Generator Systems Limited

Expediente 1601/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 10 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1601/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
28/11/2022

Partes del expediente

  • Generator Systems Limited

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que la última notificación de la sentencia firmada el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, se realizó a la parte quejosa por medio de lista autorizada que se fijó en los estrados de este Juzgado Federal, el día nueve de noviembre de dos mil veintidós. Por tanto, a la fecha ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión, por lo que con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en su primer punto resolutivo, se NEGÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN de la Justicia Federal a "GENERATOR SYSTEMS LIMITED" y "GENERATOR SALES LLP", por conducto de su apoderado legal, en contra del acto que reclamaron al Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación G8 de la Dirección de Trámite de Asuntos Comunes sin detenido de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 18 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que el presente expediente es DEPURABLE, en virtud de que versa de una sentencia en donde se negó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el citado artículo. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que el presente sumario coincide en su totalidad con el expediente electrónico. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, ocho de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, agréguese a los mismos para los efectos legales correspondientes, la razón actuarial de cuenta da data veinticinco de octubre de dos mil veintidós, de la que se advierte que no fue posible la notificación de la sentencia firmada el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, a la parte quejosa, toda vez que el domicilio se encuentra fuera de la residencia de este Juzgado Federal. Ahora bien, tomando en consideración que por acuerdo de doce de julio del presente año, se tuvo por recibido debidamente diligenciado el exhorto electrónico número 133/2022-E-AMP-ADM-V-A y con número de origen 50/2022-E-AMP-ADM-V-A; y se dio de baja el citado exhorto en el Libro de Gobierno que se lleva en este Tribunal. Sin embargo, se omitió hacer efectivo el apercibimiento contenido en el diverso proveído de cuatro de julio de dos mil veintidós, relativo a la omisión de la parte quejosa de señalar dentro del término de tres días computados legalmente, domicilio en esta ciudad de Mérida, para oír y recibir notificaciones. Por tanto, hágase efectivo el apercibimiento de mérito; y por ende, realícese la notificación a la parte quejosa, de la sentencia dictada en este asunto y del presente auto, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado Federal. Notifíquese a la parte quejosa por medio de lista de estrados.sto para resolver los autos del juicio de amparo 1601/2022-V-A, promovido por "Generator Systems Limited" y "Generator Sales Llp", por conducto de su apoderado legal, contra el acto que reclaman al Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación G8 de la Dirección de Trámite de Asuntos Comunes sin detenido de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad. A N T E C E D E N T E S PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintisiete de junio de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad de Mérida, y turnado el veintiocho siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, comparecieron por conducto de su apoderado legal, las personas morales "Generator Systems Limited" y "Generator Sales Llp", a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclaman al Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación G8 de la Dirección de Trámite de Asuntos Comunes sin detenido de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Previo cumplimiento al requerimiento de veintinueve de junio de dos mil veintidós, por auto de seis de julio siguiente, se admitió a trámite la demanda, misma que quedó previamente registrada con el número 1601/2022-V-A; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable; asimismo, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A C I O N E S PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49 en relación con el 57, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, como de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se tiene que la parte quejosa reclama: El acuerdo por medio del cual se recibe la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-YUC/0001328/2022 con motivo de la incompetencia planteada, y ordena se inicie la carpeta de investigación G8/3066/2021. