Genoveva Yañez Maldonado

Expediente 1107/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1107/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
03/12/2021

Partes del expediente

  • Genoveva Yañez Maldonado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos; tres de diciembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos de la Sección de Amparos Mixta de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, por el que en atención a lo solicitado en autos, acusa recibo del toca civil 277/2020-18 y del expediente 141/2014-1 en tres tomos, de los que se toma conocimiento para los efectos legales a los que haya lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos; diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Visto el estado procesal de autos, se advierte que no fue recurrido el acuerdo de diez de septiembre de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo. Declaración de firmeza. En tal virtud, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el 97 fracción I, inciso a) y 98 de ésta última, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos sus efectos legales. Archivo y anotaciones. Practíquense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Destino del expediente. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica, en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ya que se desechó la demanda de amparo; por tanto, el presente asunto carece de relevancia documental y es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente. Por otra parte, una vez cumplidos tres años a partir del presente proveído, destrúyase el expediente principal dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del artículo 21 del citado Acuerdo y remítase el acta de baja documental a la citada Dirección General del Archivo y Documentación, acorde a lo dispuesto en el numeral 23 del mismo. Resolución a Disposición para consulta. Asimismo, en virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales; hágase de su conocimiento que el auto que desechó la demanda estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de trasparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince, en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 117 y 164 de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública. Se devuelven autos a la autoridad responsable. Finalmente, toda vez que en el citado proveído de diez de septiembre de dos mil veintiuno, se tuvo al Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, remitiendo los autos los autos originales del toca civil *******y del juicio ordinario civil ******, en tres tomos, que fueron allegados por la autoridad responsable como sustento a su informe justificado, devuélvanse dichas constancias Tercera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos; veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio con anexo recibido vía electrónica con evidencia criptográfica que autentifica la firma electrónica de la Secretaria del Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, por el que devuelve sin diligenciar el exhorto 220/2021, con número de orden 283/2021 del índice de este órgano jurisdiccional, que se giró para notificar a la parte quejosa el auto de diez de septiembre de dos mil veintiuno por el que se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente sumario constitucional, por las razones que expone. Lo anterior, sin que haya lugar a acusar el recibo correspondiente, toda vez que no fue solicitado por la oficiante. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En consecuencia, practíquese la notificación de referencia, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de la lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional, en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Notifíquese. Auto de 10/09/2021: Cuernavaca, Morelos; diez de septiembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, con sede en esta ciudad, por el que remite los autos del juicio de amparo directo 237/2021 de su índice, promovido por *******, contra actos de la Tercera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, así como los autos originales del toca civil 277/2020-18 y del juicio ordinario civil 142/2014-1, en tres tomos. Ahora bien, tomando en consideración que la autoridad oficiante se declaró incompetente para conocer de la presente demanda, en virtud de que el acto reclamado no se trata de una sentencia definitiva; en consecuencia, con apoyo en los artículos 37 y 45, ambos de la Ley de Amparo, este juzgado de Distrito SE AVOCA AL CONOCIMIENTO DEL ASUNTO. Acúsese el recibo correspondiente. Regístrese el presente asunto en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 1107/2021 y fórmese expediente. Desechamiento. Ahora bien, en seguimiento a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se examinará, el escrito de demanda y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano sin suspender el acto reclamado. El citado artículo 113 dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ese artículo impone la obligación al juez de distrito de examinar el escrito de demanda y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano; atento a ello, por motivo manifiesto se entiende descubierto, patente y claro, y por indudable aquello que no puede ponerse