Georgina Graciano Hernández

Expediente 1093/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 14 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1093/2018
Año
2018
Actuaciones
14
Última actuación
11/11/2019

Partes del expediente

  • Georgina Graciano Hernández
  • Camara de Diputados del Congreso General

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Juzgado se avoca a conocimiento de juicio de amparo Agréguese a los autos el oficio signados por la secretaria del Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual informa que el órgano jurisdiccional de su adscripción se avocó al conocimiento del juicio de amparo III-1093/2018, promovido por Georgina Graciano Hernández, quedando registrado en el índice del citado órgano jurisdiccional bajo el número 2902/2019; lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Remisión de constancias Atento a la solicitud de la autoridad oficiante, toda vez que las constancias que obran en el presente juicio de amparo servirán a la autoridad competente por contener notificaciones a las partes, incluso promociones, previa copia simple que obre en autos, remítanse las mismas al Juzgado Segundo de Distrito aludido, para los efectos legales conducentes. Archivo En virtud de que este expediente se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar o diligencia por practicarse, se ordena su archivo definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Ahora, ya que carece de relevancia documental e histórica el presente cuaderno, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I, del punto vigésimo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Juzgados de Distrito, se toma nota que es susceptible de destrucción, al corresponder la competencia para conocer y resolver de este asunto a diverso órgano jurisdiccional; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Hágase constar en la carátula del presente expediente los datos precisados con antelación; háganse las anotaciones en el libro de gobierno de este juzgado y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Integración del expediente electrónico Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  2. Principal

    Resolución del recurso de queja. Acúsese recibo del oficio número 5865/2019, remitido por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, al que anexa testimonio de la ejecutoria pronunciada el once de septiembre del presente año, relativa al impedimento en materia administrativa número 38/2018, que en sus puntos resolutivos establece: "PRIMERO. Se declara sin materia el presente impedimento. SEGUNDO. Remítanse los autos del juicio de amparo indirecto III-1093/2018 a la Oficina de Correspondencia Comín que presta servicio a los Juzgados de Distrito Primero y Segundo del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, para que dé cumplimiento a lo señalado en la presente resolución. TERCERO. Remítase testimonio de la presente ejecutoria al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, para que notifique a las partes en el juicio." Notificación a las partes, anotaciones en libros y capturas en el SISE. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes; las anotaciones en el libro de gobierno de este juzgado y en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Integración del expediente electrónico. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Recepción de escrito Visto el escrito presentado por la parte quejosa, mediante el cual pretende ampliar la demanda de amparo respecto de los actos reclamados siguientes: Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 19, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativa a la inclusión del catálogo de delitos graves que ameritan prisión preventiva oficiosa, específicamente el delito de corrupción tratándose de delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones; y, Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de los ordenamientos siguientes: Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos; Código Penal Federal; y, Ley General de Responsabilidades Administrativas. Ambos publicados el doce de abril de dos mil diecinueve. Consideraciones previas Previamente a acordar lo que proceda sobre el escrito de ampliación de demanda de amparo, resulta necesario precisar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la ampliación de la demanda de amparo implica la adición o modificación, por parte de la parte quejosa, de lo expuesto en su escrito original para que integre un aspecto más de la controversia que deberá resolver el juez o tribunal, por lo que su inclusión se estima indispensable para que el juzgador dé una solución adecuada al conflicto planteado por el gobernado, por lo que es posible considerarla como parte del sistema procesal del amparo, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Federal. Por su parte, en relación a la ampliación de demanda de amparo el artículo 111 de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando: I. No hayan transcurrido los plazos para su presentación; II. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta Ley. En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda." De lo que se advierte que: Dicha adición o modificación debe realizarse dentro del plazo de quince días establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Cuando se tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden relación estrecha con los reclamados en el escrito inicial. Asimismo, resulta importante puntualizar que dicha ampliación puede realizarse una vez admitida la demanda, pues a partir de la admisión se fija a litis y, hasta antes de que se celebre la audiencia constitucional, esto es, durante el trámite del juicio constitucional. Sin embargo, en el particular toda vez que mediante proveído de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho (fojas de la 56 a la 85), el titular de este órgano jurisdiccional determinó declararse impedido para conocer de dicha demanda de amparo y ordenó su remisión al tribunal colegiado correspondiente, no existe, hasta este momento, un acuerdo en el que haya admitido o, bien, desechado la demanda, de ahí que no pueda proveerse sobre la ampliación hasta en tanto el Tribunal Colegiado de circuito resuelva el impedimento. Además, por auto de veintisiete de diciembre pasado (foja 90), se tuvo al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, informando que dicho impedimento fue admitido a trámite, pero hasta este momento no se cuenta con información relativa de que el mismo haya sido resuelto. Reserva de ampliación Atento a todo lo anterior, se ordena reservar proveer el escrito de cuenta, hasta en tanto se haya declarado la legalidad o no del impedimento planteado y así estar en condiciones de proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda de amparo que dio origen a este asunto y, por tanto, de la ampliación que se promueve. Solicitud de suspensión de los nuevos actos reclamados Del ocurso de cuenta se aprecia que la parte quejosa solicita la suspensión del acto reclamado. En congruencia con lo expuesto, es deber de este juzgador proteger los derechos de la parte quejosa y proveer sobre la medida cautelar solicitada; ello, aun cuando existe un pedimento del resolutor, en estricto acatamiento a lo dispuesto por el artículo 53 de la Ley de Amparo, el cual dispone que quien se excuse deberá, en su caso, proveer sobre la suspensión excepto cuando aduzca tener interés personal en el asunto, salvo cuando proceda legalmente la suspensión de oficio. Así, dicha norma impone, en principio, la obligación de proveer sobre la suspensión de los actos reclamados, a pesar de haberse declarado impedido, excepto cuando tenga un interés personal en el asunto. En el entendido de que la referencia "interés personal en el asunto" ha sido interpretado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -al realizar la interpretación del artículo 66, fracción II, de la abrogada Ley de Amparo, cuyo contenido es similar al de la porción normativa vigente-, al indicar que el interés personal es el beneficio material o económico que tenga un juez en el asunto que originó el juicio de amparo, ya que de no existir vinculación alguna, le quitaría el carácter de personal a dicho interés. Tal y como se puede apreciar de las tesis aisladas de la Quinta y Séptima épocas que respectivamente establecen lo siguiente: "JUECES DE DISTRITO, IMPEDIMENTO DE LOS. La fracción II del artículo 66 de la ley reglamentaria del juicio de amparo, establece como causa de impedimento de los Jueces de Distrito para conocer de un amparo, el interés personal que los mismos tengan en el asunto que haya motivado el acto reclamado; pero este interés debe entenderse como el material y económico que tenga el Juez en el asunto que originó el amparo, caso en el que sería lógico y razonable pensar que hay parcialidad de parte del funcionario al resolver un asunto en el que está interesado; pero como la ley no puede en manera alguna estimar como causa de impedimento el interés de que un Juez tenga en sostener determinado criterio en su resolución, porque ello es propio y natural de la interpretación que le dé a los preceptos legales aplicables al caso, debe estimarse ilegal el impedimento fundado en esta causa". "IMPEDIMENTOS EN EL AMPARO. INTERES EN EL ASUNTO. DEBE SER DIRECTO PARA QUE TENGA EL CARACTER DE PERSONAL. Debe considerarse infundada la causal de impedimento consistente en la existencia de interés personal en el asunto, a que se refiere la fracción II del artículo 66 de la Ley de Amparo, si no se alude a un interés que directamente tenga el juzgador que va a resolver el caso, sino que pretenda derivarse dicho interés del que se atribuya a otra persona con la que el juzgador tenga alguna vinculación, en virtud de que ello le quitaría el carácter de personal a dicho interés, máxime si no se aporta prueba alguna que demuestre que, efectivamente, la otra persona tenga interés en el asunto". Y, en el caso concreto, no existe el interés personal en el presente asunto, en virtud de que el suscrito no obtendrá beneficio material o económico derivado de la suerte o resultado que tenga el presente contradictorio constitucional; por ello, en acatamiento a lo previsto en el numeral 53 de la Ley de Amparo, me encuentro obligado a proveer sobre la suspensión, en términos del citado artículo. Al respecto, cobra aplicación la tesis aislada XVIII.2o.1 K del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito que establece: "SUSPENSIÓN. EL JUEZ QUE SE DECLARA IMPEDIDO ESTA FACULTADO PARA ACORDAR LO RELATIVO A LOS REQUISITOS DE EFICACIA DE LA MISMA. Conforme al artículo 72 de la Ley de Amparo el juez de Distrito que se declare impedido "no queda inhabilitado para dictar y ejecutar el auto de suspensión, excepto en el caso de tener interés personal en el negocio", debiéndose interpretar lo anterior en el sentido de que si no tiene interés en el asunto debe resolver en relación con la ejecución de la suspensión, incluyendo las determinaciones relativas a los requisitos de eficacia de la misma, ya que, sin éstos, el auto de suspensión no podría cumplirse". Además, debe recordarse que el impedimento del suscrito en relación a este asunto ocurrió al proveer el escrito de demanda principal, lo que actualizó la hipótesis del artículo 53 de la Ley de Amparo y, por ende, se emitió el pronunciamiento respectivo en torno a la suspensión; hipótesis la cual vuelve a actualizarse en virtud de la ampliación a la demanda de amparo que ahora se presenta; por tanto, provéase sobre la suspensión de los actos reclamados conforme a derecho proceda. Análisis de los requisitos de procedibilidad de la suspensión Resulta oportuno precisar que la figura de la suspensión del acto reclamado constituye una medida cautelar que puede ser dictada dentro del juicio de amparo y tiene por objeto mantener las cosas en el estado en el que se encuentran mientras se dicta la sentencia y, por consiguiente, implica la paralización provisional de los efectos producidos con el acto de autoridad; por lo que a fin de proveer su dictado, resulta necesario que el juzgador federal realice el estudio de los requisitos para la concesión de la medida cautelar solicitada. Los requisitos de procedencia de la suspensión deben examinarse en un orden lógico y secuencial, de modo que la ausencia de alguno de ellos impedirá seguir avanzando en el análisis de los subsecuentes, al implicar la improcedencia de la medida cautelar. Así, conforme a la regulación constitucional y legal aplicable, los requisitos de procedencia de la suspensión que deben examinarse de forma estratificada son los siguientes: Petición de parte. Conforme el artículo 128 de la Ley de Amparo, por regla general, la suspensión debe concederse siempre a petición