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la responsable, pues así se advierte del informe rendido por el Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación de Delitos Comunes de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad; lo que se corrobora con las constancias que adjunto a su informe. Cobra aplicación, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, Tomo XIV-Julio, Octava Época del semanario Judicial de la Federación, cuyo texto indica: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTO. Inexistencia de causas de improcedencia. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la ley de la materia, por lo que procede efectuar el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Al respecto, tiene aplicación la Jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. Resultan inoperantes los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, por lo que deberá negársele el amparo y protección de la Justicia federal que solicita. Previamente, es importante destacar que de las constancias remitidas por la autoridad responsable a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se advierten los siguientes antecedentes: Que el dieciocho de noviembre de dos mil veinte, Manuel Alejandro León Moratilla, en su carácter de apoderado legal de Generator Systems LTD y Generator Sales LLP, presentó ante la Fiscalía General de la República, Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, una denuncia en contra de Sunbay Travel, Sociedad Anónima de Capital Variable y otras, en la que manifestó diversos hechos que pudieran ser constitutivos de delito, (fojas 13 a 26, anexo). Respecto de dicha denuncia, en esa propia fecha, (dieciocho de noviembre de dos mil veinte), el agente del ministerio público titular de la Unidad de Investigación y Litigación UEIDDAPI "1" en la Ciudad de México, emitió el acuerdo de asignación de expediente, el cual quedó registrado con el número FED/SEIDF/UNAI-YUC/0001328/2020, (foja 12, anexo). El veinte de abril de dos mil veintiuno, la agente del ministerio público de la federación, en funciones de fiscal adjunto de la Agencia Tercera Investigadora, Núcleo de Investigación 01, UEIDDAPI en la Ciudad de México, acordó que a las personas Generator Systems LTD y Generator Sales LLP, no les concernía la calidad de víctima u ofendido en dicha carpeta de investigación número FED/SEIDF/UNAI-YUC/0001328/2020, (fojas 240 a 246, anexo). Luego, mediante escrito presentado el veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, el apoderado legal de las aquí quejosas, presentó ampliación de denuncia, (fojas 457 a 479, anexo). El tres de noviembre de dos mil veintiuno, la agente del ministerio público de la federación, en funciones de fiscal adjunto de la Agencia Tercera Investigadora, de la Unidad de Investigación y Litigación de la Unidad de Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial, en la Ciudad de México, adscrita la Fiscalía Especializada en Control Competencia, emitió un acuerdo de incompetencia por razón de fuero; pues consideró que la autoridad competente para conocer de los hechos que dieron origen a la indagatoria era la Fiscalía General del Estado de Yucatán, por lo que declinó la competencia de la carpeta de investigación número FED/SEIDF/UNAI-YUC/0001328/2020, al agente del ministerio público en turno adscrito a la Fiscalía General del Estado de Yucatán, toda vez que consideró que los hechos que dieron origen a la investigación pudieran ser previstos y sancionados en el artículo 219, del Código Penal del Estado de Yucatán, (fojas 545 a 553, anexo). Mediante oficio de tres de diciembre de dos mil veintiuno, el Director de Investigación y Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado, con motivo de la incompetencia en la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-YUC/0001328/2020, instruyó al Fiscal Investigador de la Unidad de Atención Temprana a iniciar la correspondiente carpeta de investigación para iniciar el esclarecimiento de los hechos hasta su determinación; en cumplimiento a ello, por acuerdo de cinco de diciembre siguiente, la Fiscal de la Unidad de Atención Temprana, con sede en Mérida, instruyó el inicio de la carpeta de investigación, la cual quedó registrada con el número G8/3066/2021 (fojas 3 y 4, anexo). Dicho acuerdo, a la letra dice: "SE RECIBE OFICIO. DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ATENCIÓN TEMPRANA DEL ESTADO.