Genoveva Solorio Maldonado

Expediente 503/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
503/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
23/11/2020

Partes del expediente

  • Genoveva Solorio Maldonado
  • Genoveva Solorio Maldonado y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que transcurrió el plazo legal para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de veintiséis de octubre de dos mil veinte, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por ********************, sin que hicieran uso de tal derecho; consecuentemente, queda FIRME el proveído en cita. ********************Por otro lado, como de autos se obtiene, que se trata de un asunto concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar; consecuentemente, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado; asimismo, conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, encuadra la hipótesis prevista por la fracción I de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo en el que se tuvo por desechada la demanda de amparo y debido a ello es susceptible de destrucción; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé .********************En términos del punto décimo primero del acuerdo general de consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación.********************Hágase las anotaciones en el libro de gobierno respectivo que se lleva en este juzgado.********************Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la impresión del presente auto en el expediente físico.

  2. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DEL SIGUIENTE PROVEÍDO...Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que transcurrió el plazo legal para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de veintiséis de octubre de dos mil veinte, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por ********************, sin que hicieran uso de tal derecho; consecuentemente, queda FIRME el proveído en cita. ********************Por otro lado, como de autos se obtiene, que se trata de un asunto concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar; consecuentemente, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado; asimismo, conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, encuadra la hipótesis prevista por la fracción I de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo en el que se tuvo por desechada la demanda de amparo y debido a ello es susceptible de destrucción; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé .********************En términos del punto décimo primero del acuerdo general de consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación.********************Hágase las anotaciones en el libro de gobierno respectivo que se lleva en este juzgado.********************Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la impresión del presente auto en el expediente físico.

  3. Principal

    Vista la certificación que antecede se advierte que el término de tres días concedido a los quejosos en auto de dieciocho de septiembre pasado para que comparecieran a ratificar el escrito aclaratorio de diecisiete de septiembre de dos mil veinte transcurrió del veintinueve de septiembre al uno de octubre del año en curso, por lo que se hace efectivo el apercibimiento contenido en el acuerdo citado y se tiene por no presentado el escrito aclaratorio referido y se provee conforme a derecho. Ahora, en atención al escrito inicial de demanda y a los diversos escritos aclaratorios se advierte que los quejosos acuden a la vía constitucional a reclamar: Todo lo actuado en el juicio agrario 803/2004, que sobre reivindicación demandó la parte tercera interesada; particularmente: La falta de emplazamiento de Héctor Manuel Roa Castro al juicio agrario reivindicatorio 803/2004; La falta de notificación del acuerdo de veintisiete de enero de dos mil doce dentro del expediente referido, en que se fijó hora y fecha para llevar a cabo la diligencia de entrega material de los predios debatidos en el juicio. La diligencia de posesión del diez de febrero de dos mil doce ordenada dentro del expediente 803/2004. Actos y omisiones que atribuyen al Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Seis, con residencia en Morelia. De la lectura íntegra de la demanda de amparo y de los diversos escritos aclaratorios se advierte que reclaman es la diligencia de posesión llevada a cabo a las once horas del diez de febrero de dos mil veinte dentro del expediente 803/2004, esto, partiendo desde la perspectiva de que los quejosos, bajo protesta de decir verdad, manifestaron que acudieron al juicio subyacente desde octubre de dos mil cuatro, que si bien formalmente nunca se emplazó a Héctor Manuel Roa Castro -ya que existe un error en la denominación de su nombre- sí resultó condenado en la sentencia, lo anterior porque compareció a juicio y ello motivó que se hiciera la corrección pertinente del nombre y, por ello, resultó condenado. Asimismo, los quejosos reclaman: Todo lo actuado dentro del proceso penal 21/2013 radicado ante el Juez Mixto de Primera Instancia en Puruándiro. Y como consecuencia: Todo lo actuado en el procedimiento de ejecución de la sentencia