Génesis Naian Roldán Rodríguez

Expediente 2076/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
2076/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
15/01/2019

Partes del expediente

  • Génesis Naian Roldán Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, quince de enero de dos mil diecinueve. Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto referido por el que se desechó de plano la demanda de amparo, ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Toda vez que en el presente juicio se desechó de plano la demanda de amparo, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.MIDM

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dos de enero de dos mil diecinueve RADICACIÓN DE DEMANDA. Vista la demanda de garantías que promueve GÉNESIS NAIAN ROLDÁN RODRÍGUEZ, por su propio derecho, contra actos del CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número 2076/2018-V que por orden le corresponde. DESECHAMIENTO. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la actual Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo DESECHARÁ DE PLANO. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO.": Este lineamiento normativo tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda, toda vez que de su estudio integral, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, atendiendo a las siguientes consideraciones: En el caso, este juzgador advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción, XXIII del artículo 61, de la Ley de Amparo vigente, en relación con los diversos 1, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por tratados internacionales e los que el Estado mexicano sea parte. Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo. (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía. Modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." De ese dispositivo se desprende con claridad que se da la improcedencia del juicio de amparo cuando ésta resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De tal modo, el suscrito considera que el acto reclamado al Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, consistente en la determinación de interrumpir el Proceso de Elección de Director del Centro de Investigación en Dinámica Celular de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, no puede reclamarse a través del presente juicio de garantías, en razón de que se trata de un acto sobre el que dicho ente ejerce facultades constitucionalmente discrecionales, inmersas en la autonomía universitaria, reconocida en el artículo 3, fracción VII, de la Carta Magna. Ahora, para dar mayor claridad es necesario hacer las siguientes consideraciones respecto a las facultades de Autonomía y Autogobierno de las Universidades. En principio, es menester acudir al contenido del artículo 3, fracción VII, de la Constitución Federal que, en la parte que interesa, establece: "Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; esta y la media superior serán obligatorias. [.] "VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere." Como se advierte de la transcripción anterior, la Carta Magna dispone que a las universidades y las demás instituciones de educación superior, la ley podrá otorgarles autonomía, por lo que con base en ello resulta necesario determinar cuál es el origen, el límite y las finalidades que en ese contexto corresponden a las atribuciones de autogobierno que derivan de la autonomía universitaria regulada en el citado precepto. Debe resaltarse que la autonomía universitaria cuenta con rasgos propios y específicos, distintos de los que corresponden a la autonomía que conforme a la Constitución General de la República en los artículos 27, fracción XIX, párrafo segundo; 28, párrafo sexto; 41, fracción V; 79, párrafo primero; 102, apartado B, párrafo cuarto; 116, fracción V; y, 122, apartado C, base quinta, se otorga a diversos órganos del Estado, como son los Tribunales Agrarios, el Banco de México, el Instituto Federal Electoral, la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y los Tribunales Contencioso Administrativos de los Estados y del Distrito Federal, respectivamente. Por cuanto hace al origen de la autonomía universitaria, el citado artículo 3, fracción VII, constitucional señala con precisión que ésta será conferida en la ley, es decir, en un acto formal y materialmente legislativo, ya sea que provenga del Congreso de la Unión o de las Legislaturas Locales. Por otra parte, la autonomía de la que pueden ser legalmente dotadas las universidades públicas confiere a éstas las atribuciones necesarias para gobernarse a sí mismas. Esta facultad de autogobierno se encuentra acotada en el propio texto constitucional, en virtud de que su ejercicio está condicionado a lo que se establezca en las leyes respectivas, en las que se deben desarrollar las bases mínimas que permitan a las universidades autónomas cumplir con las finalidades que les son encomendadas constitucionalmente, tales como educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios que, al tenor del artículo 3 constitucional, rigen a la educación que imparte el Estado, respetando, además, la libertad de cátedra e investigación, de libre examen y discusión de las ideas. Como se ve la Carta Magna precisa que la referida autonomía conlleva que las respectivas universidades públicas y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía tendrán la facultad y responsabilidad de: Gobernarse a sí mismas; Realizar sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; Determinar sus planes y programas; Fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y Administrar su patrimonio. En ese sentido, la autonomía universitaria