Georgina López Toledo

Expediente 1080/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1080/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Georgina López Toledo

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Se interpone recurso de queja. Visto el escrito signado por la quejosa..., con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, téngasele interponiendo recurso de queja en contra del auto de catorce de noviembre de dos mil veintitrés, en el que se desechó parcialmente la demanda de amparo. Por tanto, glósese a los autos una copia del escrito de expresión de agravios, y ríndase el informe con justificación al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, en turno, en el sentido de que es cierto el acto reclamado, toda vez que como se dijo, por acuerdo de catorce de noviembre de dos mil veintitrés, se desechó parcialmente la demanda de amparo promovida por la referida parte quejosa, al que se deberá adjuntar original y copia del escrito de agravios de cuenta. Sin que obste a lo anterior, que la totalidad de los documentos físicos que obran en este asunto, se encuentran incorporados al expediente electrónico, es decir, se pueden consultar en el expediente electrónico del presente juicio; por lo tanto, anexo al informe justificado, y de conformidad con el Acuerdo General número 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite del Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y artículo 3 de la Ley de Amparo, remítase la certificación correspondiente que acredite que se incorporó cada promoción, documento, auto y resolución del expediente físico. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Informe justificado. Agréguense los oficios de cuenta signados por la Auxiliar de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, Encargada de la Presidencia, mediante los cuales rinde informe justificado; por lo tanto, con su contenido dese vista a las partes, para que se encuentren en aptitud de promover conforme a sus intereses convenga, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas documentales de la autoridad responsable, las que anexa a su oficio de cuenta, mismas que se tienen por desahogadas en razón de su propia naturaleza y sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional respectiva. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por ..., mediante el cual cumple con el requerimiento formulado en proveído de seis de noviembre de dos mil veintitrés, en los siguientes términos: Primero.- Manifiesta bajo protesta de decir verdad que la fecha en que fue notificada del auto de cuatro de abril de dos mil veintitrés, dictado en el expediente 534/2011(4), fue el veinte de abril de dos mil veintitrés, que reclama de la Presidenta Ejecutora de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca. Segundo. - La resolución en la cual, a su consideración, se aplicó indebidamente el artículo sexto de la Ley de Bienes Pertenecientes al Estado de Oaxaca, reformado mediante decreto número 734 publicado en el Extra del periódico oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, lo es el auto de cuatro de abril de dos mil veintitrés, acuerdo que le fue notificado el veinte abril de dos mil veintitrés, por parte de la Presidenta Ejecutora Responsable. Atento a lo anterior, se tiene por desahogada la prevención formulada en auto de seis de noviembre de dos mil veintitrés, por lo que se provee la demanda de amparo, en los siguientes términos: Desechamiento parcial. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, en principio se analizará la procedencia de la acción constitucional, toda vez que se trata de una cuestión de orden público, cuyo estudio es oficioso y preferente. Dicho precepto, indica: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Este órgano jurisdiccional estima que, respecto del acto reclamado consistente en el auto de cuatro de abril de dos mil veintitrés, dictado en el expediente 534/2011(4), de la Presidenta Ejecutora de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, notificado el veinte siguiente; se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 17, de la misma ley; los cuales son de la literalidad siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" Por su parte, los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De dichos preceptos se obtiene que el plazo para promover la demanda de amparo es de quince días, los cuales, entre otras hipótesis, empieza a correr el día siguiente a aquél en que hay surtido efectos la notificación del acto reclamado, haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En el caso, la quejosa refiere, bajo protesta de decir verdad, que el acuerdo reclamado de cuatro de abril de dos mil veintitrés, le fue notificado el veinte de abril de dos mil veintitrés, por lo que surtió efectos el veintiuno de abril siguiente. Esta manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 95, 96, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. La afirmación anterior se sustenta en que si bien el artículo 119 de la Ley de Amparo establece que "Serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones. Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional, salvo que esta Ley disponga otra cosa.", no prohíbe la prueba de confesión, sino solo una de las modalidades de este medio de convicción, que es la confesión obtenida mediante la absolución de posiciones. Al respecto, conviene mencionar que el Código Federal de Procedimientos Civiles, en el artículo 95, señala las diversas formas mediante las cuales surge la confesión, entendida ésta como la prueba que se constituye mediante el reconocimiento, expreso o tácito, de una parte, formal o material, de un hecho que le perjudica. Dice así ese precepto: "La confesión puede ser expresa o tácita: expresa, la que se hace clara y distintamente, ya al formular o contestar la demanda, ya absolviendo posiciones, o en cualquier otro acto del proceso; tácita, la que se presume en los casos señalados por la ley." El texto del precepto transcrito permite distinguir los distintos modos que dan nacimiento a la confesión de un hecho que produce efectos jurídicos en el proceso, entre las que se encuentra la expresa cuando deriva de la absolución de posiciones, y a la que se refiere exclusivamente la prohibición consignada en el artículo 119 de la ley de la materia. En cambio, la confesión expresa que se hace al formular la demanda sí es admisible en el juicio de amparo y debe valorarse en los términos fijados por el código adjetivo civil federal, por ser aplicable supletoriamente, en ese aspecto, a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Así, a esa confesión expresa se reconoce valor de prueba plena, al disponer los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles lo siguiente: "Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I.- Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II.- Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III.- Que sea de hecho propio o, en su caso, del representado o del cedente, y concerniente al negocio." "Artículo 200. Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba." Sobre esa base el término de quince días precisado, para la promoción del juicio de amparo comenzó para la parte quejosa del veinticuatro de abril al dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. Luego, es claro que al haberse presentado la demanda de amparo el treinta de octubre de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en el Estado, con sede en esta localidad, es evidente, que la acción de amparo que es motivo de este juicio de amparo, se ejerció la acción constitucional fuera del término de quince días a que hace referencia el artículo 17 de la Ley de Amparo, y en esa virtud, tal conducta jurídicamente revela conformidad con la resolución reclamada, por así estar dispuesto en la fracción XIV del artículo 61 de la ley de la materia, lo que hace imposible encausar la inconformidad de la quejosa en este medio de control, si previamente la consintió. Resulta aplicable al caso la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación que dice: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así para los efectos del amparo, los actos del orden civil, y administrativo que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala" En ese orden de ideas, y al actualizarse la causa de improcedencia en comento, procede desechar la demanda de amparo. Por otra parte, respecto del acto reclamado consistente en la indebida aplicación del artículo sexto de la Ley de Bienes Pertenecientes al Estado de Oaxaca, reformado mediante decreto número 734 publicado en el Extra del periódico oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, con relación al 107, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación causen perjuicio al quejoso." De lo anterior, se advierte que el juicio de amparo contra leyes es procedente cuando por la sola entrada en vigor de éstas o con motivo del primer acto de aplicación, se cause un perjuicio al quejoso; lo que no acontece en el presente caso, pues el peticionario de garantías en su demanda reclama la indebida aplicación del artículo sexto de la Ley de Bienes Pertenecientes al Estado de Oaxaca, reformado mediante decreto número 734 publicado en el Extra del periódico oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, advirtiéndose que en este caso se está frente a una disposición heteroaplicativa; es decir, de aquellas en las que las obligaciones que impone la ley no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio, de un acto diverso que condicione su aplicación. En tal virtud, es improcedente el presente juicio de amparo respecto de una disposición que tiene carácter heteroaplicativo, pues para que esto sea posible, se requiere necesariamente la existencia de un acto concreto de aplicación. Sin que obste a ello, la circunstancia de que la quejosa señaló como acto de aplicación el auto de cuatro de abril de do mil veintitrés, dictado en el procedimiento laboral 534/2011 (4), pues como ha quedado establecido en líneas que anteceden, respecto de dicho acto se ha declarado improcedente la demanda de amparo. En esas condiciones, al haberse declarado improcedente la demanda de amparo respecto del acto de aplicación que reclama la hoy quejosa, resulta igualmente improcedente el juicio de amparo respecto del diverso acto reclamado, consistente en la indebida aplicación del artículo sexto de la Ley de Bienes Pertenecientes al Estado de Oaxaca, reformado mediante decreto número 734 publicado en el Extra del periódico oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, ya que no pueden estudiarse de manera individual por tratarse de una disposición de carácter heteroaplicativo. Apoya a lo anterior, la tesis número II.3o.C.3 K, visible en la página 1205 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, Novena Época, registro digital 191475, que dice: "LEY HETEROAPLICATIVA. