Gener de Atocha Kú Santillán
Expediente 1558/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 12 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1558/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 11/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Gener de Atocha Kú Santillán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Incidental
Mérida, Yucatán, once de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos incidentales, de donde se desprende que transcurrió el término de cinco días hábiles concedido a la parte quejosa mediante resolución interlocutoria de veintinueve de noviembre del año en curso, a fin que exhibiera la garantía fijada para que continuara surtiendo efectos la suspensión definitiva concedida, sin que lo hubiera hecho. En consecuencia, con fundamento en el artículo 136, segundo párrafo de la Ley de Amparo, al no haber dado cumplimiento la parte quejosa, LAS AUTORIDADES RESPONSABLES QUEDAN FACULTADAS PARA EJECUTAR EL ACTO RECLAMADO. Por tanto, para los efectos legales a que haya lugar, hágase lo anterior de su conocimiento. Notifíquese y cúmplase.
- Incidental
Mérida, Yucatán, cinco de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guarda el presente incidente, se acuerda: agréguese para los efectos legales que correspondan, el escrito signado por el quejoso Gener de Atocha Ku Santillán. Ahora bien, en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, expídanse las copias que solicita y entréguensele por conducto de las personas que señala, previa identificación y acuse de recibo que quede en autos. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, dos de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, se acuerda: agréguese el informe justificado rendido por el Juez Tercero de Oralidad Familiar Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. Por lo que hace al anexo remitido consistente en copias certificadas de constancias conducentes de las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria 661/2017, déjese al cuidado y buen resguardo de la secretaría de este Juzgado pero formando parte a la vez de estos autos, a fin de que las partes puedan imponerse de su contenido en caso de que así lo deseen. Para tal efecto, extráiganse de dicho legajo copias de las constancias relativas al acto reclamado, a fin de que sean certificadas y agregadas a este expediente. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes del referido informe y anexo, y relaciónense en la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase.
- Incidental
Visto para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 1558/2019-I-A, promovido por *******; y, RESULTANDO PRIMERO. En la correspondiente demanda de amparo el referido quejoso solicitó la suspensión definitiva de los actos que reclamó del Juez Tercero de Oralidad Familiar, turno vespertino, del Primer Departamento Judicial, Secretario de Seguridad Pública y Director de la Policía Estatal de Investigación, todos del Estado, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Por acuerdo dictado el veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, emitido en el juicio principal, se ordenó tramitar por separado y duplicado el incidente de suspensión, y en cumplimiento a ello, mediante proveído de la propia fecha, se abrieron los presentes autos. Asimismo, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual se llevó a cabo conforme al acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 146 de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados por la parte quejosa, que es el siguiente: Del Juez Tercero de Oralidad Familiar, turno vespertino, del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, la orden de arresto por treinta y seis horas, dictada en las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria 661/2017. Del Secretario de Seguridad Pública del Estado y Director de la Policía Estatal de Investigación, ambos con sede en esta ciudad, el cumplimiento y ejecución de dicha orden. SEGUNDO. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables en el presente asunto, pues así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes previos. TERCERO. Con fundamento en los artículos 128 interpretado en sentido contrario, y 138, fracción I, de la Ley de Amparo, respecto de la orden de arresto por treinta y seis horas, dictada en las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria 661/2017, se niega la suspensión definitiva solicitada, ya que tiene el carácter de acto consumado, contra el cual es improcedente conceder la suspensión, pues atendiendo a su naturaleza y al caso particular, equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie. Tiene aplicación al caso la tesis de jurisprudencia número 12, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con el número de registro 917546, cuyo rubro y texto dicen: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo." CUARTO. Por otra parte, en cuanto a la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, respecto de los