Georgina Gómez Flores
Expediente 946/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 946/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Georgina Gómez Flores
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinticinco de julio de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos el oficio proveniente del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, mediante el cual acusa recibo del juicio de amparo 946/2019-Vl, promovido por GEORGINA GÓMEZ FLORES y los anexos adjuntos, e informa que no insiste en declinar competencia a este órgano jurisdiccional y continua con la tramitación del juicio de amparo 774/2019. En mérito de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese este cuaderno como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto décimo primero, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Toda vez que el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, no insiste en declinar competencia a este órgano jurisdiccional; en esas condiciones, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Tirado Ruiz, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargada del despacho por vacaciones del Titular, de conformidad con el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizadas por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/2127/2019 de fecha veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, asistida del Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe. *NMTG*
- Principal
PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso b) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte TERCERA INTERESADA: CRESCENCIANA VILCHIS AGUIRRE, la resolución de diez de julio de dos mil diecinueve, que en lo conducente establece: ... Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 113/2018 promovido por LÁZARO ÁLVAREZ LUNA, por derecho propio, y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el veintitrés de enero de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, y turnada al día siguiente a este juzgado federal, LÁZARO ÁLVAREZ LUNA solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos de Tribunal Unitario Agrario del Distrito Dieciocho y otras autoridades (fojas 3 a 7). SEGUNDO. Trámite. Una vez subsanada la prevención, por auto de treinta de enero de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable, se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados, se dio la intervención legal que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 16 a 20), la que después de ser diferida inició al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde reside la autoridad señalada como responsable, donde se presentó la demanda y se ejecuta el acto que hoy se reclama. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos del numeral 74, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional precisa que lo que la parte quejosa reclama del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 18 y Actuaria adscrita dicho Tribunal es: La falta de llamamiento al juicio agrario 49/2015, así como todo lo actuado en éste y los actos de ejecución emitidos, en especificó la orden de desocupación y entrega de los inmueble denominados "COLOZICAC" y "TETECOLALA". TERCERO. OBJECIÓN DE DOCUMENTOS. Corresponde a este Juzgado de Distrito resolver, en primer término, lo relativo al incidente de objeción planteado por el tercero interesado ESTEBAN ARANDA VILCHIS, respecto de la huella dactilar de Aurelio Vilchis Alvarado que obra en el documento de cesión de derechos de fecha diez de abril de mil novecientos setenta y siete, exhibido por la parte quejosa; por lo que se procede a resolver la objeción planteada, a fin de determinar si se actualiza alguna causal de improcedencia y, en caso de no existir alguna, continuar con el estudio de los actos reclamados. Es infundada la objeción planteada. Antecedentes del incidente de objeción de documento. Los siguientes son hechos relevantes en torno a la objeción planteada: I. El tercero interesado ESTEBAN ARANDA VILCHIS, mediante escrito presentado el veinticinco de julio de dos mil dieciocho, impugnó la huella dactilar del finado Aurelio Vilchis Alvarado que obra en el documento de cesión de derechos de fecha diez de abril de mil novecientos setenta y siete. II. El quince de noviembre de dos mil dieciocho, se inició la audiencia constitucional y se suspendió con motivo del trámite del incidente de objeción planteado; en dicha audiencia se admitió la prueba pericial ofrecida por la tercero interesado y quedó a cargo del perito designado por este juzgado, que fue requerido a la Coordinación Estatal de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, Delegación, Morelos. V. Una vez que protestó el cargo Arlen Yadira Aguilar Velasco, como perito designada y toda vez que las demás partes no nombraron experto para la prueba, por auto de cuatro de enero de dos mil diecinueve, se requirió al Tribunal Unitario Agrario del Décimo Octavo Circuito, así como al Vocal Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Morelos, para que remitieran fotocopia completa de las constancias en las que se advirtiera la huella dactilar del finado Aurelio Vilchis Alvarado (foja 400). VI.- Mediante oficio 72/2019, signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Unitario Agrario, remitió las constancias solicitadas e informó que tales documentos también se encuentran objetadas dentro del juicio agrario 49/2015 (foja 404), en consecuencia, por auto de once de enero de dos mil diecinueve se ordenó el desahogó de la prueba pericial únicamente con las constancias que allegó el Vocal Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Morelos. VII.- Por oficio sin número presentado en la oficialía de partes de este juzgado (foja 424), Arlen Yadira Aguilar Velasco, informó a este juzgado federal que la huella dactilar que obra en la fotocopia certificada que remitió el Vocal Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Morelos, no era útil para realizar la confronta. VIII.- La perito oficial se constituyó en el Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECyRD) del Instituto Nacional Electoral, en donde obran huellas dactilares originales del finado Aurelio Vilchis Alvarado, sin embargo, por oficio 1616/2019, informó que las huellas sujetas al análisis no son útiles para realizar una confronta. IX.