Geovana Jazmin Cervantes Perez

Expediente 1694/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 12 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1694/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
18/05/2023

Partes del expediente

  • Geovana Jazmin Cervantes Perez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, en contra de la sentencia dictada en autos, en la cual se determinó sobreseer en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con los artículos 21, primer párrafo, inciso a) y tercer párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales s/n, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído que no tiene relevancia documental para su conservación. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, desde esta fecha, procédase a la destrucción del expediente dentro del plazo de treinta días siguientes y a remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que haya lugar a ordenar notificar de manera personal el presente acuerdo, acorde al segundo párrafo del artículo 21 del acuerdo en cita; en razón que no hay documentos originales en este expediente, por tanto, se ordena su notificación por lista. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Rosa María Luna Mercado, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Juicio de amparo: 1694/2022 Quejosa: Geovana Jazmín Cervantes Pérez Jueza: Nadyelly López Guevara Secretaria: Erika de la Cruz Uribe S E N T E N C I A Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos ha tenido vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 1694/2022. R E S U L T A N D O 1. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el once de noviembre de dos mil veintidós, a través del portal de servicios en línea de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, Carlos González Hernández solicitó en favor de Geovana Jazmín Cervantes Pérez, el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del [1] Coordinador General de Centros Federales dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, [2] Director General de Política y Desarrollo Penitenciario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y [3] Directora General del Centro Federal de Readaptación Social número 16 "CPS Femenil, Morelos" -todas en su denominación correcta-, por los actos reclamados siguientes: "4.- ACTOS RECLAMADOS.- De las mencionadas autoridades responsables, SE RECLAMA: LA INCOMUNICACIÓN Y LA FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA." 2. Preceptos constitucionales que se estiman violados. Artículos 1, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 102 y 119 de la Constitución Federal. 3. Prevención y admisión de la demanda, trámite del juicio. Por acuerdo de once de noviembre de dos mil veintidós, este juzgado requirió a la directa quejosa en el centro de su reclusión para que en el acto de la notificación o dentro de los tres días siguientes, manifestara si ratificaba o no la demanda promovida a su favor, en el entendido de que si la ratificaba se tramitaría el juicio, de lo contrario se tendría por no presentada la demanda y quedarían sin efectos las providencias dictadas; asimismo, se decretó la suspensión de plano de los actos reclamados. El mismo día once de noviembre de dos mil veintidós, la quejosa manifestó en la diligencia de notificación que sí ratificaba la demanda de amparo y firmó dicha diligencia; por lo que en proveído de catorce de noviembre siguiente, este juzgado admitió a trámite la demanda de amparo, pidió a las autoridades responsables su informe justificado, dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, no ordenó emplazar tercero interesado, al no advertir que le surgiera dicho carácter a persona alguna, le hizo saber a las partes su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, determinando que resultaban aplicables las disposiciones para la protección de los datos personales y sensibles que en su caso se integren al expediente, sin que alguna de las partes haya realizado manifestación al respecto; y, fijó día y hora para la audiencia constitucional. Asimismo, en el presente juicio se tuvo por inexistentes a las autoridades responsables señaladas como [4] Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Readaptación Social número 16 "CPS Femenil Morelos", [5] Titular del Sistema Penitenciario Federal, con residencia en la Ciudad de México y [6] Titular de la División de Fuerzas Federales de la Policía Federal, ya que no obstante que se requirió a la quejosa para que aclarara la denominación, ésta no realizó aclaración alguna. Finalmente, el doce de abril de dos mil veintitrés, tuvo verificativo la audiencia constitucional, en los términos asentados en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, con fundamento en los artículos 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, así como el acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, puesto que se trata de un amparo en el que se reclaman actos de incomunicación y omisión de proporcionar atención médica, atribuidos a autoridades administrativas, con ejecución dentro del ámbito territorial en el que este juzgado federal ejerce jurisdicción en amparo en todas las materias. II. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados en este juicio consisten en: Autoridades responsables [1] Coordinador General de Centros Federales dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. [2] Director General de Política y Desarrollo Penitenciario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. [3] Directora General del Centro Federal de Readaptación Social número 16 "CPS Femenil, Morelos" Actos reclamados La incomunicación de la quejosa. La omisión de proporcionar atención médica a la impetrante de amparo, respecto de los padecimientos presentados el once de noviembre de dos mil veintidós -sangrado abundante, acné facial y poli artralgias en manos y pies-. III. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado al [1] Coordinador General de Centros Federales dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, [2] Director General de Política y Desarrollo Penitenciario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y [3] Directora General del Centro Federal de Readaptación Social número 16 "CPS Femenil, Morelos", consistente en: a) la incomunicación de la quejosa, pues en su informe justificado negaron su existencia, circunstancia que no fue desvirtuada por la impetrante de amparo. Es así, porque ante la negativa del acto por parte de las autoridades responsables, lo informado por éstas goza de presunción de veracidad; entonces, es a la parte quejosa a quien corresponde la carga de probar lo contrario, lo cual puede hacer durante el juicio mediante el ofrecimiento de las pruebas conducentes y hasta la audiencia constitucional; sin que lo haya hecho. Además, porque de las constancias que remitió la autoridad citada en último lugar, las cuales obran en el disco versátil digital "DVD", por lo que se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 93, fracción VII, 188, 197 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2, cuya reproducción se ordenó al momento de emitir la presente sentencia, se advierte que obra el expediente CRM-2610 que corresponde a la quejosa, y entre los documentos que lo conforman obra el memorándum CFRS16/DG/SAT/273/2022, de tres de diciembre de dos mil veintidós, signado por el Subdirector de Apoyo Técnico del Centro Federal de Readaptación Social número 16 "CPS Femenil, Morelos", que contiene la información sobre la correspondencia recibida y enviada por la quejosa en distintas fechas correspondientes a los meses de mayo, julio, agosto, septiembre y noviembre, todos de dos mil veintidós, lo que se corrobora de los formatos de entrega de correspondencia y paquetería recibidos por la impetrante de amparo. Asimismo, consta que ha recibido diversas visitas de su progenitora, defensor particular, hijo menor y primos, como se desprende de los pases extraordinarios en distintas fechas correspondientes a los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, todos del año dos mil veintidós, así como de los pases de ingreso al programa de televisita de quince de abril de dos mil veintidós, en los que consta que en esa data recibió la visita de su progenitora y tía materna. De igual forma se advierte que ha realizado diversas llamadas telefónicas a su progenitora, tío y tías, como se constata de las papeletas de solicitudes de llamadas telefónicas y ejecución de éstas en distintas fechas de los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, todos de dos mil veintidós. Es decir, contrario a lo afirmado por la parte quejosa no se advierte que se encuentre incomunicada, pues previo a la presentación de la demanda de amparo y con posterioridad a ésta ha tenido comunicación con su progenitora y demás familiares, así como con su defensa particular; de ahí que no se tenga por demostrado el acto reclamado consistente en tal incomunicación, máxime que en la diligencia de ratificación de la presente demanda de amparo, la actuaria de la adscripción entendió tal diligencia con la directa quejosa. Ahora bien, tampoco se tiene por acreditado el acto reclamado a las autoridades responsables [1] Coordinador General de Centros Federales dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y [2] Director General de Política y Desarrollo Penitenciario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, consistente en b) la omisión de proporcionar atención médica a la impetrante de amparo, respecto de los padecimientos presentados el once de noviembre de dos mil veintidós; toda vez que al rendir sus informes justificados negaron su existencia, esencialmente porque refirieron que no les correspondía la obligación de proporcionar dicha atención médica. Es así, pues en esencia las autoridades responsables precisaron que no les correspondía proporcionar atención médica a la quejosa, ya que la encargada de verificar y ejecutar lo relativo a las condiciones de internamiento de las personas privadas de su libertad, es la diversa autoridad [3] Directora General del Centro Federal de Readaptación Social número 16 "CPS Femenil, Morelos", pues es en dicho centro penitenciario en el que la quejosa se encuentra interna, de modo que la garante de la integridad física de la quejosa lo es dicha autoridad, la cual si bien también negó el acto reclamado, dicha negativa derivó de que esa autoridad afirmó que no ha sido omisa en proporcionar atención médica y medicamentos a la impetrante de amparo, puesto que le han sido proporcionados oportunamente desde su ingreso y durante el tiempo longitudinal de su estancia en dicho centro de readaptación social; es decir, admitió que es la encargada de proporcionar la atención médica y medicamentos reclamados. Por tanto, ante la negativa de los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio respecto de tales actos y autoridades responsables. IV. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable [3] Directora General del Centro Federal de Readaptación Social número 16 "CPS Femenil, Morelos", consistente en b) la omisión de proporcionar atención médica a la impetrante de amparo, respecto de los padecimientos presentados el once de noviembre de dos mil veintidós, toda vez que si bien negó la existencia del acto, dicha negativa derivó de que manifestó que contrario a lo afirmado por la quejosa, sí le ha proporcionado la atención médica y medicamentos requeridos. Entonces, el estudio en el presente juicio consiste en determinar si la atención médica a que está obligada la autoridad responsable ante la cual se encuentra interna la quejosa, se ha brindado de manera necesaria, adecuada y suficiente para el tratamiento de sus padecimientos que aduce haber tenido el once de noviembre de dos mil veintidós, lo cual es una cuestión de estudio del fondo del asunto. V. Improcedencia del juicio de amparo. La actualización de causas de improcedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente al fondo del asunto, lo aleguen o no las partes. En el caso, por cuanto al acto reclamado a la autoridad responsable [3] Directora General del Centro Federal de Readaptación Social número 16 "CPS Femenil, Morelos", consistente en b) la omisión de proporcionar atención médica a la impetrante de amparo, respecto de los padecimientos presentados el once de noviembre de dos mil veintidós, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque no se acató el principio de definitividad que rige este medio de control constitucional, ya que la quejosa previo a presentar su demanda de amparo, omitió agotar el procedimiento de ejecución penal que contiene el mecanismo de control denominado peticiones administrativas. Del numeral citado se advierte que el juicio de amparo será improcedente contra actos de autoridad distinta de las judiciales, administrativas o del trabajo, respecto de los cuales proceda algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual aquéllos puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal correspondiente, con los mismos o menores requisitos que los exigidos para ello por la Ley de Amparo. Ahora, en el caso, el artículo 107 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establece un procedimiento administrativo de peticiones a través del cual los sujetos a quienes pueda afectar en mayor o menor medida las condiciones de internamiento en un centro de reclusión, -cuestiones como las de infraestructura suficiente, suministros, ubicación, acceso a servicios básicos y alimentación, atención médica, educación, capacitación y opciones para el trabajo, recreación y actividades culturales, régimen de visitas, higiene en las instalaciones del centro y servicios sanitarios, etcétera-, puedan reclamar ante las autoridades penitenciarias hechos, actos u omisiones respecto de esas condiciones cuando se relacionen con la vida digna y segura dentro del centro, y a través de ella, una vez substanciado el procedimiento previsto en los artículos 110 a 113 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, tener la posibilidad de su modificación, anulación o cesación según se trate de un acto positivo, negativo u omisivo; resolución que incluso, puede ser impugnada en sede jurisdiccional por medio de la controversia prevista en el numeral 116 y a su vez ésta puede ser apelada en caso de considerar que la resolución es contraria a sus intereses. Además, tratándose de casos que el agraviado considere como urgentes, el artículo 115 de la multicitada norma indica que la petición podrá realizarse ante el Juez de Ejecución o Control, según sea el caso, quien de oficio suspenderá el acto o hecho que motivó la petición y sus efectos, y en caso de omisiones, determinará las acciones a realizar por la autoridad penitenciaria. Mecanismo de control que constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión. Asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Ahora bien, en el caso, del contenido del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados, en esencia, la omisión de que se le proporcione atención médica para los padecimientos que refiere presentó el once de noviembre de dos mil veintidós -que de la valoración médica se advierte corresponde a sangrado abundante, acné facial y poli artralgias en manos y pies-; sin embargo, conforme a lo antes citado, toda vez que lo reclamado es una cuestión inherente a las condiciones de internamiento de la parte quejosa en el centro de reclusión en el que se encuentra, es inconcuso que está en aptitud de acudir ante la autoridad correspondiente para hacer valer la petición administrativa que establece a su favor la Ley Nacional de Ejecución Penal, tal como se desarrolló en párrafos precedentes, previo a promover la demanda de amparo, y en caso de estar inconforme con la respuesta, formular controversia ante el Juez de Ejecución. Es así, pues como se puede observar de autos, la parte quejosa se encuentra recluida en el Centro Federal de Readaptación Social número 16 "CPS Femenil Morelos"; por tanto, está en condiciones de realizar su solicitud ante la autoridad penitenciaria, de ahí que se actualice la causal de improcedencia en estudio. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad." En consecuencia, con fundamento en la fracción V, del artículo 63, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo, respecto del acto reclamado consistente en b) la omisión de proporcionar atención médica a la impetrante de amparo, respecto de los padecimientos presentados el once de noviembre de dos mil veintidós, atribuido a la [3] Directora General del Centro Federal de Readaptación Social número 16 "CPS Femenil, Morelos". Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74 a 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E Único. Se SOBRESEE en el presente juicio, promovido por Geovana Jazmín Cervantes Pérez, en contra de los actos reclamados y las autoridades responsables señaladas, por las razones precisadas en los considerandos III y considerativo V de esta sentencia. Notifíquese personalmente, y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resolvió y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistida de Erika de la Cruz Uribe, secretaria que autoriza y da fe, el diecinueve de abril de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, doce de abril de dos mil veintitrés. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, la presente audiencia se genera de manera electrónica. En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a las diez horas con veinte minutos del doce de abril de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, en audiencia pública Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, asistida de Rosa María Luna Mercado, secretaria con quien legalmente actúa y da fe, procede a dar inicio a la audiencia constitucional del juicio de amparo indirecto 1694/2022, promovido por Carlos González Hernández, a nombre de Geovana Jazmín Cervantes Pérez, sin asistencia de las partes. Acto continuo, la secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que se encuentran por su importancia, escrito inicial de demanda, auto admisorio e informes justificados. Enseguida la Jueza acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Acto continuo, la Jueza abre el período probatorio: La secretaria da cuenta con el disco versátil [DVD] remitido por la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS Femenil Morelos", que al ser reproducido se advierte que contiene diversas constancias médicas de la directa quejosa, así como constancias de entrega de paquetería y cartas enviadas por correo, varios pases de visita y constancias de televisita. A lo anterior la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogada en razón de su propia y especial naturaleza las constancias remitidas por la autoridad responsable en el disco versátil de cuenta, mismas que serán materia de análisis al dictar la sentencia que conforme a derecho corresponda. Lo anterior, porque el disco óptico en formato "DVD", enviado por la autoridad responsable, es considerado como adelanto de la ciencia, de acuerdo con los artículos 93, fracción VII, 188 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que se dispone en el artículo 2º, por lo que se ordena su reproducción al momento de emitir la resolución correspondiente. Al no existir pruebas pendientes por desahogar; se cierra el presente período. Luego, la Jueza declara abierto el período de alegatos: Y la secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló; por lo anterior, se procede a cerrar este período. En esas condiciones, al no haber diligencia que practicar ni escrito pendiente por acordar, se da por concluida esta audiencia, y en vista de todo lo actuado, quedan los autos en estado de resolución.- Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, trece de marzo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Por otra parte, se tiene por recibido el sobre devuelto por el Administrador de Estafeta, por medio del cual contienen el oficio 4589/2022 dirigido a la autoridad responsable "Titular de la División de Fuerzas Federales de la Policía Federal", con la leyenda "no hay autoridad". Atento a lo anterior, dese vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días contados a partir de la notificación de este auto, manifieste lo que su derecho corresponda respecto a la denominación de la autoridad antes citada. En el entendido que de no hacer manifestación al respecto, se tendrá por no señalada y se continuará con la secuela normal del presente juicio de amparo, mientras tanto, se suspende toda comunicación con dicha autoridad. Es aplicable a lo anterior, la tesis jurisprudencial 2a./J.153/2019, publicada el seis de noviembre de dos mil diecinueve y sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la décima época, bajo el siguiente rubro y texto: "AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO. PREVIAMENTE A DECLARAR SU INEXISTENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO Y APERCIBIRLO PARA QUE ACLARE LA DENOMINACIÓN DE AQUELLA QUE NO FUE POSIBLE EMPLAZAR." Por tanto, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las diez horas con veinte minutos del día doce de abril de dos mil veintitrés, para su celebración. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Rosa María Luna Mercado, quien autoriza y da fe.

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