Geny Nallely Pineda Vicente y Otros.

Expediente 358/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
358/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
15/03/2016

Partes del expediente

  • Geny Nallely Pineda Vicente y Otros.
  • Geny Nallely Pineda Vicente

Actuaciones

  1. Principal

    Oaxaca de Juárez, Oaxaca, quince de marzo de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que mediante proveído de veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, este órgano de control constitucional dio vista a la parte quejosa para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, en relación al cumplimiento que dio la autoridad responsable al fallo protector, sin que haya hecho manifestación alguna al respecto. En tales condiciones, este Juzgador procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 9/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 366 del Tomo XIV, Octubre de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. PRINCIPIOS QUE HA ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN RELACIÓN CON LOS TRÁMITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES DE DEFENSA." Ahora bien, en la sentencia dictada el tres de octubre de dos mil trece, se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa ********************, para el efecto de que la Junta Especial Número Dos Bis, de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, actuara de manera diligente en el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes y observando estrictamente los términos y plazos establecidos en la Ley Federal de Trabajo, resolviera con celeridad el juicio laboral ******************** de su índice, emitiendo el laudo correspondiente. El Presidente de la Junta Especial Número Dos Bis, de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, mediante diversos oficios que obran en el sumario, informó el cumplimiento que dio a la sentencia ejecutoria y remitió las constancias relativas, de las que se advierte, entre otras cosas, desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes en dicho juicio; asimismo, seguido el trámite del juicio laboral de origen, por oficio 85 de veintidós de febrero de dos mil dieciséis, remitió copia con firmas autógrafas del laudo dictado el tres de febrero del año en curso en el juicio laboral ********************, por los integrantes de la Junta responsable. Por tanto, se considera que la autoridad responsable, cumplió con los aspectos específicos que fueron materia de la concesión de la protección constitucional, de tal manera que en el caso, la sentencia de amparo ha quedado cumplida, al acatarse en sus términos, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis visible en la página 243, tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, Segunda Sala del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto, son del tenor literal siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expediente por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN ORDENADA POR LISTA PREVIO AVISO... Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a veintinueve de febrero de dos mil dieciséis. Vista la demanda de garantías promovida por ********************contra los actos reclamados al Oficial Mayor de la Secretaría de Educación Pública, con sede en la ciudad de México, y otras autoridades; fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno y regístrese con el número 358/2016. La demanda debe desecharse de plano, por causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Del análisis integral de la demanda de garantías, se advierte, el acto reclamado que se atribuye al Oficial Mayor de la Secretaría de Educación Pública, residente en México Distrito Federal, así como a autoridades dependientes del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, se hace consistir en el hecho de obligarlos a realizar con el Banco Santander México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, un contrato de nómina para el manejo de cuentas como trabajadores de la educación en el Estado, y por ende la privación de su percepción salarial económica mediante cheque como lo cobraban normalmente. En efecto, este órgano jurisdiccional estima que en la especie, se concreta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" (.) "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." (.) Las notas que distinguen a una autoridad, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Así lo determinó, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis publicada en la página 39, tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a noviembre de 2001, Novena Época, que señala: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". En el caso, no se está en presencia de actos de autoridad, ya que entre los aquí quejosos y el Oficial Mayor de la Secretaría de Educación Pública, así como entre las autoridades dependientes del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, existe una relación de coordinación y no de supra a subordinación, por lo que no es procedente el juicio de garantías. Ciertamente, no les reviste el carácter de autoridad responsable, pues los actos impugnados se refiere a aspectos que les atañen como trabajadores con derecho al pago de su salario y demás prestaciones; luego, la Secretaría de Educación Pública e Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, están en un plano de igualdad con los impetrantes y sus actos no deben estimarse de autoridad para efectos del juicio de amparo, en virtud que entre ambos existe una relación de coordinación y no de supra a subordinación; así, dado que dicha Secretaría e Instituto actúan en su calidad de ente patronal frente a la relación que mantienen con los promoventes en su calidad de trabajadores, se está ante un derecho laboral reclamable ante los tribunales laborales que corresponda. En este sentido es aplicable la jurisprudencia 651, de la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 529, Tomo V, materia de trabajo, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 1917- 2000, que dice: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. ANTES DE OCURRIR AL AMPARO, DEBEN HACERLO ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE. Cuando los trabajadores del Estado se vean afectados por actos de los titulares de las dependencias en que presten sus servicios, si desean reclamar tales actos deben ocurrir al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje a proponer sus correspondientes quejas, antes de promover el juicio de garantías pues si en lugar de agotar dicho medio de defensa legal ocurren directamente al juicio de amparo, éste debe sobreseerse." Lo expuesto permite establecer que las señaladas como responsables, no resultan ser autoridades para los efectos del juicio de amparo, pues el acto reclamado se suscita entre particulares en materia de derecho laboral, de ahí la existencia de una relación de coordinación y no de supra a subordinación. En ese contexto se actualiza de manera manifiesta e indudable la citada causa de improcedencia del juicio, que impone desechar la demanda de garantías, de conformidad con lo dispuesto por el mencionado numeral 113, de la Ley de Amparo. Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican, y únicamente para imponerse de los autos a las personas que señalan sin gozar de las demás prerrogativas que establece el numeral 12 de la Ley de Amparo, al no acreditar encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho. En términos del artículo 13 de la ley de la materia y como lo solicitan se tiene como representante común de los promoventes del amparo a ********************. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, de la ley de la materia, se HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, para que en su caso, el Actuario Judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Finalmente, hágase saber a los promoventes que en términos del artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pueden oponerse a la publicación de sus datos personales; y en caso de no ejercer su derecho a dicha oposición, la versión publica de las resoluciones que se dicten en este asunto, se realizarán suprimiendo esos datos, para salvaguardar su identidad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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