- Por escrito presentado el dos de mayo de dos mil diecinueve, Esteban Aranda Vilchis, solicitó se requiriera a la diverso tercero interesada SILVERIA VILCHIS AGUIRRE el documento original de cesión de derechos posesorios suscrito por el finado Aurelio Vilchis Alvarado, lo cual aconteció por auto de dos de mayo del año en curso, y, por escrito de trece de mayo siguiente la referida tercero interesada manifestó no contar con dicha documental. X. Finalmente, el dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, se continuó la audiencia constitucional conforme al acta que antecede. Ahora, es menester mencionar que la finalidad de la objeción establecida en el artículo 122 de la Ley de Amparo, al cuestionar la autenticidad de un documento, es otorgar la posibilidad de rendir las pruebas pertinentes para acreditar su falsedad. Así, no es suficiente la objeción de manera simple y abstracta para tener por demostrada tal pretensión, sino que ello debe acreditarse con medios probatorios idóneos, como la pericial. En el caso en estudio, únicamente se ofreció y se admitió como medio de prueba la pericial en materia de dactiloscopia, a fin de acreditar la autenticidad o falsedad de la huella dactilar que obra en el documento de cesión de derechos exhibido por el quejoso. En el caso, no fue posible el desahogó de la prueba pericial ordenada por este juzgado, toda vez que la perito oficial manifestó que las huellas dactilares sujetas al análisis no eran útiles para realizar una confronta con el documento objetado. Por tanto, al margen de las manifestaciones formuladas por el objetante, en el caso no se acreditó que la huella dactilar contenida en el documento cuestionado sea falsa, pues al respecto no se aportó probanza eficaz alguna al respecto. Lo anterior se determina sólo para efectos del presente juicio de amparo. En mérito de lo anterior, es INFUNDADO el incidente de objeción de documento planteado por el tercero interesado en términos del artículo 122 de la Ley de Amparo; lo que no significa que se otorgue eficacia demostrativa plena al aludido documento, pues ésto será materia de valoración al resolver la cuestión planteada. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado a la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 18, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado (fojas 58 a 59). Lo anterior se corrobora, además con las fotocopias certificadas del expediente agrario 49/2015, anexo a su informe justificado, de las que se desprende que por sentencia definitiva de once de mayo de dos mil dieciséis ( fojas 252 a 283 anexo I), se declaró que a Esteban Aranda Vilchis le corresponde mejor derecho a poseer sobre los predios "COLOZICAC" y "TETECOLALA", por lo que se ordenó la desocupación y entrega de dichos predios al referido, ahora tercero interesado. Documentales a las que se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. QUINTO.- CAUSALES DE IMPROCEDENCIA: Ahora bien, de conformidad con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo el estudio de las causales de improcedencia es preferente al referirse a un aspecto de orden público. a) Al respecto, el tercero interesado aduce que el juicio de amparo resulta improcedente, en razón de que existe cosa juzgada. La anterior causal de improcedencia se encuentra prevista en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo. El citado ordenamiento dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en términos de la facción anterior. [.]." Para que se actualice la causa de improcedencia apuntada es necesario que: 1. Los actos reclamados hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo; 2. Por la referencia a la fracción que le precede, se contrae a los amparos que hayan sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. 3. Además, se refiere a juicios terminados, ya que habla de actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías. En esas condiciones, la causa de improcedencia opera cuando se ha producido la cosa juzgada por la ejecutoria dictada en el anterior juicio, respecto del cual existe la identidad en los sujetos y en el objeto, aunque las violaciones constitucionales hayan sido diversas. A fin de verificar la actualización de la causa de improcedencia, en la especie se observa que el presente asunto se integró mediante escrito exhibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, el veintitrés de enero de dos mil dieciocho, por LÁZARO ÁLVAREZ LUNA, por derecho propio y en su carácter de tercero extraño al procedimiento mediante el cual solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos de la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Número 18, en esta ciudad capital, de quien reclamó todo lo actuado en el juicio agrario 49/2015, así como los actos de ejecución, en especificó la orden de desocupación y entrega de los inmuebles denominados "COLOZICAC" y "TETECOLALA". Ahora bien, en el caso no se actualiza la cosa juzgada en el presente asunto, pues no existe constancia alguna de la que se desprenda que lo reclamado por el ahora quejoso haya sido materia de pronunciamiento en diverso juicio de amparo, promovido por éste, en contra del mismo acto reclamado. Consecuentemente, no se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo. No es óbice a lo anterior que la tesis aislada de número de registro 179062, citada por el tercero interesado, del rubro "COSA JUZGADA EN MATERIA AGRARIA. LA ASÍ ESTABLECIDA EN EJECUTORIAS DE AMPARO DIRECTO QUE DEFINEN EN EL FONDO A QUIÉN CORRESPONDE LA TITULARIDAD DE LOS DERECHOS AGRARIOS RESPECTIVOS, NO ES SUSCEPTIBLE DE MODIFICARSE, NI AUN ALEGÁNDOSE VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE AUDIENCIA EN AMPARO INDIRECTO, POR PREVALECER EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA." Con base en la cual el aludido tercero pretende que prevalezcan los derechos que le fueron reconocidos mediante los juicios de amparo directo 715/2016 y 716/2016, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en los que mediante resoluciones de veintiuno de abril de dos mil diecisiete, se determinó negar el amparo y protección de la justicia federal a la parte actora del Juicio Agrario 49/2015 (fojas 356 a 422 y 495 a 546 den anexo I). Sin embargo, tal criterio aislado se encuentra superado por Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de número de registro 167744, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, Marzo de 2009, página 414, del siguiente rubro: "COSA JUZGADA. NO SE PRODUCE RESPECTO DEL TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO SUCESORIO AGRARIO." en la que se precisa que la figura procesal de la cosa juzgada tiene límites, por lo que no se produce respecto del tercero extraño al juicio cuando no formó parte de la relación procesal a pesar de tener interés jurídico para ello y al no haber sido llamado a la contienda, de tal suerte que no se le dio oportunidad de ser oído y vencido en el juicio, lo que acontece en el presente juicio de amparo, sin que exista prueba en contrario. b) Por su parte la diversa tercero interesada hace valer la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues aduce que el ahora quejoso tuvo conocimiento del juicio agrario desde el año dos mil quince, puesto que es esposo de la diversa actora del juicio agrario Silveria Vilchis Aguirre. El artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo del texto siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; [.] La actualización de la causa de improcedencia descansa en las siguientes consideraciones. En primer lugar se citará el texto de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." En ese orden de ideas, el numeral 17 de la Ley de la materia, prevé que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días. Por su parte, el artículo 18 de la Ley de la materia, dispone que los plazos a que se refiere el artículo citado en el párrafo precedente, se computaran de la siguiente manera: A partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. A