Genaro Castillo Castro
Expediente 730/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 9 actuaciones registradas, la última del 28 de mayo de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 730/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 28/05/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Genaro Castillo Castro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiocho de mayo de dos mil quince. Se tiene por recibido el oficio signado por el Director del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Zacatepec, Morelos, por medio del cual, en atención al requerimiento de veintinueve de abril de dos mil quince, informa que después de una búsqueda minuciosa de los datos y archivos que obran en su dependencia, localizó una junta de acuerdos, en la cual se toman acuerdos referentes al alza de la tarifa del suministro del agua potable, realizada entre diversos representantes y comisionados de distintas colonias del municipio de Zacatepc, Morelos, en la que se determina un aumento al cobro del servicio. En consecuencia, requiérase al Director del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Zacatepec, Morelos, para que en el término de tres días contados a partir del día siguiente a la notificación del presente auto, remita copia certificada de la referida junta de acuerdos, para proveer respecto del incidente de repetición del acto reclamado; se apercibe en el sentido que de incumplir con este mandato judicial y seguir retrasando el procedimiento, se le impondrá una multa de cincuenta días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, con fundamento en la fracción I, del artículo 237, en relación con el 259, de la Ley de Amparo. Finalmente, se tiene por recibido el escrito signado por la parte quejosa, mediante el cual, realiza diversas manifestaciones, solicitando se requiera a la autoridad responsable y se hagan efectivos los apercibimientos decretados en la Ley de Amparo, agréguese para que obre como legalmente corresponda y dígase a la promovente que se esté a lo acordado en párrafos que anteceden. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado JOSÉ LEOVIGILDO MARTÍNEZ HIDALGO, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Blanca Fuentes Sánchez, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, once de mayo de dos mil quince. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo de los que se advierte que a la fecha la autoridad responsable del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, a la fecha no ha enviado las constancias con las que acredite haber dado cumplimiento a la sentencia de amparo; en consecuencia se provee lo siguiente. LINEAMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA. La ley en comento prevé en sus artículos 192 y 193, el procedimiento que el Juez de Distrito debe llevar a cabo para lograr el puntual cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Bajo ese contexto, el Pleno del Alto Tribunal señala en la jurisprudencia P./J.54/2014(10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de dos mil catorce, Tomo I, página diecinueve, registro 2007918, Décima Época, el procedimiento de cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo, a saber: I. El procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. II. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumpla la sentencia de amparo, tiene tres excepciones: 1) Se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) Si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) Se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. III. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. IV. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. V. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. VI. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. VII. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Ahora bien, del presente juicio de amparo se aprecia que la autoridad responsable remitió un oficio el veintiuno de julio de dos mil catorce al Agente Comercial Zona Cuautla de la Comisión Federal de Electricidad, mediante el cual le solicitó se abstuviera de cobrar el derecho del alumbrado público al quejoso. Asimismo, de constancias que obran en autos se aprecia que la autoridad responsable cobro diversas cantidades por el concepto arriba aludido con motivo de la aplicación de la norma controvertida, por lo que deberá de restituírsele dichas cantidades, en la inteligencia que la obligación de gestionar ante las instituciones correspondientes la devolución aludida compete al ayuntamiento del municipio responsable. