Geobany Arturo Vasquez Lugo

Expediente 1431/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 2 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1431/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
02/04/2019

Partes del expediente

  • Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado
  • Geobany Arturo Vasquez Lugo y Otros.
  • Geobany Arturo Vasquez Lugo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, dos de abril de dos mil diecinueve. Agréguese a este expediente para que obre como legalmente corresponda, el memorial suscrito por la parte quejosa y atento a lo que solicita, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, proceda la secretaría a expedir a costa del ocursante, las copias simples que solicita y entréguense las mismas previa identificación y recibo que se otorgue en autos. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Bereniz Cortés Sandoval, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciséis de enero de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio 40 remitido por el Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado, con sede en Valladolid, Yucatán, mediante el cual remite el despacho 136/2018-D-I-AMPARO, con número de orden 319/2018, deducido del presente juicio de amparo 1431/2018-I, con el que se le solicitó notificara a la parte quejosa el proveído de cinco de diciembre de dos mil dieciocho, el cual devuelve debidamente diligenciado, mismo que se ordena agregar a estos autos únicamente para que obre como corresponda, en virtud de que en proveído de diez de los actuales, se archivó este expediente como asunto totalmente concluido. Acúsese recibo. Finalmente, dese de baja dicha comunicación oficial haciendo la anotación respectiva en el libro de gobierno. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Bereniz Cortés Sandoval, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veinte de diciembre de dos mil dieciocho. Agréguese a este expediente el memorial suscrito por Geobany Arturo Vásquez Lugo, parte quejosa en este asunto, mediante el cual cumple con el requerimiento que se le hizo en proveído de cinco de diciembre del presente año, que desahoga en los términos establecidos. Ahora bien, en el caso lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo al advertirse una causal notoria y manifiesta de improcedencia. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el órgano jurisdiccional examinará, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. De la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que el acto reclamado se hace consistir en la notificación del auto de tres de octubre del año en curso, notificado el veintidós de octubre del mismo año, en el cual no se admitió la consignación de pago de la pensión alimenticia a favor de la acreedora alimentaria, dictado en el expediente 539/2018 del índice del Juzgado Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado, con residencia en Valladolid, Yucatán, del cual tuvo conocimiento el día veintidós de octubre del presente año. Lo anterior es así, pues este Juzgado de Distrito advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de Amparo, en virtud que en contra de tal acto, procede el incidente de nulidad de notificaciones a que se refiere el artículo 227 del Código de Procedimientos Familiares del Estado y que la parte quejosa debió agotar previo al ejercicio de la acción constitucional. Al respecto, es pertinente insertar el texto del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (.). III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.). b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan. (.)". Por su parte, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de la Materia, establece lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo, es improcedente: . XVIII.- Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; ..." De la lectura al precepto constitucional y secundario transcritos, se evidencia que el principio de definitividad del juicio constitucional, consiste en la obligación de los solicitantes de amparo de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca, y que puedan conducir a la revocación, modificación, revocación o anulación del acto reclamado. Este principio, atiende a que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado, acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo. Luego, el artículo 227 del Código de Procedimientos Familiares del Estado vigente al momento del inicio del juicio de origen, dispone: "ARTICULO 227.- Las notificaciones que se practiquen en forma distinta de la prevenida en este Capítulo son nulas y el servidor público que las autorice, se hace acreedor de una multa de diez a treinta veces el salario mínimo, y debe además responder de los daños y perjuicios que se hayan originado por su culpa. La parte agraviada puede promover ante el mismo juez que conozca del asunto el incidente sobre declaración de nulidad, dentro de los tres días siguientes a aquél en que tenga conocimiento de la notificación. Este incidente no suspende el curso del procedimiento. De lo anterior se advierte, que la parte quejosa se encontraba en aptitud de promover con toda oportunidad el incidente correspondiente, porque precisamente es parte del procedimiento de origen y se encontraba previsto la regulación del incidente respectivo, además de que no se estaba en algún caso de excepción a que se refieren los incisos a), b), c) y d), de la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que el juicio de amparo indirecto que nos ocupa resulta improcedente por no haberse agotado previamente a su interposición el medio ordinario que establece la ley, consistente en el señalado incidente de nulidad, que tiene por objeto anular las notificaciones que lesionen los intereses de la parte quejosa. Da sustento a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 26/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 430, Tomo XXI, Abril de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, con número de registro 178685, cuyo rubro y texto disponen: "NULIDAD DE ACTUACIONES. DEBE AGOTARSE EL INCIDENTE RELATIVO CONTRA ACTOS POSTERIORES AL DICTADO DE LA SENTENCIA, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. La nulidad de actuaciones, tiene por finalidad que los actos judiciales puedan ser revisados y, en su caso, modificados o revocados, por existir en ellos un vicio cuya corrección legal procede, de suerte que el proceso sea debidamente rectificado antes de que sea resuelto. Por regla general, la referida nulidad se presenta contra actos emitidos antes de pronunciarse