de parte, con excepción de aquellos actos reclamados en los que expresamente procede la suspensión de oficio. La existencia del acto reclamado. Como presupuesto lógico para el otorgamiento de la suspensión debe existir siempre un acto reclamado que pueda paralizarse, ya que dicha medida cautelar no puede proyectarse sobre situaciones jurídicas o de hecho que resulten inexistentes. Susceptibilidad de suspender el acto reclamado. Dado que la suspensión constituye una medida cautelar que implica la paralización de determinados actos, es necesario analizar en forma inicial si el acto es susceptible de ser suspendido, para lo cual puede tomarse en consideración la clasificación que de los actos reclamados ha formulado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, verbigracia, actos consumados, negativos, futuros e inciertos, etcétera. Afectación al interés jurídico o legítimo de la parte quejosa. Afectación que puede acreditarse de manera indiciaria para efectos de la suspensión provisional y con un grado probatorio mayor para los efectos de la definitiva. Orden público e interés social y su ponderación con la apariencia del buen derecho. Cuyo análisis debe realizarse de forma ponderada entre la estimación que obtenga del análisis superficial del acto reclamado en relación al derecho discutido en el proceso, contra el interés social que se pudiera ver afectado de obtener la medida cautelar. Precisión de los actos reclamados Inicialmente, debe precisarse que la parte quejosa solicita la suspensión de la adición a las inicialmente normas reclamadas -Ley de Remuneraciones y Código Penal Federal-, así como añadiduras a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y adición al segundo párrafo del artículo 19 Constitucional, esto es, en el presente asunto se reclama: La discusión, aprobación, expedición, y promulgación del decreto por el que se reforman los artículos 1, primer párrafo; 2, primer párrafo; 3, segundo párrafo y fracciones III, V y VII; 5, primer párrafo; 6, fracciones I, IV, inciso a) y segundo párrafo; 7, fracción I, inciso b) y III, incisos h) a m); 8; 10, primer y segundo párrafos; 11; 12, párrafos primero y segundo; 13, párrafo primero; 15; 16, y 17 párrafos primero y actual tercero; se adicionan los artículos 1, con un segundo párrafo; 2, con un segundo párrafo; 3, con una fracción VIII; 6, con un párrafo segundo al inciso a) de la fracción IV; 7, con los incisos n) a v) y un segundo párrafo a la fracción III, un último párrafo; un artículo 7 Bis; 10, con un tercer párrafo; 17, con un tercer y cuarto párrafos, recorriéndose el actual tercero para pasar a ser quinto, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el numeral del artículo 217 Bis correspondiente al Capítulo V Bis, para pasar a ser 217 Ter, del mismo Capítulo, y sus fracciones I y II; así como el numeral del artículo 217 Ter del Capítulo V Bis, para pasar a ser 217 Quáter, y sus fracciones I, II, III y IV del Código Penal Federal, así como la fracción VI del artículo 7 y se adicionan un párrafo segundo al artículo 52, un párrafo segundo al artículo 54, y un artículo 80 Bis de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; y, El decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 19, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cabe señalar que las adiciones y modificaciones que reclama la parte quejosa fueron publicadas el doce de abril de la presente anualidad en el Diario Oficial de la Federación. Además, la parte quejosa refiere que los nuevos actos de molestia se impugnan como sistema normativo, al estar vinculadas con las normas inicialmente reclamadas en este asunto, precisadas en su demanda de amparo. Al respecto, en jurisprudencia temática, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha indicado que es posible reclamarse disposiciones legales que guarden una íntima relación entre sí, aun cuando la parte quejosa sólo acredite el acto de aplicación de una de ellas o que se ubique en el supuesto jurídico de una sola; lo que lo legitima para controvertirlas de manera conjunta como un sistema normativo, al irrogarle un menoscabo en su esfera jurídica. Dicha prerrogativa de impugnación de normas, desde su sola vigencia o por virtud de un acto de aplicación de alguna de ellas, requiere que en su conjunto formen una verdadera unidad normativa, de modo que si se declara la inconstitucionalidad de una, se afecte a las demás en su sentido, alcance o aplicación. Por tanto, no cualquier norma puede integrar junto con otras un sistema impugnable a través del juicio de amparo, ya que deben tener una relación directa entre sí, casi indisociable en cuanto a la materia, tema, objeto, causa, principio o fuente. De ahí que no pueda integrarse o abarcar normas que sólo hacen una mera referencia, mención o correlación con otras, sino que deban guardar correspondencia entre ellas, porque precisamente a partir de esa relación estrecha el particular puede controvertir disposiciones generales aunque no hayan sido aplicadas en su perjuicio, siendo heteroaplicativas, o desde su sola vigencia, las autoaplicativas Por tal motivo, se considera que, una vez que se califique la legalidad del impedimento planteado por el suscrito, el Juez que conozca del presente asunto podría incluir los nuevos actos en la litis constitucional, dado que aquéllos se relacionan con los primigeniamente precisados en la demanda de amparo, en virtud de que se vinculan con la percepciones económicas y emolumentos que deben recibir los servidores públicos y las consecuencias por recibir un salario mayor al del Presidente de la República, por lo cual, se advierte que, aparentemente, sí forman parte de un sistema normativo. Determinado lo anterior, resulta procedente realizar el análisis de los requisitos de la suspensión de los actos reclamados, conforme al estudio siguiente: Solicitud de la medida cautelar De conformidad con lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley de Amparo, el primero de los requisitos que deben reunirse para el otorgamiento de la suspensión de los actos reclamados es que la misma sea solicitada por la parte quejosa; aspecto con el cual se cumple, toda vez que del contenido integral del escrito de ampliación de demanda se desprende que la parte quejosa solicitó expresamente la medida cautelar. Además, en el apartado relativo a la petición de la medida cautelar, la parte quejosa expuso lo siguiente: ". a) No se inicien procedimientos administrativos de ningún tipo a la parte quejosa, fundados en el incumplimiento, por acción u omisión, de deberes previstos en la ley de remuneraciones, ya sea por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Secretaría de la Función Pública (SFP) o del Consejo de la Judicatura Federal (CJF). b) No se dé noticia de algún ilícito penal ni se inicie carpeta de investigación contra la parte quejosa, con motivos de los deberes impuestos en la ley reclamada. c) No se disminuya sueldo, salario, remuneraciones o cualquier otro tipo de emolumento percibido y autorizado en términos de los ya aprobados para el presente ejercicio fiscal de dos mil diecinueve. d) No se instaure el Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados para efectos de la opinión en el establecimiento de trabajos calificados o especializados, o para la integración de tabuladores o manuales de remuneraciones. e) Se posponga la emisión de acuerdo de interpretación alguna por parte de la Secretaría de la Función Pública, respecto a la interpretación de la ley de remuneraciones reclamada. f) Se posponga la emisión del reglamento a que alude el artículo segundo transitorio del decreto reclamado, por parte de los órganos competentes del PJF." (Sic). Así, la transcripción que precede y la lectura íntegra de la demanda permite considerar que la parte quejosa solicita la suspensión de los actos reclamados para los efectos siguientes: a) Con motivo de la investigación que puedan realizar las autoridades, no se integren e inicien procedimientos penales o administrativos fundados en el incumplimiento, por acción u omisión, de deberes previstos en la ley de remuneraciones; b) No se disminuya el sueldo, salario o remuneraciones de la parte quejosa; c) De iniciarse los citados procedimientos, no se aplique como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, contenida en el artículo 19, párrafo segundo, constitucional; d) No se instaure el Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de diputados; e) Se postergue la emisión de acuerdos o normas que reglamenten la correcta aplicación de los ordenamientos combatidos, específicamente por el Poder Judicial de la Federación. Estos efectos deben estudiarse en conjunto con los actos combatidos, pues, como se dijo, constituyen los aspectos específicos por los cuales se pidió la medida cautelar. Incluso, por cuestión de técnica, resulta conveniente atender a lo que expresamente peticiona suspender la parte quejosa. Tiene apoyo a lo anterior, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 111/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS. De la interpretación armónica de la fracción I del artículo 124, en relación con el artículo 131, ambos de la Ley de Amparo, se advierte que para que el Juez de Distrito pueda pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión definitiva del acto reclamado, es requisito que el agraviado la haya solicitado expresamente. Ahora bien, cuando el quejoso solamente solicita la suspensión respecto de las consecuencias del acto reclamado, el Juez Federal debe resolver si concede o niega la suspensión definitiva, única y exclusivamente respecto de ellas, y cerciorarse previamente de la existencia de los actos reclamados a los que se les atribuyen, a fin de que el pronunciamiento que realice sobre la medida cautelar se sustente sobre actos ciertos.". Existencia del acto reclamado Dado que se trata de la suspensión provisional, para resolver lo concerniente a la existencia, el juzgador solamente cuenta con las manifestaciones que, bajo protesta de decir verdad, realizó la parte quejosa, y con aquellos elementos de prueba que se acompañaron a la demanda y escrito ampliatorio, así como aquellos que se encuentran exentos de prueba. Tal es el caso de las normas generales reclamadas, pues las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general -conforme a la tesis de jurisprudencia 65/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación-, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate. En virtud de lo anterior, para efectos de esta determinación, se tiene demostrada la existencia de las normas generales impugnadas. C. Susceptibilidad de suspender los actos reclamados C.1. Inicio de procedimientos penales o administrativos y disminución de prestaciones económicas En los aspectos concernientes al inicio de procedimientos penales o administrativos penales o administrativos fundados en el incumplimiento, por acción u omisión, de deberes previstos en la ley de remuneraciones, así como sueldo, salario o remuneraciones de la parte quejosa, identificados en los incisos a) y b), este órgano de control constitucional considera que sí son susceptibles de suspenderse, conforme a lo que se expondrá a continuación. En efecto, los actos reclamados están constituidos por normas generales que deben catalogarse desde el punto de vista formal y material como "ley", lo anterior porque fueron expedidos por el órgano del Estado a quien la Ley Suprema de toda la Unión depositó el ejercicio del Poder Legislativo; y, su contenido es de carácter general, permanente, imperativo y coercitivo. Sobre el tema de la suspensión, tratándose de normas generales, el artículo 148 de la Ley de Amparo establece la procedencia de la medida cautelar, pero distingue entre aquellas normas que se impugnan como autoaplicativas, de aquellas que se realizan con motivo del primer acto de aplicación, y aunque el efecto principal es el mismo, es conveniente que desde un inicio se precise -aunque de forma preliminar-, cuál es la naturaleza de la norma, es decir, si se trata de una norma autoaplicativa o heteroaplicativa. Para lograr lo anterior, resulta patente acudir al concepto de individualización incondicionada, por virtud del cual, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada. El artículo 1° de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que por objeto regular las remuneraciones que perciben los servidores públicos de la Federación, sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos dotados de autonomía, las empresas productivas del Estado y cualquier otro ente público federal. Incluso, precisa que la interpretación de dicha legislación, para efectos administrativos, estará a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas atribuciones. Por ello, las