en duda; esto es, de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualice; de modo que, aún de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, llevaría a la misma convicción de improcedencia. Proceder soportado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Acto reclamado. En el particular la parte quejosa reclama: La resolución de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, dictada en el toca civil 277/2020-18 por la Tercera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, por la que se revocó la sentencia de doce de febrero de dos mil veinte, emitida por la Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, dentro del juicio ordinario civil 142/2014-1, y repuso el procedimiento, en razón de que advirtió que existía un litisconsorcio pasivo necesario, por lo que ordenó dejar sin efectos todo lo actuado, hasta el auto de admisión de la demanda, y llamar a juicio a Hilario Nieves Trujillo y al Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal (actualmente Ciudad de México). Causales de improcedencia. Por las razones expuestas a continuación, se considera que surte de un modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, los cuales a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte...;" De la trascripción de los artículos y fracciones que contiene la causa de improcedencia invocada, se advierte que el amparo solicitado ante un Juez de Distrito, cuando se reclamen actos dentro de un juicio seguido ante una autoridad jurisdiccional, sólo será procedente cuando esos actos tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Pues bien, la interpretación del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, permite considerar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos sustantivos del gobernado, que tutela la Constitución por medio de los derechos fundamentales, como la vida, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, las posesiones, etcétera, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga un fallo definitivo favorable a sus pretensiones en el juicio; y los actos de ejecución reparable, o intraprocesales, no afectan ese tipo de valores, sino que producen la posibilidad de que esa afectación se pueda reflejar al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que la resolución sea adversa a los intereses de la parte agraviada. Bajo ese contexto, se considera que los actos de imposible reparación son aquellos que infringen derechos sustantivos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tutela para los gobernados; en tanto que los que no son de imposible reparación sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Asimismo, se advierte que el amparo indirecto es improcedente cuando se reclaman actos emitidos dentro de un juicio cuyos efectos no son de imposible reparación, los cuales, deben entenderse como aquéllos que afecten materialmente los derechos sustantivos del quejoso tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Sobre la definición de los actos de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, estableció que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107 ofrece dos precisiones para comprender el alcance de la expresión "actos de imposible reparación"; la primera de ellas se encuentra ubicada en la fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; la segunda, se observa en su fracción V, cuyo fin es normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales. Indicó que con base en esas disposiciones, los "actos de imposible reparación" necesariamente deben producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, pero no que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Precisó que el significado de actos de imposible reparación previsto en la Ley de Amparo vigente, establece que aquéllos deben recaer sobre derechos, es decir, rebasa lo puramente procesal o procedimental -según se trate-, por lo que es necesario que se lesionen bienes jurídicos cuya fuente no provenga de las leyes adjetivas aplicables. Concluyó en la existencia de dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, dictados en juicio o en procedimiento seguido como tal, a saber: 1) Se afecten materialmente derechos: lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente. 2) Los derechos afectados materialmente tengan la categoría de "sustantivos": expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en estos últimos la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender el resultado del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Dicho criterio está contenido en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del título siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Ahora, del análisis integral del escrito de demanda, se colige que el acto reclamado consistente en la resolución de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, dictada en el toca civil 277/2020-18 por la Tercera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, por la que se revocó la sentencia de doce de febrero de dos mil veinte, emitida por la Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, dentro del juicio ordinario civil 142/2014-1, y repuso el procedimiento, en razón de que advirtió que existía un litisconsorcio pasivo necesario, por lo que ordenó dejar sin