recaída en proceso penal referido. Estos últimos actos, atribuidos al Juez de Ejecución de Sanciones Penales de la Región Zamora, del Poder Judicial del Estado de Michoacán. Atento a la precisión que antecede, se desprende que los quejosos reclaman actos y omisiones emitidos en distintos juicios y tribunales, el primero radicado ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Seis y actuario de su adscripción, el proceso penal ya resuelto por el Juez Mixto de Primera Instancia en Puruándiro y el procedimiento de ejecución que desahoga Juez de Ejecución de Sentencias de Zamora, ambos del Estado de Michoacán. En ese sentido, los tres procesos jurisdiccionales guardan autonomía entre sí, ya que las determinaciones que se tomaron y que se lleguen a tomar en cada uno de ellos, tendrá que ser con base en los hechos que cada tribunal compete conocer, sin que sea óbice que los quejosos los hayan impugnado en una sola demanda de amparo, porque la autonomía que guardan unos respectos de los otros, deriva de que se trata de procedimientos distintos que no podrían resolverse en un solo juicio de amparo ni ser materia de estudio en una única sentencia. Lo anterior es así, porque los actos reclamados al Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Seis, se refiere a la diligencia de posesión llevada a cabo a las once horas del diez de febrero de dos mil veinte dentro del expediente 803/2004, y los otros dos procesos se refieren a la comisión de un delito y a la ejecución de las penas impuestas en el proceso penal, y aunque los hechos que motivaron el proceso penal podrían estar vinculados con la diligencia de llevada a cabo a las once horas del diez de febrero de dos mil veinte dentro del expediente 803/2004, ambos procedimientos persiguen objetos diferentes, pues mientras que en el juicio agrario se resuelven conflictos relacionados con derechos agrarios, el proceso penan tiene por objeto esclarecer los hechos constitutivos de un delito, resolver la controversia que surja de la comisión de un delito, que el culpable no quede impune y, en su caso, reparar los daños a la víctima. Lo anterior quiere decir que si el hecho constitutivo del delito se cometió dentro de un procedimiento materialmente jurisdiccional, y de ello toma conocimiento el Ministerio Público, el proceso que se desarrolla derivado de esos hechos, se desarrolla de manera autónoma, aun y cuando las actuaciones del proceso agrario puedan servir como pruebas en el proceso penal, ya que se trata de procesos judiciales diferentes. Por tanto, resulta inconcuso que se está en presencia de actos autónomos de naturaleza diversa desvinculados entre sí que tuvieron origen en distintos asuntos, por lo que, a fin de no romper con la técnica procesal del amparo, se determina que lo correcto es que debió promoverse un juicio de amparo por cada acto al tratarse de acciones constitucionales diversas que deben tramitarse por separado y no resolverse en una sola sentencia. Separación de juicios. En consecuencia, se decreta de oficio la separación del presente juicio de amparo, pues como se dijo los actos reclamados derivan de asuntos distintos y son autónomos desvinculados entre sí, lo que imposibilita a este Juzgado Federal que sean estudiados y resueltos en forma conjunta en una sola sentencia como es el caso. Apoya lo anterior, la tesis P./J. 76/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA. Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura ésta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establece la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requiere hacer la separación.". En consecuencia, se ordena la separación de autos para que el efecto de que en este juicio se analice todo lo relativo a los actos reclamados al Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Seis con residencia en Morelia, y certifíquese una copia de la papeleta, de la demanda de amparo, escritos aclaratorios y demás actuaciones, luego, junto con sus respectivos anexos remítase a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, para que se registre, se asigne número y se turne al juzgado de distrito que corresponda para su debida tramitación, en lo relativo a los actos que los quejosos reclaman al Juez Mixto de Primera Instancia en Puruándiro y el procedimiento de ejecución que desahoga Juez de Ejecución de Sentencias de Zamora, ambos del Estado de Michoacán. Desechaminto de la demanda por lo que respecta a los actos que se atribuyen al Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Seis con residencia en Morelia. En primer orden, debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En efecto, el precepto 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.60.C. J/19, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto indican: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Previo a determinar la causa de improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." 