normas impugnadas traen como consecuencia un actuar positivo que se traduce en un hacer y, por tal motivo, sus efectos son susceptibles de ser suspendidos. Esto se explica, toda vez que -eventualmente- la proyección, discusión y aprobación de los presupuestos de egresos subsecuentes, en el rubro relativo a las remuneraciones de los servidores públicos, se realizarán por los órganos encargados de tal función con base en el parámetro que se estableció en la ley general impugnada, a saber, la retribución que se hubiese establecido para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación, tal como se establece en la fracción I del artículo 6 de la citada ley (reformada en el decreto que constituye el acto reclamado): "Artículo 6. Para la determinación de la remuneración de los servidores públicos se consideran las siguientes bases: I. Ningún servidor público obligado por la presente ley recibirá una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación. (.) Con base en lo expuesto, es factible concluir que el Decreto relativo a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, publicado el doce de abril de la presente anualidad en el Diario Oficial de la Federación, adiciona los preceptos normativos inicialmente impugnados, los cuales, se reitera, son de individualización incondicionada, puesto que las obligaciones derivadas de dichos numerales nacen con la misma expedición del decreto, en tanto que suponen un hacer a cargo de diversos agentes del Estado en el ámbito de programación, presupuestación y aprobación del presupuesto de egresos de la Federación, en lo concerniente a las remuneraciones de los servidores públicos que deberán percibir durante los ejercicios presupuestales siguientes. En esa tesitura, los efectos que traen consigo los preceptos normativos adicionados en uno de los decretos impugnados -precisado en el punto 1- sí son susceptibles de ser suspendidos, toda vez que los mismos traen repercusiones en el mundo material que se hacen consistir en que las entidades del Estado realicen las actividades de programación, presupuestación y eventual aprobación de los presupuestos de egresos de los ejercicios siguientes, tomando como base la remuneración que en su momento llegue a establecerse para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación. De igual modo, la sola entrada en vigor de las adiciones a la Ley Federal inicialmente reclamada trae como consecuencia efectos positivos en el mundo material en el aspecto relativo al ius puniendi del Estado. Ello, en virtud de que también se reforman la denominación del Título Décimo del Libro Segundo; el numeral del artículo 217 Bis correspondiente al Capítulo V Bis, para pasar a ser 217 Ter, del mismo Capítulo, y sus fracciones I y II; así como el numeral del artículo 217 Ter del Capítulo V Bis, para pasar a ser 217 Quáter, y sus fracciones I, II, III y IV del Código Penal Federal, pues reubican el precepto que prevé el tipo penal incluido en las normas inicialmente reclamadas, dirigido a todos aquellos servidores públicos que aprueben, refrenden, suscriban o reciban un pago indebido no autorizado de conformidad con la ley general combatida. De igual modo, se reforman la fracción VI del artículo 7 y se adicionan un párrafo segundo al artículo 52, un párrafo segundo al artículo 54, y un artículo 80 Bis a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, las cuales también añaden aspectos normativos complementarios a las normas inicialmente reclamadas, en cuanto a la responsabilidad administrativa derivada del incumplimiento de los deberes impuestos en la Ley General de Remuneraciones. En suma, las normas adicionadas con el decreto publicado el doce de abril pasado en el Diario Oficial de la Federación establecen responsabilidad penal y administrativa que, de actualizarse conforme las hipótesis normativas descritas en la legislación reclamada, implicarían el despliegue del ius puniendi del Estado en su vertiente procesal-penal y administrativa-sancionadora, para castigar aquellas conductas que se estimen violatorias de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Por ende, se colige que la sola entrada en vigor del decreto aludido trae como consecuencia efectos positivos que pueden materializarse en perjuicio de los servidores públicos que se encuentren en el ámbito de aplicación de dicha norma, por lo que ve al aspecto relativo al ius puniendi del Estado. Por ello, dado que los preceptos normativos combatidos sí tienen efectos positivos en el mundo material por su sola entrada en vigor, entonces tales efectos sí son susceptibles de ser paralizados mediante la suspensión del acto reclamado prevista en la Ley de Amparo. C.2. Aplicación de prisión preventiva Respecto a la solicitud de suspensión en el sentido de que no se aplique el artículo 19, párrafo segundo, constitucional, reformado el doce de abril de dos mil diecinueve, efecto precisado en el inciso c), debe establecerse que tal cuestión no es susceptible de paralizarse, pues, sin que ésta determinación constituya un análisis de procedencia o no de la ampliación de la demanda de amparo que nos ocupa, el artículo 61, fracción I, de la ley de la materia dispone que el juicio constitucional es improcedente contra las adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que si el propio contradictorio constitucional es improcedente contra tales actos, la suspensión también debe serlo. Habida cuenta que lo que pudiera causar algún perjuicio a la parte quejosa no es el establecimiento de la prisión preventiva para la corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, sino el establecimiento de los ilícitos mencionados, los cuales, aparentemente, no se encuentran conceptualizados en la adición reclamada y, en todo caso, deben encontrarse previstos en el Código Penal Federal, siendo que las reformas a éste reclamadas serán materia de estudio en los apartados subsecuentes. De ahí que este órgano de control constitucional concluya que resulta improcedente la suspensión de los actos reclamados respecto a la medida cautelar de prisión preventiva que, en su caso, pudiera aplicarse contra la parte quejosa. C.3. Instauración del del Centro de Estudios de Finanzas Públicas En relación con la creación del Centro de Estudios de Finanzas Públicas, efecto precisado en el inciso d), debe decirse que tal aspecto reviste la naturaleza de los actos consumados, pues tuvo su origen con anterioridad a la presentación del escrito ampliatorio, incluso, aconteció antes de la presentación de la demanda de amparo. Lo anterior encuentra sustento en la circunstancia de que el veintidós de mayo de dos mil, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó el Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados que, en su artículo 6, fracción II, estipuló la creación del mencionado centro de estudios como un órgano adscrito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios. Así, incluso a la data de la presentación de la demanda, el centro en comento ya se encontraba previsto en una norma de carácter formal y actualmente se encuentra en funciones, tal como se advierte de su sitio web, por lo cual, se insiste, tal aspecto reviste la naturaleza de los actos consumados. C.4. Postergar la creación de normas reglamentarias La parte quejosa solicita la suspensión para el efecto de que se postergue la creación de un reglamento por parte de los órganos competentes del Poder Judicial de la Federación, en términos del segundo artículo transitorio del "decreto reclamado", aspecto precisado en el inciso e); en ese sentido, debe decirse que el ejercicio de facultades reglamentarias implica el despliegue de actos positivos para su realización, por lo cual, conforme a su naturaleza, tales actos sí son susceptibles de paralización. C.5. Continuación del análisis por los efectos precisados en los incisos a), b) y e) En el presente proveído ya se estudió lo referente a los efectos que expresamente solicitó suspender la parte quejosa, identificados en los incisos c) y d), respecto de los cuales se consideró improcedente conceder la medida cautelar, por lo que el análisis continúa únicamente por los efectos solicitados precisados en los incisos a), b) y e). D. Afectación al interés jurídico o legítimo de la parte quejosa A fin de analizar este presupuesto de procedencia para la suspensión del acto reclamado, es oportuno indicar que, de acuerdo a la estructura que conforma la normativa impugnada, se concluye que sólo los servidores públicos de la federación -entendiéndose como tales, con base en la propia ley, todos los enumerados en el artículo 2o.-, son sujetos de las obligaciones derivadas de la ley y éstas nacen con ella misma; de ahí que el primer criterio de exclusión para decidir si la norma autoaplicativa causa una lesión al interés jurídico o legítimo de la parte quejosa, será la pertenencia a ese universo de personas a quien se encuentra dirigida. En el caso, la parte quejosa demostró el carácter de servidor público, ya que adjuntó a su demanda inicial por conducto de los medios electrónicos los documentos siguientes: Constancia de antigüedad de veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, emitida por la Administradora Regional de la Coordinación de Administración Regional del Consejo de la Judicatura Federal. Constancia de cargos desempeñados de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, emitida por la Administradora Regional de la Coordinación de Administración Regional del Consejo de la Judicatura Federal. El nombramiento de Coordinador Técnico Administrativo, puesto de confianza por tiempo indefinido, adscrita al Primer tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoprimer Circuito, con sede en esta ciudad, de siete de noviembre de dos mil catorce Constancia de cambio de adscripción de veinticuatro de abril de dos mil quince, emitida por el Director General de recursos Humanos del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México. Documentos con los que se acredita que la quejosa es servidora pública perteneciente al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoprimer Circuito, con sede en esta ciudad, el cual es uno de los órganos en que se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación, tal y como lo prevé el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos expresamente señala: "Artículo 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito". Por su parte, el CAPITULO TERCERO, intitulado "DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS", de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en la sección 1a, "DE SU INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO" señala lo siguiente: "ARTICULO 33. Los tribunales colegiados de circuito se compondrán de tres magistrados, de un secretario de acuerdos y del número de secretarios, actuarios y empleados que determine el presupuesto" (Lo resaltado es de este órgano jurisdiccional). Disposición que, interpretada de manera sistemática, conduce a considerar que la parte quejosa pertenece al universo de personas que deben cumplir con las obligaciones que establece la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el lunes cinco de noviembre de dos mil dieciocho y adicionada por decreto publicado el doce de abril de dos mil diecinueve, porque se desempeña como servidor público dentro del Poder Judicial de la Federación. En ese orden de ideas, los preceptos legales redargüidos establecen obligaciones, prohibiciones y sanciones, que conminan a los servidores públicos a quienes está dirigida, desde la entrada en vigor, a cumplir con lo que la norma exige, de ahí que se justifica el carácter autoaplicativo. En efecto, el artículo 6° -al que nos referimos en primer término, por razón de método-, establece: "Capítulo II De la determinación de las remuneraciones Artículo 6. Para la determinación de la remuneración de los servidores públicos se consideran las siguientes bases: I. Ningún servidor público recibe una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación. II. Ningún servidor público puede tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico, salvo que el excedente sea consecuencia de: a) El desempeño de varios puestos, siempre que el servidor público cuente con el dictamen de compatibilidad correspondiente con antelación al desempeño del segundo o subsecuentes puestos, ya sean federales o locales; b) El contrato colectivo o las condiciones generales de trabajo; c) Un trabajo técnico calificado, considerado así cuando su desempeño exige una preparación, formación y conocimiento resultado de los avances de la ciencia o la tecnología o porque corresponde en lo específico a determinadas herramientas tecnológicas, instrumentos, técnicas o aptitud física y requiere para su ejecución o realización