partir del día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. A partir del día siguiente en que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a), es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento, haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 17 de la Ley de la materia para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados. Siendo así, resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo, se suscite a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en el artículo 18 de la ley de la materia, de lo que se sigue que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Por lo tanto, la esencia del referido artículo 18, se sustenta en el conocimiento del acto reclamado y no en la formalidad de la notificación, puesto que es suficiente que en la demanda de amparo el promovente manifieste la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, para que ello constituya el punto de partida a efecto de determinar la oportunidad del juicio constitucional, siempre y cuando no exista prueba que demuestre lo contrario. Ahora bien, en el presente asunto, no se acreditó con prueba alguna una fecha de conocimiento distinta a la alegada bajo protesta de decir verdad por el quejoso en su escrito inicial de demanda de amparo y tampoco de las constancias que integran el expediente agrario obra documento en el cual se advierta que el ahora impetrante tuviera conocimiento de éste. Lo anterior, por similitud jurídica, tiene sustento en la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página mil novecientos treinta y uno, tomo XXXI, enero de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro establecen "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA).". Asimismo, apoya lo anterior la tesis de la Décima Época de número de registro 2009762, visible en el Semanario Judicial de la Federación, libro veintiuno, agosto de dos mil quince, Tomo III, página 2380, del siguiente rubro: "INICIO DEL TÉRMINO PARA PROMOVER AMPARO CUANDO NO EXISTE NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO DEL ACTO RECLAMADO." En ese orden de ideas, debe señalarse que el quejoso en su escrito inicial de demanda señaló como acto reclamado todo lo actuado en el juicio agrario 49/2015, pues se ostentó como tercero extraño al procedimiento. Y en ese sentido, el impetrante manifestó bajo protesta de decir verdad que se enteró del acto reclamado el lunes veintidós de enero de dos mil dieciocho, cuando se presentó en las instalaciones del Tribunal Unitario Agrario. Por lo tanto, si el quejoso se ostento conocedor del acto reclamado el veintidós de enero de dos mil dieciocho, y la demanda de amparo la presentó ante la Oficialía de partes común el día veintitrés de enero del mismo mes y año, es inconcuso que no habían transcurrido los quince días previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Precisado lo anterior se debe decir que en el presente sumario no existe prueba documental con la que se acredite que el ahora quejoso, haya intervenido en el juicio agrario o que haya tenido conocimiento de éste, tampoco existe medio probatorio en el sumario ni fue ofrecida por alguna de las partes con el que se acredite que dicho impetrante conoció de la existencia del juicio previo al veintidós de enero de dos mil dieciocho, por lo tanto, al no advertirse fecha alguna que permita realizar un computo diverso para verificar si fue promovido o no en el plazo legal la demanda de amparo, por ende no se tiene por actualizada la causal de improcedencia invocada. SEXTO. ESTUDIO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. No habiendo diversa causal de improcedencia que se advierta de oficio, se estudiara lo relativo al acto que se reclama en el presente juicio de amparo. Es infundado el concepto de violación esgrimido, por los motivos que se expondrán. Es pertinente hacer referencia a los antecedentes del acto reclamado, los cuales se deducen de las constancias remitidas por la autoridad responsable; de los que se advierte lo siguiente: 1.- Silveria y Crescenciana de apellidos Vilchis Aguirre, mediante demanda presentada ante el Tribunal Agrario del Decimoctavo Circuito, el veinticinco de febrero de dos mil quince, demandaron a Esteban Aranda Vilchis, el mejor derecho para poseer los predios denominados "COLOZICAC" y "TETECOLALA" (fojas 1 a 14 del anexo I), y como consecuencia de ello solicitaron la nulidad de la cesión de derechos posesorios de fecha veintisiete de agosto de dos mil cinco, en la que el finado AURELIO VILCHIS ALVARADO, cedió los derechos de posesión a favor de ESTEBAN ARANDA VILCHIS, respecto del predio comunal denominado "COLOZICAC", así como la nulidad de la constancia de posesión emitida el siete de enero de dos mil doce, y suscrita por la representación auxiliar de Bienes Comunales de Santa Catarina, Municipio de Tepoztán, Morelos a favor de ESTEBAN ARANDA VILCHIS, respecto del predio denominado "TETECOLALA". 2.- Por auto de ocho de abril de dos mil quince se radicó la demanda agraria con el número 49/2015 y se ordenó emplazar a las partes (fojas 34 a 35 del anexo I). 3.- Por sentencia definitiva de fecha once de mayo de dos mil dieciséis, el Tribunal Unitario Agrario responsable declaró a Esteban Aranda Vilchis, con mejor derecho a poseer los predios denominados "COLOZICAC" y "TETECOLALA", y por resolutivo quinto ordenó la desocupación y entrega de dichos predios a favor de Esteban Aranda Vilchis. 4.- En contra de la sentencia definitiva, las ahora tercero interesadas Silveria y Crescenciana de apellidos, Vilchis Alvarado, promovieron juicio de amparo directo, de los cuales conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito con los números 715/2016 y 716/2016, en los cuales mediante resolución de fecha veintiuno de abril de dos mil diecisiete, se determinó negar el amparo y protección de la justicia federal (fojas 356 a 422 y 495 a 546 den anexo I), por lo tanto, la resolución emitida en el juicio agrario, a la presente data se encuentra firme y el expediente en etapa de ejecución. Luego, el quejoso como concepto de violación en esencia esgrime lo siguiente: Que se viola en su perjuicio el artículo 14 Constitucional, pues al no ser llamado al juicio agrario 49/2015, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Dieciocho, se le privó de su derecho de defensa. En ese sentido, el artículo 14 Constitucional prevé lo siguiente: "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho." -Lo destacado es propio- Dicho precepto constitucional impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades -en el caso concreto de los órganos jurisdiccionales- para que, de manera previa al dictado de un acto de privación, se cumplan con una serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa a los afectados. Es importante precisar que para los efectos del artículo en estudio, por acto de privación debe entenderse aquél que tiene como fin la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado; sin embargo, no todo acto de autoridad provoca esos efectos, no obstante que exista una afectación a la esfera jurídica del gobernado. En efecto, existen actos