Genny Isabel Puc Sosa

Expediente 85/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
85/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
27/02/2019

Partes del expediente

  • Genny Isabel Puc Sosa

Actuaciones

  1. Principal

    MESA I.Toda vez que de la cuenta que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el acuerdo pronunciado en este juicio de amparo el ocho de febrero del año en curso; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la misma, se declara que el expresado proveído que SOBRESEYÓ fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el punto Décimo Primero del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Igualmente, en cumplimiento al Punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado Acuerdo General Conjunto, se determina que el presente juicio de amparo en el que se sobreseyó fuera de audiencia, no obra documento original y no se tramitó el incidente de suspensión relativo por no haberse solicitado, se ubica dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del punto referido, y por tanto, ES DESTRUIBLE; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del Primer Párrafo del Punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él.

  2. Principal

    MESA I. Agréguese a estos autos el alegato ministerial 49/2019, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, en el que, por los motivos que expone, solicita se sobresea en el presente juicio; sin realizar mayor pronunciamiento, toda vez que en proveído de ocho de febrero del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Finalmente, como lo solicita la Fiscal Federal adscrita, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley de la materia, entréguesele copia certificada del proveído antes citado. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    MESA I. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, y anexos que acompaña. Ahora bien, de las constancias que se acompañó al informe justificado de cuenta, se advierte que el veintinueve de enero de dos mil diecinueve, el Tribunal responsable le concedió a las partes del juicio reclamatorio laboral 215/2015 el término de tres días hábiles para que presenten sus alegatos por escrito. Asimismo, se trae a colación que el acto que Genny Isabel Puc Sosa, reclamó en su demanda de amparo, consistió básicamente en la denegación de justicia en que incurrió el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, al no dictar el laudo en el juicio reclamatorio laboral 215/2015, dejando con ello que el procedimiento quedara inactivo. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reclama la omisión atribuida al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, de dictar el laudo en el juicio reclamatorio laboral 215/2015. Sin embargo, como se mencionó, de las constancias que el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, remitió con su informe justificado, se advierte que el veintinueve de enero de dos mil diecinueve, la autoridad responsable dictó un proveído en el que se otorgó a las partes el término de tres días hábiles para que presenten sus respectivos alegatos, mismo que les fue notificado el siete de febrero del año en curso, por los estrados de ese Tribunal; por lo que la denegación de justicia reclamada por la parte quejosa, dejó de existir. Dichas documentales, por su naturaleza pública, gozan de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Ahora bien, como ya se dijo la inactividad procesal en que había incurrido la responsable, cesaron en el momento en que se proveyó la concesión a las partes por el término de tres días para que presenten sus alegatos, lo cual aconteció posterior a la presentación de la demanda del juicio de amparo, (veintiuno de enero de dos mil diecinueve), impulsando nuevamente el procedimiento y restituyendo a la agraviada a su derecho de impartición de justicia pronta y expedita. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que el Tribunal responsable ha dado un nuevo impulso al juicio reclamatorio de origen, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud en la impartición de justicia a partir de la inactividad de la autoridad responsable, lo que en el caso se subsana con el dictado del proveído de veintinueve de enero de dos mil diecinueve, pronunciado por tal autoridad, en el que se otorgó a las partes el término de tres días para que presenten sus alegatos; acuerdo que le fue notificado a las partes el siete de febrero del año en curso, por los estrados de ese Tribunal. No es obstáculo para concluir lo anterior, como se ha dicho en párrafos anteriores, el hecho de que la quejosa se duela de la omisión del Tribunal responsable, de emitir el laudo correspondiente al juicio reclamatorio laboral 215/2015, pues se considera que esto es una mera consecuencia de la inactividad en que se incurrió originalmente, y aún si se concediera el amparo de la Justicia Federal en el presente asunto, éste no podría comprender la protección de todo el procedimiento hasta el dictado de la resolución respectiva, pues entre la etapa procesal en que se encuentra el juicio de origen y aquella en que se dicte el laudo, existen también actos procedimentales que requieren el impulso de las partes, y que por lo tanto, podrían no llegar a concretarse, impidiendo con ello la obtención el cumplimiento del fallo federal que en su caso se haya dictado. Si bien es cierto que fue un criterio aceptado por los órganos jurisdiccionales de la Federación, que al reclamarse violaciones al artículo 17 Constitucional, debía otorgarse el amparo para que la autoridad responsable procediera con prontitud a tramitar y concluir el procedimiento conforme a los términos legales, lo cual implicaba que debía realizar los actos subsecuentes a los reclamados necesarios para tal fin y en su oportunidad emitir también con prontitud el laudo correspondiente, pues sólo así se respetaría lo establecido en el referido precepto constitucional. Tal jurisprudencia es de rubro y texto siguientes: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta. Ahora bien, la violación a esa garantía se manifiesta a través de un acto negativo o una omisión en sentido estricto, que tiene dos vertientes: la primera consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de los términos y plazos previstos legalmente, esto es, que no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora; y, la segunda implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. Por otra parte, tratándose de actos negativos, el artículo 80 de la Ley de Amparo dispone que la sentencia que lo conceda, tendrá por objeto obligar a la autoridad responsable a que respete la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que dicha garantía exija. Conforme a lo anterior, si durante la tramitación del juicio de garantías persiste esa misma condición de retardo u omisión del trámite, debido a la cual la autoridad no agota cabalmente el procedimiento ni emite la resolución correspondiente, debe otorgarse el amparo para que proceda con prontitud a tramitar y concluir el procedimiento conforme a los términos legales, lo cual implica que debe realizar los actos subsecuentes a los reclamados necesarios para tal fin y en su oportunidad emitir también con prontitud el laudo correspondiente, pues sólo así podrá cumplir y respetar lo que la garantía en cuestión exige." Sin embargo, el criterio anterior fue abandonado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de dieciocho de septiembre de dos mil trece, al resolver el recurso de inconformidad 282/2013, en que se sostuvo que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral. Así aparece en la tesis con el rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Por tal razón, es óbice que no se podría llegar a una conclusión diferente al estudiar el presente asunto en audiencia constitucional, ya que, como ha quedado establecido, aun la concesión del amparo en el presente asunto, no cubriría todos los actos que faltaran realizarse en el juicio original, en atención a los razonamientos vertidos en la jurisprudencia en cita; de modo que, habiendo quedado insubsistente la inactividad procesal atribuida a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, mediante la emisión del proveído de diecisiete de enero del año en curso, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal. En consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON TRECE MINUTOS DEL OCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Asimismo, resulta necesario destacar, que para este órgano jurisdiccional no pasa desapercibida la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITES EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO". Cuando de la demanda de garantías, se advierta que el acto impugnado proviene de un juicio o de un procedimiento seguido en forma de juicio en donde haya intervenido el quejoso y su contraparte, debe considerarse a este último como tercero perjudicado, aun cuando en el juicio de amparo se reclamen violaciones a las garantías consagradas en los artículos 8o. y 17 de la Constitución Federal, en específico, por la falta de acuerdo a una promoción o la omisión de alguna autoridad jurisdiccional de dictar la resolución que ponga fin a un juicio o a un procedimiento seguido en forma de juicio; pues la figura del tercero perjudicado no puede dejar de existir, en función de la naturaleza de los actos que se impugnen, pues el carácter de tercero perjudicado que tiene la contraparte del agraviado, deviene expresamente de lo dispuesto en el inciso a) de la fracción III del artículo 5o. de la Ley de Amparo, y su intervención como tal en el juicio de garantías constituye un derecho procesal legalmente tutelado." En base a ello, no obsta que le recaiga el carácter de tercero interesado al AYUNTAMIENTO DE HOCTÚN, YUCATÁN, y que no haya sido emplazado en este juicio de amparo, pues ello no impide a este juzgador pronunciarse en el sentido de decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, dado que la presente resolución en nada agravia a sus posibles derechos vinculados directamente con las peticiones que la parte quejosa solicita en el ocurso de mérito. ...