de una certificación, habilitación o aptitud jurídica otorgada por un ente calificado, institución técnica, profesional o autoridad competente, o d) Un trabajo de alta especialización, determinado así cuando las funciones conferidas resultan de determinadas facultades previstas en un ordenamiento jurídico y exige para su desempeño de una experiencia determinada, de la acreditación de competencias o de capacidades específicas o de cumplir con un determinado perfil y, cuando corresponda, de satisfacer evaluaciones dentro de un procedimiento de selección o promoción en el marco de un sistema de carrera establecido por ley. Bajo las anteriores excepciones, la suma de las retribuciones no excede la mitad de la remuneración establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación. [.]". Cabe señalar que las reformas de doce de abril pasado adicionaron el citado numeral de la forma siguiente: "Artículo 6. ... I. Ningún servidor público obligado por la presente ley recibirá una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación. II. y III. ... IV. ... a) Toda persona, previo a su contratación en un ente público, manifestará por escrito y bajo protesta de decir verdad que no recibe remuneración alguna por parte de otro ente público. Si la recibe, formulará solicitud de compatibilidad en la que señalará la función, empleo, cargo o comisión que pretende le sea conferido, así como la que desempeña en otros entes públicos, las remuneraciones que percibe y las jornadas laborales. La solicitud de compatibilidad observará las determinaciones generales de la Secretaría de la Función Pública, conforme lo dispuesto por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. ... b) y c) ... Cuando se acredita que un servidor público declaró con falsedad respecto de la información requerida para obtener un dictamen de compatibilidad favorable a sus intereses, queda sin efectos el nombramiento o vínculo laboral conforme a las disposiciones aplicables. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones legales correspondientes". De la interpretación gramatical (semántico) de este precepto, se puede advertir el establecimiento de varias prohibiciones, esto es, a) que ningún servidor público obligado por dicha legislación -descrito en su propio artículo 2°-puede tener una remuneración mayor a la prevista para el Presidente de la República en el presupuesto de egresos de la Federación; b) ningún servidor público puede tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico, salvo que el excedente sea consecuencia de algunas otras hipótesis; y, c) si el servidor público que se sitúa en las excepciones en mención, la suma de las retribuciones no exceda la mitad de la remuneración establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Lo anterior pone de manifiesto que el artículo 6°, conforme a la modificación, constituye una norma de carácter autoaplicativa, porque contiene una prohibición que opera en la esfera jurídica de cualquier servidor público con independencia de que el monto de su remuneración sea mayor o menor que la percibe actualmente el Presidente de la República, pues el efecto de la norma impugnada es inhibir el ejercicio de las libertades que se encuentran reconocidas en el artículo 5° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque produce un efecto disuasivo cuando en el desempeño de cualquier función pública se encuentre asignada una remuneración mayor a la establecida en el presupuesto de egresos de la Federación para el Presidente de la República. El artículo 6° reformado el doce de abril pasado forma parte de un sistema normativo, porque junto con las obligaciones establecidas en el 5° y 17 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituyen una unidad, en virtud de que, además de la prohibición de percibir una remuneración en los términos que quedó indicado, el normativo 5° establece la obligación a cargo de cualquier servidor público (con las salvedades previstas en la norma), de notificar o informar a la unidad administrativa responsable de efectuar el pago de las remuneraciones de la percepción recibida en exceso, lo que de suyo implica que los sujetos obligados, además, deban conocer la estructura orgánica de la dependencia u organismos en el que laboran. Adicionalmente, para el cumplimiento de las obligaciones a que establecen los artículos 5° y 6° de Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se requiere que los servidores púbicos afectados tengan conocimiento cierto y pleno de cuál es la remuneración que percibe el Presidente de la República, lo que orilla a la parte quejosa a realizar otro tipo de actividades ajenas a su función, tales como la investigación de esos datos y la labor de interpretar alguno de sus componentes, debido a que en los presupuestos de egresos subsecuentes del correspondiente al ejercicio fiscal dos mil diecinueve, existe una cabida constitucional para la asignación de partidas secretas de que puede disponer el Poder Ejecutivo, como así lo establece el artículo 74, fracción IV, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, de suyo, dificulta el cumplimiento de las obligaciones que le impone la ley, pues, por principio, no podrá saber a cuánto ascenderán las remuneraciones del Presidente de la República en los ejercicios fiscales subsecuentes. De la misma forma, debe considerarse como una norma de carácter autoaplicativo, puesto que ante el incumplimiento de las obligaciones antes descritas -que por lo menos, la de comunicar a la unidad administrativa responsable del pago de remuneraciones que recibió una retribución en demasía, se torna prácticamente imposible-, podrá ser acreedor a una sanción de tipo administrativo que consiste en la destitución del cargo y la inhabilitación para ejercer otro de carácter público e incluso penal, pues las diversas disposiciones del Código Penal Federal que también se reclaman, tipifican como delito recibir u otorgar remuneraciones que excedan de esos límites. Asimismo, los preceptos constitucionales y legales antes indicados, en relación con los artículos 217 ter y 217 Quáter -adicionado-, del Código Penal Federal pudieran resultar estigmatizadores, ya que se crea un tipo penal que, por su sola entrada en vigor, transforma la recepción de los salarios que actualmente perciben los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación -como lo es la parte quejosa- como probablemente ilícita, ello, toda vez que en los presupuestos de egresos siguientes al ejercicio fiscal actual -dos mil diecinueve-no podrá tenerse certeza sobre qué cantidad de dinero puede ser considerada como retribución del Presidente de la República, ya que, se reitera, existe cabida para la asignación de partidas secretas, aludidas en el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además de que, también, por esa circunstancia de desconocer el salario del presidente, pudiera incurrir en falta administrativa de acuerdo con las adiciones a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. No pasa inadvertido que pueda considerarse que se trata de la misma norma, por contener, en esencia idénticas obligaciones o deberes impuestos a la parte quejosa y que la suspensión de los actos reclamados sea improcedente, empero, aun cuando pudiera considerarse de sea de esa manera, la norma reclamada inicialmente ha sido modificada en virtud del decreto publicado el doce de abril de la presente anualidad en el Diario Oficial de la Federación, por lo cual, dichas adiciones o reformas constituyen actos nuevos que también producen efectos en la esfera jurídica del gobernado y, por tanto, pueden suspenderse. Efectivamente, como se estableció en la determinación de dieciocho de diciembre pasado, la afectación a la esfera de derechos de la parte solicitante del amparo se tiene por acreditada, para efectos de la suspensión provisional, con el contenido valorativo que encierra la norma impugnada y que se proyecta sobre aquellos servidores públicos que, probablemente, sus remuneraciones sean superiores al del Presidente de la República. En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que en el amparo contra leyes, a través de la figura del interés legítimo, es posible combatir la parte valorativa de las normas jurídicas sin necesidad de un acto de aplicación, cuando aquéllas resulten estigmatizadoras. Esto se explica, toda vez que, a decir del Alto Tribunal de la Nación, las leyes no sólo tienen una parte dispositiva, sino también una valorativa, la cual es producto de ciertas tesis sobre las que concurren las mayorías legislativas, y que dan como resultado normas que promocionan y ayudan a construir un significado social de exclusión o degradación, que si bien pueden no tener a los miembros de un cierto grupo vulnerable como destinatarios, los efectos de su aplicación mediante la regulación de la conducta de terceros sí les genera un daño de estigmatización por discriminación. Así, el estigma por discriminación puede ser una afectación expresiva generada directamente por una norma, la cual comúnmente se traduce en una serie de eventuales afectaciones materiales secundarias, con motivo de la puesta en práctica del contenido prescrito por la norma, como es la exclusión de beneficios o distribución inequitativa de cargas. Al respecto, cobra aplicación la tesis CCLXXXIII/2014 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO CONTRA LEYES. PERMITE IMPUGNAR LA PARTE VALORATIVA DE LAS NORMAS JURÍDICAS SIN NECESIDAD DE UN ACTO DE APLICACIÓN, CUANDO AQUÉLLAS RESULTEN ESTIGMATIZADORAS. Los significados son transmitidos en las acciones llevadas por las personas, al ser producto de una voluntad, de lo que no se exceptúa el Estado, como persona artificial representada en el ordenamiento jurídico. Así, las leyes no sólo regulan conductas, sino que también transmiten mensajes que dan coherencia a los contenidos normativos que establecen, ya que no regulan la conducta humana en un vacío de neutralidad, sino que lo hacen para transmitir una evaluación oficial sobre un estado de cosas, un juicio democrático sobre una cuestión de interés general. En este sentido, las leyes no sólo contienen una parte dispositiva, sino también una valorativa. Esta última es el producto de ciertas tesis sobre las que concurren las mayorías legislativas. Lo anterior es especialmente relevante considerar cuando se trata de estereotipos, pues la percepción social que hace sobrevivir un prejuicio contra un sector discriminado se sustenta en una compleja red de leyes y normas que regulan los intercambios de las personas para promocionar el rechazo a estos grupos, cuyo efecto es preservar un determinado mensaje oficial en la sociedad independientemente de la eficacia de determinados contenidos dispositivos de esa legislación. Luego, la discriminación no sólo se puede resentir cuando la norma regula directamente la conducta de un grupo vulnerable, sino también mediante aquellas normas que promocionan y ayudan a construir un significado social de exclusión o degradación, que si bien pueden no tener a los miembros de cierto grupo vulnerable como destinatarios, los efectos de su aplicación mediante la regulación de la conducta de terceros sí les genera un daño de estigmatización por discriminación. Así, esta Primera Sala estima que junto a la afectación material o tradicional que puede generar la parte dispositiva de una norma, puede existir una afectación inmaterial que produce el mensaje transmitido por la norma, es decir, por su parte valorativa. En otras palabras, el estigma por discriminación puede ser una afectación expresiva generada directamente por una norma, la cual comúnmente se traduce en una serie de eventuales afectaciones materiales secundarias, con motivo de la puesta en práctica del contenido prescrito por la norma, como es la exclusión de beneficios o distribución inequitativa de cargas. Sin embargo, lo relevante es que independientemente de las partes heteroaplicativas que contenga la norma, si existe una afectación de estigmatización por discriminación generada directamente en su parte valorativa, se debe reconocer interés legítimo para impugnarla, sin esperar el acto de aplicación. Cabe precisar que este tipo de afectación no diluye el concepto de interés legítimo en interés simple, pues no puede considerarse como un estigma la afectación ideológica que produce una ley en ciertos miembros de la población en general, ni permite hacer pasar como interés legítimo la mera percepción dañina subjetiva del quejoso, es decir, la disidencia u oposición a la norma. La afectación por estigmatización es una afectación concreta y distinguible de la mera oposición o disidencia ideológica a una ley, generable por un mensaje tachado de discriminatorio por la utilización de una de las categorías