sentencia, en la instancia procesal en que cometa la violación en cuestión, en tanto que el juzgador no está facultado para revocar sus propias determinaciones. Lo anterior no implica que la nulidad de actuaciones solo pueda promoverse contra actos procesales anteriores a la sentencia, toda vez que con posterioridad a esta también se presenta la necesidad de que la autoridad judicial actúe, y en caso de estimarse que se presenta una violación en tal actuación, puede sustanciarse el incidente relativo. En tal virtud, para efectos del juicio de amparo, debe agotarse el incidente de nulidad de actuaciones, contra las pronunciadas después de dictada sentencia, pues de no hacerlo se surtirá la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción XIII, párrafo primero, de la Ley de Amparo." Igualmente resulta aplicable la jurisprudencia 876 del Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, visible en la página 601, Tomo VI, Parte TCC, del Apéndice de 1995, Octava Época, Materia Común, con número de registro 394832, del texto siguiente: "NOTIFICACIÓN, NULIDAD DE LA, NO PUEDE DECLARARSE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO. El término para promover el juicio de garantías, debe computarse a partir de que surta efectos la notificación por lista de acuerdos de la sentencia reclamada, cuando así se haya hecho, sin que sea óbice lo alegado en el sentido de que tal acto debió de haberse notificado personalmente, ya que atento a la técnica del juicio de garantías este no resulta ser el medio idóneo para declarar la nulidad de la notificación de los actos reclamados, sino en todo caso el incidente de nulidad, a través del cual las partes pueden impugnar las notificaciones que a su juicio adolecen de vicios; ya que de no hacerlo así, se llegaría al desconocimiento de los procedimientos previamente establecidos en las leyes aplicables; de tal manera que los tribunales de amparo no deben ignorar ni pasar sobre las notificaciones realizadas por la autoridad responsable en el procedimiento donde emanan los actos reclamados; porque ello equivaldría a declararlos nulos sin que medie el procedimiento adecuado, lo cual no corresponde realizar a un tribunal constitucional." Tiene aplicación la tesis asilada, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página 356, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1998, Materia Civil, Octava Época, de rubro y texto: "NULIDAD DE ACTUACIONES, INCIDENTE DE. NECESIDAD DE AGOTARLO PARA CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Aunque es verdad que el incidente de nulidad de actuaciones no está catalogado como recurso, ello no significa que, para cumplir con el principio de definitividad en que descansa el juicio de garantías pueda omitirse su tramitación previamente a la de dicho juicio, dado que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, no sólo estatuye que se deben agotar recursos antes de intentar el juicio de garantías, sino también medios de defensa, y es obvio que el incidente que se comenta encaja dentro de esta última denominación, puesto que mediante él puede lograrse la modificación, revocación o nulificación del acto materia de tal incidente, esto es, el objetivo de cualquier medio de defensa." En consecuencia de lo expuesto en líneas precedentes y con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Geobany Arturo Vásquez Lugo, contra actos del Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado, con residencia en Valladolid, Yucatán y otra autoridad, por actualizarse en el caso la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en el el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. Viene al caso citar, en lo conducente, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 448, Novena Época, Tomo XVI, Julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada". Por último, se tiene como domicilio de la parte quejosa el señalado en su escrito de aclaratorio de demanda. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Francisco Javier Cetina Cetina, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, Encargado del Despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Juana Mecalco Collí, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    aviso ... Mérida, Yucatán, veinte de diciembre de dos mil dieciocho. Agréguese a este expediente el memorial suscrito por Geobany Arturo Vásquez Lugo, parte quejosa en este asunto, mediante el cual cumple con el requerimiento que se le hizo en proveído de cinco de diciembre del presente año, que desahoga en los términos establecidos. Ahora bien, en el caso lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo al advertirse una causal notoria y manifiesta de improcedencia. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el órgano jurisdiccional examinará, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. De la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que el acto reclamado se hace consistir en la notificación del auto de tres de octubre del año en curso, notificado el veintidós de octubre del mismo año, en el cual no se admitió la consignación de pago de la pensión alimenticia a favor de la acreedora alimentaria, dictado en el expediente 539/2018 del índice del Juzgado Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado, con residencia en Valladolid, Yucatán, del cual tuvo conocimiento el día veintidós de octubre del presente año. Lo anterior es así, pues este Juzgado de Distrito advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de Amparo, en virtud que en contra de tal acto, procede el incidente de nulidad de notificaciones a que se refiere el artículo 227 del Código de Procedimientos Familiares del Estado y que la parte quejosa debió agotar previo al ejercicio de la acción constitucional. Al respecto, es pertinente insertar el texto del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (.). III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.). b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan. (.)". Por su parte, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de la Materia, establece lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo, es improcedente: . XVIII.- Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; ..." De la lectura al precepto constitucional y secundario transcritos, se evidencia que el principio de definitividad del juicio constitucional, consiste en la obligación de los solicitantes de amparo de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca, y que puedan conducir a la revocación, modificación, revocación o anulación del acto reclamado. Este principio, atiende a que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado, acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo. Luego, el artículo 227 del Código de Procedimientos Familiares del Estado vigente al momento del inicio del juicio de origen, dispone: "ARTICULO 227.