  4. Principal

    MESA I. Vista la demanda de amparo promovida por Jonathan Saúl Méndez Martín, quien se ostenta apoderado y representante legal de la quejosa GENNY ISABEL PUC SOSA, contra un acto que reclama del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios del Estado de Yucatán, perteneciente al Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad; se acuerda: Con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Amparo, se tiene por reconocida la personalidad con que se ostenta el ocursante, en términos de la copia autógrafa de la audiencia de diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, celebrada en el juicio laboral de origen 215/2015. Por tanto, con apoyo en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 33, fracción IV, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE la demanda en sus términos. Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Dése la intervención que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a quien se hará entrega de una copia simple de la demanda. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase el informe con justificación a la autoridad señalada como responsable, el que deberá rendir por escrito o en medios magnéticos, dentro de los quince días siguientes a la legal notificación de este acuerdo, en el cual, la responsable deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar dicho informe; apercibida que de no rendir su informe dentro del término fijado o lo hagan sin remitir en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, contenida en el artículo 260, fracción II de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Asimismo, con fundamento en los artículos 63 y 64 del ordenamiento legal invocado, requiérase a la autoridad responsable para que en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento, la comunique de inmediato a este Juzgado, y de ser posible, acompañe las constancias que la acrediten; apercibida que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa de treinta a trescientos unidades de medida y actualización, de conformidad con el artículo 251 de la Ley de la Materia vigente. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las DIEZ HORAS CON TRECE MINUTOS DEL OCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. Ahora, en cuanto al AYUNTAMIENTO DE HOCTÚN, YUCATÁN, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, le recae el carácter de tercero interesado; por tanto, gírese atento oficio a la autoridad antes mencionada, a fin de que sea emplazada al presente juicio de amparo, por conducto de su apoderado o representante legal, con entrega de una copia del escrito de demanda y haciendo de su conocimiento el contenido de este acuerdo, así como informándole que puede comparecer a este juicio con dicho carácter, si así conviene a sus intereses. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119, párrafo primero, de la Ley de Amparo, téngase por ofrecidas las pruebas documentales que acompañó la parte quejosa a su escrito de demanda de amparo, para que sean relacionadas y tomadas en consideración al momento de celebrarse la audiencia constitucional respectiva. Por otro lado, de conformidad con el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Acuerdo General 30/2003 del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil cuatro, téngase a la parte quejosa aceptando la publicación de sus datos personales al hacerse pública la sentencia que se dicte en este juicio de amparo, esto es, se publique sin supresión de sus datos personales, tal y como lo manifestó en su demanda de cuenta. Por otra parte, y en virtud de que de la lectura de la demanda de amparo no se advierte que la parte quejosa haya señalado domicilio para oír y recibir notificaciones, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena realizarle las notificaciones por lista que se fije en los estrados de este Juzgado, aún las de carácter personal; asimismo, téngase como sus autorizados a Néstor Rafael Reyes Chan, Andrés José Azcorra Cabrera, Guadalupe Elizabeth Reyes Chan, Delly Grysel Chalé Echeverría, Sergio Andrés Jr Durán Paredes, Enrique de Jesús Lara Aragón y Mauricio Alberto Carrillo Solís, en los términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto. Finalmente, no se tramita el incidente de suspensión relativo en atención a que no se solicitó.

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