- Mérida, Yucatán, México, a 05 cinco de Diciembre del año 2021 dos mil veintiuno. - - --- VISTOS: En la ciudad de Mérida, Yucatán, México, siendo las 10:40 diez horas con cuarenta minutos, del día de hoy 05 cinco de Diciembre del año 2021, se tiene por recibido el oficio marcado con el número FGE/DIAT/3098/2021, de fecha 03 tres de Diciembre del año en curso, suscrito por el ciudadano Licenciado en Derecho Eulogio Canche Pool, Director de Investigación y Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado, por medio del cual hace de conocimiento a esta representación social, que en atención al oficio número FGE-VICEFIS-4259/2021, suscrito por el Maestro en Derecho Arturo José Ambrosio Herrera, Vice Fiscal de Investigación y Control de Procesos, en el cual remite el oficio Número UEIDDAPI-III-695/2021, suscrito por las Licenciadas Yesenia Domínguez Ramírez, Agente del Ministerio Público de la Federación, de la agencia Tercera Investigadora Núcleo de Investigación 01 UEIDDAPI en la ciudad de México y la licenciada Martha Mercedes González Razo, Agente del Ministerio Público de la Federación, en funciones de Fiscal en Jefe del Núcleo de Investigación 01 de la Unidad de Investigación y Litigación- UEIDDAPI en la ciudad de México, mediante el cual remite la carpeta de investigación número FED/SEIDF/UNAI-YUC/0001328/2020, constante de 554 fojas, con motivo de Incompetencia; por lo anterior se instruye a iniciar carpeta de investigación. En mérito de lo anterior esta Autoridad, - - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDA: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PRIMERO.- Téngase por recibido el oficio FGE/DIAT/3098/2021, y ábrase la carpeta de investigación correspondiente. - - - - - - - - - - - SEGUNDO.- Practíquese cuantas diligencias sean necesarias hasta el total esclarecimiento de los hechos que dieron origen a la presente carpeta de investigación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FUNDAMENTO: Artículos 127 ciento veintisiete, 131 ciento treinta y uno, 212 doscientos doce, 213 doscientos trece, 217 doscientos diecisiete, 221 doscientos veintiuno, 222 doscientos veintidós, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor. - - - - - - - - CÚMPLASE.- Así lo acordó y firma la Licenciada en Derecho LIZZETHE ANAHÍ LUGO GÓMEZ, Fiscal de la Unidad de Atención Temprana, con sede en Mérida, Yucatán, para los fines legales que correspondan. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -" Por otra parte, conviene traer al caso, algunas consideraciones asentadas por la Fiscalía Especializada en Control de Competencia de la Ciudad de México, al declinar su competencia en la resolución de tres de noviembre de dos mil veintiuno: Que no se demuestra que las empresas denunciadas hubiesen realizado de manera dolosa y sin autorización, las obras cuya titularidad corresponde a las aquí quejosas, pues de la propia denuncia se advierte que entre ellas, firmaron un convenio de licencia de uso a fin de que pudieran utilizar la plataforma para la presentación y venta de tiempos compartidos, programa que incluso manifestó, fue instalado en diversos dispositivos de los hoteles involucrados, así como en los dispositivos de su operador y agente de ventas en Perú. Que el tipo penal establecido en el artículo 424, fracción III, del Código Penal Federal, relativo a "sin autorización correspondiente" no se encuentra colmado, pues existe una autorización previa de las denunciantes para el uso de las obras de la rama de programación de cómputo. Que tampoco se configuraba el tipo penal de secreto industrial, relativo a que la información y documentación sea confidencial, como establece el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, pues las propias denunciantes exhibieron documentos de los que se desprende que el programa utilizado fue divulgado por ellas mismas sin guardar tal confidencialidad, por lo que no se advierte el uso o revelación de un secreto industrial, pues implementaron capacitaciones al personal correspondiente para la implementación de la plataforma para que pudieran utilizarla para la presentación y venta de tiempos compartidos, aunado a que también instaló el programa de computación relativo a tal plataforma en diversos dispositivos de las denunciadas. Asentó también que para considerar que se está en presencia de un secreto industrial, resultaba esencial que la protección de la información que constituya el secreto industrial deberá ser resguardada por el propietario en lugares seguros, implementando mecanismos de seguridad tecnológica para proteger esa información, como acceso controlado a redes, uso de contraseñas, contratos