Georgina García Román

Expediente 451/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
451/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
07/06/2017

Partes del expediente

  • Georgina García Román

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, siete de junio de dos mil diecisiete. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 451/2017-I, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido a la sentencia terminada de engrosar en el juicio de amparo el diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia en el primer punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de amparo como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, tomando en consideración el estado de los autos y apareciendo de los mismos se sobreseyó el presente juicio, y al no existir documentos originales aportados por las partes, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE...

  2. Principal

    RESUELVE...SOBRESEE..SEGUNDO..

  3. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 451/2017-I-B, promovido por ********************, por derecho propio, contra actos de la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y el actuario adscrito; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el dieciséis de marzo de dos mil diecisiete ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada ese día y recibida el diecisiete siguiente, ********************, por derecho propio, solicitó la protección de la justicia federal contra actos de la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y el actuario adscrito. SEGUNDO. Trámite. La demanda se admitió a trámite por acuerdo de veintidós siguiente; se solicitó el informe justificado y se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Luego, por auto de diecinueve de abril se fijaron las diez horas con once minutos del diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, para celebrar la audiencia constitucional. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y residen las autoridades a las que se atribuye el acto reclamado, el cual carece de ejecución material. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el(los) acto(s) reclamado(s). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió en la jurisprudencia P./J. 40/2000, que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados. Debe atenderse de manera preferente, al pensamiento o intencionalidad del autor de la demanda y no únicamente a lo que en apariencia dijo, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, para lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así, este es el acto reclamado: La falta de emplazamiento de la demandada "********************", al conflicto de trabajo ********************. TERCERO. Certeza del(los) acto(s) reclamado(s). Es cierto el acto reclamado. Así lo manifestaron la presidenta de la Junta [por sí y en representación del pleno] y la actuaria adscrita al rendir los informes justificados (fojas 17 y 63). CUARTO. Causales de improcedencia. El estudio de las causales de improcedencia es una cuestión de orden público y estudio preferente, por lo que procede su examen en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que en lo conducente dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y" La presidenta de la Junta aportó como prueba, copia certificada del juicio ******************** (fojas 19 a 62); la que amerita pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Del examen de la documental aportada por la autoridad, se desprenden los siguientes hechos. La demanda laboral fue radicada con el expediente ******************** y admitida mediante acuerdo de cuatro de mayo de dos mil dieciséis, contra las morales "******************** ********************" y "********************" (fojas 23 y 24). La demandada "******************** ********************", fue emplazada al juicio el tres de octubre de dos mil dieciséis y compareció a la audiencia de trece siguiente (fojas 52 y 53). La audiencia bifásica no pudo desahogarse el diecisiete de enero de dos mil diecisiete, por falta de emplazamiento de la demandada "********************" (foja 56). El catorce de febrero actual, la actuaria adscrita a la Junta intentó emplazar a dicha personal, con resultado negativo (foja 57). La audiencia de ley tampoco pudo celebrarse el veintitrés de marzo siguiente, por falta de emplazamiento de "********************" (foja 58). Ante ello, la presidenta de la Junta señaló las trece horas del veintisiete de junio de dos mil diecisiete para celebrar la audiencia y otorgó a la quejosa un término de tres días hábiles para proporcionar domicilio donde emplazar a la demandada "********************", con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendría por no interpuesta la demanda respecto de ésta, continuando el procedimiento únicamente por cuanto a "******************** ********************". Luego, en comparecencia de veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, la quejosa compareció personalmente ante la autoridad laboral y desistió lisa y llanamente de la demanda respecto de las morales "******************** ********************" y "********************". Además, solicitó el archivo del asunto y la insubsistencia de la fecha próxima para la celebración de la