efectos todo lo actuado, hasta el auto de admisión de la demanda, y llamar a juicio a Hilario Nieves Trujillo y al Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal (actualmente Ciudad de México). Precisado lo anterior, se está en presencia de actos que por el momento no tienen sobre la persona o las cosas de la quejosa una ejecución de imposible reparación, puesto que no afecta de modo directo e inmediato alguno de los derechos sustantivos de los gobernados Ciertamente, este Juzgado considera que la resolución reclamada no es un acto que afecte material y actualmente derechos sustantivos de la quejosa tutelados por la Constitución ni en algún Tratado Internacional en los que el Estado Mexicano es parte, como lo es la vida, libertad, propiedad, posesión, patrimonio, salud, entre otros; esto es, las consecuencias de la resolución son, en su caso, previo el emplazamiento al juicio de manera legal del codemandado de la aquí quejosa, la continuación del juicio civil de origen, lo que equivale a una afectación de derechos adjetivos por los efectos de la reposición, y si bien puede ocasionar un retraso en la solución del conflicto, tal vez en contraposición del artículo 17 constitucional, debe señalarse que el tiempo o dilación para concluir otra vez el procedimiento no se traduce en un acto que afecte un derecho actual y personal de la quejosa, sino uno de carácter adjetivo o procesal. En ese contexto, la resolución reclamada de segunda instancia que ordena la reposición del procedimiento, al considerar que en el procedimiento natural se cometió una violación relativa al ilegal emplazamiento del codemandado de la aquí quejosa, no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que no afecta materialmente los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Lo anterior, ya que en la resolución reclamada no se emitió pronunciamiento que hubiese causado una afectación material a los derechos sustantivos de la quejosa, consistentes en el patrimonio, la vida, la libertad, la posesión, o la propiedad, ya que sólo ocasiona que el procedimiento se reponga a fin de que se integre de manera legal la relación jurídica procesal con las partes involucradas y prosiga el procedimiento hasta el dictado de la sentencia correspondiente, lo que en todo caso sólo produce efectos de carácter formal o intraprocesal, que podrían extinguirse, sin originar afectación alguna a sus derechos sustantivos, si la sentencia que llegare a pronunciarse en dicho procedimiento, eventualmente podría serle favorable y en caso contrario, se encontraría en aptitud de interponer en su contra el recurso ordinario que proceda. El criterio anterior se contiene en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con registro 917581, visible en el Apéndice 2000. Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, página 38, siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PARA LOS EFECTOS DE SU PROCEDENCIA CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA Y ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, DEBE DETERMINARSE SI LAS CONSECUENCIAS DE LA INSUBSISTENCIA DEL FALLO Y DE LA REPOSICIÓN, SON O NO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.- Para establecer si procede el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que deja insubsistente la de primera instancia y ordena la reposición del procedimiento por violaciones cometidas en éste, en cada caso concreto debe estudiarse y determinarse si las consecuencias producidas por la insubsistencia de la resolución de primera instancia y por la reposición ordenada, son o no de imposible reparación, y para ello debe acatarse el criterio sostenido en la jurisprudencia 6/1991, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en sesión privada de 22 de enero de 1991, con el rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA.". En efecto, si bien la mera reposición del procedimiento, por regla general, no produce la afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo, consagrado por las garantías individuales, cuyas consecuencias no sean reparables aun cuando quien las sufra obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, en algunos casos las consecuencias de dicha reposición del procedimiento pueden llegar a producir tales afectaciones, caso en el que procederá el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que decretó la reposición. Por el contrario, si las consecuencias de la insubsistencia del fallo o de la reposición del procedimiento no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado por las garantías individuales, se estará frente a una violación del procedimiento reclamable en el amparo directo que llegare a intentarse contra la sentencia definitiva, pues tal caso es análogo, por su gravedad y efectos, a los previstos por el artículo 159 de la Ley de Amparo, y afecta las defensas de la parte agraviada pudiendo trascender al resultado del fallo." De igual forma, debe señalarse que el criterio anterior se robustece al considerar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que las cuestiones relativas al llamamiento de terceros a juicio o litisdenunciación carece de la "afectación material a derechos sustantivos" necesaria para la procedencia del juicio de amparo indirecto, en tanto que dicho actuar