sospechosas establecidas en el artículo 1o. constitucional, del cual el quejoso es destinatario por ser miembro de uno de los grupos vulnerables identificados mediante una de esas categorías. Así, la estigmatización por discriminación no sólo depende de las impresiones subjetivas del quejoso, sino de una evaluación impersonal y objetiva del juzgador, lo que se determina mediante la derivación de entendimientos colectivos compartidos, el contexto social en que se desenvuelve y la historia de los símbolos utilizados". Lo antes señalado se trae a colación, toda vez que no puede pasar inadvertido el contexto de la impugnación realizada por la parte quejosa en su escrito de demanda contra las normas combatidas, en donde sostiene, que los preceptos normativos aplicados en relación a los servidores públicos que conforman la carrera judicial y demás empleados de los órganos jurisdiccionales, se tratan de normas estigmatizadoras porque se llega al extremo de considerar ilícita una remuneración que se obtiene como producto de un trabajo de alta especialización por la sola circunstancia de que se llegue a presumir que la misma llega a rebasar un parámetro que podría resultar irracional o, en su caso, injustificado. Asimismo, la afectación a la esfera jurídica de la parte quejosa, estudiada en este momento, se acredita por su calidad de empleada, en calidad de servidor público con adscripción en un Tribunal Colegiado de Circuito. En efecto, para demostrar el carácter de servidor público y, por ende, sujeto a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre otros documentos, desde que presentó su demanda, la parte quejosa acompañó la constancia de cargos desempeñados, tal como se expone en el cuadro siguiente: Quejoso Calidad Puesto Vigencia de nombramiento Georgina Graciano Hernández. Empleado Coordinador Técnico Administrativo Con nombramiento indefinido a partir del uno de noviembre dos mil catorce. Es decir, las documentales exhibidas por el peticionario de amparo desde su escrito inicial permiten considerar que existen posibilidades de que pudiera encontrarse en los supuestos del artículo 2° de la ley en aplicación, la que, como ya se precisó, es de carácter autoaplicativa. Además, los derechos humanos reconocidos por el texto constitucional como fundamentales, relativos a la dignidad y seguridad jurídica, son bienes universales de los que todo ser humano goza por el hecho de serlo, no están sujetos a comprobación. Ello, no obstante que las normas se hubiesen impugnado en el esquema de heteroaplicativas, señalando como primer acto de aplicación precisamente la entrada en vigor del decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como sus adiciones, incorporan y reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal y Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicadas el cinco de noviembre de dos mil dieciocho y doce de abril de dos mil diecinueve en el Diario Oficial de la Federación, respectivamente, en la medida de que, como antes se vio, aquellas normas también guardan una naturaleza autoaplicativa en los términos que fueron precisados. Orden público e interés social, así como su ponderación con la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora E.1. Consideraciones preliminares A partir de la reforma constitucional en materia de juicio de amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, se concibió a la suspensión del acto reclamado como una medida cautelar, pues se incorporaron a su naturaleza las características de este tipo de medidas al señalarse en la fracción X del artículo 107 Constitucional lo siguiente: "X.- Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social". Por su parte, el Poder Legislativo encargado de expedir la ley reglamentaria, al desahogar el proceso legislativo que inició con diversos grupos parlamentarios en la cámara de senadores, el quince de febrero de dos mil once, respecto de la suspensión de los actos reclamados en el juicio de amparo, señalaron lo siguiente: "Suspensión del acto reclamado. En el caso de la suspensión del acto reclamado, se establece un sistema equilibrado que permita que la medida cautelar cumpla cabalmente con su finalidad protectora, pero que cuente con mecanismos que eviten y corrijan los abusos que desvían su objetivo natural. Para tal efecto, se privilegia la ponderación que deban realizar los jueces entre la apariencia del buen derecho y la no afectación al interés social. En efecto, se dispone expresamente en el artículo 128 del texto del proyecto como elemento a considerar por parte de los jueces para el otorgamiento de la suspensión la apariencia de buen derecho, requisito éste reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que constituye uno de los avances más importantes en la evolución del juicio de amparo en las últimas décadas. Con ello se pretende lograr que la medida cautelar sea eficaz pero que por otro lado no se afecte el interés social, caso en el cual se deberá negar la suspensión. Asimismo, debe referirse que se llevó a cabo una revisión puntual de los supuestos que en términos de la ley se actualiza la afectación al interés social, ello con el propósito de dar mayor certeza a las partes en el juicio de amparo así como parámetros al juez para resolver sobre la suspensión. Por otro lado, se prevén en el proyecto elementos mínimos formales y sustantivos que deben cumplir las resoluciones suspensionales, lo que facilita su control a través de los recursos que se prevén en el proyecto. Asimismo, se faculta al órgano jurisdiccional para solicitar documentos y ordenar las diligencias que considere convenientes para resolver sobre la suspensión definitiva. Sin perjuicio de lo anterior, en los casos en que se consideró necesario o conveniente, se precisaron los efectos de la medida suspensional para evitar confusiones. Esto es lo que ocurre en la materia penal, en la cual se establecen los distintos efectos de la suspensión dependiendo de la etapa procedimental. Debe destacarse que se buscó un sistema que, sin menoscabo de la eficaz persecución de los delitos, permitiera que el amparo cumpliera con su finalidad protectora y tuviera plena vigencia el principio de presunción de inocencia. Por ello se prevé que la suspensión definitiva pueda concederse excepcionalmente y de acuerdo a las circunstancias del caso, incluso tratándose de delitos que la ley señala como graves". Se puede advertir, de manera diáfana, que fue voluntad del legislador de la Federación otorgar a los jueces la facultad de analizar caso por caso, y decidir a partir del estudio particularizado, cuándo debe otorgarse la medida cautelar; sin embargo, también se precisó que en algunos casos, particularmente identificados, la ley definiría tanto la posibilidad del otorgamiento como los efectos que tendría. Pues bien, tal es el supuesto del amparo contra leyes porque el artículo 148 de la Ley de Amparo expresamente dispone: "Artículo 148. En los juicios de amparo en que se reclame una norma general autoaplicativa sin señalar un acto concreto de aplicación, la suspensión se otorgará para impedir los efectos y consecuencias de la norma en la esfera jurídica del quejoso. En el caso en que se reclame una norma general con motivo del primer acto de su aplicación, la suspensión, además de los efectos establecidos en el párrafo anterior, se decretará en relación con los efectos y consecuencias subsecuentes del acto de aplicación". En virtud de lo anterior, el acto reclamado precisado en el punto 1 sí es susceptible de la medida cautelar. Sin que ello implique desconocer el análisis realizado en este proveído respecto a los efectos que expresamente solicitó suspender la parte quejosa, identificados en los incisos c) -el cual se encuentra vinculado estrictamente con el acto reclamado identificado en el punto 2- y d), respecto de los cuales se consideró improcedente conceder la medida cautelar, pues el análisis continúa por los efectos pretendidos en los incisos a), b) y e). En ese sentido, debe indicarse que el artículo 129 de la Ley de Amparo establece una serie de supuestos en los que, por regla general, se causará afectación al interés social o se contravendrán disposiciones de orden público, frente a los cuales el juzgador de amparo no debe conceder dicha medida cautelar. En principio, el legislador fue quien, en función de la naturaleza y dimensión del acto, así como su relación con la protección de un bien jurídico colectivo tutelado que resultaría afectado si el acto se suspende, determinó que la suspensión sea negada, dotando a la norma de un carácter prohibitivo. Sin embargo, en el último párrafo del artículo 129 de la Ley de Amparo, se advierte la posibilidad excepcional de que, en determinados casos, aun adecuándose el acto a suspender a uno de los supuestos en que el legislador consideró que otorgar la suspensión sería contrario al interés social, el Juez podrá concederla, si su negativa redunda en una afectación mayor al interés social. Esta posibilidad, disociada de la afectación al interés individual de la parte quejosa, no se refiere a una ponderación entre éste o el buen derecho del particular y un interés social; por lo contrario, enfatiza que lo que se busca salvaguardar son bienes jurídicos de índole colectivo y que, en todo caso, lo que pretende evitarse con el otorgamiento excepcional de la suspensión es el perjuicio a ese conjunto de bienes e intereses que integran la noción de orden público e interés social. Lo anterior significa que, más allá del resultado que la ejecución del acto tenga en cuanto a los intereses del particular, la última parte del artículo 129 abre la posibilidad de que el Juez ejerza su discrecionalidad, aun respecto de los supuestos previstos en ese precepto, aunque para ello deberá alejarse del método tradicional de análisis del interés personal, en su lugar, deberá realizar una ponderación reforzada, encaminada a determinar los efectos que suspender el acto o permitir su ejecución, tendría en cuanto a intereses generales o colectivos o bienes jurídicos de la misma dimensión, integrados a la noción de orden público, en congruencia con el parámetro de ponderación efectuado por el legislador, al expedir el precepto referido, bajo la premisa de evitar el dictado de resoluciones que lastimen la sensibilidad social. E.2. Vulneración al orden público e interés social con el efecto pretendido en el inciso e) En el caso particular, en una reflexión apartada de los intereses personales del aquí quejoso, se llega a la conclusión de que conceder la medida cautelar por lo que ve al efecto precisado en el inciso e) causaría una afectación mayor al interés social, en tanto que implicaría paralizar una facultad que tienen los órganos competentes del Poder Judicial de la Federación, pues, conforme al artículo 100, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Consejo de la Judicatura Federal se encuentra facultado para expedir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones, entre ellas, la realización de ajustes de percepciones económicas y emolumentos. De manera que, de concederse la suspensión, se afectaría la facultad constitucional del Consejo de la Judicatura Federal para realizar acuerdos generales que normativicen el ejercicio de sus funciones, específicamente ajustes a percepciones económicas y emolumentos de los servidores públicos pertenecientes al Poder Judicial de la Federación, por lo cual, esencialmente, conceder la medida cautelar impediría la forma en ejecutar y cumplir con las normas legales correspondientes al Consejo de la Judicatura Federal; lo que vulneraría el orden público establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y ocasionaría un perjuicio al interés social. E.3. No vulneración al orden público e interés social con los efectos pretendidos en los incisos a) y b) De la misma reflexión, apartada de los intereses personales del aquí quejoso, se llega a la conclusión de que negar la medida cautelar por lo que ve a los efectos identificados en los incisos a) y b) causaría una afectación mayor al interés social, en tanto que las normas impugnadas podrían transgredir el principio de independencia del Poder Judicial, el cual se encuentra inmerso en el artículo 17 constitucional. Debe precisarse que, tal como lo refirió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la controversia constitucional 4/2005, tanto la garantía de acceso jurisdiccional (artículo 17 constitucional), como la garantía de independencia de "los poderes judiciales", no sólo tienen la función de proteger a los funcionarios judiciales sino ante todo de proteger a los justiciables. Esto se explica, a decir del Alto Tribunal de la Nación, ante la prohibición de hacerse justicia por sí misma, es derecho de toda persona tener acceso a la