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS ANTE JUEZ DE DISTRITO, SI NO EXISTE EL ACTO DE APLICACIÓN. En el juicio de amparo existen dos vertientes para establecer el momento oportuno para reclamar la inconstitucionalidad de una ley; primero, cuando se trata de una ley autoaplicativa y segundo, cuando se refiere a una ley heteroaplicativa. Para distinguir el instante en que una u otra pueden ser impugnadas se debe atender al concepto de individualización incondicionada, esto es, determinar si los efectos de la disposición legal reclamada ocurren en forma condicionada o incondicionada. La condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización. De esta forma, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualiza condición alguna, se está en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones que impone la ley no surgen en forma automática (con su sola entrada en vigor), sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se está frente a una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada. Consecuentemente, si no existe el hecho que actualice la condición para que una ley heteroaplicativa sea reclamable mediante el juicio de amparo indirecto, es evidente su improcedencia." Admisión. Respecto de los restantes actos reclamados, con fundamento en los artículos 103, fracción I de la Constitución Federal del País, 35, 37, 107, 108, 115, 117, 124 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por Georgina López Toledo, contra actos de la Presidenta Ejecutora de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca y otra autoridad. Sin formarse incidente de suspensión por no haber sido solicitado. Requerimiento de informes. Pídase a la responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba el oficio que lo solicita, y acompañe copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad de los actos reclamados o la improcedencia de este juicio de amparo, las cuales deberán remitirse digitalizadas y físicamente, aunado a que se exhorta a que sean remitidas mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en términos de la fracción II del artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Apercibida que de no rendir el informe, o de no acompañar las constancias relativas, se le impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento en que se haga efectivo el medio de apremio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Asimismo, cualquiera de las partes, deberán informar a este Juzgado Federal, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado o bien si ocurre alguna causa notoria de sobreseimiento, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo que dice: ". Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato al órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible acompañarán las constancias que la acrediten."; en el entendido que de no hacerlo así, se les impondrá multa de treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento en que se haga efectivo el medio de apremio, en términos del artículo 251 de la Ley de Amparo. De igual forma, requiérase a la autoridad responsable para que al momento de rendir su informe justificado, de ser cierto el acto reclamado, manifieste si se ha promovido diverso juicio de amparo en el expediente, del cual emanan los actos reclamados, y en caso de ser así, señale ante qué autoridad federal se radicó y remita las constancias relativas que acrediten dicha circunstancia, apercibiéndola que de no hacerlo, se le impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento en que se haga efectivo el medio de apremio, con fundamento en lo señalado por el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 259 del mismo ordenamiento. Audiencia constitucional. Se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional. Emplazamiento a la parte tercera interesada. Se reserva dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 5°, fracción III, de la ley de la materia, hasta en tanto la autoridad responsable rinda su informe justificado. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas documentales de la parte quejosa, las que anexa al escrito de cuenta, mismas que se tienen por desahogadas en razón de su propia naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional respectiva. Intervención. Se otorga a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, la intervención que legalmente le corresponde en términos del artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, para ello, entréguesele copia simple de la demanda. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA QUEJOSA.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio signado por la Jueza Mixto de Primera Instancia de Zaachila, Oaxaca, mediante el cual remite copias certificadas de: la audiencia de continuación de pruebas y alegatos celebrada el veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, la ratificación de convenio de la misma fecha, así como de la audiencia de carácter familiar de diez de octubre de dos mil veintitrés, en el expediente 70/2017, de su índice, con lo cual, informa los trámites realizados para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En tales condiciones, en términos del artículo 193 de la Ley de Amparo, se tiene a la citada responsable en vías de cumplimiento del fallo protector. No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 192, párrafos segundo y tercero de la Ley de Amparo, mediante oficio que al efecto se gire, requiérase nuevamente a la autoridad responsable Jueza Mixto de Primera Instancia de Zaachila, Oaxaca, para que dentro del plazo de tres días, justifique haber dado cumplimiento pleno al fallo protector o, en su defecto, comunique las medidas que adopte con tal finalidad, o bien, el impedimento legal que tenga para hacerlo. En el entendido que de no dar cumplimiento a lo anterior, se harán efectivos los apercibimientos con que fue conminada la autoridad responsable en auto de trece de septiembre de dos mil veintitrés. NOTIFÍQUESE.

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