que restringen el ejercicio de un derecho en forma provisional o preventiva pero no tienen la finalidad de privar en forma definitiva de ese derecho a su titular, sino que se trata de medidas provisionales establecidas por el legislador para proteger determinados bienes jurídicos, en tanto se decide si procede o no la privación definitiva. De modo que no basta que un acto de autoridad produzca una afectación en el ámbito jurídico para que se repute "acto de privación" en términos del segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Federal; puesto que, para ello, es menester que el menoscabo alegado tenga el carácter de definitivo. En ese tenor, si la privación de un bien material o inmaterial, bajo los aspectos indicados, es la finalidad connatural perseguida por un acto de autoridad, éste asumirá el carácter de privativo. Mientras que, si cualquier acto autoritario por su propia índole, no cuenta con tal finalidad; la restricción provisional es sólo un medio para lograr otros propósitos, de ahí que de ninguna manera podrá ser considerado como acto privativo sino de molestia, y por ende se encuentran regulados por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Acotado lo anterior, se tiene que las formalidades apuntadas y su observancia, a las que se unen además, las relativas al derecho humano de legalidad contenido en el texto del párrafo primero del ya trascrito artículo 16 de la Carta Magna, se constituyen como elementos fundamentales útiles para demostrar -a los afectados por un acto de autoridad- que éste no se emite de un modo arbitrario y anárquico; sino que, por el contrario, en estricta observancia del marco jurídico que la rige. Con arreglo a tales imperativos, todo procedimiento o juicio ha de estar supeditado a que en su desarrollo se observen, ineludible y previamente a la emisión de cualquier acto de menoscabo, distintas etapas que configuran el derecho de audiencia en favor de los gobernados; a saber: (i) que el afectado tenga conocimiento del inicio de un procedimiento en el que se pueda ver afectado un derecho, así como de la cuestión que habrá de ser objeto de debate y de las consecuencias que se producirán con el resultado de dicho trámite; (ii) Se le otorgue la posibilidad de presentar sus defensas a través de la organización de un sistema de comprobación tal, que quien sostenga una cosa tenga oportunidad de demostrarla, y quien estime lo contrario, cuente a su vez con el derecho de acreditar sus afirmaciones; (iii) Cuando se agote la etapa probatoria correspondiente se dé oportunidad de formular las alegaciones correspondientes; y, finalmente, (iv) que el procedimiento iniciado concluya con una resolución que decida sobre las cuestiones debatidas, fijando con claridad el tiempo y forma de ser cumplidas. En tales condiciones, las formalidades esenciales del procedimiento que todo juicio o procedimiento debe llevar a cabo para respetar la defensa adecuada antes del acto privativo, en general, se pueden resumir en las siguientes: I. La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; II. La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; III. La oportunidad de alegar; y, IV. El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Lo anterior, con sustento en la jurisprudencia P./J. 47/95, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO." En esas condiciones, resulta evidente que la falta de llamamiento a juicio a la persona cuyo patrimonio se ve afectado por virtud de la contienda, constituye la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave; puesto que, sin ese llamamiento, resulta inconcuso que se ve imposibilitado para oponer las excepciones y defensas a su alcance. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 247, emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "EMPLAZAMIENTO. ES DE ORDEN PUBLICO Y SU ESTUDIO ES DE OFICIO". Así, de todo lo expuesto en el presente apartado, se obtiene que, conforme al sistema establecido en la Constitución Federal, específicamente en su artículo 14, los actos de privación deben estar precedidos del respeto al derecho fundamental de audiencia previa; lo cual se satisface cuando al gobernado se le notifica el inicio del procedimiento seguido en su contra o, como en la especie, donde estén involucrados sus derechos, así como sus consecuencias. Para lo cual, habrá de concedérsele la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, así como de alegar lo que estime conducente, para finalmente, dirimir la controversia mediante una resolución. Ahora bien, como ya se precisó, el quejoso reclama la falta de llamamiento al juicio agrario 49/2015, formado con motivo de la demanda promovida por Silveria y Crescenciana de apellidos Vilchis Aguirre, en contra de Esteban Aranda Vilchis, a quien le reclamaron el mejor derecho a poseer los predios comunales siguientes:1.-"COLOZICAC" ubicado en calle Ojo de Agua número 12, en el Poblado de Santa Catarina, del Municipio de Tepoztlán, Morelos. 2.- "TETECOLALA" ubicado al sur del poblado de Santa Catarina, Municipio de Tepoztlán, Morelos, así como todo lo actuado en dicho expediente agrario. En efecto, el quejoso para justificar el derecho de posesión que defiende, y acreditar su interés jurídico en el presente juicio de amparo exhibe contrato privado de cesión de derechos posesorios a título gratuito con AURELIO VILCHIS ALVARADO, quien cedió los derechos posesorios a favor de LÁZARO ÁLVAREZ LUNA, de los predios "COLOZICAC", con una superficie de 1,300.00 m2 (mil trescientos metros cuadrados) y "TETECOLALA", con una superficie de 13,000.00 m2 (trece mil metros), el cual, consta que fue suscrito ante Avelino Rodríguez Villamar, en su carácter de representante de los Bienes Comunales de Tepoztlán, Morelos (foja 8) el diez de abril de mil novecientos setenta y siete. En ese sentido, destaca que no cualquier documento privado es susceptible de demostrar un derecho sobre determinado bien, para así acreditar el interés jurídico necesario para estar legitimado al solicitar la protección constitucional; precisamente por ello, y para dar certeza jurídica a los actos, se ha instituido lo atinente a la fecha cierta, determinándose que un documento tiene tal calidad, cuando acontece cualquiera de los siguientes supuestos: - A partir del día en que celebra ante fedatario público o funcionario autorizado, se presente a la vista del fedatario y hace constar su existencia; - Es inscrito en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación; y, - A partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. De no ser así, esa clase de documentos no resultan idóneos para acreditar el interés jurídico del quejoso. Tiene aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia 46/99 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impresa en la página 78, Tomo X, Diciembre de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de número de registro 192662, del siguiente rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO." En ese sentido, se advierte que el contrato de derechos posesorios exhibido por el quejoso fue suscrito ante el representante de los Bienes Comunales de Tepoztlán, Morelos (foja 8) el diez de abril de mil novecientos setenta y siete, sin embargo, para los efectos del juicio de amparo, no se puede tener como fecha cierta la de suscripción del documento, puesto que no existe constancia alguna en el presente sumario de la que se advierta que dicho documento haya sido convalidado por la Asamblea de Comuneros, quien en términos de los artículos 23, fracción VIII, y 107, de la Ley Agraria, es el órgano supremo de la Comunidad y, tiene como de su competencia exclusiva, entre otras cuestiones, la regularización de tenencia de posesionarios, por lo que era necesaria su ratificación o convalidación por parte de dicho órgano para que el documento adquiera validez y eficacia probatoria. Sirve de sustento a lo anterior la Jurisprudencia de la Décima Época, de número de registro 2005053, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo II, Materia Administrativa, página 831, del siguiente rubro y texto: "CONSTANCIAS DE POSESIÓN EXPEDIDAS POR EL COMISARIADO DE BIENES COMUNALES, MOTU PROPRIO, TIENEN VALIDEZ Y EFICACIA PROBATORIA, UNA VEZ QUE LA ASAMBLEA LAS RATIFICA. En términos de los artículos 23, fracción VIII, y 107, de la Ley Agraria, la Asamblea, es el órgano supremo de la Comunidad y, tiene como de su competencia exclusiva, entre otras cuestiones, la regularización de tenencia de posesionarios. Por su parte el precepto 33, fracción I, de dicho Ordenamiento, dispone que el Comisariado, es el órgano encargado de la representación del núcleo de población, con las facultades de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas. Ahora bien, tratándose de la expedición de constancias de posesión, que implica la regularización de tenencia de posesionarios, al ser de competencia exclusiva de la Asamblea, para que el representante de la comunidad pueda válidamente realizar tales actos, es necesario, en principio, que cuente con la autorización de la Asamblea; sin embargo, no existe razón legal para determinar la ineficacia jurídica de una constancia de posesión, expedida por el Comisariado, sin previa autorización del órgano supremo del núcleo agrario respectivo, cuando la Asamblea la ratifica; porque si bien en tal supuesto el Comisariado actúa extralimitándose en las facultades que tiene conferidas, esa constancia sólo está viciada de nulidad relativa, por lo que puede ser objeto de convalidación o ratificación por la Asamblea; y de ahí que una vez verificada dicha ratificación, la constancia respectiva adquiera validez y eficacia probatoria, porque así lo establece expresamente el artículo 2583, del Código Civil Federal, de aplicación supletoria a la ley Agraria, al señalar que los actos que el mandatario, practique a nombre del mandante, pero traspasando los límites expresos del mandato, serán nulos en relación con el mandante, si no lo ratifica tácita o expresamente; con la salvedad de que esos efectos son retroactivos desde que se emite el documento suscrito por el Comisariado de Bienes Comunales, en los términos del artículo 2235 del Código Civil Federal, que establece que la confirmación se retrotrae al día en que se verificó el acto nulo; pero ese efecto retroactivo no perjudicará a los derechos de tercero." No obstante lo anterior, en el caso que nos ocupa, se advierte que el contrato de derechos posesorios fue celebrado entre AURELIO VILCHIS ALVARADO, quien cedió los derechos posesorios a LÁZARO ÁLVAREZ LUNA, de los predios "COLOZICAC", con una superficie de 1,300.00 m2 (mil trescientos metros cuadrados) y "TETECOLALA" con una superficie de 13,000.00 m2 (trece mil metros). Ahora bien, en autos del juicio agrario se puede apreciar que Silveria y Crescenciana, ambas de apellidos Vilchis Aguirre, se ostentaron como hijas de AURELIO VILCHIS ALVARADO, al momento de relatar los hechos en su escrito inicial de demanda, manifestaron que AURELIO VILCHIS ALVARADO falleció el treinta de abril de dos mil trece (foja 5 anexo II), asimismo, Esteban Aranda Vilchis en su escrito de reconvención, argumentó que AURELIO VILCHIS ALVARADO, falleció el treinta de abril de dos mil trece (foja 158 anexo II). Documental privada que se admicula con el oficio 29/2019 suscrito por la Vocal del Registro Federal de Electores (foja 1012 expediente principal) en el cual informó a este juzgado que encontró registro a nombre de AURELIO VILCHIS ALVARADO, en el que causó baja por defunción en el año dos mil trece. Documentales anteriores a las que se les concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, y de las que se arriba a la convicción de que AURELIO VILCHIS ALVARADO, falleció en el año dos mil trece, y si bien no obra documento alguno en el presente sumario del cual se advierta la fecha cierta de fallecimiento, se crea la certeza de que en el año dos mil trece, la persona antes citada falleció. En consecuencia, solo para efecto del presente juicio de amparo, se tomará como fecha cierta de celebración del contrato de derechos posesorios el año dos mil trece, data de fallecimiento de uno de los suscriptores del contrato (AURELIO VILCHIS ALVARADO), fecha previa al inicio del Juicio Agrario materia del presente juicio de amparo (ocho de abril de dos mil quince). Sin que pase desapercibido para quien resuelve que el contrato exhibido por el quejoso en el presente sumario fue celebrado aún con la vigencia de la Ley Federal de la Reforma Agraria, y aun cuando la derogada Ley Federal de Reforma Agraria no preveía la cesión de derechos en esta materia, en tanto que en sus artículos 52 y 75 disponía que los derechos sobre bienes agrarios adquiridos por los núcleos de población, así como los del ejidatario sobre la unidad de dotación y, en general, los que le correspondan sobre los bienes del ejido a que pertenezca, por ser inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles, no se podían enajenar, ceder, transmitir, arrendar, hipotecar o gravarse en todo o en parte, sin embargo, quien resuelve no tiene la facultad de determinar la validez o no de dicho documento generador de derechos posesorios exhibido por el ahora quejoso, puesto que ello en su caso es materia de la autoridad agraria quien deberá dilucidar dicha causa generadora de la posesión. Sirve de sustento a lo anterior la Jurisprudencia de la Séptima Época, de número de registro 238289, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y texto: "AGRARIO. POSESION DE PARCELAS EJIDALES. INTERES JURIDICO EN AMPARO CUANDO SE RECLAMAN ACTOS DIRIGIDOS A PRIVAR DE ELLA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA CALIDAD DE LA POSESION. PROCEDENCIA DEL AMPARO. Cuando se reclaman actos tendientes a privar de la posesión de parcelas ejidales, a quienes pretenden convertirse en ejidatarios, sí existe interés jurídico de éstos para acudir al juicio de amparo a defenderla, independientemente de la calidad de la posesión, que deberá determinarse por las autoridades agrarias a que corresponde hacer la calificación relacionada." También sirve de sustento la tesis de la Novena Época, de número de registro 164309, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Julio de 2010, página 1955, del siguiente rubro: "JUICIO AGRARIO. CUANDO EN ÉL SE CONTROVIERTE LA POSESIÓN DE UN BIEN EJIDAL Y LAS PARTES FUNDAN SUS PRETENSIONES EN SENDOS CONTRATOS DE CESIÓN DE DERECHOS CELEBRADOS DURANTE LA VIGENCIA DE LA DEROGADA LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA QUE LOS PROHIBÍA, ÉSTOS DEBEN ANALIZARSE A FIN DE DETERMINAR CUÁL DE ELLOS, CONFORME A SUS ELEMENTOS, DEMUESTRA EL MEJOR DERECHO A POSEER." En ese orden de ideas, debe decirse que en el juicio de amparo en que se actúa se desahogó la testimonial ofrecida por la parte quejosa, y a cargo de los atestes MARCOS RÍOS CANALIZO y CLEMENTE ÁLVAREZ ZEDILLO, en los que a preguntas 5.