Georgina Valencia Murrieta
Expediente 830/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 830/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 09/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Lorena Francisca Villareal Castañeda
- Georgina Valencia Murrieta
- Tribunal de Justicia Administrativa del Gobierno del Estado de Sonora
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, nueve de septiembre de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia en la que sobreseyó en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria. Capturas. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las diez horas con cuarenta y tres minutos del veintitrés de agosto de dos mil veintidós, en audiencia pública, Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en unión de Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien actúa y da fe, declaró abierta la presente audiencia. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta a la secretaria encargada del despacho con el escrito inicial de demanda, con las constancias de emplazamiento a juicio de las partes y con el informe justificado rendido por la responsable. Revisado el estado de autos, se advierte que en proveído de radicación de la demanda, se determinó que por virtud de la naturaleza del acto reclamado, no existen terceros interesados. Por otra parte, se hace constar que ha transcurrido a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que se impongan del contenido del informe rendido por la autoridad responsable; y el plazo otorgado a la parte quejosa en auto de seis de julio pasado sin que desahogara la vista de mérito. A continuación, se declara abierto el periodo probatorio, se da cuenta con las documentales ofrecidas por la parte quejosa y por la autoridad responsable. La secretaria encargada del despacho acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por admitidas y desahogadas por su naturaleza las aludidas probanzas. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, se hace constar que las partes no los formularon. La secretaria encargada del despacho acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes para expresar alegatos; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo ********************; y, Resultando: Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el veinte de junio de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido el día veintidós siguiente, por razón de turno, a este Juzgado de Distrito, Georgina Valencia Murrieta, Gloria Lizeth Acosta Valladares, Lorena Francisca Villarreal Castañeda, Ramona Valencia Acosta, Gloria Alicia Ramírez Valencia, Marina Quiñonez Díaz, Alejandrina Garay Osuna, Mayra Francisca Valdéz Ciari, Aleyda Guadalupe Reyes Morales, Eni Isabel Estrella Nieblas y René Jacobo Padilla Angulo solicitaron el amparo y protección de la justicia federal contra los actos reclamados al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, de esta ciudad. El veintitrés de junio de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a la autoridad responsable informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, tuvo lugar en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se impugnan actos atribuidos a una autoridad cuya residencia se encuentra dentro de la circunscripción territorial de este juzgado federal. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral de la demanda de amparo, y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados por los quejosos son los siguientes: "A.- La omisión de la responsable de realizar el emplazamiento a juicio a la autoridad demandada en los tiempos previstos por el artículo 873-A de la Ley Federal del Trabajo aplicada supletoriamente a la Ley del Servicio Civil; y B.- La omisión de la responsable de continuar con las etapas procesales y no permitir el cumplimiento en lo que disponen los artículos 115, 116, 117, 118 y 119 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora." Existencia de los actos reclamados Es cierto el acto reclamado al tribunal responsable, enunciado en el inciso A del punto 4 que antecede, toda vez que al rendir el informe con justificación aceptó su existencia, y dicha certeza se corrobora con las constancias que remitió en apoyo. Causa de improcedencia actualizada (omisión de emplazamiento) 6. En el caso, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de realizar el emplazamiento de la autoridad demandada en el expediente de origen 449/2022, en la especie, se advierte que sobreviene la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5°, fracción II, y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas [.] "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables [.]". 7. De acuerdo con los numerales transcritos, se obtiene la regla general de que corresponde a la parte quejosa precisar en la demanda de amparo, la autoridad responsable del acto que le irroga perjuicio, para que se esté en aptitud de llamarla a juicio, y que deviene improcedente el juicio de amparo indirecto si aquella a quien se atribuye el acto reclamado no es escuchada, pues para que el propio órgano de control constitucional esté en condiciones de dirimir la controversia que se le plantea, es necesaria la audiencia de dicha autoridad responsable. 8. Ahora bien, si la parte quejosa reclamó la omisión por parte del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, de esta ciudad, de realizar el emplazamiento de la autoridad demandada en el juicio natural, acto que resultó cierto; empero, debe estimarse que este órgano de control constitucional se encuentra impedido para analizar la constitucionalidad de tal acto. 9. Lo anterior es así, porque las notificaciones y emplazamientos a las partes en el tribunal responsable son practicadas por los actuarios adscritos al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, de esta ciudad. 