y/o convenios de confidencialidad, que en el caso no acontecen. Que no se actualiza el tipo penal establecido en las fracciones IV y VI, del artículo 223, de la Ley de la Propiedad Industrial, ni tampoco en materia de Propiedad Intelectual; ya que no se configura la hipótesis de uso y/o revelación de un secreto industrial, al no estar en presencia de un hecho en el cual alguna persona use o revele un "secreto industrial", pues lo que se advierte que en el caso podría configurarse, es una posible utilización de información no autorizada por su titular. Que la conducta expuesta por la parte denunciante, aquí quejosa, atendiendo a las constancias que obran en la carpeta de investigación, de las que se desprende que los acuerdos de licencia de usuario final, términos y condiciones de los contratos soporte de capacitaciones, adendum al acuerdo de licencia de usuario, fueron suscritos en el Estado de Yucatán; por lo que, sin que sea vinculatoria para que se tipifique como delito, podría encuadrarse en el numeral 219 del Código Penal del Estado de Yucatán. Ahora bien, la parte impetrante del amparo en sus conceptos de violación reclama que la responsable al asumir la competencia para conocer de la carpeta de investigación, viola sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 17 y 20 Constitucionales, pues incide directamente en su derecho de acceso a la impartición de justicia y reparación del daño, además de que deja de lado la finalidad principal del procedimiento penal, que es la de conocer la verdad de los hechos. Aduce, que el hecho de que la responsable haya aceptado la competencia, trae como consecuencia que el procedimiento se esté tramitando no sólo por una autoridad incompetente, sino con base en reglas distintas a las del fuero al que originalmente corresponde, ya que el delito denunciado por las personas morales quejosas se encuentra previsto en los artículos 424 bis del Código Penal Federal y el artículo 223 de la Ley de Propiedad Industrial, los cuales corresponden al fuero federal. Resultan inoperantes sus argumentos, toda vez que, de manera alguna se desprende que los mismos estén encaminados a combatir lo asentado, tanto en el proveído en el que la responsable tuvo por recibida dicha incompetencia y ordenó se iniciara la carpeta de investigación G8/3066/2021, ni en la resolución de tres de noviembre de dos mil veintiuno, en la que, la Fiscalía Especializada en Control de Competencia de la Ciudad de México, declaró su incompetencia por razón de fuero y remitió la indagatoria a la Fiscalía General del Estado de Yucatán, de la que se desprenden los motivos en los que se basó para emitir su resolución de incompetencia, los cuales fueron acogidos por la responsable al admitir la competencia planteada y ordenar se realicen las diligencias necesarias hasta el total esclarecimiento de los hechos. Esto es, de sus argumentos se desprende que se limitó a realizar meras manifestaciones genéricas en relación a que la indagatoria debía llevarse en el fuero federal debido al delito denunciado, y que al asumir la autoridad responsable la competencia, vulnera su acceso a la impartición de justicia. Siendo que en el caso, dada la naturaleza del procedimiento de donde deriva el acto reclamado, no se actualiza la suplencia de la queja a favor del quejoso, por no encontrarse en los casos de excepción que establece el artículo 79 de la Ley de Amparo, aunado a que no se advierte una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. Cabe señalar, que si bien en el caso, la parte impetrante del amparo es la denunciante en la carpeta de investigación, ello no le otorga de manera automática el carácter de víctima en la indagatoria, por el que pudiera configurarse la suplencia de la queja antes referida, pues hasta el momento, de las constancias remitidas por la responsable, no se advierte que les hubiese sido reconocido tal carácter. Máxime que existe una determinación en la que se precisó que a las personas morales aquí quejosas no les reviste la calidad de víctima u ofendido. En consecuencia, al resultar inoperantes los conceptos de violación expresados por el quejoso, lo procedente es negarle el amparo y protección de la Justicia Federal que solicitó. Apoya lo anterior, lo sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en la tesis publicada en la página ciento ochenta y cuatro, Enero de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 213710, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES. LO SON CUANDO NO SE INCLUYEN ARGUMENTOS EFICACES PARA COMBATIR LAS CONSIDERACIONES QUE SUSTENTAN LA RESOLUCION RECURRIDA. Si