jurisdiccional únicamente depara consecuencias dentro del propio procedimiento, al afectarse la celeridad o prontitud del juicio, sin que trascienda a la persona o bienes del justiciable más allá de lo meramente procedimental, lo que constituye un requisito indispensable para actualizar la procedencia excepcional del amparo indirecto contra actos intraprocesales. Esto es, que la determinación de llamamiento a juicio de terceros -o su negativa- no es un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados constitucional o convencionalmente, razón por la cual no constituye un acto de imposible reparación en juicio; de ahí que se corrobore que los efectos materiales del fallo reclamado en esta instancia no producen tales lesiones irreparables. Orienta este punto la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con registro 2019176, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 63, febrero de 2019, Tomo I, página 6, siguiente: "DENUNCIA DEL JUICIO A TERCEROS. EL AUTO RESOLUCIÓN QUE NIEGA SU ADMISIÓN NO CONSTITUYE UN "ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN", POR LO QUE ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que, conforme a la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, para que los actos sean de "imposible reparación" es necesario que: 1) afecten materialmente derechos; y 2) esos derechos revistan la categoría de "sustantivos". Sobre esa base, la negativa a denunciar el juicio a terceros no es de naturaleza irreparable, pues esa actuación carece de la "afectación material" necesaria para la procedencia del juicio de amparo indirecto, ya que ese actuar jurisdiccional únicamente depara consecuencias dentro del propio procedimiento - al afectarse la celeridad o prontitud del juicio-, sin que trascienda a la persona o bienes del justiciable más allá de lo meramente procedimental, lo cual resulta indispensable para actualizar la procedencia excepcional del amparo indirecto contra actos intraprocesales. La postura anterior es la más acorde con el propósito que se busca con el artículo citado, consistente en evitar dentro de los procedimientos jurisdiccionales ordinarios la apertura de numerosos frentes litigiosos de índole constitucional, de suerte que sólo excepcionalmente se susciten cuestiones de esa naturaleza." Asimismo, es ilustrativa del criterio sustentado en este fallo la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado De Circuito Del Centro Auxiliar De La Décima Región con registro 2015272, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 47, octubre de 2017, Tomo IV, página 2488, siguiente: "LITISCONSORCIO NECESARIO. CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRAR A LOS LITISCONSORTES A LA RELACIÓN JURÍDICA PROCESAL, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO POR NO CONSTITUIR UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. A partir de la entrada en vigor de la Ley de Amparo, existen dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en los cuales la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse efectivamente. Ahora bien, el litisconsorcio necesario se actualiza cuando hay necesidad de que dos o más personas tengan intervención en el proceso, en virtud de que la cuestión litigiosa la constituye cierta relación jurídica en la que aquéllas están interesadas en forma indivisible y que, por ello, no admite resolverse por separado sin audiencia de todos ellos y en un mismo juicio, pues la sentencia que se dicte les puede deparar perjuicio, esto es, el objetivo de que exista dicha institución se concreta en que sólo pueda haber una sentencia válida cuando se llama a todos los litisconsortes, pues no sería posible resolver respecto de una parte, sin que lo decidido alcanzara a la otra y, precisamente, por esa teleología, el litisconsorcio necesario constituye un presupuesto procesal que, incluso, debe analizarse de oficio por el juzgador. Así, se considera que la resolución de segunda instancia que ordena reponer el procedimiento a fin de que sean llamados a juicio los litisconsortes que originalmente no fueron llamados, no constituye un acto que sea de imposible reparación, pues en la resolución reclamada no se emitió pronunciamiento que hubiese causado una afectación material a los derechos sustantivos de la quejosa, consistentes en el patrimonio, la vida, la libertad, la posesión o la propiedad, ya que, aun cuando es adversa a sus intereses, sólo ocasiona que el procedimiento se reponga a fin de que se integre a la relación jurídica procesal con las demás partes involucradas y prosiga el procedimiento hasta el dictado de la sentencia correspondiente lo que, en todo caso, sólo produce efectos de carácter formal o intraprocesal, que podrían extinguirse en la realidad, sin originar afectación alguna a sus derechos sustantivos, habida cuenta que la sentencia que llegare a pronunciarse en dicho procedimiento de origen, podría nuevamente serle favorable y, en caso contrario, se encontraría en aptitud de interponer en su contra el recurso ordinario procedente; por lo que se está en presencia de un acto cuya ejecución no es de imposible reparación para los efectos del amparo biinstancial, como lo exige el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo." Por lo tanto, se insiste, porque las consecuencias del acto que se reclama solamente se traducen en que se reponga el procedimiento, se emplace de manera ajustada a derecho al codemandado de la aquí quejosa y por ende se continúe el mismo por todas sus etapas procesales, por lo que se considera que tal acto no es de imposible reparación para los efectos del amparo indirecto, conforme lo exige el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente. En tal virtud, al actualizarse las causales de improcedencia invocadas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo en trato. Domicilio y autorizados. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa la lista que se fija en los estrados del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, toda vez que la dirección en la que reside la justiciable se encuentra fuera de la jurisdicción de este órgano y por autorizados para esos únicos efectos a *******, toda vez que no cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y con las facultades amplias a las que alude el artículo 12 de la Ley de Amparo a Sergio Arriaga Camacho, ya que sí cumple con tal requisito. Se gira exhorto para notificar la presente determinación. No obstante lo anterior, a efecto de no dejar en estado de indefensión al promovente, por única ocasión, se ordena notificar a la parte quejosa, en el domicilio ubicado en ********, por lo que con fundamento en los artículos 27, fracción II de la Ley de Amparo, y 298, 300 y demás relativos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2, gírese atento exhorto vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), al Juzgado de Distrito en Materia Civil, en turno, en la Ciudad de México, a efecto de que en auxilio de las labores de este juzgado gire instrucciones a quien corresponda, para que se constituya en el domicilio antes citado y notifique el presente proveído a la parte quejosa. Se otorga al juez exhortado plenitud de jurisdicción a fin de practicar las diligencias necesarias para el debido cumplimiento y desahogo de lo aquí solicitado, una vez diligenciada la comunicación oficial de que se trata, la devuelva a la brevedad posible por la misma vía; para el caso de que haya sido remitida a un órgano jurisdiccional distinto al que deba prestar auxilio, se solicita atentamente, se envíe directamente al que corresponda. Sin que sean necesario solicitar el recibo de estilo correspondiente, toda vez que dicho sistema lo emite automáticamente. Se exhorta a las partes. Se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema "juicio en línea", en términos del último párrafo del artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, emitido el veintiocho de julio de dos mil diecinueve, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos del jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19. De igual forma, podrán proporcionar algún correo electrónico, para que en caso de así manifestarlo expresamente, se les de vista con los informes respectivos. Aviso de transparencia. Se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 4, 11, 12, 15 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince, toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, asimismo, que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la referida ley, deberá ponerse a disposición del público y actualizarse la información relativa a las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio, así como las versiones públicas de las sentencias que sean de interés público; sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información, en la inteligencia de que la falta de oposición de manera expresa conlleva su consentimiento. En caso de oposición, deberá estarse a lo establecido en la sección tercera, relativa al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince. Notifíquese a la parte quejosa por exhorto.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos; veintidós de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de diez de septiembre del año en curso, se desechó la demanda que dio origen al presente sumario constitucional, asimismo, toda vez que la parte quejosa contaba con domicilio fuera de la jurisdicción, se ordenó girar el exhorto 220/2021, orden 283/2021, al Juzgado de Distrito en Materia Civil, en turno, en la Ciudad de México, para que en el auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional notificara dicha determinación de forma personal a la impetrante de amparo, mismo que fue turnado Juzgado Decimotercero de Distrito de la aludida especialidad, quien lo registró como exhorto 266/2021, orden 267/201, tal y como se puede advertir de la captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E.", sin que a la fecha se tenga noticia de su diligenciación. En consecuencia, solicítese acomedidamente al Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia de Civil con sede en Ciudad de México, que de no tener inconveniente alguno informe el estado procesal que guarda la comunicación oficial antes aludida, y de haber logrado el propósito de la misma o haberse encontrado con una imposibilidad para llevar a cabo su diligenciación, la devuelva a la brevedad posible, a fin de que este Juzgado de Distrito esté en condiciones de acordar lo que en derecho proceda. Notifíquese.

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