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, este juzgador requiere al Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos (Adolfo Ávila Piñarrieta), para que dentro del término de VEINTE DÍAS, siguientes a las que reciba el oficio en el que se les transcribe el presente acuerdo, remita copia certificada del titulo de crédito a nombre de la parte quejosa donde acredite que devuelve las diversas cantidades cobradas por concepto de las normas declaradas inconstitucionales, contenidas en los avisos recibos posteriores al cinco de abril de dos mil trece, relativo al servicio 297 101 032 712, respecto del medidor 32E6N6. Cabe precisar que el término de veinte días, se fija en virtud de que, para la devolución de las cantidades por concepto de las contribuciones que se declararon inconstitucionales, las autoridades responsables deben realizar una secuencia actos para la entrega de las sumas a reintegrar; asimismo, se puntualiza que dentro de dicho plazo las autoridades deberán realizar todos los actos necesarios para cumplir con la ejecutoria, considerando que ya tienen conocimiento de los actos reclamados, de sus antecedentes, de que tienen acceso al expediente de amparo para revisar constancias del juicio y de que fueron notificadas de la sentencia como se aprecia de las constancias de notificación que obran en autos; razón por la cual, el término señalado es improrrogable. En el entendido de que el efecto del amparo es para lo siguiente: "En tales condiciones, se impone conceder el amparo y protección de la justicia federal a la quejosa, para el efecto de que una vez que esta sentencia cause ejecutoria, el Ayuntamiento y Presidente Municipal de Cuautla, Morelos, por conducto del funcionario competente, realicen lo siguiente: a) Se abstengan de exigir a la parte quejosa, el pago del derecho por servicio de alumbrado público, durante la vigencia conjunta de las multicitadas leyes tildadas de inconstitucionales. b) Realice los trámites conducentes para que no le sea cobrado por la Comisión Federal de Electricidad, por conducto de sus agencias locales, el derecho de alumbrado público. c) En particular devolver la cantidad de $1,052.61 MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), contenida en el aviso recibo de cinco de abril de dos mil trece, relativo al servicio 297 101 032 712, respecto del medidor 32E6N6." En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. REQUERIMIENTO AL SUPERIOR JERÁRQUICO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Asimismo, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo tercer párrafo, se requiere a los superiores jerárquicos de las autoridades responsables, para que les ordenen cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. Bajo ese panorama, se requiere al Presidente Municipal de Cuautla, Morelos (Jesús González Otero) y al Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, por conducto de los integrantes del Cabildo de dicho Ayuntamiento (Síndico Municipal Oskar Rosales Corona y Regidores Agustina Olivia Cortes Cortes, Javier Mercado Carbajal, Ixcel Anayensi Mendoza Meza, Guadalupe Pacheco Abundez, Mauro Juan Aragón Machorro, Ageo Anaya Crisantos, Ricardo Calvo Álvarez, Alfredo Geovani Lexama GarcÍa, Paula Pérdomo Camacho y Fernando Balbuena Jauregui), en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable, Tesorero Municipal de Cuautla, Morelos, para que dentro del término de VEINTE DÍAS, contados a partir del momento en que esté notificado de este acuerdo, acredite la orden girada a la citada autoridad responsable, para que ésta cumpla con la ejecutoria de amparo. Se apercibe, en el sentido que de incumplir con este mandato judicial, se le impondrá la multa a que alude el artículo 194 de la Ley de Amparo, que puede ir de los cien a los mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, acorde a lo dispuesto por los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, con independencia que puede incurrir en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma el licenciado José Leovigildo Martínez Hidalgo, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.
- Incidental
PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejoso: ELIZABETH ÁVALOS REYES, el auto de veintiuno de abril de dos mil quince, que en lo conducente establece: ... Cuernavaca, Morelos, veintiuno de abril de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo, del que se advierte que se dio vista a la parte quejosa con las constancias que al efecto allegaron las autoridades responsables Subprocuradora de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal, en suplencia por ausencia de las Titulares de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos y de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, por el término de tres días para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, con relación al cumplimiento dado al fallo protector y, debidamente notificada, no desahogó la vista contenida en el citado acuerdo. En consecuencia se procede a resolver si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla: Por sentencia terminada de engrosar el dieciséis de enero de dos mil quince, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a ELIZABETH ÁVALOS REYES, Así las cosas, los efectos concesorios del amparo, en torno a la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, en particular respecto del artículo 77 fracciones II y IV en ella contenido, para el efecto de que no se le aplique la norma declarada inconstitucional. En el entendido de que, con motivo de la concesión del amparo, a fin de restituirla en el goce de la garantía individual violada, como lo prevén los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, deberán serle reintegradas las cantidades pagadas por los conceptos explicados, es decir: $7,896.00 (SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL); por concepto de derecho de registro público sobre la compraventa, por lo que respecta a la aplicación de