los conceptos de violación que propone la parte quejosa en manera alguna atacan las consideraciones en que se sustentó el fallo reclamado, pues no combaten jurídicamente los razonamientos que la responsable esgrimió para fundar su decisión, tales conceptos resultan inoperantes e impiden al tribunal de amparo estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de dicha resolución, ya que de hacerlo, supliría la deficiencia de la queja en un caso no permitido por la ley." SEXTO. Publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R E S U E L V E PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a las personas morales quejosas "Generator Systems Limited" y "Generator Sales Llp", por conducto de su apoderado legal, en contra del acto que reclaman al Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación G8 de la Dirección de Trámite de Asuntos Comunes sin detenido de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Visto para resolver los autos del juicio de amparo 1601/2022-V-A, promovido por "Generator Systems Limited" y "Generator Sales Llp", por conducto de su apoderado legal, contra el acto que reclaman al Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación G8 de la Dirección de Trámite de Asuntos Comunes sin detenido de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad. A N T E C E D E N T E S PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintisiete de junio de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad de Mérida, y turnado el veintiocho siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, comparecieron por conducto de su apoderado legal, las personas morales "Generator Systems Limited" y "Generator Sales Llp", a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclaman al Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación G8 de la Dirección de Trámite de Asuntos Comunes sin detenido de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Previo cumplimiento al requerimiento de veintinueve de junio de dos mil veintidós, por auto de seis de julio siguiente, se admitió a trámite la demanda, misma que quedó previamente registrada con el número 1601/2022-V-A; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable; asimismo, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A C I O N E S PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49 en relación con el 57, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, como de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se tiene que la parte quejosa reclama: El acuerdo por medio del cual se recibe la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-YUC/0001328/2022 con motivo de la incompetencia planteada, y ordena se inicie la carpeta de investigación G8/3066/2021. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la responsable, pues así se advierte del informe rendido por el Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación de Delitos Comunes de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad; lo que se corrobora con las constancias que adjunto a su informe. Cobra aplicación, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, Tomo XIV-Julio, Octava Época del semanario Judicial de la Federación, cuyo texto indica: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTO. Inexistencia de causas de improcedencia. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la ley de la materia, por lo que procede efectuar el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Al respecto, tiene aplicación la Jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. Resultan inoperantes los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, por lo que deberá negársele el amparo y protección de la Justicia federal que solicita. Previamente, es importante destacar que de las constancias remitidas por la autoridad responsable a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se advierten los siguientes antecedentes: Que el dieciocho de noviembre de dos mil veinte, Manuel Alejandro León Moratilla, en su carácter de apoderado legal de Generator Systems LTD y Generator Sales LLP, presentó ante la Fiscalía General de la República, Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, una denuncia en contra de Sunbay Travel, Sociedad Anónima de Capital Variable y otras, en la que manifestó diversos hechos que pudieran ser constitutivos de delito, (fojas 13 a 26, anexo). Respecto de dicha denuncia, en esa propia fecha, (dieciocho de noviembre de dos mil veinte), el agente del ministerio público titular de la Unidad de Investigación y Litigación UEIDDAPI "1" en la Ciudad de México, emitió el acuerdo de