- QUE PERSONA FUE TITULAR DEL PREDIO OBJETO DEL PRESENTE JUICIO. 6.- QUE PERSONA POSEE ACTUALMENTE EL INMUEBLE UBICADO EN CALLE OJO DE AGUA 12, DEL POBLADO DE SANTA CATARINA MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN, del escrito de interrogatorio y a preguntas 1.- DIRA EL TESTIGO SI CONOCE EL PREDIO DENOMINADO TETECOLALA y 6.- DIRA EL TESTIGO QUIEN POSEE EL INMUEBLE DENOMINADO TETECOLALA DE VEINTE AÑOS A LA FECHA, del escrito de ampliación de interrogatorio, respondieron lo siguiente: MARCOS RIOS CANALIZO. 5.- El señor Aurelio Vilchis 6.- El Señor LÁZARO ÁLVAREZ LUNA, esposa e hijos. 1.- Sí. 6.- El señor LÁZARO ÁLVAREZ LUNA. CLEMENTE ÁLVAREZ ZEDILLO. 5.- Aurelio Vilchis 6.- El Señor LÁZARO ÁLVAREZ LUNA, su esposa, sus hijas y su hijo. 1.- Sí. 6.- Siempre ha sido del señor LÁZARO ÁLVAREZ LUNA. Ambos testigos manifestaron no tener parentesco con el quejoso, no tener interés personal en el asunto y no ser enemigo o amigo íntimo de alguna de las partes, fueron coincidentes en sus respuestas, manifestaron tener conocimiento de los hechos el primero de ellos en razón de que es comunero y vecino del Pueblo, el segundo de ellos, porque trabajo con Aurelio Vilchis, de lo que infiere que por ellos mismos conocieron los hechos sobre los que declaran, se advierte que por su edad tiene la capacidad de comprender los hechos, no existe constancia que hayan sido obligados a declarar, o que haya habido engaño dolo o soborno. Por lo tanto, en términos del artículo 215 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de manera indiciaria se les otorga eficacia probatoria para acreditar que el hoy quejoso se encuentra en posesión de los predios materia del juicio agrario, lo anterior es así puesto que si bien no se ofreció prueba diversa en el presente juicio de amparo que reste eficacia probatoria a las anteriores probanzas, en el juicio agrario de origen se estableció que quien ostentaban la posesión de dichos predios son las aquí tercero interesadas Silveria y Crescenciana de apellidos Vilchis Aguirre. A más que dichas testimoniales no afianzan en relación a la eficacia demostrativa del documento que exhibió la parte quejosa como generador del derecho posesorio que combate, como más adelante se expondrá. Lo anterior guarda sustento en la Jurisprudencia de la Séptima Época, de número de registro 238275, emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 90, Tercera Parte, página 35, del siguiente rubro y texto. "AGRARIO. POSESION. LA PRUEBA IDONEA PARA ACREDITARLA ES LA TESTIMONIAL. La Segunda Sala sustenta el criterio de que la prueba testimonial es la idónea para acreditar el hecho de la posesión; de manera que no desahogada esa prueba, los quejosos no acreditan en el juicio que estuvieran en posesión del predio a que se refiere la demanda de garantías, en forma pública, pacífica, continua, en nombre propio y a título de dueños, por un lapso no menor de cinco años anterior a la fecha de publicación de la solicitud de dotación; por lo que no satisfacen uno de los requisitos esenciales que condicionan la procedencia del juicio de amparo, consistente en la posesión, con las características indicadas, del predio aludido." Asimismo, la Jurisprudencia de número de registro 237443, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación Volumen 181-186, página 89, del siguiente rubro: "AGRARIO. POSESION EN MATERIA AGRARIA, PRUEBA TESTIMONIAL PARA ACREDITAR LA. NO DEBE ESTAR EN CONTRADICCION CON OTROS DATOS. El resultado de la prueba testimonial desahogada dentro del juicio para acreditar la posesión de un predio afectado por una resolución presidencial, en que todos los testigos contestan afirmativamente en el sentido de que el quejoso ha venido poseyendo desde cierto tiempo y con los requisitos que prevé la Ley Federal de Reforma Agraria, es insuficiente para acreditar lo que se propone si tal prueba se encuentra contradicha con la afirmación en la propia demanda de amparo de que las escrituras del predio controvertido son recientes y si además ni siquiera se presentan los documentos mediante los cuales se demuestra cómo adquiere la propiedad el quejoso del predio que dice poseer." Ahora bien, es menester acotar que tratándose de predios, es imprescindible que se demuestre en forma indubitable la identidad del que ampara el documento generador de la acción de amparo, con el que es objeto de afectación en el procedimiento natural, ya que de lo contrario, cuando el descrito en el contrato de cesión de derecho posesorios en el que se funda el juicio de garantías no es coincidente en superficie, medidas y colindancias con aquél, no puede tener el alcance de evidenciar que está inmerso o incluido en el que es objeto de los actos de autoridad que se exige sean objeto de análisis constitucional; por tanto, en ese supuesto, será necesario el auxilio de una prueba que arroje datos concretos sobre la cuestión en que se requieran conocimientos científicos o especializados, preferentemente una de tipo técnico; pues si bien es verdad que ésta no es la única prueba con la que se puede acreditar si la identidad de un inmueble, es la idónea para tales efectos. Cobra aplicación la jurisprudencia VI.1o.C. J/13,emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible a foja 1606, del Tomo, XIII, Enero de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del sumario siguiente: "PERICIAL EN AGRIMENSURA. ES LA PRUEBA IDÓNEA PARA ACREDITAR LA IDENTIDAD DE INMUEBLES. Aun cuando la pericial en agrimensura no es la única prueba con la que se pueda acreditar la identidad de bienes inmuebles, sin embargo sí es la idónea para ello, pues con los datos que verifique el perito se podrá determinar si el bien que se reclama es o no el mismo que detenta el demandado.". Ello es así, toda vez que los peritos son personas distintas de las partes del juicio, especialmente calificadas por sus conocimientos técnicos, artísticos o científicos, para suministrar al juez argumentos o razones para la formación de su convencimiento respecto de ciertos hechos cuya percepción o entendimiento escapa a las aptitudes del común de la gente. Por tanto, la función de los peritos, como auxiliares en la administración de justicia, tiene un doble aspecto: 1) Verificar hechos que requieren conocimientos técnicos, artísticos o científicos que escapan a la cultura común del Juez por no formar parte del programa de estudios de quienes estudian la licenciatura de Derecho y del común de la gente; y, 2) Proporcionar reglas técnicas o científicas de la experiencia especializada de los peritos para formar la convicción del Juez sobre tales hechos y para ilustrarlo con el fin de que los entienda mejor y pueda apreciarlos correctamente, razones por las cuales la prueba pericial es la idónea para demostrar la identidad entre el bien defendido por el quejoso y aquél que es materia del juicio natural. En ese sentido, la identidad de los predios se encuentra corroborada con el dictamen pericial rendido por José Luis Vargas Gómez, perito designado por la parte quejosa, en el que en el punto segundo concluyo lo siguiente (fojas 194 a 203): "2.