1. Precisado lo anterior, en relación con el acto reclamado consistente en todo lo actuado en el juicio agrario 803/2004, en particular lo relativo a la falta de emplazamiento de Héctor Manuel Roa Castro al juicio agrario reivindicatorio 803/2004; se actualiza la causal de improcedencia que se obtiene de la interpretación sistemática de los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, esta última fracción a contrario sensu, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas". Conforme a las interpretaciones que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha realizado de esta hipótesis, la que se encontraba regulada en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada, se estableció que no se trata de una causal de improcedencia en sí misma considerada; sino que, a través de ella, se posibilita que además de las hipótesis específicas previstas en el resto de las fracciones, se puedan invocar otras que se encuentran en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en la Ley de Amparo. Para ello es necesario que el operador jurídico realice una interpretación sistemática de las normas que darán sustento a la improcedencia; esto es, como la fracción XXIII no es un fin en sí mismo, sino un medio, es necesario que además de invocarla expresamente se señale con cuál artículo se relaciona; por ejemplo, cuando el amparo es promovido en contra de un juicio cualquiera, al que no fue llamado el quejoso no obstante figurar formalmente parte en él, adquiere el carácter de tercero extraño a juicio por equiparación. En caso de que en el juicio de amparo se demuestre que tuvo conocimiento cierto y pleno de la existencia del juicio subyacente, antes de que se dictara sentencia, pierde por ese solo hecho el carácter de tercero extraño; y, en ese caso, el juicio de amparo será improcedente, porque al perder el carácter antes indicado se extingue la hipótesis de procedencia prevista en el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, el cual dispone que el juicio de amparo indirecto procede contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas. Así las cosas, del análisis de la demanda de amparo se advierte que los quejosos comparecen al juicio aduciéndose terceros extraños a la controversia agraria, ya que señalan: "[.] debe entenderse en el sentido de que cuando se reclama la falta de emplazamiento legal, el juicio de amparo indirecto es procedente aunque existan recursos ordinarios previstos por el Código de Procedimientos Civiles correspondiente, si el quejoso no estuvo en posibilidad de intentarlos por haberse declarado ejecutoriado el fallo que le agravia. Por tanto, sólo puede entablarse el amparo indirecto, en los términos de lo dispuesto por el artículo 114, en sus fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, cuando la parte quejosa tiene conocimiento de la falta de emplazamiento o ilegalidad del mismo, después de que la sentencia dictada en el juicio natural, causó estado, o en su defecto, cuando el quejoso no es parte en el juicio de que se trate, pues en esas condiciones resulta claro que el quejoso está impedido para hacer valer previamente los recursos ordinarios previstos por el código adjetivo civil respectivo". (página 8, expediente digital). En el mismo sentido, el quejoso Héctor Manuel Roa Castro precisó que no fue emplazado al juicio, ya que -a su modo de ver-, fue una persona distinta a él con quien se entendió el emplazamiento; empero, fue él el condenado en la sentencia pronunciada en el juicio agrario 803/2004 del Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Seis. No obstante, en el escrito presentado el veintiocho de agosto de dos mil veinte, en el apartado "A2.", los quejosos manifestaron lo siguiente: "A2.- Manifestamos bajo protesta de decir verdad que sí acudimos a juicio el 18 de octubre de 2004, pero estuvimos mal asesorados, y de ninguna manera los consideramos actos consentidos, además, hasta la fecha ninguna actuación a lo largo del juicio se regularizó la falta de emplazamiento de HÉCTRO MANUEL ROA CASTRO, ni tampoco el litisconsorcio necesario pasivo". (página 36, ibídem) En tales condiciones se actualiza la causal de improcedencia analizada porque los quejosos, al reconocer haber comparecido al juicio perdieron el carácter de terceros extraños a la controversia, porque estuvieron en posibilidad de interponer los medios ordinarios de defensa previstos en la ley, en virtud de la que sentencia pronunciada en el juicio agrario el veintiuno de septiembre de dos mil seis (página 6, expediente digital), fue posterior a la comparecencia de los quejosos al juicio. Al respecto, cobra aplicación al caso la tesis de jurisprudencia 47/2011 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo". En estas condiciones, se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia invocada, por ello, con base en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se desecha plano la demanda por lo que este acto refiere. 