la fracción II del artículo 77 de la Ley General de Hacienda; más el cobro del veinticinco por ciento, por concepto de impuesto adicional, a razón de $1,974.00 (MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL); además, para que devuelva $2,879.00 (DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de derechos de registro público en aplicación de la fracción IV del artículo 77, fracción IV, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos; en virtud de que al ordenarse la devolución de lo pagado por el servicio de inscripción, no existe base para el cobro adicional. Por auto dictado el once de febrero de dos mil quince, causó ejecutoria la sentencia y se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. En acatamiento a lo anterior, la Subprocuradora de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal, en suplencia por ausencia de las Titulares de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos y de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, por oficio acordado el veintisiete de noviembre de dos mil catorce, manifestó haber dado cumplimiento al fallo protector; para acreditar lo anterior, exhibió copia certificada del título de crédito 0044727, que se encuentra a disposición de la parte quejosa en las oficinas de la Tesorería General de Estado por la cantidad que hace un total de $12,665.94 (doce mil seiscientos sesenta y cinco pesos 094/100 moneda nacional), por concepto de pago improcedente de derechos de inscripción de una escritura pública ante el Instituto de Servicios de Registrales y Catastrales del Estado; esto en virtud, de que la autoridad responsable le resto a la cantidad de $12,749.00 (doce mil setecientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), un día de salario mínimo general vigente en el Estado de Morelos, más el veinticinco por ciento adicional, el cual corresponde a la cantidad de $79.71 (setenta y nueve pesos 71/100 moneda nacional) y de esta operación aritmética arrojó la cantidad de $12,665.94 (doce mil seiscientos sesenta y cinco pesos 094/100 moneda nacional) pesos 29/100 moneda nacional), Documentales que fueron expedidas por las autoridades en ejercicio de sus funciones, por tanto, son documentos a los cuales se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto en su artículo 2°. Consecuentemente, al restituirle a la parte quejosa, el citado monto cobrado por la aplicación de las normas inconstitucionales en este juicio de amparo, la sentencia de amparo se encuentra CUMPLIDA solamente por cuanto a la autoridad responsable Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y en su oportunidad, archívese el presente asunto como concluido; asimismo, hágase del conocimiento a la parte quejosa este proveído, para los efectos precisados en el tercer párrafo del artículo 201 de la Ley de Amparo. Sin que sea óbice a lo anterior, que no obre constancias de las que se advierta que la parte quejosa recibió el cheque correspondiente, de las autoridades responsables, en virtud de que las autoridades responsables ya pusieron a su disposición los títulos de crédito por dichos conceptos, además dicha situación le fue notificada a la parte quejosa, como se advierte de los presentes autos; por consiguiente sólo bastará que el referido contribuyente comparezca a hacer efectivo el cobro aludido para recuperar la suma que pagó por el citado concepto del impuesto reclamado. Apoya lo anterior la Tesis III.3º.A 52 A, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXI, Mayo de 2005, Página 1455 con número de registro 178468. Por otra parte, se tiene por recibido el oficio signado por la Delegada de las autoridades Municipales del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, mediante el cual solicita de nueva cuenta una prórroga para dar cumplimiento de la sentencia de amparo, por las razones que expone; el cual se ordena agregar a los presentes autos para que obre como corresponda. LINEAMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA. La ley de Amparo en comento prevé en sus artículos 192 y 193, el procedimiento que el Juez de Distrito debe llevar a cabo para lograr el puntual cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Bajo ese contexto, el Pleno del Alto Tribunal señala en la jurisprudencia P./J.54/2014(10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de dos mil catorce, Tomo I, página diecinueve, registro 2007918, Décima Época, el procedimiento de cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo, a saber: I. El procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. II. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumpla la sentencia de amparo, tiene tres excepciones: 1) Se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) Si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) Se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. III. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. IV. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. V. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. VI. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. VII. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, este juzgador requiere a la Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos (Liliana García Ortega), no obstante que no fue señalada como responsable en esta litis constitucional, pero está obligada a cumplir con el fallo protector, para que dentro del término de veinte días, siguientes a las que reciba el oficio en el que se les transcribe el presente acuerdo, informen a este juzgado sobre el cumplimiento que hayan dado a la ejecutoria de amparo, debiendo remitir las constancias que así lo justifiquen. Cabe precisar que el término de veinte días, se fija en virtud de que, para la devolución de las cantidades por concepto de las contribuciones que se declararon inconstitucionales, las autoridades responsables deben realizar una secuencia actos para la entrega de las sumas a reintegrar; asimismo, se puntualiza que dentro de dicho plazo las autoridades deberán realizar todos los actos necesarios para cumplir con la ejecutoria, considerando que ya tienen conocimiento de los actos reclamados, de sus antecedentes, de que tienen acceso al expediente de amparo para revisar constancias del juicio y de que fueron notificadas de la sentencia como se aprecia de las constancias de notificación que obran en autos; razón por la cual, el término señalado es improrrogable. En el entendido de que el efecto del amparo es para lo siguiente: "Así las cosas, los efectos concesorios del amparo, en torno a la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, en particular respecto del artículo 77 fracciones II y IV en ella contenido, para el efecto de que no se le aplique la norma declarada inconstitucional. En el entendido de que, con motivo de la concesión del amparo, a fin de restituirla en el goce de la garantía individual violada, como lo prevén los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, deberán serle reintegradas las cantidades pagadas por los conceptos explicados, es decir: $7,896.00 (SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL); por concepto de derecho de registro público sobre la compraventa, por lo que respecta a la aplicación de la fracción II del artículo 77 de la Ley General de Hacienda; más el cobro del veinticinco por ciento, por concepto de impuesto adicional, a razón de $1,974.00 (MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL); además, para que devuelva $2,879.00 (DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de derechos de registro público en aplicación de la fracción IV del artículo 77, fracción IV, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos; en virtud de que al ordenarse la devolución de lo pagado por el servicio de inscripción, no existe base para el cobro adicional. De igual manera, al haber resultado inconstitucional el sistema de cobro del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, se le deberá restituir la cantidad de $13,160.00 (TRECE MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), pagada por dicho concepto, más veinticinco por ciento por concepto de adicionales, $3,290.00 (TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)." En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. REQUERIMIENTO AL SUPERIOR JERÁRQUICO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Asimismo, se requiere al Presidente Municipal de Emiliano Zapata, Morelos (Carlos Martínez Varela) y al Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, por conducto de los integrantes del Cabildo de dicho Ayuntamiento (Síndico Municipal, Ignacio Caspeta Hernández y Regidores Felipe de Santa Cruz Gómez, Stephany Becerril Gómez, Guillermo Cruz Coy, Alejandra Orihuela Figueroa, Lucia Marcia Borunda Muñoz Alejo Rodríguez Rosas y Valentín Martínez Galarce), en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable, Tesorero Municipal de Emiliano Zapata, Morelos, para que dentro del término de VEINTE DÍAS, contados a partir del momento en que esté notificado de este acuerdo, acredite la orden girada a la citada autoridad responsable, para que ésta cumpla con la ejecutoria de amparo. Se apercibe, en el sentido que de incumplir con este mandato judicial, se le impondrá la multa a que alude el artículo 194 de la Ley de Amparo, que puede ir de los cien a los mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, acorde a lo dispuesto por los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, con independencia que puede incurrir en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma JOSÉ LEOVIGILDO MARTÍNEZ HIDALGO, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Jadilson Alonso Navarro, que da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiuno de abril de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo, del que se advierte que se dio vista a la parte quejosa con las constancias que al efecto allegaron las autoridades responsables Subprocuradora de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal, en suplencia por ausencia de las Titulares de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos y de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, por el término de tres días para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, con relación al cumplimiento dado al fallo protector y, debidamente notificada, no desahogó la vista contenida en el citado acuerdo. En consecuencia se procede a resolver si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla: Por sentencia terminada de engrosar el dieciséis de enero de dos mil