- Determine el perito si los predios conocidos como "Coloxica" ó "Coloxicac" y "Tetecolala" se tratan de los mismos predios o forman parte de la superficie en litigio en el juicio de origen 49/2015. RESPUESTA.- Habiendo consultado los anexos técnicos I y II, que conforman el presente expediente, en el tomo II, vienen glosados los antecedentes del juicio agrario 49/2015 de cuyo contenido, se trata de los mismos inmuebles que actualmente con motivo del presente amparo, con cierta diferencia de superficies ." Obra también el dictamen en materia de Ingeniería Civil y Arquitectura emitido por Guillermo Guzmán Espinoza, perito oficial designado por este juzgado federal, en el que en lo que interesa determinó lo siguiente (fojas 315 a 327): 2.- Determine el perito si los predios conocidos como "Coloxica" ó "Coloxicac" y "Tetecolala" se tratan de los mismos predios o forman parte de la superficie en litigio en el juicio de origen 49/2015. "RESPUESTA: Con base en el análisis de la información (coordenadas geográficas, domicilios, superficie, linderos y colindancias) expresada en el Dictamen en materia de topografía de fecha 30 treinta de junio de 2015, signado por el Arquitecto Aurelio Toledo Velasco, dentro del juicio agrario 49/2015, realizado en el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 18, con sede en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, y la comparativa de esta con la información de los inmuebles en estudio (inciso IV.11) concluyo lo siguiente: Predio "Tetecolala".- Que en el predio objeto del Juicio Agrario 49/2015, realizado en el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 18, guarda semejanza con el predio señalado durante los trabajos de campo realizados en fecha 25-veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho. En otras palabras que se trata del mismo inmueble. Predio "Colozicac".- Que el predio objeto del Juicio Agrario 49/2015, realizado en el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 18, NO guarda semejanza total con el predio señalado durante los trabajos de campo realizados en fecha 25-veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho. No obstante es correcto manifestar que el inmueble señalado incluye dentro de su área al inmueble objeto del Juicio Agrario 49/2015." Por tanto, de los dictámenes periciales que obran en autos del juicio de amparo, se advierte que respecto el predio denominado "Tetecolala", guarda identidad con el predio materia del juicio agrario 49/2015, y, por cuanto al diverso predio denominado "Colozicac", no guarda identidad total, sin embargo, el inmueble señalado incluye dentro de su área al inmueble objeto del Juicio Agrario 49/2015. Dictámenes periciales a los que se les otorga valor probatorio indiciario de conformidad con los artículos 93 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y con los que se acredita la identidad de los inmuebles controvertidos, que el quejoso defiende en esta instancia constitucional, por lo tanto, si acredita su interés jurídico en el presente juicio de amparo. No es óbice también la prueba de inspección judicial desahogada sobre los predios materia del juicio, sin embargo, con ésta solo se acredita en todo caso el estado actual de los predios materia del conflicto agrario, y es jurídicamente insuficiente para acreditar la existencia del derecho generador de la acción de amparo. Sirve de sustento la diversa Jurisprudencia VI.2o. J/272, del mismo Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 71, Número 77, Mayo de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro IUS 212459, que literalmente señala: "POSESION. LA INSPECCION OCULAR NO ES APTA PARA PROBARLA. La inspección ocular no es suficiente para acreditar el hecho de la posesión de un inmueble, puesto que su única finalidad es que el juez mismo compruebe por sus sentidos la existencia de determinados hechos o circunstancias que en momento alguno se dicen existen, pero como la posesión requiere de una observación permanente, que no puede realizarse en una diligencia dada su duración tan limitada, no puede ser justificada por una simple inspección transitoria". Como ya se mencionó, con las diversas pruebas aportadas en el presente sumario si bien este si bien se acredita el interés jurídico del quejoso en el presente juicio de amparo, éste resulta insuficiente para conceder el amparo solicitado. En efecto la parte quejosa acreditó contar con interés jurídico en el presente juicio de amparo, pero no se debe pasar por alto que el caso en estudio deriva de un conflicto agrario en el que se resolvió quien contaba con el mejor derecho a poseer un predio, para lo cual el quejoso como instrumento generador del derecho posesorio que ostenta exhibió un contrato privado de cesión de derechos posesorios, celebrado entre el finado Aurelio Vilchis Alvarado y éste, el que como ya quedo precisado, se tendrá como fecha cierta de suscripción el año dos mil trece. Sin embargo, en el juicio de origen, se advierte que el ahora tercero interesado Esteban Aranda Vilchis, exhibió diversos contratos privados de cesión de derechos de fecha veintisiete de agosto de dos mil cinco, respecto del predio denominado "COLOZICAC" y de fecha siete de enero de dos mil doce sobre el terreno denominado "TETECOLALA", los que al ser presentados ante la fe del Notario Público Número Uno de la Novena Demarcación Notarial del Estado de Morelos, el veinte de junio de dos mil doce, adquirieron fecha cierta, la que se tomó en consideración en la sentencia emitida en el juicio agrario de origen (foja 278 anexo II), resolución que se encuentra firme. En consecuencia, si la transmisión de derechos posesorios fue emitida por el mismo titular, debe atenderse a lo dispuesto en los artículos 2264, 2265 y 2266 del Código Civil Federal, aplicable supletoriamente a la Ley Agraria en términos de su numeral 2º, preceptos legales del texto siguiente: "Artículo 2264.- Si una misma cosa fuere vendida por el mismo vendedor a diversas personas, se observará lo siguiente: Artículo 2265.- Si la cosa vendida fuere mueble, prevalecerá la venta primera en fecha; si no fuere posible verificar la prioridad de ésta, prevalecerá la hecha al que se halle en posesión de la cosa. Artículo 2266.