asignación de expediente, el cual quedó registrado con el número FED/SEIDF/UNAI-YUC/0001328/2020, (foja 12, anexo). El veinte de abril de dos mil veintiuno, la agente del ministerio público de la federación, en funciones de fiscal adjunto de la Agencia Tercera Investigadora, Núcleo de Investigación 01, UEIDDAPI en la Ciudad de México, acordó que a las personas Generator Systems LTD y Generator Sales LLP, no les concernía la calidad de víctima u ofendido en dicha carpeta de investigación número FED/SEIDF/UNAI-YUC/0001328/2020, (fojas 240 a 246, anexo). Luego, mediante escrito presentado el veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, el apoderado legal de las aquí quejosas, presentó ampliación de denuncia, (fojas 457 a 479, anexo). El tres de noviembre de dos mil veintiuno, la agente del ministerio público de la federación, en funciones de fiscal adjunto de la Agencia Tercera Investigadora, de la Unidad de Investigación y Litigación de la Unidad de Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial, en la Ciudad de México, adscrita la Fiscalía Especializada en Control Competencia, emitió un acuerdo de incompetencia por razón de fuero; pues consideró que la autoridad competente para conocer de los hechos que dieron origen a la indagatoria era la Fiscalía General del Estado de Yucatán, por lo que declinó la competencia de la carpeta de investigación número FED/SEIDF/UNAI-YUC/0001328/2020, al agente del ministerio público en turno adscrito a la Fiscalía General del Estado de Yucatán, toda vez que consideró que los hechos que dieron origen a la investigación pudieran ser previstos y sancionados en el artículo 219, del Código Penal del Estado de Yucatán, (fojas 545 a 553, anexo). Mediante oficio de tres de diciembre de dos mil veintiuno, el Director de Investigación y Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado, con motivo de la incompetencia en la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-YUC/0001328/2020, instruyó al Fiscal Investigador de la Unidad de Atención Temprana a iniciar la correspondiente carpeta de investigación para iniciar el esclarecimiento de los hechos hasta su determinación; en cumplimiento a ello, por acuerdo de cinco de diciembre siguiente, la Fiscal de la Unidad de Atención Temprana, con sede en Mérida, instruyó el inicio de la carpeta de investigación, la cual quedó registrada con el número G8/3066/2021 (fojas 3 y 4, anexo). Dicho acuerdo, a la letra dice: "SE RECIBE OFICIO. DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ATENCIÓN TEMPRANA DEL ESTADO.- Mérida, Yucatán, México, a 05 cinco de Diciembre del año 2021 dos mil veintiuno. - - --- VISTOS: En la ciudad de Mérida, Yucatán, México, siendo las 10:40 diez horas con cuarenta minutos, del día de hoy 05 cinco de Diciembre del año 2021, se tiene por recibido el oficio marcado con el número FGE/DIAT/3098/2021, de fecha 03 tres de Diciembre del año en curso, suscrito por el ciudadano Licenciado en Derecho Eulogio Canche Pool, Director de Investigación y Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado, por medio del cual hace de conocimiento a esta representación social, que en atención al oficio número FGE-VICEFIS-4259/2021, suscrito por el Maestro en Derecho Arturo José Ambrosio Herrera, Vice Fiscal de Investigación y Control de Procesos, en el cual remite el oficio Número UEIDDAPI-III-695/2021, suscrito por las Licenciadas Yesenia Domínguez Ramírez, Agente del Ministerio Público de la Federación, de la agencia Tercera Investigadora Núcleo de Investigación 01 UEIDDAPI en la ciudad de México y la licenciada Martha Mercedes González Razo, Agente del Ministerio Público de la Federación, en funciones de Fiscal en Jefe del Núcleo de Investigación 01 de la Unidad de Investigación y Litigación- UEIDDAPI en la ciudad de México, mediante el cual remite la carpeta de investigación número FED/SEIDF/UNAI-YUC/0001328/2020, constante de 554 fojas, con motivo de Incompetencia; por lo anterior se instruye a iniciar carpeta de investigación. En mérito de lo anterior esta Autoridad, - - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDA: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PRIMERO.- Téngase por recibido el oficio FGE/DIAT/3098/2021, y ábrase la carpeta de investigación correspondiente. - - - - - - - - - - - SEGUNDO.- Practíquese cuantas diligencias sean necesarias hasta el total esclarecimiento de los hechos que dieron origen a la presente carpeta de investigación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FUNDAMENTO: Artículos 127 ciento veintisiete, 131 ciento treinta y uno, 212 doscientos doce, 213 doscientos trece, 217 doscientos diecisiete, 221 doscientos veintiuno, 222 doscientos veintidós, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor. - - - - - - - - CÚMPLASE.