justicia a través de tribunales independientes; así la independencia del Poder Judicial tiene como objeto salvaguardar el acceso a la justicia, ya que la sociedad debe contar con un grupo de Magistrados y Jueces que hagan efectiva cotidianamente la garantía de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita. Por tanto, la independencia judicial se consagra como postulado básico de la administración de justicia a nivel nacional, porque, como se señaló en la exposición de motivos de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación de diecisiete de marzo de mil novecientos ochenta y siete: "la independencia judicial constituye la primer garantía de la jurisdicción establecida no precisamente en interés del órgano jurisdiccional, cuanto de los justiciables, pues sólo cabe esperar justicia completa y estricta del juez jerárquicamente libre dependiente sólo de la ley. La independencia judicial requiere que los jueces al actuar no han de tener otra norma rectora que la ley. La sumisión del juez a la ley, le hace independiente de la voluntad subjetiva de los hombres que gobiernan, e incluso de su propia voluntad, cuando ésta propende a la arbitrariedad". De este modo, la independencia judicial es un principio de rango constitucional que se obtiene de la interpretación sistemática de los artículos 17, 94, párrafo octavo, 99, párrafo penúltimo, 100, párrafo séptimo, 101 y 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual ha sido definido por el Alto Tribunal de la Nación como la actitud que debe asumir todo juzgador para emitir sus resoluciones con apego a derecho, al margen de todo tipo de presiones o intereses extraños, principio que se protege mediante diversos mecanismos, a saber: 1) El establecimiento de la carrera judicial, debiéndose fijar las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de los funcionarios judiciales; 2) La previsión de los requisitos necesarios para ocupar el cargo; 3) El derecho a recibir una remuneración adecuada e irrenunciable que no podrá disminuirse durante su encargo; y, 4) La estabilidad o seguridad en el ejercicio del cargo, lo que implica la fijación de su duración y la posibilidad de que sean ratificados al término del período para el que fueron designados, a fin de que alcancen la inamovilidad. Los mecanismos mencionados tienen como objetivo que ninguna función administrativa que se ejerza para hacer operacional la función jurisdiccional pueda pasarlos por alto, pues éstos constituyen el estándar necesario que cualquier determinación administrativa debe cumplir para poder ser ejercida, ya que de otro modo podrían producir una afectación al artículo 116, fracción III, constitucional, y por consiguiente al 17, que consagra la garantía de acceso a la jurisdicción por parte de los gobernados. Sobre el primero de los mecanismos que aseguran la independencia judicial en el sistema jurídico mexicano, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la controversia constitucional 4/2005, sostuvo que la carrera judicial constituye un principio consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual consiste en que se establezcan las condiciones para el ingreso, formación y permanencia tanto de los Magistrados y Jueces Federales, como de los servidores públicos que auxilian directamente la función que aquellos realizan, tal como lo dispone el tercer párrafo del artículo 97 constitucional: "Artículo 97.(.) La Suprema Corte de Justicia nombrará y removerá a su secretario y demás funcionarios y empleados. Los Magistrados y jueces nombrarán y removerán a los respectivos funcionarios y empleados de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, conforme a lo que establezca la ley respecto de la carrera judicial. (.) Carrera judicial que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se compone de las categorías siguientes: "ARTÍCULO 110. La Carrera Judicial está integrada por las siguientes categorías: I. Magistrados de circuito; II. Juez de distrito; III. Secretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia o de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; IV. Subsecretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia o de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; V. Secretario de Estudio y Cuenta de Ministro o Secretarios de Estudio y Cuenta e Instructores de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; VI. Secretario de Acuerdos de Sala; VII. Subsecretario de Acuerdos de Sala; VIII. Secretario de Tribunal de Circuito o Secretario de Estudio y Cuenta de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; IX. Secretario de Juzgado de Distrito; y X. Actuario del Poder Judicial de la Federación. A decir del Pleno del Máximo Tribunal del País, la figura de la carrera judicial se caracteriza por la institución de criterios reguladores del ingreso, formación y permanencia de los funcionarios judiciales en los cargos que les son conferidos y cuya finalidad tiende a garantizar en beneficio de la sociedad, y no personal del funcionario judicial, una administración de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita conforme a lo regulado por el artículo 17 del Pacto Federal, la cual se ejercerá a cargo de funcionarios judiciales estimados idóneos, autónomos, independientes y con excelencia ética y profesional. A la par de esta garantía -carrera judicial- que asegura la independencia del Poder Judicial se encuentra la relativa al derecho a recibir una remuneración adecuada e irrenunciable que no podrá disminuirse durante su encargo y que se conoce como la garantía de seguridad económica respecto de los jueces y magistrados: "Este principio constitucional consagrado en el último párrafo de la fracción III del artículo 116 de la Constitución Federal, consiste en que los jueces y magistrados de los Poderes Judiciales Locales, percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable que no podrá ser disminuida durante su encargo, lo que, por una parte, al evitar preocupaciones de carácter económico de tales servidores y la posibilidad de que sean objeto de presiones de esta índole en el desempeño de su función jurisdiccional, garantiza su independencia y, por la otra, incentiva el que profesionales capacitados opten por la carrera judicial". Garantía que se extiende a todos los servidores de la carrera judicial, con independencia de su calidad de jueces o magistrados, ya que, como lo refirió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 2791/97, al resolver sobre los fines de las carreras del servicio público, éstas tienen como finalidad "permitir atraer a mexicanos que encuentren en ella un proyecto de vida profesional sentando las bases de seguridad y reconocimiento social que merecen". En ese sentido, si bien las juezas y los jueces son los principales actores para lograr la protección judicial de los derechos humanos en un Estado democrático, así como del debido proceso que debe observarse cuando el Estado puede establecer una sanción, la realidad es que tanto el personal de carrera judicial (secretarios y actuarios) como los demás servidores públicos que son empleados determinados por el presupuesto y que integran parte del órgano jurisdiccional (en este caso coordinadora técnica administrativa), en términos del citado artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, participan en el funcionamiento y desenvolvimiento de los tribunales de la Federación, pues en ese precepto legal se estipula que los secretarios, actuarios y empleados que determine el presupuesto forman parte de la integración y funcionamiento de los tribunales colegiados de circuito. En efecto, el principio de independencia judicial se extiende a todos los servidores públicos de la carrera judicial, incluso, se amplía respecto a los demás empleados de los órganos jurisdiccionales que determine el presupuesto, en términos del artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues cada uno de esos servidores públicos (carrera judicial y empleados determinados por el presupuesto) participan directa e indirectamente en el desarrollo de la función jurisdiccional, cuyo ejercicio debe gozar de independencia. Tan es así que, para formar parte de la carrera judicial, se tiene que ser sujeto de diversos exámenes y cumplir con las máximas establecidas para los juzgadores, como lo son imparcialidad, profesionalismo, objetividad, excelencia y, precisamente, independencia; en tanto que los titulares de los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas tienen que considerar invariablemente el cumplimiento de los requisitos mínimos exigibles establecidos en el Manual General de Puestos vigente para la contratación y promoción del personal a su cargo. Se destaca que las funciones del puesto de la parte quejosa (Coordinador Técnico Administrativo) se encuentran precisadas en el Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, a saber: Puesto Funciones Responsabilidades Perfil Coordinador Técnico Administrativo 1. Proporcionar el apoyo al órgano jurisdiccional en la operación y supervisión de sistemas administrativos, financieros e informáticos; así como, en la gestión de recursos humanos, materiales y servicios generales. 2. Servir de enlace entre el propio órgano jurisdiccional al que está adscrito y las áreas administrativas en la gestión y desahogo de trámites administrativos, estadísticos e informáticos. 3. Atender las instrucciones que le encomiende el titular del órgano jurisdiccional que se relacionen con actividades jurídico administrativas del propio órgano; entre otras, visitas de inspección, control y manejo de archivo, Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes Control Biométrico (SISE CB) y videoconferencias. En ese último caso deberán coordinarse con la Dirección General de Tecnologías de la Información. 4. Fungir como agente certificador para tramitar la emisión, renovación y revocación de Certificados Digitales de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo y demás disposiciones aplicables, cumpliendo con el rol establecido por la Dirección General de Estadística Judicial. 5. Cumplir con las funciones establecidas en los manuales, lineamientos, directrices o instrucciones que determine el Pleno del Consejo o las comisiones. 6. Las demás que establezca el titular del órgano jurisdiccional de su adscripción, su jefe inmediato y las disposiciones aplicables. 1. Llevar a cabo sus actividades observando una conducta ética que muestre: legalidad, integridad, honradez, imparcialidad, igualdad, transparencia, eficiencia y calidad en el desempeño de su cargo. 2. Cumplir con las leyes, reglamentos y programas que se relacionen con su función. 3. Cumplir las disposiciones normativas que regulan la organización y funcionamiento del Consejo de la Judicatura Federal, tales como acuerdos generales y manuales administrativos aplicables. 4. Administrar de manera óptima y eficiente los recursos materiales y financieros asignados. 5. Cuidar el uso confidencial de la información. 