- Si la cosa vendida fuere inmueble, prevalecerá la venta que primero se haya registrado; y si ninguna lo ha sido, se observará lo dispuesto en el artículo anterior." En ese sentido, se advierte que debe prevalecer la transmisión realizada en primer lugar. Ello pone en evidencia la relevancia que reviste dilucidar la fecha en que fueron realizados los indicados acuerdos de voluntades y su fehaciente demostración, lo que hace necesario acudir a la doctrina sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa a que la fecha cierta de un documento privado se tiene: a partir del día en que se incorpore o inscriba en algún registro público; desde que se presente ante un funcionario público por razón de su oficio; y, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. Sirve de sustento a lo anterior la tesis XVI.1o.A.127 A (10a.), de la Décima Época, de número de registro 2014254, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo III, página 1911, del siguiente rubro y texto: "FECHA CIERTA DE LOS DOCUMENTOS PRIVADOS EN MATERIA AGRARIA. ES APLICABLE PARA DETERMINAR CUÁL DE LAS TRANSMISIONES DEBE PREVALECER, CUANDO UN PREDIO HA SIDO ENAJENADO POR SU TITULAR A DIVERSAS PERSONAS. Para resolver el conflicto agrario consistente en el mejor derecho a poseer un predio, suscitado entre diversas personas que afirman les fue enajenado por el titular y, para acreditar su dicho, exhiben un contrato privado de cesión de derechos, debe atenderse a lo dispuesto en los artículos 2264, 2265 y 2266 del Código Civil Federal, aplicable supletoriamente a la Ley Agraria en términos de su numeral 2o., en el sentido de que cuando un bien es enajenado por el mismo vendedor a diversas personas, debe prevalecer la transmisión realizada primero. Esto pone en evidencia la relevancia que reviste para dilucidar dicha controversia, la fecha en que fueron realizados los indicados acuerdos de voluntades y su fehaciente demostración, lo que hace necesario acudir al diverso 2034 del código citado y a la doctrina sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa a que la fecha cierta de un documento privado se tiene: a partir del día en que se incorpore o inscriba en algún registro público; desde que se presente ante un funcionario público por razón de su oficio; y, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes; de ahí que si no se surte alguno de esos supuestos, no puede determinarse la fecha cierta de un documento de los señalados con relación a terceros, porque el cumplimiento de esa condición tiene como finalidad otorgar eficacia probatoria a la fecha que consta en éste y, con ello, certeza jurídica para evitar actos fraudulentos o dolosos, como serían que las partes que intervienen en un acto jurídico consignado en el instrumento privado asentaran una data falsa, es decir, anterior o posterior a la verdadera." En ese sentido, si bien el documento exhibido por el quejoso, como ya se mencionó con anterioridad, para los efectos del presente sumario adquirió fecha cierta desde el año dos mil trece, y a partir de ésta es oponible a terceros, sin embargo, en la sentencia ya firme emitida por el Tribunal Unitario del Decimoctavo Circuito, se reconoció que la fecha cierta de los documentos generadores del derecho de posesión sobre los predios en conflicto, presentados por el ahora tercero interesado ESTEBAN ARANDA VILCHIS, es el veinte de junio de dos mil doce. En consecuencia, el contrato exhibido por el quejoso, generador de la posesión que ostenta y con el que pretende defender sus derechos agrarios, para los efectos del presente juicio, es insuficiente para que pueda ser materia de la protección federal, por ser de fecha cierta posterior a la fecha de los documentos ya reconocidos mediante sentencia firme en el juicio agrario al ahora tercero interesado Esteban Aranda Vilchis. Lo anterior se considera de esta manera, pues para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión, en ese sentido, si bien el quejoso acreditó con un documento privado la causa generadora de posesión, tal derecho que ostenta, para los efectos del presente juicio de amparo, es posterior al ya reconocido por sentencia firme al aquí tercero interesado Esteban Aranda Vilchis, por lo que no puede ser oponible a éste No obstante lo anterior, las decisiones de éste órgano de control constitucional sobre la eficacia del título exhibido por el impetrante, tienen efectos exclusivos en el presente juicio de amparo, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común, ante quien la parte quejosa tiene la oportunidad de acudir. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de número de registro 178951, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Marzo de 2005, página: 255, del siguiente rubro y texto: "POSESIÓN DE PARCELAS EJIDALES Y COMUNALES. EN LOS CONFLICTOS RELATIVOS, EL TRIBUNAL AGRARIO DEBE EXAMINAR SU CAUSA GENERADORA, CUANDO LAS PARTES NO TENGAN TÍTULO AGRARIO QUE AMPARE LOS DERECHOS SOBRE LAS TIERRAS EN DISPUTA. De acuerdo con el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la protección de los derechos sobre las parcelas ejidales y comunales, entre ellos, la posesión, está condicionada al cumplimiento de los requisitos para poder adquirir la calidad de ejidatario o comunero. Por tanto, tratándose de conflictos sobre posesión y goce de una parcela ejidal o comunal, en que las partes no acreditan la titularidad formal de los derechos de uso y disfrute respectivos (asignación formal por parte del órgano supremo del núcleo de población o transmisión de derechos debidamente formalizada), el Tribunal Agrario debe examinar la causa generadora de la posesión, es decir, la existencia de título suficiente para dar derecho a poseer, lo cual puede acreditarse únicamente por los sujetos aptos para ser ejidatarios o comuneros. Por ende, no basta que dicho Tribunal decida sobre el mejor derecho a la posesión observando sólo el disfrute fáctico de las parcelas ejidales o comunales en un momento determinado, sino que es preciso acudir al análisis del mejor derecho de posesión atendiendo a su causa generadora, lo cual es acorde con los artículos 14, segundo párrafo y 17, primer párrafo, de la Constitución Federal, pues así se impide la violación injustificada del derecho de posesión de otros, al mismo tiempo que se cumple con el mandato consistente en que ninguna persona puede hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho." Asimismo, sirve de sustento a lo anterior por similitud jurídica la Jurisprudencia de la Novena Época, de número de registro 187733, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, página 5, siguiente: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." En consecuencia de lo antes expuesto, lo procedente negar el amparo y la protección de la Justicia Federal a LÁZARO ÁLVAREZ LUNA. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: PRIMERO.- Es INFUNDADO el incidente de objeción de documento planteado por el tercero interesado ESTEBAN ARANDA VILCHIS, en términos de lo establecido en el considerando tercero de la presente sentencia. SEGUNDO.- La Justicia de la Unión No Ampara Ni Protege a LÁZARO ÁLVAREZ LUNA, respecto de los actos reclamados al Tribunal Unitario Agrario Dieciocho, por los motivos expuestos en el último considerando de la presente sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy diez de julio de dos mil diecinueve, que lo permitieron las labores de este juzgado, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que da fe.
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