Genaro Vejar Montijo
Expediente 674/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 674/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Genaro Vejar Montijo
Actuaciones
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, treinta de mayo de dos mil veintitrés. Declaración de estado. De la certificación de cuenta y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la promovente interpusiera recurso de queja en contra del auto que desechó la demanda en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Notifíquese personalmente al promovente. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yepiz Rosas, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
CON ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DEL AUTO DE 11/MAYO/2023, QUE DICE:Auto. En Hermosillo, Sonora, a once de mayo de dos mil veintitrés. 1. Radicación. Fórmese el expediente respectivo y regístrese con el número que corresponda. 2. Desechamiento. Vista la demanda presentada por ********************en contra de los actos reclamados el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, y otra autoridad, se advierte que es improcedente y, por ello, deberá desecharse de plano. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable que haga improcedente el juicio, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En este tenor, es claro que el órgano de control constitucional puede desechar la demanda, cuando de su contexto, se adviertan los siguientes elementos: a. Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b. Que ese motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y c. Que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Entendiéndose por tales extremos, que el motivo es patente y absolutamente claro del contexto de la demanda; y, que se tiene la certeza plena de que esa circunstancia que motivó la improcedencia no puede variar en modo alguno, durante la secuela del juicio. Ello, encuentra apoyo en la jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 730, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X (Septiembre de 1999), Novena Época, Materia Común, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." Consecuentemente, es necesario precisar los actos reclamados que se desprenden a plenitud de la justipreciación de la demanda de amparo, con la finalidad de fijar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señala como tal, conforme a la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo XI, abril de 2000, página 32, titulada: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Ahora bien, este juzgador advierte que la acción constitucional es notoriamente improcedente, al actualizarse la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; [.]" En efecto, la citada hipótesis de improcedencia sólo puede aplicarse cuando se haya producido la llamada cosa juzgada por la ejecutoria que se pronuncia en el otro juicio en el que exista la identidad en los sujetos y en el objeto; entendiendo como cosa juzgada aquella verdad legal que no admite ulterior recurso. Esta figura jurídica -cosa juzgada- entraña un fenómeno procesal que se traduce en que, para su existencia en el juicio de amparo, sea necesario que con anterioridad se haya promovido otro juicio, en el que se haya hecho un pronunciamiento de derecho entre las mismas partes, acciones y cosas o causas de pedir; por lo tanto, resulta indispensable que para que la figura de que se viene hablando se dé en la realidad jurídica exista tal y como ya se mencionó con anterioridad una identidad de partes, de objetos o de la cosa materia de los juicios de que se trate e identidad en la causa de pedir o hecho jurídico generador del derecho que se haga valer. En materia de amparo, la disposición legal transcrita contempla una hipótesis de cosa juzgada de un juicio de amparo, en relación con otro posterior, con vista a la identidad en cuanto al quejoso, a la autoridad responsable y al acto reclamado; se trata pues, de dos juicios iguales, aunque en las correspondientes demandas no se aleguen los mismos conceptos de violación; circunstancia ésta que no desvirtúa la mencionada identidad. Por tanto, es inconcuso que para que opere la cosa juzgada como causa de improcedencia de un juicio de amparo, se requiere que el anterior se haya resuelto y declarado la correspondiente ejecutoria, pues de no ser así, deberá aplicarse una diversa fracción del numeral 63 de la Ley de Amparo, que prevé otra hipótesis de sobreseimiento (fracción V). Orienta a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que se reproduce: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, OPERA CUANDO SE RECLAMAN ACTOS QUE HAN SIDO MATERIA DE OTRA EJECUTORIA. (FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO). COSA JUZGADA, SUS CONNOTACIONES. Aun cuando por regla general una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción a virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías." Así como la diversa I.6º.C.45 K, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que indica: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV DE LA LEY DE LA MATERIA. Una recta interpretación del artículo 73, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales al expresar los vocablos: "materia de una ejecutoria", debe entenderse que la ley se refiere a las sentencias lato sensu, que emiten los órganos jurisdiccionales de amparo, sin importar el sentido de las mismas, pues de la lectura de dicho precepto, no se infiere que el legislador hubiese hecho distinción alguna, por lo que tiene aplicación el aforismo jurídico que establece que cuando el legislador no distingue, el juzgador no puede distinguir." Como se adelantó, de las constancias que integran el presente juicio de derechos, se advierte que la parte quejosa hace consistir su reclamo en la omisión de iniciar la ejecución del laudo así como la omisión de dictar requerimiento de pago y embargo dentro del juicio laboral 1519/2015. De igual manera, de la certificación de cuenta se desprende que de una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se advierte la existencia del diverso juicio de derechos 160/2023, promovido por Genaro Vejar Montijo, en contra de las mismas autoridades y por los propios actos reclamados-omisión de ejecutar el laudo dictado en el juicio laboral de origen-; asimismo, mediante resolución constitucional de trece de abril de dos mil veintitrés, se sobreseyó por una parte y por otra concedió el amparo y protección para los siguientes efectos: ".Se pronuncie respecto al requerimiento de cumplimiento de laudo por las prestaciones que sean factibles liquidar.". Determinación que causó ejecutoria el tres de mayo anterior, al no haber sido impugnada por ninguna de las partes, y se requirió por su cumplimiento. Por lo tanto, es inconcuso que lo expuesto demuestra de manera fehaciente que el peticionario del amparo promovió el diverso juicio de amparo 160/2023, del propio índice, y que la resolución dictada en el mismo se declaró firme, es decir, que los actos que por esta vía reclama ya fueron motivo de análisis en otro juicio amparo; circunstancia que permite la adecuación del caso a la hipótesis de improcedencia invocada al inicio de las consideraciones abordadas en la presente determinación. Al respecto, es aplicable, por las razones que la contienen, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE GARANTÍAS. REQUISITOS QUE SE NECESITAN PARA QUE OPERE LA. Para la existencia de cosa juzgada en el juicio de amparo, es necesario que con anterioridad se haya promovido otro juicio de garantías en el que se haya hecho un pronunciamiento de derecho entre las mismas partes, sobre las mismas acciones, la misma cosa o causa de pedir, debiendo existir por ende, identidad de partes, de objetos o cosas materia de los juicios de que se trate e identidad en la causa de pedir o hecho jurídico generador del derecho que se haga valer." Una conclusión en sentido contrario, es decir, en la que se aceptara la procedencia del juicio de amparo, permitiría la promoción interminable de la acción constitucional reparando, en cada ocasión, las omisiones en las que se hubiera incurrido previamente, lo que resulta jurídicamente inaceptable. En consecuencia, ante la actualización de la causa de improcedencia analizada, con fundamento en lo dispuesto en la fracción XI del artículo 61, procede desechar de plano el presente juicio de derechos. Hágase las anotaciones correspondientes. 3. Herramientas de comunicación. Se pone a disposición de los justiciables para entablar comunicación sobre cuestiones no procesales -sólo se atenderán consultas relativas a organización, horarios, lineamientos de trabajo y temas análogos, esto es, no se brindará información sobre el estado procesal de los asuntos- con el órgano en el teléfono institucional (662) 108 2100, extensión 1018 4. Domicilio. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta. 5. Autorizados. En cuanto a las personas que menciona en su demanda, se autorizan en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en caso contrario, se autorizan solo para el efecto de recibir notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que se prevé en el segundo párrafo del precepto legal citado. 6. Información de contacto. En apego al artículo 23, fracciones I y III, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazo y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia sanitaria por COVID-19, se tiene a la parte quejosa proporcionando el correo electrónico y número telefónico que señala en su demanda, para cuestiones no procesales. 7. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. 8. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 9. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, y 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente físico. 10. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena a la secretaría que, en su oportunidad, capture la sentencia que se dicte en el presente juicio y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente al promovente. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
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