Genaro Romero Bojórquez

Expediente 759/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
759/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
12/01/2022

Partes del expediente

  • Genaro Romero Bojórquez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta y en atención al estado procesal de los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el acuerdo de veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Genaro Romero Bojórquez; por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, párrafo segundo, de dicho ordenamiento legal, se declara que el citado acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. En ese contexto, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificados los quejosos del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción, dado que por auto de dos de diciembre de dos mil veintiuno, se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 21, penúltimo párrafo, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente juicio de amparo, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.

  2. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de cuenta, promovida por Genaro Romero Bojórquez, por propio derecho, contra actos del Jefe del Distrito de Riego 075, de la Comisión Nacional del Agua Ingeniero Ricardo Camarena, con sede en esta ciudad, y otra autoridad; fórmese expediente tanto impreso como electrónico, regístrese en el libro de gobierno correspondiente a los juicios de amparo con el número 579/2021-4B. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la actual Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo DESECHARÁ DE PLANO. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO.". En ese sentido, se advierte que en el caso concreto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción XXIII, en relación con los diversos 5, fracción I y 6 de la Ley de Amparo, atendiendo a las siguientes consideraciones: El artículo 204 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, establece que se reputa autor de un documento privado al que lo suscribe y que por suscripción se entiende la colocación, al pie del escrito, de las palabras idóneas para identificar a la persona que suscribe; además, el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, define a la firma como el nombre y apellidos escritos por una persona de su propia mano en un documento, con o sin rúbrica. Ahora bien, tomando en consideración la certificación de cuenta de la que se desprende que el escrito que se provee carece de firma autógrafa de la supuesta promovente, al haber sido presentada en fotocopia simple; entonces, si la voluntad de las partes se manifiesta a través de la firma, es evidente que se desconoce si fue voluntad de Genaro Romero Bojórquez (nombre que aparece en el escrito de demanda) interponer juicio de amparo; consecuentemente, y como el juicio de amparo se sigue siempre a instancia de parte agraviada, por disponerlo así el artículo 107 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe desecharse la demanda que nos ocupa, en virtud que de otra manera, se fomentaría la práctica viciosa de que cualquier persona, a nombre del interesado, presentara oportunamente escritos para que posteriormente, en cualquier momento, sea subsanada la omisión de voluntad de promover correctamente. Ahora bien, del análisis de la demanda, este juzgador advierte que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 63 fracción XXIII, en relación con los diversos 5 fracción I y 6 de la Ley de Amparo, de ahí que deba DESECHARSE LA DEMANDA DE AMPARO de que se trata. Tiene sustento lo antedicho la tesis con registro 218141, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Octava Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo X, Octubre de 1992, página 314, cuyo rubro es "DEMANDA DE AMPARO IMPROCEDENTE POR FALTA DE FIRMA". Por su parte los artículos antes mencionados disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 5. El amparo indirecto procede: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico..." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". El artículo 6 de la ley en la materia, transcrito en líneas que anteceden, establece que el juicio constitucional siempre se seguirá a instancia de parte agraviada, es decir, que como presupuesto de procedencia de la acción constitucional se requiere la demostración del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que al quejoso corresponde con relación a los derechos u obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado, lo que implica que uno de los presupuestos de procedencia de la acción constitucional es la demostración plena del interés jurídico, por lo tanto, el interés del impetrante de amparo sólo se puede surtir en la medida que demuestre que el acto de autoridad reclamado le causa molestias en su esfera jurídica. En ese sentido, del análisis de la demanda de amparo promovida en esta instancia, se obtiene que ésta carece de firma original autógrafa del promovente, en razón que