Genoveva de Guadalupe Cicero Lara
Expediente 765/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 18 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 765/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 31/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Genoveva de Guadalupe Cicero Lara
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
MESA I. Toda vez que de la cuenta que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el acuerdo pronunciado en este juicio de amparo el cinco de octubre del año en curso; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la misma; se declara que el expresado proveído que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, así como que carece de documentos originales, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES DESTRUIBLE, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del Primer Párrafo del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo antes citado. Por otro lado, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se concedió la suspensión provisional y la definitiva de los actos reclamados a las responsables, provéase únicamente respecto de la destrucción del duplicado de dicho incidente debiendo conservarse el original del mismo, por el término de tres años y una vez transcurrido éste deberá depurarse tal como lo establece la fracción I del Punto Décimo, Capítulo III del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en la fracción III del punto Vigésimo del capítulo Quinto del acuerdo antes citado, se determina que el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, es DESTRUIBLE lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. De conformidad con lo establecido en el punto Undécimo del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. En cuanto al valor jurídico, no lo tiene el presente juicio de amparo y sí lo tiene el incidente de suspensión derivado del mismo. Finalmente, devuélvase a la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, las constancias consistentes en la copia certificada del juicio extraordinario hipotecario 1686/2007, en dos tomos que remitió como justificación a su informe de ley y con el oficio 3415 de su índice; y solicítese a dicha autoridad que acuse el recibo correspondiente. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
MESA I. Vista la razón levantada por el Actuario adscrito en la cual asentó el motivo por el que no le fue posible notificar a la parte quejosa GENOVEVA DE GUADALUPE CICERO LARA, la resolución de cinco de octubre del año en curso, toda vez que al constituirse en el domicilio señalado para tal efecto, le fue informado que ese predio no reciben notificaciones a nombre de la citada quejosa, dado que no es cliente en ese lugar ni tampoco su autorizado Pablo Tilán Angulo; en consecuencia, de conformidad con el inciso a), fracción III, del artículo 27 de la Ley de Amparo, notifíquesele la resolución de mérito, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este Tribunal. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
MESA I. ... este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista XIV, del artículo 61, en relación con los diversos 17 y 18, ambos de la Ley de Amparo, todos de la Ley de Amparo; en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON TREINTA Y TRES MINUTOS DEL OCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.
- Principal
MESA I. Vistos los presentes autos y nuevamente los oficios de la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado y la Actuaria Adscrita a la Central de Actuaria de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial de la citada entidad, con los que rindieron sus respectivos informes justificados en el sentido de que es cierto el acto reclamado y del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte, que la quejosa Genoveva de Guadalupe Cicero Lara, señala como acto reclamado, el siguiente: La falta de emplazamiento al juicio extraordinario hipotecario número 1686/2007, del índice del Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, promovido por Justa María Cruz García en contra de José Fernando San Miguel Fregoso y Genoveva de Guadalupe Cicero Lara. En razón de lo anterior, este Juzgador Federal, de oficio, considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, en relación con los diversos 17 y 18, ambos de la Ley de Amparo, que son del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.". "ARTICULO 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: .". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De los preceptos transcritos, se desprende que el juicio de amparo debe instarse dentro del plazo de quince días, lapso que se contabilizará: a). A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que se reclame; b). A partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclama, o de sus actos de ejecución; y, c). A partir del día siguiente al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Destaca que el legislador hizo especial énfasis en tres formas para computar el plazo de quince días dentro de los cuales ha de instarse la demanda de amparo para tenerla por oportunamente presentada, todas ellas con características propias y excluyentes entre sí, pues de la primera debe apuntarse la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable en virtud de la cual, en fecha precisa, hace saber a la agraviada el acto reclamado; como característica adicional, las notificaciones practicadas se estiman legales y, por ende, válidas para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de garantías, mientras tanto la quejosa no combata su nulidad o ilegalidad. Es aplicable el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, del mes de julio de 1999, visible a página 63, que se lee como sigue: "NOTIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. SURTE EFECTOS CONFORME A LAS REGLAS IMPUESTAS POR LA LEY DE LA MATERIA, CON INDEPENDENCIA DE QUE ESA FECHA SEA CONSIDERADA COMO INHÁBIL POR LAS NORMAS QUE RIGEN EL JUICIO DE AMPARO. No obstante que los artículos 23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establecen los días que serán considerados como inhábiles respecto del cómputo de los términos en el procedimiento del juicio de amparo; ello no puede hacerse extensivo a las actuaciones procesales propias del acto reclamado como son aquellas en las que se determine el momento en que deberán surtir efectos las notificaciones, puesto que en sentido estricto, no corresponden al procedimiento de amparo. En consecuencia, con independencia de que el día en que surta efectos la notificación del acto reclamado se considere inhábil para los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, el plazo de los quince días a que hace mención el artículo 21 de la Ley de Amparo se iniciará precisamente al día siguiente al en que surta efectos conforme a la ley del acto la resolución o acuerdo reclamado.". La segunda manera para computar el plazo, importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable -distinto a la notificación-, de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleve a la certeza de que éste último "tuvo conocimiento" en determinada fecha de los actos reclamados; lo que debe producir la convicción de que el peticionario de amparo conoció en forma directa, plena y completa el acto reclamado; es decir, de manera integral, según lo sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia que aparece publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, Tomo VI, consultable a página 6, que se le lee como sigue: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TERMINO PARA INTERPONER EL AMPARO. El conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones.". Por su parte, en la tercera forma, se establece que el plazo de quince días para la promoción de la demanda de amparo se contará: ".desde el día siguiente al en que se hubiera ostentado sabedora de los mismos.", que implica una expresión exclusiva de la parte quejosa, a través de la que se manifiesta que sabe del acto reclamado; conducta que puede estimarse, entraña una confesión expresa por parte de la afectada porque se supone que la fecha en que se ostenta sabedora del acto reclamado con respecto a la presentación de la demanda le perjudica. Precisadas las características esenciales de las tres hipótesis previstas en el artículo 18 de la Ley de la Materia, debe señalarse también que no guardan un orden de preferencia; por tanto, la intención del legislador fue la de establecer que el plazo para la promoción del juicio de garantías debe computarse a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los tres supuestos establecidos en el invocado numeral. De la interpretación anterior, se desprende que la demanda de amparo resulta notoriamente improcedente, en virtud de que el acto reclamado no se impugna dentro del término establecido por la ley que rige el juicio constitucional; atento a las siguientes consideraciones. En el caso concreto se está en la hipótesis prevista en el inciso c) que antecede, dado que la impetrante de amparo tuvo conocimiento a partir del día siguiente al en que se haya ostentado sabedora de los referidos actos, a virtud de compareció en el juicio de origen, mediante escrito presentado por ella, el seis de noviembre de dos mil trece, durante la etapa de ejecución de sentencia, pues solicitó se levante todos y cada uno de los embargos del juicio natural (foja 266, anexo). Para entendimiento del sentido del fallo, se estima conveniente reseñar los antecedentes del acto que se reclama, para lo que se consideran las actuaciones originales del juicio que remitió la Juez responsable, con valor probatorio pleno en términos de lo previsto por los artículos 129, 202 y 217, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, al ser expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones, y de las que se advierte que: 1.