audiencia de ley, a saber, el veintisiete de junio de dos mil diecisiete. La Junta responsable la tuvo por desistida a su más entero perjuicio y estricta responsabilidad, de la demanda instaurada contra "******************** ********************" y "********************" y ordenó el archivo del asunto por carecer de materia para su continuación (foja 61). Ahora bien, a la instauración del juicio de amparo, sucedida el dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, la omisión reclama existía, porque la demandada "********************", no estaba emplazada al juicio laboral. Sin embargo, con el archivo del juicio de origen por carecer de materia para su continuación, decretado por la Junta el veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, como consecuencia del desistimiento de la demanda formulado de forma personal por la actora, aquí quejosa, sobrevino una modificación al entorno en que se originó el acto reclamado, de manera que aun cuando el emplazamiento de la demandada "********************", no fue llevado a cabo, tal omisión no trastoca ni trastocará la esfera jurídica de la quejosa, porque el juicio ********************, en el que impactaba la omisión, ha sido archivado, de modo que aun si el acto reclamado se hallara inconstitucional y se concediera el amparo para que la autoridad laboral emplazara a la referida demandada, tal efecto de la sentencia ningún efecto jurídico tendría, porque la situación jurídica se modificó con la determinación de la responsable de archivar el expediente como consecuencia del desistimiento de la demanda formulado por la parte actora, lo que no dejo huella alguna que reparar -con motivo del acto reclamado- en la esfera jurídica de esta última. Lo argumentado encuentra apoyo en esta jurisprudencia: Tesis: 2a./J. 181/2006 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 173858 1 de 1 Segunda Sala Tomo XXIV, Diciembre de 2006 Pag. 189 Jurisprudencia(Común) ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. Así las cosas, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de amparo, procede sobreseer en el juicio, en términos del artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Efectos del sobreseimiento. A causa del sobreseimiento decretado, este juzgador se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación y las manifestaciones planteadas en torno al acto reclamado, aun cuando estén encaminadas a demostrar la improcedencia del juicio de amparo. Lo anterior porque el sobreseimiento no permite entrar al estudio de cuestiones de fondo y resulta irrelevante determinar si opera o no otra causa de improcedencia, pues no cambiaría el sentido de este fallo. Los referidos efectos del sobreseimiento, se sustentan en las siguientes jurisprudencias: Tesis: Semanario Judicial de la Federación Séptima Época 239006 1 de 1 Segunda Sala Volumen 24, Tercera Parte Pag. 49 Jurisprudencia(Común) SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Tesis: 2a./J. 54/98 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 195744 1 de 1 Segunda Sala Tomo VIII, Agosto de 1998 Pag. 414 Jurisprudencia(Común) SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución. QUINTO. Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento al Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el uno de noviembre de dos mil siete, abrogando los diversos 87/2003, 3/2005 y 15/2005, determinando el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, remítase la información de esta sentencia al referido Sistema Integral, guardando el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por las razones expuestas en el considerando cuarto. SEGUNDO. Dése cumplimento al Acuerdo General 29/2007, de uno de noviembre de dos mil siete, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remitiendo la información de esta sentencia al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecinueve de abril de dos mil diecisiete. Se tiene por recibidos y se ordena agregar a los autos para que obren como corresponda, los oficios signados por la PRESIDENTA DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS y LA ACTUARIA ADSCRITA A LA JUNTA ESPECIAL NUMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS, mediante los cuales rinden su informe justificado; dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y que manifiesten lo que a sus intereses convenga, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo. En términos del artículo 9° de la Ley de la Materia, se tienen como delegados de la autoridad oficiante a los profesionistas propuestos para tal efecto y, por señalado el domicilio que indican para oír y recibir notificaciones, por tratarse de su residencia oficial. En mérito de lo anterior, con fundamento en el numeral 117 de la Ley de Amparo, a efecto de que las partes tengan oportunidad de conocer el contenido del mismo con la anticipación debida, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose en su lugar las DIEZ HORAS CON ONCE MINUTOS DEL DIECINUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE, para que tenga verificativo. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario el secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, quien autoriza y da fe.

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