efectos y consecuencias de dicho acto reclamado, los cuales traerían como resultado la afectación temporal a la libertad del citado quejoso. Toda vez que se encuentran reunidos los requisitos que establece el artículo 128 de la Ley de Amparo, con apoyo en los numerales 131, 136 y 139 del mismo ordenamiento legal, se concede al peticionario de amparo Gener de Atocha Kú Santillán la medida cautelar solicitada. Lo anterior, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, esto es, para que no se ejecute la medida de apremio consistente en el arresto del quejoso, hasta que se notifique a las autoridades responsables que ha quedado firme la resolución que ponga fin al juicio principal del que deriva este incidente; pues de no concederse haría imposible la restitución del derecho fundamental al promovente del amparo. De ahí que para efecto de mantener la materia del juicio constitucional sea procedente la concesión de la medida. Apoya lo anterior la tesis aislada número I.3o.C.48 K, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que aparece publicada en la página 1102, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, abril del 2003, con número de registro 184463, bajo el rubro y texto siguientes: "MEDIDAS DE APREMIO DICTADAS POR AUTORIDAD JUDICIAL. IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN, SALVO QUE SE TRATE DEL ARRESTO. La suspensión en el juicio de amparo es la institución jurídica por virtud de la cual la autoridad que conoce del juicio de garantías ordena a las autoridades señaladas como responsables que mantengan paralizada o detenida su actuación durante todo el tiempo que dure la sustanciación del juicio de garantías, a fin de que no ejecuten los actos reclamados y no queden irreparablemente consumadas las violaciones alegadas; medida cautelar cuya procedencia está determinada por la concurrencia de los requisitos que establece el artículo 124 de la Ley de Amparo, que en síntesis son los siguientes: a) que lo solicite el agraviado; b) que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; c) que sean de difícil reparación los daños y perjuicios causados con la ejecución del acto. De acuerdo con tales premisas es inconcuso que no procede conceder la suspensión respecto de la ejecución de medidas de apremio decretadas por las autoridades judiciales cuyo propósito sea vencer la contumacia del quejoso a cumplir una determinación, pues no se satisface el segundo de los mencionados requisitos, en tanto la sociedad está interesada en que no se entorpezcan los procedimientos judiciales, ni la observancia de los fallos que establecen la verdad legal; de lo contrario se alargarían los litigios indefinidamente con grave perjuicio para la colectividad y se violarían disposiciones de orden público. Sin embargo, esta conclusión no debe comprender a la ejecución de la orden de arresto a pesar de que se haya decretado como medida de apremio, porque de no concederse en este caso, se consumaría irreparablemente la privación de la libertad personal del quejoso y quedaría sin materia el juicio de amparo; en otras palabras, ni siquiera un eventual otorgamiento de la protección constitucional podría restituir al peticionario en el goce de su garantía individual, porque la afectación de la libertad no puede repararse a través de ningún medio jurídico.". Así como por analogía, la diversa 1a./J. 109/2011 (9a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1059, del Libro I, Octubre de 2011, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro: 160811, que establece: "ORDEN DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INDICIADO PARA DECLARAR DENTRO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. SI BIEN NO TIENE LOS ALCANCES DE UNA ORDEN DE DETENCIÓN, AFECTA TEMPORALMENTE LA LIBERTAD DEAMBULATORIA DE LA PERSONA. La comparecencia ante el agente del Ministerio Público, obtenida a través del cumplimiento de la orden de localización, búsqueda y presentación del indiciado para que declare dentro de la averiguación previa, si así lo estima conveniente, si bien es verdad no tiene como propósito lograr su detención, no menos cierto es que, dados sus efectos restrictivos del espacio al cual habrá de sujetarse al indiciado, se limita temporalmente su derecho a la libertad, ya que una vez cumplida, ésta finaliza al instante que el Ministerio Público desahoga la diligencia que motiva su presencia, y es hasta ese momento en que -de no existir alguna causa legal que lo impida-, podrá retirarse del lugar para regresar a sus actividades cotidianas y, por tanto, es evidente que sí se afecta la libertad deambulatoria de la persona involucrada." Dicha medida cautelar surte sus efectos desde luego pero dejará de surtirlos si la parte quejosa no constituye depósito dentro del término de cinco días siguientes a aquél en que quede legalmente notificada de este proveído, la cantidad discrecional de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional), para garantizar posibles daños y perjuicios a terceros, que con