- Justa María Cruz García, demandó en la vía hipotecaria a José Fernando San Miguel Fregoso y Genoveva de Guadalupe Cicero Lara, que por cuestión de turno, correspondió conocer a la entonces Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, y en auto de nueve de noviembre de dos mil siete, lo registró con el consecutivo 1686/2017, admitió a trámite y ordenó efectuar el emplazamiento. 2.- Citación y emplazamiento realizado a Genoveva de Guadalupe Cicero Lara, los días trece y catorce de enero de dos mil nueve, por la Actuaria adscrita a la responsable. 3.- En acuerdo de veintiséis de mayo de dos mil nueve, la responsable declaró perdidos los derechos de los demandados al no contestar la demanda y se citó para sentencia. 4.- Mediante sentencia de cuatro de junio de dos mil nueve, la responsable declaró procedente el juicio extraordinario hipotecario, y se condenó a los demandados a pagar la suerte principal y los intereses pactados. 5.- El diecisiete de junio de dos mil nueve, causó estado la resolución que antecede. 6.- El ocho de mayo de dos mil trece, causó estado el remate sobre el bien inmueble objeto de la controversia. 7.- Seguida la etapa de ejecución de sentencia, mediante escrito presentado ante la oficialía de Partes Común del Poder Judicial del Estado de Yucatán, el seis de noviembre de dos mil trece, la demandada, aquí quejosa, solicitó que se levanten todos y cada uno de los embargos que obran en el juicio natural, del que se ostentó sabedora, toda vez que señaló el nombre del juzgado de origen, las partes intervinientes y el número de juicio, escrito al que recayó acuerdo de siete de noviembre de esa anualidad, en el que se le señaló que no se había decretado embargo alguno. Relacionadas las constancias del juicio natural, es oportuno dejar asentado que, tanto la doctrina como la jurisprudencia utilizan indistintamente la expresión de persona extraña y tercera extraña al referirse a la procedencia del amparo indirecto previsto en la fracción VI, del artículo 107 de la ley de la materia; sin embargo, acorde con las interpretaciones sustentadas por el Alto Tribunal del País, el concepto de persona extraña al juicio es más amplio que el de tercero extraño, porque en aquél se incluye también al propio demandado cuando no es emplazado, o cuando los vicios en el emplazamiento le impiden conocer los datos necesarios para defenderse. Bajo ese contexto, la quejosa comparece al juicio, ostentándose tercero extraña por equiparación (demandada), pues manifiesta que no tuvo conocimiento del juicio extraordinario hipotecario de origen 1686/2017, promovido en su contra por JUSTA MARÍA CRUZ GARCÍA, al no haber sido legalmente emplazada. Sin embargo, lo hasta aquí expuesto, revela el conocimiento de la impetrante del juicio respecto del que aduce cuenta con ese carácter, ya que es sabedora del mismo, desde el seis de noviembre de dos mil trece, toda vez que en esa fecha presentó un escrito ante la oficialía de Partes Común del Poder Judicial del Estado de Yucatán, en el que solicitó que se levanten todos y cada uno de los embargos que obran en el juicio natural, del que señaló el número de oficio, al juzgado de origen y las partes intervinientes en dicho proceso. Se dice lo anterior, pues en el aludido escrito señaló los datos necesarios para estimar que conocía desde esa fecha la demanda instaurada en su contra y podía comparecer al proceso seguido en su contra a expresar lo que a su interés correspondiera. En otras palabras, con motivo de la presentación del escrito de referencia que realizó el seis de noviembre de dos mil trece, el cual, ella misma presentó ante la oficialía de partes del juzgado responsable, se acredita su integración al procedimiento, porque con motivo de ello se hizo sabedora del mismo, lo que implica saber el número de expediente, naturaleza del juicio, juzgado en que se encuentra radicado, parte promovente, y etapa procesal, pues todos esos datos se aprecian del escrito que presentó, y de esa manera estuvo en posibilidad de acudir en defensa de sus derechos y prerrogativas. Cabe añadir, sólo a manera de resaltar la eficacia de la aludida promoción, para efectos de advertir que tenía conocimiento del contencioso de origen, dado que el juicio de amparo no es el medio legal para decidir sobre su validez, pues para ello existen los instrumentos procesales previstos en la ley aplicable al caso. Las consideraciones hasta aquí expuestas, no tienen por objeto decidir sobre la legalidad o no de la diligencia de emplazamiento reclamada, sino que se limitan a evidenciar que la misma produce certeza y sirve de base para establecer que a partir del ocurso que presentó ante la responsable la impetrante conoció del juicio seguido en su contra, en los términos expuestos. Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que el conocimiento del acto reclamado debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones; dado que de no ser así, la parte quejosa no tendría posibilidad de impugnarlo, al no contar con todos los elementos para poder atacar en su integridad los vicios que considere adolece dicho acto, y así defender sus intereses. Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia 4 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Quinta Época, Apéndice 2000, Tomo VI, Común, página 8, bajo el rubro: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TÉRMINO PARA INTERPONER EL AMPARO. El conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones.". Sentado lo anterior, se advierte con meridiana claridad que al menos desde el seis de noviembre de dos mi trece, en que presentó un escrito ante la responsable a efecto de solicitar que se levante los embargos que obran en el juicio natural, conocía la existencia de citado juicio del que emanan los actos reclamados, el número de expediente, ante quién se tramita, el tipo de procedimiento, que es parte en el mismo y, por ende, el estado procesal. Luego, pese a que la agraviada se ostenta tercero extraña por equiparación, bajo el argumento de no haber sido debidamente emplazado, lo cierto es que en autos del referido proceso, obra la mencionada promoción (escrito), realizada directamente por la impetrante en la etapa de ejecución de sentencia; en esa medida, puede válidamente establecerse que desde esa data en que se presentó el aludido ocurso (seis de noviembre de dos mil trece), de manera fehaciente, conoce plenamente del juicio instaurado en su contra. Desde esa perspectiva, la presentación del ocurso de trato, constituye base objetiva para establecer que la impetrante estuvo en posibilidad de presentar demanda de amparo, pues a partir de ahí conoció de la existencia del juicio al que se ostenta persona extraña por equiparación. Es aplicable al caso, por las razones que informa la jurisprudencia 6/98, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, enero de 1998, página 95, que señala: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. EL PLAZO PARA QUE PROMUEVA EL AMPARO NO SE COMPUTA SIEMPRE A PARTIR DE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA, SINO A PARTIR DE CUANDO AQUÉLLA CONOCE EL PROCEDIMIENTO, SENTENCIA O ACTO QUE AFECTE SU INTERÉS (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 359, COMPILACIÓN DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO, TOMO VI). Una nueva reflexión sobre el tema del amparo promovido por las personas extrañas a juicio a que se refiere el artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, lleva a este Pleno, por una parte, a reiterar las consideraciones generales de la resolución dictada en el expediente de contradicción de tesis 22/92 y que originó la jurisprudencia 359 (compilación de mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, páginas doscientos cuarenta y uno a doscientos cuarenta y dos), esto es, que quien promueve amparo como persona extraña a juicio tiene la carga de acreditar la afectación que los actos reclamados causan a su interés jurídico, y que esta violación a los derechos de que el quejoso es titular permite determinar la regla de que el plazo impugnativo debe computarse a partir de que tenga conocimiento de esos actos que le causan un agravio personal, actual y directo, de donde se infiere que si la afectación es causada desde el principio, en virtud de no haber sido emplazado y por todo el juicio, el plazo empieza a contar desde que tiene conocimiento de ello; asimismo, si lo que agravia al quejoso es la sentencia, el cómputo empieza cuando tiene conocimiento de este fallo, o bien, a partir de la ejecución, si sólo ésta lo perjudica. Por otra parte, sin embargo, este Pleno se aparta del criterio de dicha tesis jurisprudencial, en cuanto limitaba la causación de la afectación al extraño a juicio sólo por los actos de ejecución, de donde derivaba que el cómputo del plazo debía comenzar, en todos los casos, a partir de la ejecución. La separación respecto de esta parte de la tesis deriva de su desarmonía con la regla fundamental de la primera parte, así como por la razón de que cuando dos personas litigan entre sí, sin llamar a quien es titular de los derechos controvertidos, ya el solo procedimiento le causa perjuicio, tanto desde el punto de vista legal, como constitucional, en virtud de que se sigue el juicio sin darle la garantía de audiencia; además, si en los casos en que desde el procedimiento se causa perjuicio al quejoso extraño y tiene conocimiento de ello, se tuviera que esperar hasta la ejecución, es claro que se apartaría de la regla prevista en el artículo 21 de la Ley de Amparo, acerca de que el plazo impugnativo debe contarse a partir de que haya tenido conocimiento de tal acto. El cómputo a partir de la