conlleva constitucionalmente a que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, goce de la independencia para determinar por sí sola, atendiendo a lo dispuesto en la Constitución General de la República y en las leyes respectivas y los estatutos respectivos, la designación por parte del Consejo Universitario del Director del Centro de Investigación en Dinámica Celular de la propia Casa de Estudios, y por extensión los actos previos, durante y posteriores a la elección y designación del Director de mérito, estando inmersa en éstos la determinación por la que se interrumpió dicho el proceso de elección, en virtud de que es un acto por excelencia de autogobierno, en ejercicio de la autonomía universitaria. Es verdad que la capacidad de decisión que se confiere a la Universidad está supeditada a los principios constitucionales que rigen la actuación de cualquier órgano del Estado y, en el ámbito de las actividades específicas para las cuales le fue conferida la autonomía, deben sujetarse a los principios que en la propia Norma Fundamental informan a la educación pública, de donde se sigue que la autonomía universitaria no significa inmunidad ni extraterritorialidad en excepción del orden jurídico. No obstante la Suprema Corte ha definido en diversos criterios en qué consiste la autonomía universitaria, señalando, de manera específica, que las universidades públicas son órganos del Estado que cuentan con autonomía, la cual implica dotarlas con competencias, entre otras, de autogobierno, en atención a la necesidad de lograr con la mayor eficacia la prestación del servicio educativo que les está atribuido, sin que ello signifique su disgregación de la estructura estatal, ya que aquélla se ejerce en un marco de principios y reglas predeterminadas por el propio Estado. En efecto, el Pleno de nuestro Máximo Tribunal, ha interpretado la fracción VII, del artículo 3° constitucional, determinando que las universidades públicas son organismos públicos descentralizados con autonomía especial, que implica autonormación y autogobierno, atendiendo a la necesidad de lograr mayor eficacia en la prestación del servicio que les está atribuido y que se funda en la libertad de enseñanza, sin que ello implique, de manera alguna, su disgregación de la estructura estatal, ya que se ejerce en un marco de principios y reglas predeterminadas por el propio Estado, restringida a sus fines. Con el propósito de cumplir su función, las universidades públicas deben contar con un cúmulo de competencias que el legislador por reenvío expreso del numeral 3o., fracción VII, de la Constitución General de la República, establece en las leyes de creación de aquellos organismos. Ese cúmulo de competencias las coloca como instituciones públicas encargadas de llevar a cabo la función de impartición de la educación y de la promoción de la investigación y la cultura, sin que sea constitucional ni legalmente posible que reciban órdenes o instrucciones de ningún órgano exterior en la toma de sus decisiones. Lo anterior se encuentra reflejado en la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que en sus artículos 3, 4, fracción I, 7, fracción I y 17, establecen lo siguiente: "Artículo 3.- DE LA PERSONALIDAD Y FINALIDAD DE LA UNIVERSIDAD. La Universidad es un organismo público autónomo del Estado de Morelos con plenas facultades de gestión y control presupuestal, personalidad jurídica y patrimonio propios cuyos fines son la prestación de servicios públicos de educación de los tipos medio superior y superior, de investigación, de difusión de la cultura y extensión de los servicios. La finalidad de la Universidad es el fortalecimiento y transformación de la sociedad a través de la ciencia, la educación y la cultura. En la consecución de esta finalidad la Institución tendrá como objetivo primordial insertarse eficiente y creativamente en su entorno, que no será sólo un campo de estudio sino, fundamentalmente, objeto de transformación sobre el que se debe ejercer una permanente función crítica para la construcción de propuestas innovadoras y líneas de investigación encaminadas al desarrollo humano." "ARTÍCULO 4. DEL ALCANCE DEL ESTATUS DE AUTONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD.- El estatus de autonomía de la Universidad otorgada por los artículos 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 121 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, implica el goce de potestades en las siguientes materias: I. De gobierno: para elegir, nombrar y remover a sus autoridades." "ARTÍCULO 7. DE LAS ATRIBUCIONES DE LA UNIVERSIDAD. Son atribuciones de la Universidad: I. Establecer, organizar y modificar su gobierno, estructura y funciones en la forma que esta Ley, el Estatuto Universitario y su normatividad reglamentaria lo determinen." "Artículo 17.- DE LAS AUTORIDADES UNIVERSITARIAS. El gobierno de la Universidad se ejercerá por las siguientes autoridades, sin menoscabo de las que señale el Estatuto Universitario: I.- Colegiadas: El Consejo Universitario. La Junta de Gobierno Los Consejos Técnicos. II.- Unipersonales: El Rector. El Secretario General. Los Titulares de las Unidades Académicas." Asimismo, el Estatuto Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en su artículo 21, fracción II, inciso d), señala como autoridades universitarias a los Directores de los Centros, como se advierte de la transcripción siguiente: "ARTÍCULO 21.