- Las notificaciones que se practiquen en forma distinta de la prevenida en este Capítulo son nulas y el servidor público que las autorice, se hace acreedor de una multa de diez a treinta veces el salario mínimo, y debe además responder de los daños y perjuicios que se hayan originado por su culpa. La parte agraviada puede promover ante el mismo juez que conozca del asunto el incidente sobre declaración de nulidad, dentro de los tres días siguientes a aquél en que tenga conocimiento de la notificación. Este incidente no suspende el curso del procedimiento. De lo anterior se advierte, que la parte quejosa se encontraba en aptitud de promover con toda oportunidad el incidente correspondiente, porque precisamente es parte del procedimiento de origen y se encontraba previsto la regulación del incidente respectivo, además de que no se estaba en algún caso de excepción a que se refieren los incisos a), b), c) y d), de la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que el juicio de amparo indirecto que nos ocupa resulta improcedente por no haberse agotado previamente a su interposición el medio ordinario que establece la ley, consistente en el señalado incidente de nulidad, que tiene por objeto anular las notificaciones que lesionen los intereses de la parte quejosa. Da sustento a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 26/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 430, Tomo XXI, Abril de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, con número de registro 178685, cuyo rubro y texto disponen: "NULIDAD DE ACTUACIONES. DEBE AGOTARSE EL INCIDENTE RELATIVO CONTRA ACTOS POSTERIORES AL DICTADO DE LA SENTENCIA, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. La nulidad de actuaciones, tiene por finalidad que los actos judiciales puedan ser revisados y, en su caso, modificados o revocados, por existir en ellos un vicio cuya corrección legal procede, de suerte que el proceso sea debidamente rectificado antes de que sea resuelto. Por regla general, la referida nulidad se presenta contra actos emitidos antes de pronunciarse sentencia, en la instancia procesal en que cometa la violación en cuestión, en tanto que el juzgador no está facultado para revocar sus propias determinaciones. Lo anterior no implica que la nulidad de actuaciones solo pueda promoverse contra actos procesales anteriores a la sentencia, toda vez que con posterioridad a esta también se presenta la necesidad de que la autoridad judicial actúe, y en caso de estimarse que se presenta una violación en tal actuación, puede sustanciarse el incidente relativo. En tal virtud, para efectos del juicio de amparo, debe agotarse el incidente de nulidad de actuaciones, contra las pronunciadas después de dictada sentencia, pues de no hacerlo se surtirá la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción XIII, párrafo primero, de la Ley de Amparo." Igualmente resulta aplicable la jurisprudencia 876 del Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, visible en la página 601, Tomo VI, Parte TCC, del Apéndice de 1995, Octava Época, Materia Común, con número de registro 394832, del texto siguiente: "NOTIFICACIÓN, NULIDAD DE LA, NO PUEDE DECLARARSE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO. El término para promover el juicio de garantías, debe computarse a partir de que surta efectos la notificación por lista de acuerdos de la sentencia reclamada, cuando así se haya hecho, sin que sea óbice lo alegado en el sentido de que tal acto debió de haberse notificado personalmente, ya que atento a la técnica del juicio de garantías este no resulta ser el medio idóneo para declarar la nulidad de la notificación de los actos reclamados, sino en todo caso el incidente de nulidad, a través del cual las partes pueden impugnar las notificaciones que a su juicio adolecen de vicios; ya que de no hacerlo así, se llegaría al desconocimiento de los procedimientos previamente establecidos en las leyes aplicables; de tal manera que los tribunales de amparo no deben ignorar ni pasar sobre las notificaciones realizadas por la autoridad responsable en el procedimiento donde emanan los actos reclamados; porque ello equivaldría a declararlos nulos sin que medie el procedimiento adecuado, lo cual no corresponde realizar a un tribunal constitucional." Tiene aplicación la tesis asilada, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página 356, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1998, Materia Civil, Octava Época, de rubro y texto: "NULIDAD DE ACTUACIONES, INCIDENTE DE. NECESIDAD DE AGOTARLO PARA CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Aunque es verdad que el incidente de nulidad de actuaciones no está catalogado como recurso, ello no significa que, para cumplir con el principio de definitividad en que descansa el juicio de garantías pueda omitirse su tramitación previamente a la de dicho juicio, dado que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, no sólo estatuye que se deben agotar recursos antes de intentar el juicio de garantías, sino también medios de defensa, y es obvio que el incidente que se comenta encaja dentro de esta última denominación, puesto que mediante él puede lograrse la modificación, revocación o nulificación del acto materia de tal incidente, esto es, el objetivo de cualquier medio de defensa." En consecuencia de lo expuesto en líneas precedentes y con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Geobany Arturo Vásquez Lugo, contra actos del Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado, con residencia en Valladolid, Yucatán y otra autoridad, por actualizarse en el caso la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en el el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. Viene al caso citar, en lo conducente, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 448, Novena Época, Tomo XVI, Julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada". Por último, se tiene como domicilio de la parte quejosa el señalado en su escrito de aclaratorio de demanda. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Francisco Javier Cetina Cetina, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, Encargado del Despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Juana Mecalco Collí, que autoriza y da fe.

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