2. En vinculación con el acto que los quejosos reclaman consistente en la falta de notificación del acuerdo de veintisiete de enero de dos mil doce dentro del expediente referido, en que se fijó hora y fecha para llevar a cabo la diligencia de entrega material de los predios debatidos en el juicio, se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo". En el caso -como ya se precisó-, los quejosos carecen del carácter de terceros extraños a la controversia y, por tanto, estaban obligados a agotar los medios de impugnación ordinarios previstos en la ley; en el caso la nulidad de notificaciones a que alude el artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley Agraria por disposición expresa del artículo 2o. Y lo anterior es así, porque el incidente de nulidad de notificaciones está previsto en un acto formal y materialmente legislativo, esto es, en una ley, que en el caso lo es el Código Federal de Procedimientos Civiles, y el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco se trata de órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. No se trata de persona extraña al procedimiento, dado que al haber comparecido a juicio el dieciocho de octubre de dos mil cuatro, antes de que se dictara sentencia el veintiuno de septiembre de dos mil seis, perdieron ese carácter. El acto reclamado no se trata de auto de vinculación a proceso, si se está en el caso de que la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo, ya que el artículo 319, en comento es meridianamente claro, como lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; por tanto, se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia, de ahí que proceda desechar de plano la demanda por lo que a este acto se refiere. Habida cuenta que el acto reclamado aludido, al haberse gestado en la etapa de ejecución y en atención, además, de que los quejosos no son terceros extraños al procedimiento (acorde a las consideraciones expuestas previamente), no encuentra cabida en las hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto, previstas en los párrafos segundo y tercero de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo; motivo adicional por el cual se finca su improcedencia, en términos del artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia, relacionada con la porciones normativas citadas al inicio de este párrafo. 3. En lo que respecta al acto de autoridad consistente en la diligencia de febrero de dos mil doce, en el expediente 803/2004 del Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Seis, se actualiza la causal de improcedencia que se integra de la interpretación sistemática de los artículos 61, fracción XXIII, ya citado, en relación con el 107, fracción IV, párrafo segundo ambos de la Ley de Amparo, ya que este último establece: "Artículo 107. El juicio de amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución". Con base en la doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el juicio de amparo indirecto es procedente cunado se reclaman actos emitidos por los tribunales judiciales, administrativos -como lo es el Tribunal Agrario-, o de trabajo, derivados del procedimiento de ejecución, siempre que se trate de la última resolución pronunciada en ese procedimiento, o que afecte derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada. Entendiéndose por lo primero, a la resolución en la que tribunal determina que lo sentenciado fue cumplido o que existe imposibilidad jurídica para ello, y por lo segundo, todos aquellos derechos sustantivos que no fueron debatidos en el juicio. Al respecto, cobra aplicación la tesis de jurisprudencia 108/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto". En el caso, el acta de ejecución de diez de febrero de dos mil doce, no constituye la última resolución en el procedimiento de ejecución, pues ésta, fue elaborada -según lo manifestaron los quejosos bajo protesta de decir verdad- por el actuario del Tribunal Unitario Agrario del Trigésimo Sexto Circuito con sede en Morelia Estado de Michoacán (página 2, ibídem), en tanto que la última resolución pronunciada en el procedimiento de ejecución en que se da por cumplido lo sentenciado o se determina la imposibilidad de hacerlo, es una acto que sólo puede ser emitido por el propio tribunal, ya que es el acuerdo en que se da por terminado ese procedimiento, o declara totalmente cumplida la sentencia materia del juicio de origen. Tampoco se trata de un acto que afecte derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada, ya que la posesión es elemento central del juicio agrario en que se demanda la restitución de tierras propiedad del ejido, de ahí que, aunque la diligencia de veintisiete de enero de dos mil doce afecta el derecho que los quejosos pudieran tener a poseer los bienes inmuebles involucrados, esa posesión no es ajena a la cosa juzgada; por tanto, respecto de este acto también procede desechar la demanda de amparo por notoriamente improcedente. En virtud de lo expuesto, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda amparo promovida por Genoveva Solorio Maldonado, Héctor Manuel Roa Castro y Serafín Salgado Solorio en contra de los actos que reclamaron al Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Seis con residencia en Morelia. Protesta de ley. Por otra parte, conviene destacar que este juzgador cuenta con los elementos suficientes y objetivos que permiten arribar a la determinación de desechar la demanda. Ello, puesto que la parte quejosa ha narrado bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes de los actos reclamados. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la protesta de ley es un requisito que tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. Así, tanto la narración de antecedentes que se haga bajo protesta de decir verdad crea certeza en el juez para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. Cuestión que se ve reflejada, y que por las ideas que contiene se estima aplicable, en la jurisprudencia 1a./J. 64/2015 (10a.) de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, visible en la página 713, libro 24, tomo I, noviembre de 2015 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice lo siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL AVOCARSE AL CONOCIMIENTO DE UNA DEMANDA INTENTADA EN LA VÍA DIRECTA, DEBE REQUERIR A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO PUEDAN ADVERTIRSE DE LAS CONSTANCIAS REMITIDAS POR LA RESPONSABLE. En los artículos 108 de la Ley de Amparo vigente y 116 de la abrogada, se prevén los requisitos de procedibilidad que deberán expresarse en el escrito de demanda de amparo indirecto, dentro de los que se encuentra la manifestación bajo protesta de decir verdad de los hechos o abstenciones que le constan al quejoso y que constituyen antecedentes del acto reclamado o que sirven de fundamento a los conceptos de violación. Dicho requisito tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. Así, dicha protesta de decir verdad crea certeza en el juzgador para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. En esas condiciones, si el juez de distrito al examinar el escrito de demanda, advierte que existe omisión por parte del quejoso de manifestar los antecedentes bajo protesta de decir verdad, debe prevenirlo de forma obligatoria, en cumplimiento a lo que disponen los artículos 114 de la Ley de Amparo vigente y 146 de la Ley abrogada, para que manifieste bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, aun cuando puedan advertirse de las constancias remitidas por la autoridad responsable" (Énfasis en lo resaltado por este juzgado). De lo que se sigue que la parte quejosa se hace sabedora de que, todo lo narrado en la demanda, constituye la verdad de cómo han sucedido las cosas hasta este momento, so pena de incurrir en responsabilidad por hacer declaraciones falsas ante la autoridad jurisdiccional. No es inadvertido para este juzgador, que la causal de improcedencia en que se funda este desechamiento, podría ser estudiada en la sentencia que resolviera este juicio; sin embargo, tratándose de casos como éste, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto se invoca el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316, tomo X, octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, que indica: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA. En relación con la substanciación del juicio de garantías ante los jueces de Distrito, el artículo 145 de la Ley de Amparo, dispone: El Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Se comprende, pues, que los motivos manifiestos indudables a que alude el precepto citado, son aquellos que surgen de la sola lectura de la demanda que permitan asegurar, con certeza, que existe un motivo de improcedencia. En otras palabras, puede decirse, atendiendo al contenido del precepto en consulta, que la demanda podrá desecharse, cuando se advierta fácilmente, de su simple lectura, que existe un motivo indudable de improcedencia, y que, de no ser así, deberá llevarse por todo su trámite hasta la audiencia de fondo, sin que esto ocasione agravio, pues siempre queda latente la posibilidad de examinar, en la audiencia de fondo, la existencia de causas que, ya supervenientes o anteriores a la admisión de la demanda determinen el sobreseimiento en el juicio de garantías, empero, referidas lógicamente a las que no encuadran en los motivos indefectibles a que alude la norma en examen; lo que obedece por razones de técnica de amparo, a que el estudio de la improcedencia del juicio de amparo es de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, según lo precisa el artículo 73, in fine, de la Ley de Amparo". Así también, la jurisprudencia VII.2o.C. J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la página 921, tomo XXIV, junio de 2006, Novena época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la literalidad siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico". Criterios jurisprudenciales que se aplican en atención a que no obstante las reformas a la Ley de Amparo, no se contraponen a ésta, por lo que no se afecta la defensa del ocursante. Notificación Se exhorta a los actuarios de la adscripción para que tomen las medidas sanitarias necesarias, debido al fenómeno de salud COVID 19, y previo a trasladarse a realizar las notificaciones que se dicten en este expediente, agoten los medios electrónicos, como pueden ser, correos electrónicos o fax, debiendo recabar el acuse de recibo ya sea electrónico o bien vía telefónica. Anotaciones e integración de expediente electrónico Por otro lado, háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), así como en el libro de gobierno de este órgano jurisdiccional. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3o. y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión de este proveído para que se agregue al expediente físico.