- Así lo acordó y firma la Licenciada en Derecho LIZZETHE ANAHÍ LUGO GÓMEZ, Fiscal de la Unidad de Atención Temprana, con sede en Mérida, Yucatán, para los fines legales que correspondan. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -" Por otra parte, conviene traer al caso, algunas consideraciones asentadas por la Fiscalía Especializada en Control de Competencia de la Ciudad de México, al declinar su competencia en la resolución de tres de noviembre de dos mil veintiuno: Que no se demuestra que las empresas denunciadas hubiesen realizado de manera dolosa y sin autorización, las obras cuya titularidad corresponde a las aquí quejosas, pues de la propia denuncia se advierte que entre ellas, firmaron un convenio de licencia de uso a fin de que pudieran utilizar la plataforma para la presentación y venta de tiempos compartidos, programa que incluso manifestó, fue instalado en diversos dispositivos de los hoteles involucrados, así como en los dispositivos de su operador y agente de ventas en Perú. Que el tipo penal establecido en el artículo 424, fracción III, del Código Penal Federal, relativo a "sin autorización correspondiente" no se encuentra colmado, pues existe una autorización previa de las denunciantes para el uso de las obras de la rama de programación de cómputo. Que tampoco se configuraba el tipo penal de secreto industrial, relativo a que la información y documentación sea confidencial, como establece el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, pues las propias denunciantes exhibieron documentos de los que se desprende que el programa utilizado fue divulgado por ellas mismas sin guardar tal confidencialidad, por lo que no se advierte el uso o revelación de un secreto industrial, pues implementaron capacitaciones al personal correspondiente para la implementación de la plataforma para que pudieran utilizarla para la presentación y venta de tiempos compartidos, aunado a que también instaló el programa de computación relativo a tal plataforma en diversos dispositivos de las denunciadas. Asentó también que para considerar que se está en presencia de un secreto industrial, resultaba esencial que la protección de la información que constituya el secreto industrial deberá ser resguardada por el propietario en lugares seguros, implementando mecanismos de seguridad tecnológica para proteger esa información, como acceso controlado a redes, uso de contraseñas, contratos y/o convenios de confidencialidad, que en el caso no acontecen. Que no se actualiza el tipo penal establecido en las fracciones IV y VI, del artículo 223, de la Ley de la Propiedad Industrial, ni tampoco en materia de Propiedad Intelectual; ya que no se configura la hipótesis de uso y/o revelación de un secreto industrial, al no estar en presencia de un hecho en el cual alguna persona use o revele un "secreto industrial", pues lo que se advierte que en el caso podría configurarse, es una posible utilización de información no autorizada por su titular. Que la conducta expuesta por la parte denunciante, aquí quejosa, atendiendo a las constancias que obran en la carpeta de investigación, de las que se desprende que los acuerdos de licencia de usuario final, términos y condiciones de los contratos soporte de capacitaciones, adendum al acuerdo de licencia de usuario, fueron suscritos en el Estado de Yucatán; por lo que, sin que sea vinculatoria para que se tipifique como delito, podría encuadrarse en el numeral 219 del Código Penal del Estado de Yucatán. Ahora bien, la parte impetrante del amparo en sus conceptos de violación reclama que la responsable al asumir la competencia para conocer de la carpeta de investigación, viola sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 17 y 20 Constitucionales, pues incide directamente en su derecho de acceso a la impartición de justicia y reparación del daño, además de que deja de lado la finalidad principal del procedimiento penal, que es la de conocer la verdad de los hechos. Aduce, que el hecho de que la responsable haya aceptado la competencia, trae como consecuencia que el procedimiento se esté tramitando no sólo por una autoridad incompetente, sino con base en reglas distintas a las del fuero al que originalmente corresponde, ya que el delito denunciado por las personas morales quejosas se encuentra previsto en los artículos 424 bis del Código Penal Federal y el artículo 223 de la Ley de Propiedad Industrial, los cuales corresponden