quince, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a ELIZABETH ÁVALOS REYES, Así las cosas, los efectos concesorios del amparo, en torno a la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, en particular respecto del artículo 77 fracciones II y IV en ella contenido, para el efecto de que no se le aplique la norma declarada inconstitucional. En el entendido de que, con motivo de la concesión del amparo, a fin de restituirla en el goce de la garantía individual violada, como lo prevén los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, deberán serle reintegradas las cantidades pagadas por los conceptos explicados, es decir: $7,896.00 (SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL); por concepto de derecho de registro público sobre la compraventa, por lo que respecta a la aplicación de la fracción II del artículo 77 de la Ley General de Hacienda; más el cobro del veinticinco por ciento, por concepto de impuesto adicional, a razón de $1,974.00 (MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL); además, para que devuelva $2,879.00 (DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de derechos de registro público en aplicación de la fracción IV del artículo 77, fracción IV, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos; en virtud de que al ordenarse la devolución de lo pagado por el servicio de inscripción, no existe base para el cobro adicional. Por auto dictado el once de febrero de dos mil quince, causó ejecutoria la sentencia y se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. En acatamiento a lo anterior, la Subprocuradora de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal, en suplencia por ausencia de las Titulares de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos y de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, por oficio acordado el veintisiete de noviembre de dos mil catorce, manifestó haber dado cumplimiento al fallo protector; para acreditar lo anterior, exhibió copia certificada del título de crédito 0044727, que se encuentra a disposición de la parte quejosa en las oficinas de la Tesorería General de Estado por la cantidad que hace un total de $12,665.94 (doce mil seiscientos sesenta y cinco pesos 094/100 moneda nacional), por concepto de pago improcedente de derechos de inscripción de una escritura pública ante el Instituto de Servicios de Registrales y Catastrales del Estado; esto en virtud, de que la autoridad responsable le resto a la cantidad de $12,749.00 (doce mil setecientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), un día de salario mínimo general vigente en el Estado de Morelos, más el veinticinco por ciento adicional, el cual corresponde a la cantidad de $79.71 (setenta y nueve pesos 71/100 moneda nacional) y de esta operación aritmética arrojó la cantidad de $12,665.94 (doce mil seiscientos sesenta y cinco pesos 094/100 moneda nacional) pesos 29/100 moneda nacional), Documentales que fueron expedidas por las autoridades en ejercicio de sus funciones, por tanto, son documentos a los cuales se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto en su artículo 2°. Consecuentemente, al restituirle a la parte quejosa, el citado monto cobrado por la aplicación de las normas inconstitucionales en este juicio de amparo, la sentencia de amparo se encuentra CUMPLIDA solamente por cuanto a la autoridad responsable Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y en su oportunidad, archívese el presente asunto como concluido; asimismo, hágase del conocimiento a la parte quejosa este proveído, para los efectos precisados en el tercer párrafo del artículo 201 de la Ley de Amparo. Sin que sea óbice a lo anterior, que no obre constancias de las que se advierta que la parte quejosa recibió el cheque correspondiente, de las autoridades responsables, en virtud de que las autoridades responsables ya pusieron a su disposición los títulos de crédito por dichos conceptos, además dicha situación le fue notificada a la parte quejosa, como se advierte de los presentes autos; por consiguiente sólo bastará que el referido contribuyente comparezca a hacer efectivo el cobro aludido para recuperar la suma que pagó por el citado concepto del impuesto reclamado. Apoya lo anterior la Tesis III.3º.A 52 A, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXI, Mayo de 2005, Página 1455 con número de registro 178468. Por otra parte, se tiene por recibido el oficio signado por la Delegada de las autoridades Municipales del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, mediante el cual solicita de nueva cuenta una prórroga para dar cumplimiento de la sentencia de amparo, por las razones que expone; el cual se ordena agregar a los presentes autos para que obre como corresponda. LINEAMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA. La ley de Amparo en comento prevé en sus artículos 192 y 193, el procedimiento que el Juez de Distrito debe llevar a cabo para lograr el puntual cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Bajo ese contexto, el Pleno del Alto Tribunal señala en la jurisprudencia P./J.54/2014(10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de dos mil catorce, Tomo I, página diecinueve, registro 2007918, Décima Época, el procedimiento de cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo, a saber: I. El procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. II. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumpla la sentencia de amparo, tiene tres excepciones: 1) Se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) Si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) Se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. III. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. IV. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. V. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. VI. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. VII. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, este juzgador requiere a la Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos (Liliana García Ortega), no obstante que no fue señalada como responsable en esta litis constitucional, pero está obligada a cumplir con el fallo protector, para que dentro del término de veinte días, siguientes a las que reciba el oficio en el que se les transcribe el presente acuerdo, informen a este juzgado sobre el cumplimiento que hayan dado a la ejecutoria de amparo, debiendo remitir las constancias que así lo justifiquen. Cabe precisar que el término de veinte días, se fija en virtud de que, para la devolución de las cantidades por concepto de las contribuciones que se declararon inconstitucionales, las autoridades responsables deben realizar una secuencia actos para la entrega de las sumas a reintegrar; asimismo, se puntualiza que dentro de dicho plazo las autoridades deberán realizar todos los actos necesarios para cumplir con la ejecutoria, considerando que ya tienen conocimiento de los actos reclamados, de sus antecedentes, de que tienen acceso al expediente de amparo para revisar constancias del juicio y de que fueron notificadas de la sentencia como se aprecia de las constancias de notificación que obran en autos; razón por la cual, el término señalado es improrrogable. En el entendido de que el efecto del amparo es para lo siguiente: "Así las cosas, los efectos concesorios del amparo, en torno a la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, en particular respecto del artículo 77 fracciones II y IV en ella contenido, para el efecto de que no se le aplique la norma declarada inconstitucional. En el entendido de que, con motivo de la concesión del amparo, a fin de restituirla en el goce de la garantía individual violada, como lo prevén los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, deberán serle reintegradas las cantidades pagadas por los conceptos explicados, es decir: $7,896.00 (SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL); por concepto de derecho de registro público sobre la compraventa, por lo que respecta a la aplicación de la fracción II del artículo 77 de la Ley General de Hacienda; más el cobro del veinticinco por ciento, por concepto de impuesto adicional, a razón de $1,974.00 (MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL); además, para que devuelva $2,879.00 (DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de derechos de registro público en aplicación de la fracción IV del artículo 77, fracción IV, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos; en virtud de que al ordenarse la devolución de lo pagado por el servicio de inscripción, no existe base para el cobro adicional. De igual manera, al haber resultado inconstitucional el sistema de cobro del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, se le deberá restituir la cantidad de $13,160.00 (TRECE MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), pagada por dicho concepto, más veinticinco por ciento por concepto de adicionales, $3,290.00 (TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)." En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. REQUERIMIENTO AL SUPERIOR JERÁRQUICO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Asimismo, se requiere al Presidente Municipal de Emiliano Zapata, Morelos (Carlos Martínez Varela) y al Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, por conducto de los integrantes del Cabildo de dicho Ayuntamiento (Síndico Municipal, Ignacio Caspeta Hernández y Regidores Felipe de Santa Cruz Gómez, Stephany Becerril Gómez, Guillermo Cruz Coy, Alejandra Orihuela Figueroa, Lucia Marcia Borunda Muñoz Alejo Rodríguez Rosas y Valentín Martínez Galarce), en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable, Tesorero Municipal de Emiliano Zapata, Morelos, para que dentro del término de VEINTE DÍAS, contados a partir del momento en que esté notificado de este acuerdo, acredite la orden girada a la citada autoridad responsable, para que ésta cumpla con la ejecutoria de amparo. Se apercibe, en el sentido que de incumplir con este mandato judicial, se le impondrá la multa a que alude el artículo 194 de la Ley de Amparo, que puede ir de los cien a los mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, acorde a lo dispuesto por los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, con independencia que puede incurrir en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma JOSÉ LEOVIGILDO MARTÍNEZ HIDALGO, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Jadilson Alonso Navarro, que da fe.
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