- DE LAS AUTORIDADES UNIVERSITARIAS. El gobierno de la Universidad se ejercerá por las siguientes autoridades: I. Colegiadas: a) El Consejo Universitario; b) La Junta de Gobierno; c) Los Consejos Directivos de los Institutos; y d) Los Consejos Técnicos de los Centros; II. Unipersonales: a) El Rector; b) El Secretario General; c) Los Secretarios de Rectoría; d) Los Directores de los Centros; y e) El Titular del Órgano Interno de Control." Lo anterior se estima en ese sentido, cuenta habida que la garantía institucional de autonomía universitaria impide que ningún órgano del Estado pueda vaciar la esfera de competencias de las autoridades de las universidades públicas, a través de una sustitución o suplantación. Por ello, la interrupción del Proceso de Elección de Director del Centro de Investigación en Dinámica Celular de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, no se trata de un acto que pueda reclamarse a través del juicio de amparo, ya que el Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos al desarrollar los procesos de designación y remoción de las autoridades internas de tal ente universitario, lo hace ejerciendo la facultad de autogobierno y autonomía de la que goza la citada universidad, motivo por el cual se configura la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en razón de que esa deliberación se inserta en el ejercicio de las atribuciones de autogobierno de la mencionada casa de estudios, que en virtud de su autonomía no admite que un órgano estatal la sustituya o suplante, resolviendo quiénes o cómo ni cuándo deben ser electas las autoridades al interior de dicho centro universitario público. Así, de los artículos 3 y 4 de la Ley Orgánica de la citada Universidad se colige que ésta es un organismo público autónomo del Estado de Morelos con plenas facultades de gestión y control presupuestal, personalidad jurídica y patrimonio propios cuyos fines son la prestación de servicios públicos de educación de los tipos medio superior y superior, de investigación, de difusión de la cultura y extensión de los servicios, con autonomía constitucional, que para el logro de sus fines tiene la facultad de gobernarse a sí misma, mediante la elección, nombramiento y remoción de sus respectivas autoridades universitarias; en términos de la referida fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Federal, que establece que las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas y, desde esa óptica, existe un impedimento constitucional y legal para que un órgano judicial de amparo trastoque la esfera de competencias ejecutivas universitarias, pues la designación de sus funcionarios constituye un acto que se emite bajo un grado de discrecionalidad constitucional por tratarse de la determinación de los procesos de selección y de calificación de las elecciones de sus autoridades internas, carácter que así se reconoce al Director del Centro de Investigación en Dinámica Celular de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en la Ley Orgánica, así como en el Estatuto Universitario, ambos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Encuentra sustento a los anteriores argumentos, la tesis (IV Región) 2o.7 A (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, consultable en la página 2255, Libro 32, Julio de 2016, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Décima Época, registro 2012044, de rubro "UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO. LA ELECCIÓN EFECTUADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE PROFESORES DE LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES DE LOS DOCENTES QUE INTEGRARÁN SUS RESPECTIVOS CONSEJOS UNIVERSITARIO, TÉCNICO UNIVERSITARIO Y DIVISIONAL, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO." Luego, el amparo es improcedente contra el acto derivado del ejercicio de la autonomía universitaria, consistente en el nombramiento del Director del Centro de Investigación en Dinámica Celular de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, por lo que debe desecharse en el juicio, toda vez que el Consejo Universitario actúa bajo un grado de discrecionalidad para la determinación de los procesos de designación de las autoridades universitarias, lo jurídico es estimar que no se está en presencia de un acto de autoridad que pueda ser combatible a través del juicio de amparo. Apoya al caso la Jurisprudencia 1a./J. 19/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 919, Tomo XXXI, Marzo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, pues si en ella se estable ce que el amparo es improcedente contra un acto derivado del ejercicio de su autonomía, consistente en el nombramiento del rector, a mayor razón lo es cuando en el caso se reclama la elección del Director de uno del ya indicado Centro de Investigación de la Universidad antes referida. El rubro de la jurisprudencia de mérito es: "UNIVERSIDADES PÚBLICAS. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL ACTO DERIVADO DEL EJERCICIO DE SU AUTONOMÍA, CONSISTENTE EN EL NOMBRAMIENTO DE RECTOR." En consecuencia, al concretarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1 y 5, de la Ley de Amparo, procede desechar en este juicio de amparo respecto al acto atribuido al Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113. Como lo solicita con apoyo en lo establecido en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, se ordena practicar las notificaciones a la parte quejosa por medio de lista, incluso las que sean de carácter personal. Apoya lo anterior, la tesis XXII.1o.22 K, del rubro "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL", de la materia Común, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: VIII, Diciembre de 1998, Página 1067; asimismo, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la Materia al profesionista propuesto. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.ISA*

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