la medida cautelar concedida podrían causarse si no obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo respectivo; decisión que encuentra fundamento en el artículo 132 de la Ley de Amparo. Garantía que podrá presentar en billete de depósito, expedido por la sucursal del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, en esta ciudad, o en cualquiera de las formas establecidas en la ley que rija el acto reclamado. Lo anterior, de conformidad con la tesis de jurisprudencia 2ª./J. 15/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 419, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, correspondiente al mes de marzo de dos mil seis, localizable con número de registro 175421 en el IUS Intranet, con el texto y rubro siguientes: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. EL JUZGADOR NO DEBE DETERMINAR LA NATURALEZA DE LA GARANTÍA QUE EL QUEJOSO HABRÁ DE EXHIBIR PARA QUE AQUÉLLA SURTA EFECTOS, SALVO LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO. De lo previsto por los artículos 125, 126, 127, 128, 173 y 174 de la citada Ley, se advierte que el Juez de Distrito o la autoridad que conoce del juicio de garantías o de la suspensión no están facultados para determinar la naturaleza de la garantía o caución que deba presentar el quejoso para que surta efectos la suspensión del acto reclamado, por lo que basta determinen su monto para que se exhiba en cualquiera de las formas establecidas por la ley, salvo lo que establece el artículo 135 del mismo ordenamiento legal, respecto del cobro de contribuciones." En el supuesto de que exhiba la garantía mediante billete de depósito, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, deberá ser a disposición de este Juzgado y contener la leyenda siguiente: "otorgo autorización al Secretario Técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia para que solicite y reciba de la institución crediticia la información pertinente". Lo anterior, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 883 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, publicado el dos de enero de dos mil quince. Si se exhibe póliza de fianza, deberá ser a disposición de este Juzgado y a favor de la Tesorería de la Federación, como lo establece el artículo 45 de la Ley de Tesorería de la Federación y por tiempo indeterminado, conforme al precepto 126 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, y la compañía respectiva deberá comprometerse a sujetarse al trámite previsto en los numerales 279 a 282 del último ordenamiento para, en su caso, hacerla efectiva. En la inteligencia de que este órgano jurisdiccional no adquiere obligación alguna con relación a la obtención de intereses, rendimientos o contraprestaciones por la suma depositada, pues no genera intereses la garantía exhibida para que surta sus efectos la suspensión, como así deberá asentarse en el billete de referencia. Asimismo, dicho billete o póliza de fianza deberá contener los siguientes requisitos: Nombre del quejoso (depositante). Número de expediente dentro del que se gestiona la garantía. Juzgado ante el que se otorga la garantía. Concepto para el cual se exhibe la garantía. Importe por el cual se expidió el certificado o póliza para otorgar la garantía, y Fecha de expedición del certificado o póliza de garantía. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 28/2006, de la Primera Sala de la Suprema Corte Justicia de la Nación, visible en la página 264, Tomo XXIV, Julio de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 174590, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SU CONCESIÓN DEBE CONDICIONARSE A LA EXHIBICIÓN DE GARANTÍA SUFICIENTE CUANDO SE RECLAMA UNA ORDEN DE ARRESTO DECRETADA EN UN JUICIO CIVIL O MERCANTIL Y LA MEDIDA CAUTELAR PUEDA OCASIONAR DAÑOS O PERJUICIOS AL PATRIMONIO DEL TERCERO PERJUDICADO. La necesidad de fijar una garantía al conceder la suspensión en el juicio de amparo contra la ejecución de una orden de arresto decretada como medida de apremio en un procedimiento de naturaleza civil o mercantil depende de la naturaleza del requerimiento que se haya formulado al quejoso, en tanto que en ese tipo de procedimientos pueden dictarse requerimientos que, de no cumplirse, afectan los bienes o derechos de la contraparte. En ese tenor, en la hipótesis referida es necesario condicionar la concesión de la suspensión a la exhibición de garantía suficiente para la reparación e indemnización de los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse al tercero perjudicado, en caso de que la dilación en el cumplimiento del requerimiento -origen de la orden de arresto- no sólo implique un retraso en el trámite del procedimiento natural, sino una afectación directa a los bienes o derechos del tercero perjudicado que se traduzca en un daño a su patrimonio; regla que debe entenderse referida únicamente al supuesto de las partes en el juicio natural, esto es, actor y demandado." Y la diversa tesis aislada I.3o.C.546 C, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2123, Tomo