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA: GENOVEVA SOLORIO MALDONADO HECTOR MANUEL ROA CASTRO Y SERAFIN SALGADO SOLORIO. Visto el escrito signado por los quejosos Genoveva Solorio Maldonado, Héctor Manuel Roa Castro y Serafín Salgado Solorio, a través del cual pretenden cumplir con las prevenciones que se les formularon el veinticuatro de los actuales. Ahora, en atención al escrito de cuenta, dígaseles que no ha lugar a tenerlos cumpliendo en su totalidad los requerimientos formulados, por lo siguiente. Las cuestiones que deben dilucidar los promoventes del amparo son las siguientes: A) Indicar, de manera clara y precisa qué acto o actos reclaman en esta instancia constitucional a cada una de las autoridades señaladas como responsables. En el entendido de que si cada uno de ellos reclama actos distintos, deberán especificarlos así. A1. Esto es, deberán indicar si todos los quejosos reclaman la falta o indebido emplazamiento al juicio agrario 803/2004, o si solamente Héctor Manuel Roa Castro reclama ese acto y, en su caso, cuáles son los actos que Genoveva Solorio Maldonado y Serafín Salgado Solorio reclaman al tribunal expresado. A2. Manifestar, bajo protesta de decir verdad, si los quejosos Genoveva Solorio Maldonado, Héctor Manuel Roa Castro y Serafín Salgado Solorio comparecieron al citado juicio agrario, en caso afirmativo indicar la data en que lo realizaron. A3. De igual modo, los quejosos deberán precisar, bajo protesta de decir verdad, la fecha en que conocieron, se les notificó o se hicieron sabedores de los actos que reclaman al precitado tribunal agrario. B) Y por lo que ve a los actos que reclaman a los Jueces de Primera Instancia (de Puruándiro, Michoacán) y de Ejecución de Sentencias (de Zamora, Michoacán), también deberán señalar con precisión qué actos en concreto reclaman de cada uno de ellos. B1. Manifestar, bajo protesta de decir verdad, el estado en que se encuentran los mismos; el carácter tienen los quejosos en ellos; la data en que conocieron, se les notificó o se hicieron sabedores de la existencia de los actos que les atribuyan. Ahora, en atención a los puntos A) y A1, los quejosos indican que reclaman lo siguiente: 1) Genoveva Solorio Maldonado la falta de notificación del acuerdo dictado el veintisiete de enero de dos mil doce, en el expediente agrario 803/2004 y la diligencia y la diligencia de posesión de diez de febrero de dos mil does (sic). 2) Héctor Manuel Roa Castro la falta de notificación del acuerdo dictado el veintisiete de enero de dos mil doce, en el expediente agrario 803/2004 y la diligencia y la diligencia de posesión de diez de febrero de dos mil does (sic). 3) Serafín Salgado Solorio la falta de emplazamiento, la omisión de notificación del acuerdo dictado el veintisiete de enero de dos mil doce y la diligencia y la diligencia de posesión de diez de febrero de dos mil does (sic), todas del expediente agrario 803/2004. Respecto del punto A2 los quejosos precisan que sí acudieron al juicio agrario el dieciocho de octubre de dos mil cuatro. Por lo que ve al punto A3 precisan que no han sido notificados del acuerdo de veintisiete de enero de dos mil doce. Sin embargo, al contestar los puntos B) y B1 los promoventes del amparo insisten en reclamar de los Jueces de Primera Instancia (de Puruándiro, Michoacán) y de Ejecución de Sentencias (de Zamora, Michoacán), el proceso penal 21/2013, en donde resultan ser procesados, pero no precisan qué actos en específico les causan molestia y la fecha en que tuvieron conocimiento de los mismos. Cuestión que -como se les indicó en el auto de inicio de este asunto- se debe dilucidar a fin de determinar la litis constitucional, el curso de la demanda y, en su caso, respecto de la suspensión de los actos reclamados y que a consideración de este juzgador no ha quedado satisfecha. Además, en atención a que se deben aclarar cuestiones relativas a los actos impugnados mencionados, es necesario que de igual manera se precisen los "antecedentes de dichos actos con mayor amplitud, esto es, qué carácter tienen los quejosos en los procedimientos correspondientes y en qué estado se encuentran, los que deberán formular bajo protesta de decir verdad en términos del artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo (artículo 116, fracción IV, de la anterior Ley), tal cual lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al fallar la contradicción de tesis 334/2013 De ahí que los promoventes son omisos en atender todos los puntos preventorios de veinticuatro de agosto de dos mil veinte; por tanto, Hágase del conocimiento de la parte quejosa que cuenta con el plazo de cinco días que le fue concedido en el citado acuerdo para cumplir con el punto número cuatro antes precisado; plazo que se computará a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la legal notificación de este auto, para complete la prevención en los siguientes puntos: Qué actos en específico son los que le atribuyen a los Jueces de Primera Instancia (de Puruándiro, Michoacán) y de Ejecución de Sentencias (de Zamora, Michoacán), el proceso penal 21/2013 y que les causan molestia Precisen la fecha en que tuvieron conocimiento de los mismos. Sirve de apoyo a lo expuesto la jurisprudencia 1a./J. 39/2012 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo". Bajo apercibimiento que de de no dar cumplimiento al punto número cuatro, se tendrán por no presentada la demanda en contra de los Jueces de Primera Instancia (de Puruándiro, Michoacán) y de Ejecución de Sentencias (de Zamora, Michoacán). Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

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