10. Por lo anterior, el acto reclamado no puede ser analizado en esta instancia constitucional, ya que la parte quejosa no señaló como autoridad responsable al actuario adscrito al tribunal de justicia administrativa responsable, no obstante que este juzgado cumplió con la obligación procesal de darle vista con tal situación a través del auto de seis de julio del presente (notificado vía electrónica el ocho de julio siguiente), y se le apercibió legalmente, para que lo señalara como responsable sí a su interés convenía, por lo que, en el caso en concreto, no se le tuvo como autoridad responsable por causas imputables a la parte quejosa. 11. Por tanto, se concluye que si el acto reclamado es la omisión de realizar el emplazamiento a la demandada en el juicio de origen 449/2022, dicha omisión no puede ser analizada, habida cuenta que no se llamó a juicio a la autoridad responsable que debe efectuarlo por causas imputables a los peticionarios de amparo. 12. En consecuencia, al no señalar la parte quejosa a la autoridad responsable encargada de las notificaciones y emplazamientos, no obstante la prevención que se le hizo por auto de seis de julio de dos mil veintidós, lo procedente es sobreseer en el juicio promovido en contra de ese acto, de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 5°, fracción II, y 108, fracción III, en términos de lo dispuesto por el normativo 63, fracción V, del ordenamiento legal en cita. 13. Es aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 113, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, IX, Enero de 1999, Materia Común del siguiente contenido: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento." 14. También apoya lo anterior, la Jurisprudencia sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 738, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, III, Junio de 1996, Materia Común, que dice: "SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE GARANTIAS CUANDO SE RECLAMA EL EMPLAZAMIENTO Y NO SE SEÑALA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE AL ACTUARIO QUE LO PRACTICO. Dado que el actuario es autoridad responsable en el amparo promovido contra el emplazamiento, si no se señala a éste como autoridad, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oído, motivo por el que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, relacionada con las jurisprudencias de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación que bajo los números 22 y 108 y epígrafes: "ACTUARIO. ES AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL EMPLAZAMIENTO" y "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS", son visibles en las páginas quince y sesenta y nueve del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en mil novecientos noventa y cinco, lo que obliga a sobreseer el juicio con apoyo en la fracción III del numeral 74 del mismo ordenamiento legal". 15. De igual manera, es aplicable la Jurisprudencia VI. 3o. J/44, publicada en la página 67, Tomo 74, Febrero de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, que a la letra dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS, SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso no señaló como autoridades responsables a quienes suscribieron el acuerdo que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo, no es posible examinar la constitucionalidad del mismo, puesto que tales autoridades no fueron llamadas a juicio, incumpliendo el quejoso con lo previsto por el artículo 116 fracción III de la Ley de Amparo, debiendo sobreseer el juicio de garantías conforme a lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 11 y 116, fracción III, del mismo ordenamiento legal." 16. Asimismo, se estima aplicable la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en octubre de mil novecientos noventa y cuatro, página once, cuyo rubro y texto son: "ACTUARIO, HIPÓTESIS EN QUE DEBE SER SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE. De conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Amparo, el actuario tiene la calidad de autoridad responsable, por lo que si en el amparo indirecto, el quejoso se ostenta como extraño al juicio, y le atribuye omisiones o irregularidades respecto al emplazamiento, debe señalarse a ese funcionario como autoridad responsable, toda vez que el mismo está obligado a cumplir cabalmente con los lineamientos legales que regulan tal acto; consecuentemente es el directamente encargado de defender la legalidad de su actuación, puesto que es el que conoce los pormenores de la misma, que lleva a cabo bajo su estricta responsabilidad, ello, con independencia de que el titular del Tribunal que igualmente puede tener el carácter de autoridad responsable, cumpla con su deber de revisar de oficio el actuar de su subalterno." 17. También, sirve de apoyo la Jurisprudencia VI.2o. J/205, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo II, octubre de 1995, (página 468), de rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se llamó a juicio ni fue oída; por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5o., fracción II y 116, fracción III del mismo ordenamiento legal." Causa de improcedencia actualizada (actuaciones subsecuentes) 18. En relación con el diverso acto reclamado consistente en la omisión de la responsable de continuar con las etapas procesales, en los términos de los artículos 115, 116, 117, 118 y 119 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora; se configura la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, en términos del diverso 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º. de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.)" 19. En efecto, la procedencia del juicio constitucional no es irrestricta, sino que deben observarse ciertas reglas y principios fundamentales sobre los cuales ha sido estructurado el juicio de amparo, uno de los cuales está previsto en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, relativo a que el acto reclamado produzca una afectación al interés jurídico del quejoso, en términos de su artículo 5o., fracción I, al causarle una afectación actual, real y directa. 