Georgina Aracelly Rivero Salas

Expediente 1107/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1107/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
30/10/2018

Partes del expediente

  • Georgina Aracelly Rivero Salas y Otros.
  • Georgina Aracelly Rivero Salas

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio signado por la secretaria de acuerdos de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, mediante el cual acusa recibo del oficio 3147.IV, con el que se le remitieron las constancias que en su oportunidad envió como justificación de sus actos. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciséis de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se desprende que ha transcurrido el término que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo aplicable, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del auto de veintiocho de septiembre del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Georgina Aracelly Rivero Salas contra actos de la Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado y otra autoridad, sin que lo hubiera hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el citado auto ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que se desechó la demanda de amparo, es evidente que este asunto constituye una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido, de ahí que al carecer de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en la fracción I del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, del pleno de la suprema corte de justicia de la nación y del consejo de la judicatura federal, publicado en el diario oficial de la federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción. En consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Finalmente, devuélvase a la Sala responsable correspondiente las constancias que remitió en su oportunidad como justificación de sus actos, debiendo recabarse el recibo correspondiente y obténgase copia certificada del acto reclamado a fin de que obre en los presentes autos. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado encargada del despacho por licencia del Titular, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    III. ART. 27 FRACC I INCISO B DE LA NUEVA LEY DE AMPARO. Mérida, Yucatán, a veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio 2651 remitido por la Secretaria del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito en el Estado, al que adjunta en dieciocho fojas útiles el testimonio de la ejecutoria pronunciada en el toca 494/2017 relativo al recurso de revisión interpuesto por el Sandra Merino Herrera, en su carácter de delegada en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y Miguel Cordero Cruz, en su carácter de delegado en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, ambos con residencia en la Ciudad de México, en contra de la sentencia dictada el dos de septiembre de dos mil catorce, por el Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencian en Acapulco, Guerrero, en el cuaderno auxiliar 257/2014, relativa a la audiencia constitucional celebrada por este Juzgado Federal el ocho de mayo de dos mil catorce, en el presente juicio de amparo; asimismo, devuelve el expediente original en dos tomos, constantes, el primero de seiscientas setenta y ocho fojas y el segundo, en noventa y seis fojas y un sobre que contiene un CD-ROM; ejecutoria de la que aparece que el citado cuerpo colegiado en su primer resolutivo REVOCÓ la sentencia recurrida, en su segundo resolutivo NEGÓ a la parte quejosa Inmobiliaria Hotelera de Yucatán, Sociedad Anónima de Capital Variable, el amparo y protección de la Justicia Federal y en el resolutivo tercero DECLARÓ SIN MATERIA la revisión adhesiva interpuesta por la parte quejosa. Acúsese recibo. Asimismo, hágase dicha ejecutoria del conocimiento de las partes y de conformidad con los lineamientos para la integración del expediente judicial y su modalidad electrónica, publicados en el Diario Oficial de la Federación el uno de octubre de dos mil catorce, se ordena glosar a este sumario únicamente las constancias que en original obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión en cita y se ordena ARCHIVAR este expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Ahora bien, toda vez que en resolución de seis de septiembre de dos mil dieciocho, emitida por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito en el Estado de Yucatán, en el toca 494/2017 de su índice, se revocó la sentencia recurrida y se negó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa; en consecuencia, este asunto encuadra en lo dispuesto en el artículo Vigésimo Primero, fracción IV del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de fecha quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; por tanto, se hace la observación que el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, debiendo conservarse únicamente la demanda y la sentencia. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo, para que el Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, proceda a su depuración. Finalmente, agréguese copia autorizada del presente proveído al original y duplicado del incidente de suspensión que derivan de este juicio de amparo, para que se provea lo conducente en relación a su archivo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Francisco Javier Cetina Cetina, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    CITATORIO.....Agréguese a los presentes autos el oficio número 6717 signado por la secretaria de acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito; asimismo, adjunta la demanda de amparo promovida por Georgina Aracelly Rivero Salas contra actos de la Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado y otra autoridad y el toca 349/2018 así como el expedientillo formado con motivo del incidente de suspensión derivado del toca antes citado, mediante el cual comunica que dicha superioridad carece de competencia legal para conocer de la demanda y la declinó a favor del Juez de Distrito en turno en el Estado de Yucatán. Acúsese recibo. Regístrese la demanda y hágase del conocimiento de la Superioridad que este Juzgado de Distrito acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento de la presente demanda de amparo. Ahora bien, en el caso lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo al advertirse una causal notoria y manifiesta de improcedencia. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. De la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que el acto reclamado consiste en la resolución de catorce de junio de dos mil dieciocho dictada por la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, en la que confirmó el auto aprobatorio de remate de trece de octubre de dos mil diecisiete, dictado por la Juez Primer Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el juicio extraordinario hipotecario 956/2010 promovido por Rodolfo de Jesús Cachón Sanguino, en contra de la ahora quejosa En el caso se estima actualizada la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción IV, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, por no constituir la última resolución dictada en el procedimiento de remate. Los artículos mencionados disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: .IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." De lo anterior, se desprende que la procedencia del amparo indirecto cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, específicamente en el procedimiento de remate, sólo podrá promoverse contra la última resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. Cabe reiterar que la razón por la que en el párrafo tercero de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo se establece, respecto de la procedencia del amparo, que: "En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior", consiste en realizar el remate mediante una resolución firme, permitir el respeto a la garantía de seguridad jurídica, y evitar que se entorpezca el procedimiento de ejecución respectivo, pues si se autorizara la promoción del amparo en contra de cualquier otra resolución dictada con el propósito de efectuar la venta judicial, se obstaculizaría y demoraría injustificadamente el curso del remate, que debe concluir con una resolución definitiva. Así, la resolución definitiva que condiciona la procedencia del juicio de amparo exclusivamente cuando se dicte en los procedimientos de remate, que se precisa en dicho numeral, es aquella que se pronuncia con efectos no provisionales, sino que adquiere firmeza ya sea por su propia naturaleza o por disposición de la ley, toda vez que se trata de una resolución que no es de simple trámite, sino que decide un punto sustancial y de significativa importancia sobre la existencia legal o la invalidez del remate, puesto que determina la realización definitiva o la no realización de éste, y por ello no puede ser alterada, ni mucho menos revocada, por tener la calidad de definitiva. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia 1ª./J 13/2016 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1066 del Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Décima Época, que señala: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." Como se precisó anteriormente, en términos generales los actos reclamados en el presente juicio de amparo lo constituyen la resolución de catorce de junio de dos mil dieciocho dictada por la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, en la que confirmó el auto aprobatorio de remate de trece de octubre de dos mil diecisiete, por la Juez Primer Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el juicio extraordinario hipotecario 965/2010 promovido por Rodolfo de Jesús Cachón Sanguino. Por tanto, como se anticipó, en el caso concreto no se está en los supuestos previstos por la norma para la procedencia del juicio de amparo, porque no se trata de la orden para la escrituración ni la entrega de los bienes, pues como se advierte de autos únicamente se reclama el auto aprobatorio de remate, por ende, no se ha ordenado su escrituración ni la entrega. Por lo anteriormente expuesto, es evidente que en el presente caso se actualiza, como ya se vio, la existencia de la causa de improcedencia del juicio de amparo, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, párrafo tercero, interpretado en sentido contrario; por lo que de conformidad con los diversos artículo 112 y 113 de la Ley de la materia se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Georgina Aracelly Rivero Salas, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sustenta el criterio anterior, la tesis de jurisprudencia número XVII.2o. J/11, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 648, del Tomo: IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." De igual manera, téngase como domicilio de la parte quejosa el señalado en su demanda de amparo y como su autorizado a la persona que señala la parte quejosa en su escrito de demanda, de conformidad con la parte final del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los Actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas del presente juicio de amparo. Dado lo voluminoso de las constancias que remitió en su oportunidad el Presidente de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a fin de facilitar el manejo del presente expediente, se procede a formar los cuadernos auxiliares I y II. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado encargado del despacho por licencia del Titular, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe.

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