6. Abstenerse de incurrir en responsabilidad administrativa por cualquiera de los supuestos que marca la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 7. Abstenerse de incurrir en las responsabilidades que se establecen en el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Título Octavo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 8. Las demás que se deriven del ejercicio de su encargo. III.1 Formación académica: Título y cédula profesional de licenciado en Derecho o Abogado, expedido por autoridad competente. III.2 Experiencia laboral: Profesional mínima de un año en el ámbito de las funciones sustantivas del puesto a desempeñar. III.3 Otros requisitos: - Haber aprobado el curso de inducción que determine el Instituto de la Judicatura Federal, de conformidad con lo señalado en el artículo 96 del Acuerdo General del Pleno del Consejo que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. - Capacidad de resolución de problemas y/o toma de decisiones. - Capacidad de análisis y síntesis. - Capacidad para el trabajo en equipo. - Habilidad para la comunicación oral y escrita. - Manejo de equipo de cómputo y los programas de software requeridos. - Gozar de buena reputación. - No haber sido condenado por delito doloso con sanción privativa de la libertad mayor de un año. - No estar inhabilitado para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público. - Los demás que establezcan las disposiciones aplicables. Es decir, en general, las funciones del puesto identificado en el cuadro anterior demuestran el auxilio que prestan los Coordinadores Técnicos Administrativos en el desarrollo de la función jurisdiccional y, por ende, ponen en evidencia su participación para lograr que la misma pueda llevarse a cabo directamente por los Jueces y Magistrados del Poder Judicial de la Federación. Considerarlo de manera distinta implicaría desconocer el trabajo que cada uno de los servidores públicos integrantes del Poder Judicial de la Federación (ya sea de carrera judicial o no) realiza en dicha institución, pues, para dirimir las controversias que son sometidas a conocimiento de los jueces y magistrados, se emplean diversos recursos humanos y materiales, esto es, necesariamente se requiere la participación de diversos servidores públicos (carrera judicial o empleados que determine el presupuesto) para el debido desarrollo de la función jurisdiccional, por lo cual, aquéllos también deben encontrarse bajo una protección amplia del espectro que irradia el principio de independencia y autonomía judicial. Así, todo lo dicho, en una interpretación sistemática y funcional lleva a la conclusión que tanto el personal de carrera judicial como los empleados que determina el presupuesto y que integran los órganos jurisdiccionales también deben ser sujetos de la tutela vinculada con el principio de independencia y autonomía judicial para el correcto desenvolvimiento de sus funciones. En suma, es factible concluir que, tal como lo refirió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la aludida controversia constitucional 4/2005, las garantías establecidas directamente a los miembros que participan en el desarrollo de la función jurisdiccional [entre las que destaca la de irreductibilidad en sus remuneraciones] son el medio a través del cual se asegura el postulado establecido en el artículo 17 constitucional que establece el deber de asegurar la independencia y autonomía judicial. De ahí que, en un ejercicio de ponderación entre el derecho discutido y la posición de la parte quejosa en cuanto a su especial situación jurídica frente al ordenamiento legal impugnado, es preciso concluir que los efectos de las normas reclamadas traerían como consecuencia que, eventualmente, los presupuestos de egresos subsecuentes, lleven consigo una reducción en cuanto al salario de los jueces y magistrados y, como efecto reflejo, la disminución de su salario en proporción a sus superiores jerárquicos. Pues, precisamente, en términos de la fracción II del artículo 6º de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, ningún servidor público puede percibir un salario o remuneración igual o mayor a la de su superior jerárquico, por lo que resulta indudable que las normas reclamadas traerían como consecuencia la inminente disminución en los emolumentos de la parte quejosa con respecto a los que actualmente goza con motivo de las retribuciones que se otorgaron en su favor en el presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio de dos mil dieciocho. A mayor abundamiento, en relación con este principio de independencia judicial que presupone la irreductibilidad de salarios, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la obra Garantías Para la Independencia de las y los Operadores de Justicia Hacia el Fortalecimiento del Acceso a la Justicia y el Estado de Derecho en Las Américas, resaltó que la vigencia de los derechos y libertades en un sistema democrático requiere un orden jurídico e institucional en el que las leyes prevalezcan sobre la voluntad de los gobernantes y los particulares, por lo que es necesario que exista un efectivo control judicial de la constitucionalidad y legalidad de los actos del poder público. La Corte Interamericana de Derechos Humanos explicó que toda persona que ha sufrido una violación a sus derechos humanos "tiene derecho a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y el establecimiento de las responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el juzgamiento que previenen los artículos 8 y 25 de la Convención". Sobre esa base, el principio de independencia del Poder Judicial es un presupuesto indispensable para el cumplimiento de las normas del debido proceso en tanto derecho humano, y su ausencia afecta el ejercicio del derecho de acceder a la justicia, de ahí que resulta primordial que dicha independencia se garantice jurídicamente al más alto nivel posible, de tal manera que aunque esté consagrado en la Constitución, debe recogerse también en la legislación secundaria. Lo anterior significa que las constituciones y leyes nacionales deben observar dicho principio, y el sistema de administración de justicia en su conjunto debe estar organizado de manera tal que la independencia del Poder judicial sea garantizada. Ahora, en el particular, la parte quejosa compareció a demandar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, no solamente como servidor público perteneciente al Poder Judicial de la Federación, sino como ciudadano del Estado de Mexicano, aduciendo violación a uno de los cuatro principios fundamentales en que descansa la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como lo es la División de Poderes, por lo que el suscrito considera que es posible advertir -para efectos de la suspensión- que probablemente las normas generales reclamadas adicionadas conforme al decreto publicado el doce de abril de la presente anualidad en el Diario Oficial de la Federación, atentan contra el principio de independencia judicial. En ese sentido, la existencia de las normas y sus adiciones colocan a la parte quejosa, en su carácter de servidor público, ciudadana del Estado Mexicano y trabajadora de uno de los Poderes de la Unión, en una situación de riesgo en contra de la independencia judicial, pues queda a merced de eventuales presiones ejercidas por otros poderes políticos del Estado; circunstancia que, desde luego, afecta la vigencia de los derechos y libertades en un sistema democrático, ya que el control judicial podría quedar subordinado, o incluso, dependiente de otro poder, por lo que el otorgamiento de la medida cautelar es con el fin de evitar que los impartidores de justicia se vean sometidos a factores externos en el desarrollo de su función. Apoya lo anterior, por identidad jurídica sustancial, la tesis aislada XXXIX/2001 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. LOS ARTÍCULOS 57, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, Y 256 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL, AMBOS DE DICHA ENTIDAD, QUE PERMITEN LA DISMINUCIÓN DE SU REMUNERACIÓN DURANTE LOS AÑOS NO ELECTORALES, VIOLAN LA GARANTÍA DE INDEPENDENCIA JUDICIAL TUTELADA POR LOS ARTÍCULOS 17 Y 116, FRACCIONES III Y IV, INCISO C), CONSTITUCIONALES. Dentro de la garantía de acceso a la justicia en favor de los gobernados, consignada originalmente en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y hecha extensiva en el diverso artículo 116, fracción III, de la propia Carta Fundamental, a los Poderes Judiciales de las entidades federativas, queda comprendida la de independencia de los órganos jurisdiccionales, la cual se sustenta, entre otros principios, en la tutela de la seguridad y estabilidad económica de los juzgadores. En esa tesitura, los artículos 57, último párrafo, de la Constitución Política del Estado de Baja California, y 256 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de esa entidad, contravienen la citada garantía de independencia de los órganos judiciales, al excluir a los Magistrados electorales locales, de la previsión en el sentido de que sus remuneraciones no podrán ser disminuidas durante su encargo, y al disponer la disminución de tales remuneraciones, en un cincuenta por ciento, durante los años no electorales, toda vez que si al fijar las bases conforme a las cuales deben regirse los Poderes Judiciales Locales, y contemplar, dentro de la garantía de independencia judicial, la relativa a que la remuneración de los Magistrados y Jueces no podrá ser disminuida durante su encargo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no formula distinción alguna, las Constituciones y leyes de las entidades federativas no pueden establecerla para limitar ese principio a algún funcionario de ese tipo. Por otra parte, si el fundamento para establecer la diferencia, se pretendiera encontrar en la materia de especialización del órgano jurisdiccional local, que es la electoral, tal consideración carece de sustento, en atención a que, por un lado, como antes se mencionó, el artículo 116, fracción III, párrafo segundo, de la Carta Magna, no formula distinción alguna; y, por el otro, porque en relación con dicha materia, ese mismo precepto, en su fracción IV, establece los principios que deben garantizar las Constituciones y leyes de las entidades federativas y, respecto de los órganos jurisdiccionales en la materia, se dispone, en su inciso c), como garantías a tutelar, el goce de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones; esto es, reitera la garantía de independencia de los órganos judiciales locales contenida en la fracción III del propio precepto." Bajo esas consideraciones, y en lo tocante a que una de las subgarantías de la independencia judicial es la remuneración, se estima que se encuentra lo satisfecho por el 131, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, ya que, a la fecha de la presentación de la demanda, los quejosos cuentan con un derecho, el que se traduce en un salario fijo. De lo que se sigue que, para efectos de la suspensión provisional y de un análisis íntegro, lo que se va a tutelar en este aspecto es la remuneración que percibe el quejoso en su ejercicio como servidor público. Igual suerte corre con el aspecto relativo a los efectos que produce el tipo penal creado con motivo de las normas impugnadas, así como la figura de responsabilidad administrativa que se contempló. Pues de un ejercicio de ponderación entre el derecho discutido y la especial situación del quejoso frente a las normas combatidas, se puede concluir que de no paralizar sus efectos implicaría que éste realizara, en principio, una consulta en los medios de acceso a la información pública para verificar si su salario es mayor o no al del Presidente de la República, para, a partir de ello, llevar a cabo las conductas que le prescribe realizar la norma, a saber: reportar a su superior jerárquico dentro de los treinta días naturales cualquier pago en demasía respecto de lo que le corresponda según las disposiciones vigentes. Lo cual conlleva la imposición a los servidores públicos que pertenecen al Poder Judicial de la Federación, de la realización de un sin número de obligaciones que difícilmente podrán cumplir por la existencia de partidas presupuestales secretas que imposibilitaría conocer si alguna prestación recibida honestamente como producto del servicio público puede constituir delito. Y en caso de no hacerlo, actualizaría la conducta reprochada por la legislación penal recién reformada, así como la figura de responsabilidad en el derecho administrativo sancionador que también se encuentra su génesis en la legislación combatida. Por otra parte, es conveniente destacar que incluso en el supuesto de que llegara a considerarse que con la suspensión del decreto que adiciona las normas inicialmente reclamadas permitiría la consumación de un delito, por las circunstancias particulares del presente asunto, también sería procedente otorgar la suspensión de las normas reclamas, con base en lo dispuesto por el último párrafo del artículo 129 de la Ley de Amparo, que ha sido citado en líneas precedentes. Según el cual, en los casos previstos en la ley de la materia en los que se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, excepcionalmente podrá concederse la suspensión, si a juicio del juzgador con la negativa pueda causarse mayor afectación al interés social. Entonces, al ponderar la afectación que la parte quejosa pretende evitar (vertiente objetiva) y el bien tutelado de la sociedad, se obtiene que de negarse la medida cautelar en lo que se refiere al aspecto punitivo de la norma reclamada, se ocasionaría un daño mayor a la sociedad que con el otorgamiento de la misma. Lo anterior, ya que de negarse la suspensión, previsiblemente, se atentaría contra el principio de independencia del Poder Judicial, considerado como una garantía de verdad, libertad, respeto de los derechos humanos y justicia imparcial, libre de influencias externas, ello además en trasgresión directa al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconoce el derecho humano de acceso a la justicia, al prever que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. En el caso, el decreto tildado de inconstitucional prevé el delito de remuneración ilícita, cuando se reciba un pago no autorizado de conformidad con la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos o, bien, cuando éste sea "indebido" en términos de la fracción I del artículo 217 Ter adicionado en el aludido decreto, sin realizar el reporte del mismo. Cabe mencionar que las descripciones punitivas que sancionan las conductas indicadas en la referida adición a la codificación penal federal, no se advierten de fácil comprensión. Ahora, es obligación de este juzgador realizar una interpretación conforme, como lo mandata el segundo párrafo del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: "Artículo 1. (.) Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favorablemente en todo tiempo a las personas la protección más amplia". En virtud de lo anterior, en acatamiento al mandato constitucional indicado, haciendo una interpretación conforme de la fracción III del artículo 129 de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ejercicio que a su vez exige optar por aquella interpretación de la que derive un resultado más acorde al texto supremo a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico. De dicho ejercicio interpretativo se tiene que el artículo 94 constitucional establece la irreductibilidad de las remuneraciones de los servidores públicos Ministros de la Suprema Corte, Magistrados de Circuito, Jueces de Distrito y los Consejeros de la Judicatura Federal, así como los Magistrados Electorales, mientras dure su encargo, precepto que, como ha quedado expuesto, irradia a los miembros de la carrera judicial, por lo que la trasgresión al interés social y disposiciones de orden público por la actualización de la citada fracción, pudiera actualizarse siempre cuando el ilícito establecido en la ley secundaria, previsiblemente no sea contrario en forma directa al texto constitucional; por ende, no se configura el obstáculo referido para la concesión de la medida cautelar solicitada. Sobre el tema de la interpretación conforme se citan las jurisprudencias del Pleno y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas". "VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. TIENE DERECHO A INTERPONER EL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LAS SENTENCIAS INTERMEDIAS Y DEFINITIVAS EN EL PROCESO PENAL, AUN CUANDO LA LEY NO LO LEGITIME PARA ELLO (INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 353 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO). El precepto citado que prevé que tienen derecho a apelar el Ministerio Público, el inculpado y los defensores, debe interpretarse conforme al derecho humano de acceso a la justicia contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en el caso involucra la existencia de un recurso efectivo, el derecho a la verdad y a la justicia, que en favor de la víctima u ofendido del delito son reconocidos por la Constitución, por lo que debe leerse en el sentido de que la víctima u ofendido del delito tiene derecho de apelar la sentencia, los autos o las resoluciones previstas en los artículos 354 y 355 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guanajuato, con la finalidad de defender directa o indirectamente los derechos que consagran en su favor el artículo 20, apartado B, de la Constitución Federal, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, y los tratados internacionales, de conformidad con el numeral 1o., párrafo primero, de la Norma Fundamental. Lo anterior, conforme al principio de supremacía constitucional contenido en el artículo 133 de la propia Constitución, el cual se configura como una directriz consustancial del sistema jurídico-político mexicano que descansa en la expresión primaria de la soberanía en la expedición de la Constitución y que por ello la coloca por encima de todas las leyes y de todas las autoridades. En este sentido, más que una facultad, la supremacía constitucional impone a toda autoridad un deber de ajustar los actos desplegados en el ejercicio de sus atribuciones a sus preceptos, por lo que el Poder Legislativo, al expedir las leyes, debe observar la Ley Suprema, de igual forma que el Ejecutivo y el Judicial al ejercer sus facultades. Así, considerar que la legitimación para impugnar las resoluciones intermedias y definitivas en el proceso penal está constreñida sólo al Ministerio Público, inculpado y defensores, como lo hace el artículo 353 del código referido, haría nugatorios los derechos humanos de la víctima u ofendido del delito contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya motivación legislativa fue la de rescatarlos del olvido en que se encontraban, factor que motivó a reconsiderar a nivel constitucional la posición que ocupan en la etapa preliminar de averiguación previa y el proceso penal, con el propósito de mejorar su situación jurídica y afianzar su participación activa, principalmente para obtener la reparación del daño que el hecho típico les originó; de ahí que los derechos fundamentales de la víctima u ofendido del delito derivados de un proceso penal, no pueden hacerse nugatorios por un deficiente o insuficiente desarrollo normativo por parte del legislador secundario. Las anteriores consideraciones no deben entenderse en el sentido de que las víctimas u ofendidos del delito deben agotar el recurso de apelación previo a acudir al juicio de amparo, porque precisamente la falta de legitimación normativa para hacerlo impide que les sea exigible agotar el principio de definitividad". Cabe señalar que este juzgador no desconoce que las normas reclamadas están contenidas en una legislación reglamentaria de la Constitución Federal, esto es, de los artículos 75 y 127 de la Carta Magna; sin embargo, al ser mandato constitucional realizar una interpretación conforme, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, se considera que la interpretación conforme del artículo 129, fracción III, respecto al artículo 94 constitucional -que consagra el derecho a la irreductibilidad de la remuneración de los servidores públicos indicados-, implica un espectro de protección más amplia para la parte peticionaria de amparo, en los términos referidos precedentemente. Aunado a que de llegar a negarse la suspensión solicitada considerando que se generarían perjuicios al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, con base en que se permitiría la consumación de un delito, con tal apreciación se incurriría en el vicio lógico denominado como "petición de principio", pues incorrectamente se estaría dando por sentado que las normas que prevén el delito de referencia son constitucionales y que, por tanto, deben aplicarse respecto a la comisión del injusto de referencia, siendo que precisamente ello constituye una parte del análisis de fondo del asunto. Apoya a la anterior consideración, en lo conducente, por las razones que contiene la tesis I.15o.A.4 K (10a.) del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito de rubro y texto siguientes: "PETICIÓN DE PRINCIPIO. LA MOTIVACIÓN DE UN ACTO JURISDICCIONAL SUSTENTADA EN ESE ARGUMENTO FALAZ ES CONTRARIA A LA GARANTÍA DE LEGALIDAD CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. La motivación del acto de autoridad es un requisito constitucional que obliga a su autor a señalar con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tuvo en consideración para emitir su determinación, las que además de ser congruentes con la pretensión deducida, deben adecuarse a la norma aplicable; proceder que requiere del uso de la argumentación jurídica como un método en función del cual se exponen razones para demostrar que determinada decisión es coherente con el derecho, a partir de la interpretación de la norma correspondiente, los principios generales, la jurisprudencia o la doctrina. En el ámbito de la función jurisdiccional, la motivación está circundada por la libertad de apreciación y calificación de hechos y pruebas, así como por el arbitrio para elegir e interpretar la norma en la que se subsumen aquéllos; de ahí que un fallo judicial no es la conclusión necesaria de un silogismo, sino una decisión que, como tal, presupone la posibilidad de optar por una solución o elegir entre varias. Por tal motivo, si la conclusión alcanzada en una resolución judicial se construye a partir de argumentos falaces, como es la petición de principio, en virtud de la cual el operador jurisdiccional toma como principio de demostración la conclusión que se pretende probar o alguna proposición que de ella emane, es indudable que aquélla tendrá una motivación defectuosa que transgrede las exigencias que al respecto establece la garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 constitucional" Conclusión de estudio Con base en lo expuesto, se han analizado los requisitos de procedibilidad de la suspensión provisional que en el caso nos ocupa, por lo cual, este órgano de control constitucional procede a exteriorizar la determinación resultante del mismo, en los términos siguiente: Improcedencia de la suspensión provisional Con apoyo en el numeral 128 de la ley en la materia, interpretado a contrario sensu, SE NIEGA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL solicitada para los efectos precisados en los incisos c) -el cual se encuentra vinculado estrictamente con el acto reclamado identificado en el punto 2-, d) y e), en los términos que fueron expuestos en los apartados C.2., C.3. y E.2, respectivamente. Concesión de la suspensión provisional Al actualizarse la excepción aludida en el último párrafo del artículo 129 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional solicitada para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en el que se encuentran y no se apliquen los preceptos legales combatidos en perjuicio de la parte quejosa, contenidos en el decreto legislativo por el que se reforman los artículos 1, primer párrafo; 2, primer párrafo; 3, segundo párrafo y fracciones III, V y VII; 5, primer párrafo; 6, fracciones I, IV, inciso a) y segundo párrafo; 7, fracción I, inciso b) y III, incisos h) a m); 8; 10, primer y segundo párrafos; 11; 12, párrafos primero y segundo; 13, párrafo primero; 15; 16, y 17 párrafos primero y actual tercero; se adicionan los artículos 1, con un segundo párrafo; 2, con un segundo párrafo; 3, con una fracción VIII; 6, con un párrafo segundo al inciso a) de la fracción IV; 7, con los incisos n) a v) y un segundo párrafo a la fracción III, un último párrafo; un artículo 7 Bis; 10, con un tercer párrafo; 17, con un tercer y cuarto párrafos, recorriéndose el actual tercero para pasar a ser quinto, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el numeral del artículo 217 Bis correspondiente al Capítulo V Bis, para pasar a ser 217 Ter, del mismo Capítulo, y sus fracciones I y II; así como el numeral del artículo 217 Ter del Capítulo V Bis, para pasar a ser 217 Quáter, y sus fracciones I, II, III y IV del Código Penal Federal, así como la fracción VI del artículo 7 y se adicionan un párrafo segundo al artículo 52, un párrafo segundo al artículo 54, y un artículo 80 Bis de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicado el doce de abril de dos mil diecinueve, en forma concreta, en lo que concierne al aspecto salarial de la parte quejosa, en su calidad de empleado -servidor público- adscrito a un órgano jurisdiccional perteneciente al Poder Judicial de la Federación que contribuye a las funciones del mismo -efecto pretendido en el inciso b)-, así como para que no se le sujete a procedimiento administrativo o penal, exclusivamente por lo que se refiere a las conductas que, de acuerdo a los preceptos combatidos, constituyen responsabilidad administrativa y penal -efecto pretendido en el inciso a)-. Vigencia La suspensión surte efectos a partir de este momento y tendrá vigencia hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables lo concerniente a la suspensión definitiva que se dicte en el presente asunto. Garantía En el caso resulte innecesario fijar garantía para que surta efectos la suspensión provisional concedida, al no advertirse la causación de daños a terceros con el dictado de la misma. Mecanismo para hacer efectiva la suspensión provisional concedida La suspensión provisional decretada por este órgano de control constitucional surte efectos de inmediato y deberá cumplirse por las autoridades responsables; no obstante, en la hipótesis de que aquéllas incumplieran con la misma, tal circunstancia podrá ser materia del incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la medida cautelar, previsto en los artículos 206 a 209 de la Ley de Amparo, que en su caso llegara a promover la parte quejosa. Efectos diversos respecto de los cuales pueda concederse la medida cautelar Realizado el análisis respecto de los efectos para los cuales la parte quejosa solicitó la suspensión de los actos reclamados, cabe precisar que este órgano jurisdiccional no advierte un efecto diverso por el que pueda concederse la medida cautelar. Integración del expediente electrónico Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

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