20. Visto lo anterior, este órgano jurisdiccional se encuentra impedido para analizar el acto reclamado en análisis, en virtud de que constituyen etapas del juicio posteriores a la contestación de la demanda, y en el caso, precisamente se reclama la falta de emplazamiento de la parte demandada, por lo que no existe contestación alguna de demanda, y en esa virtud, no es posible realizar el análisis de la omisión reclamada, pues el juicio de amparo promovido contra omisiones y dilaciones en el trámite de un juicio laboral, subsecuentes a las que constituyen la materia del juicio constitucional, en el caso la omisión de realizar el emplazamiento de la parte demandada, es improcedente; conclusión que encuentra sustento también en el hecho de que tales omisiones y dilaciones constituyen actos futuros, inciertos e indeterminados, que por su naturaleza incierta, no producen afectación alguna al quejoso en sus derechos. 21. Es aplicable, la Tesis: IX.1o.17 L (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo I, página 835, materia común, de rubro y texto siguientes: "OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL, SUBSECUENTES A LAS QUE CONSTITUYEN LA MATERIA DEL JUICIO CONSTITUCIONAL. AL CONSTITUIR ACTOS FUTUROS, INCIERTOS E INDETERMINADOS, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 44/2007). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abandonó el criterio sostenido en la jurisprudencia 2a./J. 45/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 528, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES.", por las razones que se explican en la ejecutoria de la que derivó la tesis aislada 2a. CV/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 13 de diciembre de 2013 a las 13:20 horas y en su Gaceta, Décima Época, Libro 1, Tomo I, diciembre de 2013, página 732, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007).", sin haber dispuesto, expresamente, apartarse también del criterio sostenido en la jurisprudencia 2a./J. 44/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 373, de rubro: "AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, AUN TRATÁNDOSE DE LAS SUBSECUENTES A LAS RECLAMADAS.". No obstante, es claro que el criterio sostenido en esta última fue abandonado, aunque no se haya indicado en las referidas ejecutoria y tesis aislada, pues la nueva reflexión de la Sala sobre el tema, la llevó a considerar que los alcances por los que se otorga la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, lo que significa que, contrario a lo que había sustentado en la aludida jurisprudencia 2a./J. 44/2007, el juicio de amparo promovido contra omisiones y dilaciones en el trámite de un juicio laboral, subsecuentes a las que constituyen la materia del juicio constitucional, es improcedente; conclusión que encuentra sustento también en el hecho de que tales omisiones y dilaciones constituyen actos futuros, inciertos e indeterminados." Decisión 22. Al haberse actualizado la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 5°, fracción II, y 108, fracción III, en términos de lo dispuesto por el normativo 63, fracción V, del ordenamiento legal en cita, en relación con la omisión de realizar el emplazamiento de la parte demandada; así como la establecida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en términos de su artículo 5º, fracción I, de ley de la materia, relativo a las actuaciones subsecuentes en el juicio de origen; procede sobreseer en el presente juicio de derechos, en términos de lo dispuesto en la invocada fracción V del artículo 63 de la ley de la materia. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 73 al 77 y 217 de la Ley de Amparo, se: Resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de derechos promovido Georgina Valencia Murrieta, Gloria Lizeth Acosta Valladares, Lorena Francisca Villarreal Castañeda, Ramona Valencia Acosta, Gloria Alicia Ramírez Valencia, Marina Quiñonez Díaz, Alejandrina Garay Osuna, Mayra Francisca Valdéz Ciari, Aleyda Guadalupe Reyes Morales, Eni Isabel Estrella Nieblas y René Jacobo Padilla Angulo, en relación con los actos plasmados en el considerando III, por las razones expuestas en los diversos V y VI, del presente fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, autorizada en términos del oficio CCJ/ST/3437/2022, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, diecinueve de julio de dos mil veintidós. Estado de los autos. Visto lo de cuenta, se advierte que no ha transcurrido el plazo decretado en auto de seis de julio de dos mil veintidós, para que la parte quejosa manifieste si es su deseo ampliar la demanda de amparo en relación con una nueva autoridad responsable. Diferimiento de audiencia constitucional. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional y se señalan para su celebración las diez horas con cuarenta y tres minutos del veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, seis de julio de dos mil veintidós. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado y anexos remitidos por el secretario de acuerdos y proyectos adscrito al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad; dese vista a las partes con su contenido. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que anexa, sin perjuicio de relacionarlas durante la audiencia constitucional que se celebre en el presente juicio. Vista de ampliación de demanda. La autoridad de mérito acompaña, en lo que interesa, copia certificada del auto de radicación dictado en el expediente de origen 449/2022, en el que se comisionó al actuario judicial adscrito al Tribunal en comento. Por lo tanto, a fin de brindar certeza y seguridad jurídica, y con ello no generar estado de indefensión a la parte quejosa, así como evitar violaciones a las normas esenciales del procedimiento, se impone darle vista a la parte quejosa, para que en el plazo de quince días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste si es su deseo o no ampliar su demanda de amparo respecto del actuario adscrito al Tribunal responsable. Apercibimiento. Apercibido que de no hacer manifestación alguna en dicho plazo, únicamente se continuará la secuela procesal por la autoridad responsable prevista en el escrito inicial de demanda. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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