su ocurso presentado como original, se refleja en copia simple, lo que se corrobora con lo asentado por la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, que en lo que nos atañe, asentó en el sello de recepción correspondiente: "LA PRESENTE CUENTA CON FIRMA EN COPIA, ." (sic). Bajo ese tenor, siendo que la firma es el signo gráfico material eficaz y apto para que una persona respalde promociones por escrito, para que el suscriptor se responsabilice de su contenido, de ahí que la falta de firma original autógrafa tiene como consecuencia que el referido escrito no constituya demanda y no pueda considerarse como agraviado al que no firmó, acorde a lo que establece el artículo 6 de la Ley de Amparo en vigor. En efecto, el juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, es decir, la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por el acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, y la única manera de que el particular inste al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, es presentando la demanda de amparo externado su voluntad, signado y respaldando lo ahí contenido. Bajo esa premisa, un escrito de demanda presentado sin firma original autógrafa, equivale a un anónimo que no obliga al órgano jurisdiccional a realizar ningún acto procesal tendente a darle curso legal, pues su falta de firma original, en lugar de ser una deficiencia que pueda ser corregida, constituye una ausencia en la expresión de la voluntad de presentar su libelo constitucional. Es aplicable a lo anterior, la tesis del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, página 314, Tomo X, Octubre de 1992, el Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO IMPROCEDENTE POR FALTA DE FIRMA". De igual forma, cobra aplicación la tesis VI.1o.151 K, del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable a página 303, Tomo XV-II, Febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, de título siguiente: "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA O HUELLA DEL PROMOVENTE. ES CORRECTO DESECHARLA". Así como, en lo conducente la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable a página 96, Volumen 175-180, Sexta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "FIRMA DE LA DEMANDA DE AMPARO, FALTA DE. EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA ES CORRECTO, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTICULO 145 DE LA LEY DE AMPARO, POR SER UNA MANIFIESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA". En tales condiciones se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación a los numerales 5 y 6, de la ley invocada, por tanto, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA, con apoyo en el artículo 113, del citado ordenamiento legal. No pasa inadvertido para este órgano de control constitucional, la jurisprudencia 2ª/J. 32/2011 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 3632, Libro IV, Tomo IV, enero de 2012, Décima Época, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, intitulada "PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA"; sin embargo, no es aplicable al caso concreto, porque en ésta, al Más Alto Tribunal del país se circunscribió a establecer que, cuando los oficiales de partes de los órganos jurisdiccionales, quienes ".son servidores públicos que, aun cuando pertenecen a la rama jurisdiccional, realizan funciones materialmente administrativas vinculadas directamente con la recepción, registro y turno de las promociones vinculadas con los órganos jurisdiccionales a los que se encuentran adscritos, entre las que destaca, para lo que al caso interesa y en términos del numeral 8 arriba aludido, la de denegar las promociones que no cumplan con los requisitos de ley.", al recibir una copia de la promoción sin firma en calidad de original, empero, entregan por error, como acuse, el original con la firma autógrafa del quejoso, el cual adquiere valor probatorio pleno, es un elemento que permite presumir que la presentación de la demanda original sí contaba con tal signatura, en la medida de que el oficial de partes la recibió sin asentar razón alguna de ese defecto, por lo que ".a efecto de garantizar el cumplimiento de los principios de legalidad y certeza a los que se ha hecho alusión, es menester que las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales desempeñen sus funciones diligentemente, razón por la que deben relacionar con precisión los documentos que reciben y anotar si éstos se entregaron en original y con la firma autógrafa del promovente. Ello, en la lógica de que lo asentado en el acuse de recibo o razón que levanten, será un elemento determinante para verificar qué escritos se presentaron, los anexos que se recibieron, en qué fecha, y si éstos cumplían los requisitos legales, entre los que se encuentra, en el juicio de amparo, el de contar con la firma autógrafa del promovente.". Sin embargo, y como se adelantó, lo así dicho no beneficia al promovente de amparo, porque en el presente caso