Georgina Hernadez Menes

Expediente 1030/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1030/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
11/03/2021

Partes del expediente

  • Georgina Hernadez Menes

Actuaciones

  1. Principal

    Se reanuda el procedimiento en el presente juicio de amparo. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos; treinta de noviembre de dos mil veinte. Vista, la razón asentada por la actuaria adscrita a este juzgado, en la que hace constar los motivos por los que no le fue posible notificar a la quejosa *********, el proveído de doce de noviembre del año en curso, por las consideraciones que expone en la misma. En tal virtud, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, practíquese la notificación de referencia, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de lista que se publique en los estrados de este tribunal; lo anterior, para los efectos legales conducentes. Notifíquese y cúmplase. OTRO ACUERDO: Cuernavaca, Morelos; doce de noviembre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta, con fundamento en los artículos 1°, 2°, fracción III, 10, 11, 21 y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, difundido en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio pasado, téngase por recibida la demanda presentada a nombre de ***********, por propio derecho, sin firma electrónica con evidencia criptográfica de la promovente, contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Registro de expediente. De conformidad con el artículo 21 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno que lleva este juzgado con el número 1030/2020, que le corresponde por razón de turno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Desechamiento. Ahora bien, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano sin suspender el acto reclamado. El citado artículo 113 dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para el examen del estudio de la demanda habrán de considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda; siendo que por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte meridiana y patentemente; y, por indudable, que no admite duda, esto es, que hay plena certeza y seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por la parte promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia o no lleguen a desvirtuar su contenido. Proceder que tiene como base constitucional lo contenido en el artículo 17 Constitucional, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Bajo esas circunstancias, la suscrita advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia derivada de los artículos 107, fracción I, constitucional, en relación con los diversos 3° y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo. Esos artículos disponen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada,(.)." Artículo 3º. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. (.) Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. (.) La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". (.) Ahora bien, el segundo de las disposiciones transcritas determina que la Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. Así también, que su regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos números 1/2013 y 1/2015, se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa. Asimismo, el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de video conferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en términos del artículo 45, se establece que para la presentación de solicitudes, demandas y otros escritos de manera electrónica, excepto los asuntos relativos al artículo 15 de la Ley de Amparo, se deberá agregar al escrito de demanda la firma electrónica vigente. Así, los escritos que se presenten en forma electrónica deberán utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o de la e. firma (antes FIEL). En ese sentido, el principio de instancia de parte agraviada es uno de los que rige el juicio de amparo; de modo que, cuando no existe la expresión de la voluntad de quien se estima agraviado en sus derechos humanos, es imposible jurídicamente que la instancia se tramite ante la ausencia de tal manifestación. Lo anterior, se hace evidente cuando el solicitante del amparo no estampa su firma en la demanda respectiva, pues si la firma es el signo inequívoco de la expresión de voluntad del gobernado para demandar el amparo y protección de la Justicia Federal, consecuentemente, ante la falta de esa expresión de voluntad no es procedente el juicio de amparo, dado que resultaría inconducente o improcedente el análisis de violaciones de garantías en abstracto, sin que exista la expresión de voluntad de quien acude ante el aparato jurisdiccional para tal fin. De ahí la necesidad de que al intentarse el juicio de amparo, como en otras instancias, la identificación del quejoso constituya un elemento esencial de la demanda, pues de ello depende el objeto específico del juicio de amparo, en términos de lo ordenado en los artículos 73 y 77 de la ley que lo rige. Soporta el tema la jurisprudencia P./J.8/2019, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, con registro 2019715, Libro 65, tomo I, abril de dos mil diecinueve, visible en la página 79, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." En el caso, la demanda de amparo que se provee carece de la firma electrónica (FIREL o FIEL) de la quejosa ********, requisito esencial para que las partes en un procedimiento judicial expresen su voluntad de realizar el acto procesal correspondiente, sino que fue firmada por diversa persona, esto es, por ********, sin que dicha persona, de acuerdo al escrito de demanda, comparezca en representación de la parte quejosa, ya sea como apoderado o representante legal. Entonces, al carecer de dicha firma no puede considerar expresada la voluntad de la promovente, y ante tal omisión dicho escrito no tienen ningún valor, pues todo escrito debe de ir avalado mediante el nombre y firma del promovente, o como en el presente caso, a través de la firma electrónica correspondiente y en esta forma responsabilizarse de su contenido para que sólo en esa hipótesis se pueda acordar lo que en derecho corresponda. En efecto, la omisión de dicha formalidad de la demanda por parte de la promovente no puede considerarse como una "irregularidad" de la misma, en los términos previstos por el artículo 114, de la Ley de Amparo vigente, que dé lugar a su aclaración pues de así considerarlo, ello provocaría la práctica viciosa de que cualquier persona, con firma o sin ella, presentaran escritos para después en cualquier tiempo subsanar la omisión de voluntad de promover cuando este debió ser oportuno. En ese orden de ideas, se concluye que ante la falta de firma electrónica de quien se atribuye promovió la demanda, no puede decirse que exista voluntad de ejercitar la acción de amparo, de ahí que, al ser considerada la falta de firma, como una formalidad esencial que denota la voluntad de promover dicho juicio, implica el no ejercicio de la acción constitucional. En la inteligencia de que no se encuentra en el supuesto de excepción que prevé el último párrafo del artículo 3º de la Ley de Amparo, para que sea procedente la demanda de amparo electrónica, sin el requisito de la Firma Electrónica (evidencia criptográfica), toda vez que de la lectura integral de la demanda, no se advierte que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En ese sentido, con fundamento en los artículos 113, con relación al 61, fracción XXIII, y 5°, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, lo procedente ES DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, al no advertirse la firma electrónica de la promovente ********, en el libelo constitucional. No obsta para tal conclusión que obre evidencia criptográfica de la firma electrónica de *******, a quien pretendió autorizar con facultades amplias en término del artículo 12 de la Ley de la materia, pues no corresponde a la firma electrónica de quien se ostenta como quejosa y promueve además por su propio derecho, de modo que quien debe firmar el escrito de demanda respectivo es la promovente **********, ya que es quien resiente la afectación en su esfera jurídica, por lo que no se satisface el principio de instancia de parte agraviada, porque no se garantiza la manifestación inequívoca de la voluntad de la parte quejosa de instar el juicio constitucional y tampoco de la designación en términos amplios de las personas que se mencionan en la demanda. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el precisado en el escrito de cuenta y por autorizados para los efectos que indica a las personas señaladas, por ser parte actora en el juicio natural. Se exhorta a las partes a llevar el juicio en línea. En el entendido que se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello tramiten los asuntos mediante el esquema "juicio en línea", en términos del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia de los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19 (acuerdo general que es reiterado por el diverso 18/2020 vigente). Aviso de transparencia. Se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 4, 11, 12, 15 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince, toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, asimismo, que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la referida ley, deberá ponerse a disposición del público y actualizarse la información relativa a las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio, así como las versiones públicas de las sentencias que sean de interés público; sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información, en la inteligencia de que la falta de oposición de manera expresa conlleva su consentimiento. En caso de oposición, deberá estarse a lo establecido en la sección tercera, relativa al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, de conformidad con el artículo 23, fracción I del Acuerdo General 21/2020.

  3. Principal

    SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO.

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