que de no realizar manifestación alguna, sería declarada la inexistencia de la referida autoridad.********************Luego, en el acta de audiencia constitucional que obra al inicio de la presente resolución, se hizo constar que transcurrió el término de tres días concedido a la quejosa, sin que realizara manifestación alguna respecto a la inexistencia de la autoridad mencionada en el párrafo que precede y, por tanto, se hizo efectivo el apercibimiento decretado y se tuvo por no señalada a la autoridad responsable que la parte quejosa señaló como "Titular del Área de Servicio Médico del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS Femenil Morelos", para todos los efectos legales consiguientes.********************Finalmente, el doce de enero de dos mil veintitrés, tuvo verificativo la audiencia constitucional de conformidad con lo asentado en el acta que antecede.********************C O N S I D E R A N D O********************Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como con el acuerdo general número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, ya que se trata de un juicio constitucional en el que se reclaman actos de autoridad ejecutados dentro del ámbito territorial en la que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción en amparo en todas las materias.********************Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados en este juicio consisten en:********************Autoridades responsables********************Actos reclamados****************************************[1] Directora General; y********************[2] Comité Técnico;********************Ambos del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS Femenil Morelos".********************a) La falta de atención médica, al no proporcionarle a la quejosa los medicamentos y tratamiento en área de medicina general y dermatología.********************b) La incomunicación y segregación.************************************************************III. Inexistencia de parte de los actos reclamados. No son ciertos los actos consistentes en b) la incomunicación y segregación, reclamados de las autoridades responsables [1] Directora General y [2] Comité Técnico, ambos del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS Femenil Morelos", pues la primera al momento de rendir su informe justificado, en su representación y como superiora jerárquica de la segunda, negó la existencia de tales actos, sin que la quejosa hubiera desvirtuado tal negativa.********************Lo anterior aunado a que promovió el presente juicio de amparo por propio derecho, e incluso suscribió la demanda de amparo en cuestión -en tanto que en la imagen digitalizada remitida por el juzgado declinante así se advierte, aunado a que no fue asentado por el oficial de partes respectivo que dicha demanda no tenía firma, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 32/2011 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con registro 200013, de rubro "PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA"-, de lo cual se colige que no se encontraba incomunicada.********************Además, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, en específico las relativas al expediente ********************que corresponde a la referida quejosa, de las cuales se advierte el memorándum ********************el cual contiene información sobre la correspondencia recibida por la quejosa en distintas datas de tres de mayo, ocho de julio, veintinueve de agosto, siete de septiembre, veintidós de septiembre, diecisiete de noviembre, todas de dos mil veintidós, asimismo consta que ha sido enviada correspondencia por la referida impetrante el veinte de julio, dos y diecisiete de agosto, veintiuno de septiembre, tres de noviembre y uno de diciembre, todos de dos mil veintidós, lo que además se corrobora con los formatos de entrega de correspondencia y paquetería recibidos por la quejosa el veinticuatro de abril, doce de mayo, once de julio, treinta y uno de agosto y once de septiembre, todos de dos mil veintidós.********************Asimismo, de las constancias remitidas por las responsables obran las papeletas telefónicas en las que constan los números de teléfono autorizados a marcar, con los que se tuvo comunicación en los meses de mayo, junio, septiembre, octubre y noviembre, además, se advierte que ha tenido visitas en los meses de abril, mayo, junio, septiembre, octubre y noviembre todos de dos mil veintidós.********************Documentales que, cuentan con valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2º, al tratarse de documentos públicos por haber sido expedidos por autoridades en ejercicio de sus funciones.********************Así es, pues ante la negativa de los actos por parte de las autoridades responsables, lo informado por éstas goza de presunción de veracidad; entonces, es a la quejosa a la que corresponde la carga de probar lo contrario, lo cual puede hacer durante el juicio mediante el ofrecimiento de las pruebas conducentes y hasta la audiencia constitucional; sin embargo, no ofreció medio de convicción alguno que tenga el alcance de desvirtuar la negativa manifestada por las autoridades responsables en sus informes justificados.********************Sirve de sustento la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con registro digital 210769, de rubro y texto: ********************"ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados."********************En consecuencia, ante la negativa de los actos reclamados por parte de las autoridades responsables y toda vez que tal circunstancia no fue desvirtuada por la parte quejosa, de conformidad con el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio respecto de los actos reclamados precisados en párrafos que anteceden a las autoridades responsables [1] Directora General y [2] Comité Técnico, ambos del Centro Federal de Readaptación Social número 16 "CPS Femenil Morelos".********************IV.- Existencia de uno de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado consistente en a) la falta de atención médica, al no proporcionarle a la quejosa los medicamentos y tratamiento en área de medicina general y dermatología, atribuido a las autoridades responsables, pues con independencia de lo que manifestaron al rendir su informe justificado, las autoridades penitenciarias se encuentran obligadas a brindar atención médica a la parte quejosa, en tanto se encuentra interna en el centro carcelario que aquellas administran, lo que se corrobora con el expediente médico remitido al presente asunto, del que se advierte que la parte impetrante se encuentra interna en dicha institución donde se le ha otorgado atención médica y tratamientos para diversos padecimientos.********************Luego, la materia de estudio consiste en determinar si la atención a que están obligadas las responsables, se ha brindado cuando ha sido necesaria y si es la adecuada y suficiente para los padecimientos que la parte peticionaria aduce tener, por tanto, lo adecuado o no de ese tratamiento y lo necesario o no de lo solicitado es una cuestión de fondo.********************V.- Improcedencia del juicio de amparo. El análisis de las causales de improcedencia es una cuestión de orden público y estudio oficioso en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. ********************En el caso, en cuanto al acto reclamado a las autoridades responsables [1] Directora General y [2] Comité Técnico, ambos del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS Femenil Morelos", consistente en a) la falta de atención médica, al no proporcionarle a la quejosa los medicamentos y tratamiento en área de medicina general y dermatología, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque no se acató el principio de definitividad que rige este medio de control constitucional, ya que la parte quejosa antes de presentar su demanda de amparo, fue omisa en agotar el procedimiento de ejecución penal que contiene el mecanismo de control denominado peticiones administrativas.********************Del numeral citado se advierte que el juicio de amparo será improcedente contra actos de autoridad distinta de las judiciales, administrativas o del trabajo, respecto de los cuales proceda algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual aquéllos puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal correspondiente, con los mismos o menores requisitos que los exigidos para ello por la Ley de Amparo.********************Ahora, en el caso, el artículo 107 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establece un procedimiento administrativo de peticiones a través del cual los sujetos a quienes pueda afectar en mayor o menor medida las condiciones de internamiento en un centro, -cuestiones como las de infraestructura suficiente, suministros, ubicación, acceso a servicios básicos y alimentación, atención médica, educación, capacitación y opciones para el trabajo, recreación y actividades culturales, régimen de visitas, higiene en las instalaciones del centro y servicios sanitarios, etcétera-, puedan reclamar ante las autoridades penitenciarias hechos, actos u omisiones respecto de esas condiciones cuando se relacionen con la vida digna y segura dentro del centro, y a través de ella, una vez substanciado el procedimiento previsto en los artículos 110 a 113 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, tener la posibilidad de su modificación, anulación o cesación según se trate de un acto positivo, negativo u omisivo; resolución que incluso, puede ser impugnada en sede jurisdiccional por medio de la controversia prevista en el numeral 116 y a su vez ésta puede ser apelada en caso de considerar que la resolución es contraria a sus intereses. ********************Además, tratándose de casos que el agraviado considere como urgentes, el artículo 115 de la multicitada norma indica que la petición podrá realizarse ante el Juez de Ejecución o Control, según sea el caso, quien de oficio suspenderá el acto o hecho que motivó la petición y sus efectos, y en caso de omisiones, determinará las acciones a realizar por la autoridad penitenciaria. ********************Mecanismo de control que constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión. Asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes.********************En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida.********************Ahora bien, en el caso, del contenido del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados, en esencia, la omisión de que se le proporcione atención y medicamento para los padecimientos que refiere -problemas renal y de acné crónico-; sin embargo, conforme a lo antes citado, toda vez que lo reclamado es una cuestión inherente a las condiciones de internamiento de la parte quejosa en el centro de reclusión en el que se encuentra, es inconcuso que está en aptitud de acudir ante la autoridad correspondiente para hacer valer la petición administrativa que establece a su favor la Ley Nacional de Ejecución Penal, tal como se desarrolló en párrafos precedentes, previo a promover la demanda de amparo, y en caso de estar inconforme con la respuesta, formular controversia ante el Juez de Ejecución.********************Es así, pues como se puede observar de autos, la parte quejosa se encuentra recluida en el Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS Femenil Morelos"; por tanto, está en condiciones de realizar su solicitud ante la autoridad penitenciaria, de ahí que se actualice la causal de improcedencia en estudio. ********************Es aplicable al caso, la Jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:********************"OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad."********************En consecuencia, con fundamento en la fracción V, del artículo 63, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo, respecto del acto reclamado consistente en a) la falta de atención médica, al no proporcionarle a la quejosa los medicamentos y tratamiento en área de medicina general y dermatología, [1] Directora General y [2] Comité Técnico, ambos del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS Femenil Morelos". ********************Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 73 a 76 de la Ley de Amparo; se********************R E S U E L V E:********************Único. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, contra los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas y por las razones precisadas en los considerandos III y V de este fallo.********************Notifíquese personalmente; y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).********************Así lo resuelve y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistida de Mac Quetzin Murillón Duarte, Secretario que autoriza y da fe, hoy trece de enero de dos mil veintitrés, en que las labores de este juzgado así lo permitieron.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinte de diciembre de dos mil veintidós. ...Visto el estado que guardan los autos de los que se advierte que por acuerdo de dieciséis de diciembre del año en curso, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por la autoridad responsable, asimismo, se dio vista a la parte quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga respecto de la inexistencia de la autoridad denominada "Titular del Área de Servicio Médico del Centro Federal de Readaptación Social Número "16" CPS Femenil Morelos", por lo que se encuentra transcurriendo el plazo concedido. En consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional y se fijan de nueva cuenta las once horas con treinta minutos del doce de enero de dos mil veintitrés, para su desahogo. Notifíquese.
- Principal
En términos el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se notifica vía electrónica a la parte quejosa por conducto de su defensor público federal el presente acuerdo, el cual dice: Cuernavaca, Morelos, dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. ....Agréguese a sus autos el informe justificado que rinde la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social número 16 "CPS FEMENIL MORELOS", en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido, del informe se ordena dar vista a las partes para que procedan en los términos legales correspondientes. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecidas las documentales que remite la autoridad responsable, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación en el momento procesal oportuno. De igual manera, se tiene a la autoridad oficiante informando que en relación al oficio 4483, dirigido a la autoridad denominada "Titular del Área de Servicio Médico del Centro Federal de Readaptación Social Número "16" CPS Femenil Morelos", que dicha autoridad es inexistente dentro de la estructura orgánica de esa dependencia. En esas condiciones, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, se ordena dar vista, para que dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que de no realizar manifestación alguna, será declarada la inexistencia de la autoridad que señaló como "Titular del Área de Servicio Médico del Centro Federal de Readaptación Social Número "16" CPS Femenil Morelos". Es aplicable a lo anterior, la tesis jurisprudencial 2a./J.153/2019, publicada el seis de noviembre de dos mil diecinueve; sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la décima época, bajo el siguiente rubro: "AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO. PREVIAMENTE A DECLARAR SU INEXISTENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO Y APERCIBIRLO PARA QUE ACLARE LA DENOMINACIÓN DE AQUELLA QUE NO FUE POSIBLE EMPLAZAR". Finalmente, se tienen por hechas sus manifestaciones respecto de que la autoridad responsable señalada como Comité Técnico del Centro Federal de Readaptación Social número 16 "CPS FEMENIL MORELOS", no tiene facultades para ordenar y ejecutar los actos reclamados, lo que, de ser el caso, serán tomadas en consideración al dictar la sentencia de ley. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa por conducto de su defensor público.
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