XXIII, Marzo de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 175419, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA LA ORDEN DE ARRESTO COMO MEDIDA DE APREMIO DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO CIVIL. PROCEDE FIJAR DISCRECIONALMENTE LA GARANTÍA PARA QUE CONTINÚE SURTIENDO EFECTOS. La contraparte del quejoso en un juicio de origen diverso al orden penal tiene el carácter de tercera perjudicada, cuando su interés es lograr que se doblegue una actitud de resistencia a una orden judicial a través del medio de apremio consistente en un arresto, el cual tiene su fundamento en el artículo 17 constitucional, que exige una administración de justicia pronta, completa e imparcial, y constituye una facultad otorgada a la autoridad judicial para obtener el cumplimiento de sus determinaciones, el cual puede dictarse fuera o dentro de un procedimiento judicial afectando tanto a las partes en el mismo como a terceros. De manera que, la imposición de la medida de apremio se produce como consecuencia de la conducta contumaz del obligado frente a la orden que contiene el apercibimiento de imposición del arresto o decreta éste con el fin de hacer cumplir el mandato judicial, venciendo la resistencia de quien se opone a su acatamiento, por lo que, cuando se dicta un arresto como medida de apremio, lo que subyace es el desacato de una determinación judicial, esto es, la obstaculización a la pronta y efectiva impartición de justicia, que hizo necesaria la emisión de ese medio de coerción que se encuentra a disposición de las autoridades judiciales para vencer la resistencia de las partes en el juicio o de terceros. La anterior circunstancia no impide que se conceda la suspensión del acto reclamado, sea provisional, como en la especie, o definitiva, tratándose del arresto decretado como medio de apremio. Empero, los efectos de la concesión de la medida cautelar deben estar condicionados al otorgamiento de una garantía que cubra los daños y perjuicios que pueda sufrir la tercera perjudicada, es decir, la contraparte de la quejosa en el juicio de origen, sea que ésta tenga material y formalmente el carácter de parte en ese procedimiento, o que siendo tercero ajeno al mismo se encuentre obligado a cumplir, o a no impedir que se cumpla, una determinación judicial derivada de la actuación de la propia tercera perjudicada. La necesidad de que se fije esa garantía deriva de la mencionada relación entre la medida decretada y la decisión judicial, cuyo cumplimiento ha sido obstaculizado provocando la emisión de aquélla, dado que la concesión misma de la suspensión generará que no pueda compelerse a la quejosa al acatamiento de la determinación del juzgador responsable, con el consiguiente obstáculo a la previsión del artículo 17 constitucional sobre la administración de una justicia pronta, completa e imparcial. Tal situación, evidentemente, que no sólo atenta contra lo establecido en ese precepto, sino que también es susceptible de generar daños y perjuicios a la tercera perjudicada, en tanto parte interesada en que se venza la conducta de desacato de quien se opone al cumplimiento de una determinación judicial que es el objetivo de la imposición de una medida de apremio como el arresto, lo que no se podrá lograr, se insiste, en tanto dure la paralización propia de la medida cautelar. De ahí, que exista la necesidad de establecer esa garantía, la cual deberá fijarse de manera discrecional por el órgano de control constitucional, en términos del párrafo segundo del artículo 125 de la Ley de Amparo, si se trata de un medio de apremio consistente en un arresto impuesto a una persona que se ostenta como tercera extraña al juicio de origen y no existen elementos en el incidente de suspensión que permitan determinar el monto de los posibles daños y perjuicios, ya que debe considerarse que tratándose de la suspensión provisional, el órgano de control constitucional está, por lo general, imposibilitado materialmente para determinar el monto de la garantía atinente a los daños y perjuicios, dada la escasez de elementos que suele existir al tener ante sí únicamente la demanda y, en su caso, los anexos que hubiera adjuntado la parte quejosa, pero no las constancias remitidas por la autoridad responsable que puedan dar mayor precisión a la determinación respectiva que, por tanto, debe emitirse conforme a la apuntada facultad discrecional." Por lo expuesto y considerado, con apoyo en los artículos 125, 128, 144, 146, 215, 216 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE PRIMERO. Se niega a *******, la suspensión definitiva que solicitó, por los motivos expuestos en el considerado tercero de la misma. SEGUNDO. Se concede a Gener de Atocha Kú Santillán, la suspensión definitiva solicitada respecto de los efectos y consecuencias del acto reclamado, en los términos y condiciones expuestos en el considerado cuarto que antecede. Notifíquese y cúmplase.
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