ejecución se justifica, por tanto, sólo cuando ésta es la única que agravia al quejoso, o bien, cuando afectándole el procedimiento, tuvo conocimiento del mismo hasta la ejecución.". En consecuencia, si la quejosa tuvo conocimiento del juicio instaurado en su contra, desde el seis de noviembre de dos mil trece, y la demanda de amparo se exhibió el tres de julio de dos mil ocho, según se aprecia del sello de depósito en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, es incuestionable que se presentó fuera del término de quince días previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo, puesto que entre ambas datas transcurrieron más de cinco años. Tiene aplicación la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, consultable en la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, Enero de 1994, página 202, bajo el rubro: "DEMANDA DE GARANTIAS. EXTEMPORANEIDAD DE LA. Es correcto el actuar del juez de Distrito al dar el trámite correspondiente a una demanda de garantías, y que al momento de dictar su resolución constitucional sobresea en el juicio de garantías al actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que al rendir el informe justificado la autoridad responsable acompañó las constancias que estimó pertinentes y el juez de amparo advirtió que la demanda de garantías era extemporánea pues de las referidas constancias se desprendía la extemporaneidad de la misma, además de que el juez federal con la sola presentación de la demanda no podía advertir esa circunstancia, pues en ella la parte quejosa expresó que en determinada fecha se enteró del acto de molestia, por lo cual en ese momento el juez no estaba en aptitud de advertir la extemporaneidad de la demanda." Asimismo ilustra lo anterior, la jurisprudencia por reiteración, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, publicada en el Apéndice 2001, tomo VI, Común, Jurisprudencia Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 79, página 103, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, FECHA DE CONOCIMIENTO POR EL QUEJOSO. DEBE DEDUCIRSE DE LAS CONSTANCIAS DEL JUICIO AUN CUANDO SE HAYA MANIFESTADO UNA DISTINTA EN LA DEMANDA. El análisis de las causales de improcedencia en el juicio constitucional, imperativo para los tribunales de amparo de manera previa al examen de los conceptos de violación, debe llevarse a cabo al tenor de las constancias que obren en el juicio de garantías; por lo que, tratándose de la causal prevista en el artículo 73, fracción XII, de la ley de la materia, la fecha de conocimiento por el quejoso del acto reclamado debe establecerse con base en las constancias que obren en dicho juicio y sólo en el caso de que de las mismas no se advierta una fecha distinta a la manifestada por el peticionario de garantías debe tenerse por cierta la señalada en la demanda de amparo; por tanto, cuando de las constancias anexas al informe justificado rendido por una de las autoridades responsables se deduce que el quejoso solicitó copias de documentos que obran en el juicio generador del acto reclamado, es a partir de la fecha de recepción de tales constancias que debe tenérsele por sabedor del acto reclamado y por ende para declarar si se surte la causal de improcedencia a que se refiere la disposición legal mencionada.". Sin que obste el hecho de que en la demanda de amparo manifieste que se enteró del procedimiento natural hasta el veinticinco de junio de dos mil ocho, dado que de las copias certificadas del sumario de génesis que acompañó el Juez responsable, aparece el escrito que presentó ante la responsable el seis de noviembre de dos mil trece, del que se desprende el conocimiento del juicio con antelación a esa data en los términos que han quedado expuestos. En consecuencia, es incuestionable que se actualiza la causal de improcedencia invocada, por lo que procede sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la propia Ley. Sobreseimiento que se hace extensivo respecto al acto reclamado al Acto atribuido al Actuario adscrito al juzgado responsable. Tiene aplicación al caso la tesis de jurisprudencia número 231, visible en la página 156, del Tomo VI, Materia Común, del citado apéndice de jurisprudencia, compilación 1917-1995, que a la letra dice: "EJECUCIÓN, ACTOS DE. SOBRESEIMIENTO. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a las autoridades que sean o que tengan el carácter de ejecutoras de los mismos actos, porque debiendo sobreseerse con respecto a aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista XIV, del artículo 61, en relación con los diversos 17 y 18, ambos de la Ley de Amparo, todos de la Ley de Amparo; en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON TREINTA Y TRES MINUTOS DEL OCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Crlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
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