al fuero federal. Resultan inoperantes sus argumentos, toda vez que, de manera alguna se desprende que los mismos estén encaminados a combatir lo asentado, tanto en el proveído en el que la responsable tuvo por recibida dicha incompetencia y ordenó se iniciara la carpeta de investigación G8/3066/2021, ni en la resolución de tres de noviembre de dos mil veintiuno, en la que, la Fiscalía Especializada en Control de Competencia de la Ciudad de México, declaró su incompetencia por razón de fuero y remitió la indagatoria a la Fiscalía General del Estado de Yucatán, de la que se desprenden los motivos en los que se basó para emitir su resolución de incompetencia, los cuales fueron acogidos por la responsable al admitir la competencia planteada y ordenar se realicen las diligencias necesarias hasta el total esclarecimiento de los hechos. Esto es, de sus argumentos se desprende que se limitó a realizar meras manifestaciones genéricas en relación a que la indagatoria debía llevarse en el fuero federal debido al delito denunciado, y que al asumir la autoridad responsable la competencia, vulnera su acceso a la impartición de justicia. Siendo que en el caso, dada la naturaleza del procedimiento de donde deriva el acto reclamado, no se actualiza la suplencia de la queja a favor del quejoso, por no encontrarse en los casos de excepción que establece el artículo 79 de la Ley de Amparo, aunado a que no se advierte una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. Cabe señalar, que si bien en el caso, la parte impetrante del amparo es la denunciante en la carpeta de investigación, ello no le otorga de manera automática el carácter de víctima en la indagatoria, por el que pudiera configurarse la suplencia de la queja antes referida, pues hasta el momento, de las constancias remitidas por la responsable, no se advierte que les hubiese sido reconocido tal carácter. Máxime que existe una determinación en la que se precisó que a las personas morales aquí quejosas no les reviste la calidad de víctima u ofendido. En consecuencia, al resultar inoperantes los conceptos de violación expresados por el quejoso, lo procedente es negarle el amparo y protección de la Justicia Federal que solicitó. Apoya lo anterior, lo sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en la tesis publicada en la página ciento ochenta y cuatro, Enero de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 213710, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES. LO SON CUANDO NO SE INCLUYEN ARGUMENTOS EFICACES PARA COMBATIR LAS CONSIDERACIONES QUE SUSTENTAN LA RESOLUCION RECURRIDA. Si los conceptos de violación que propone la parte quejosa en manera alguna atacan las consideraciones en que se sustentó el fallo reclamado, pues no combaten jurídicamente los razonamientos que la responsable esgrimió para fundar su decisión, tales conceptos resultan inoperantes e impiden al tribunal de amparo estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de dicha resolución, ya que de hacerlo, supliría la deficiencia de la queja en un caso no permitido por la ley." SEXTO. Publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R E S U E L V E PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a las personas morales quejosas "Generator Systems Limited" y "Generator Sales Llp", por conducto de su apoderado legal, en contra del acto que reclaman al Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación G8 de la Dirección de Trámite de Asuntos Comunes sin detenido de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, siete de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guarda este expediente y lo de cuenta, se acuerda: toda vez que de las constancias que obran en autos se desprende que no ha transcurrido el término de ocho días hábiles, con relación a la vista que se dio del informe justificado que se relacionó en el proveído de veintiséis de agosto de dos mil veintidós; por tal motivo, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan las NUEVE HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS DEL CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J.54/2000, publicada en la página 5 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril del dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 191,995, del IUS Intranet, que dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DIAS DE ANTICIPACION A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACION, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en un aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Notifíquese y cúmplase.

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