no existió la intervención de algún servidor público adscrito a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, que estuviera en la aptitud de observar y calificar que la demanda por él recibida tuviera firma autógrafa y, por consiguiente, asentar la razón de tal defecto; por tanto, si en algún momento existió alguna irregularidad en la presentación de la demanda de amparo, es totalmente imputable al quejoso. En efecto, la citada demanda de amparo se presentó en el Buzón Judicial que se encuentra en la entrada principal del edificio sede del Poder Judicial de la Federación, en Los Mochis, Sinaloa, pues así se advierte de la boleta con número de folio 513523 y sello checador "OCC JD. LOS MOCHIS, SIN"; por su parte, el servidor público que tomó la presente demanda de amparo del citado Buzón Judicial, la registró en el sistema correspondiente (que turna a los distintos Juzgados de Distrito de esta circunscripción territorial, las demandas y promociones presentadas en dicho buzón), y apuntó en la boleta condigna, lo siguiente: "LA PRESENTE CUENTA CON FIRMA EN COPIA ."; por tanto, como ningún servidor público intervino en la recepción de la demanda de amparo en estudio, que pudiera denegar la recepción del documento o asentar las posibles irregularidades en su recepción, es que, el promovente es el único responsable de la omisión aquí detectada, en el sentido de que su demanda de amparo no cuenta firma autógrafa, y ello origina que deba desecharse por notoriamente improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XVII.7 K(10ª), del Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible a páginas 2154, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, correspondiente al mes de mayo de dos mil quince, Tomo III, Décima Época, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN LOS BUZONES JUDICIALES DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO DE PLANO SI CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 32/2011 (10a.)]. En el caso específico del depósito de documentos en los Buzones Judiciales de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, para la recepción de asuntos nuevos y promociones de término que no tengan el carácter de urgentes en horario nocturno, es inconcuso que, al operar fuera del horario de oficina, no obra intervención alguna por el personal adscrito para poder revisar y denegar las promociones que no cumplan con los requisitos de ley, o bien, para asentar esta circunstancia en el acuse o razón correspondiente, conforme al Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el 17 de mayo de 2011 en el Diario Oficial de la Federación. Por esta razón, la obligación de verificar que los asuntos y promociones depositados estén debidamente firmados, integrados y dirigidos a los Tribunales de Circuito o Juzgados de Distrito a los que presta servicio la Oficina de Correspondencia Común de que se trate, recae en los usuarios de dichos buzones. En consecuencia, si el Juez de Distrito que recibe la demanda de amparo presentada en los Buzones Judiciales advierte que carece de firma autógrafa, requisito sine qua non que manifiesta la voluntad de quien suscribe el documento y que no es susceptible de ser sobrentendida ni inferirse a través de la búsqueda o deducción de la presentación de la demanda, debe desecharla de plano, por existir una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, en esta hipótesis es inaplicable la jurisprudencia 2a./J. 32/2011 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro IV, Tomo 4, enero de 2012, página 3632, de rubro: "PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA."" Por única ocasión, se ordena notificar la presente determinación en el domicilio señalado en el escrito de demanda. Sin que se tenga como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en el escrito de demanda, ni con el carácter de autorizados a las personas señaladas, puesto que al no contar con firma dicho escrito no hay voluntad expresa de designarlos. Finalmente, en virtud de la carga de trabajo que prevalece en este órgano jurisdiccional y a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2, se habilitan días y horas inhábiles respecto a todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DICTADO EL VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO QUE DICE: Los Mochis, Sinaloa, veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de cuenta, promovida por Genaro Romero Bojórquez, por propio derecho, contra actos del Jefe del Distrito de Riego 075, de la Comisión Nacional del Agua Ingeniero Ricardo Camarena, con sede en esta ciudad, y otra autoridad; fórmese expediente tanto impreso como electrónico, regístrese en el libro de gobierno correspondiente a los juicios de amparo con el número 579/2021-4B. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la actual Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo DESECHARÁ DE PLANO. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO.". En ese sentido, se advierte que en el caso concreto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción XXIII, en relación con los diversos 5, fracción I y 6 de la Ley de Amparo, atendiendo a las siguientes consideraciones: El artículo 204 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, establece que se reputa autor de un documento privado al que lo suscribe y que por suscripción se entiende la colocación, al pie del escrito, de las palabras idóneas para identificar a la persona que suscribe; además, el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, define a la firma como el nombre y apellidos escritos por una persona de su propia mano en un documento, con o sin rúbrica. Ahora bien, tomando en consideración la certificación de cuenta de la que se desprende que el escrito que se provee carece de firma autógrafa de la supuesta promovente, al haber sido presentada en fotocopia simple; entonces, si la voluntad de las partes se manifiesta a través de la firma, es evidente que se desconoce si fue voluntad de Genaro Romero Bojórquez (nombre que aparece en el escrito de demanda) interponer juicio de amparo; consecuentemente, y como el juicio de amparo se sigue siempre a instancia de parte agraviada, por disponerlo así el artículo 107 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe desecharse la demanda que nos ocupa, en virtud que de otra manera, se fomentaría la práctica viciosa de que cualquier persona, a nombre del interesado, presentara oportunamente escritos para que posteriormente, en cualquier momento, sea subsanada la omisión de voluntad de promover correctamente. Ahora bien, del análisis de la demanda, este juzgador advierte que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 63 fracción XXIII, en relación con los diversos 5 fracción I y 6 de la Ley de Amparo, de ahí que deba DESECHARSE LA DEMANDA DE AMPARO de que se trata. Tiene sustento lo antedicho la tesis con registro 218141, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Octava Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo X, Octubre de 1992, página 314, cuyo rubro es "DEMANDA DE AMPARO IMPROCEDENTE POR FALTA DE FIRMA". Por su parte los artículos antes mencionados disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 5. El amparo indirecto procede: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico..." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". El artículo 6 de la ley en la materia, transcrito en líneas que anteceden, establece que el juicio constitucional siempre se seguirá a instancia de parte agraviada, es decir, que como presupuesto de procedencia de la acción constitucional se requiere la demostración del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que al quejoso corresponde con relación a los derechos u obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado, lo que implica que uno de los presupuestos de procedencia de la acción constitucional es la demostración plena del interés jurídico, por lo tanto, el interés del impetrante de amparo sólo se puede surtir en la medida que demuestre que el acto de autoridad reclamado le causa molestias en su esfera jurídica. En ese sentido, del análisis de la demanda de amparo promovida en esta instancia, se obtiene que ésta carece de firma original autógrafa del promovente, en razón que su ocurso presentado como original, se refleja en copia simple, lo que se corrobora con lo asentado por la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, que en lo que nos atañe, asentó en el sello de recepción correspondiente: "LA PRESENTE CUENTA CON FIRMA EN COPIA, ." (sic). Bajo ese tenor, siendo que la firma es el signo gráfico material eficaz y apto para que una persona respalde promociones por escrito, para que el suscriptor se responsabilice de su contenido, de ahí que la falta de firma original autógrafa tiene como consecuencia que el referido escrito no constituya demanda y no pueda considerarse como agraviado al que no firmó, acorde a lo que establece el artículo 6 de la Ley de Amparo en vigor. En efecto, el juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, es decir, la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por el acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, y la única manera de que el particular inste al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, es presentando la demanda de amparo externado su voluntad, signado y respaldando lo ahí contenido. Bajo esa premisa, un escrito de demanda presentado sin firma original autógrafa, equivale a un anónimo que no obliga al órgano jurisdiccional a realizar ningún acto procesal tendente a darle curso legal, pues su falta de firma original, en lugar de ser una deficiencia que pueda ser corregida, constituye una ausencia en la expresión de la voluntad de presentar su libelo constitucional. Es aplicable a lo anterior, la tesis del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, página 314, Tomo X, Octubre de 1992, el Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO IMPROCEDENTE POR FALTA DE FIRMA". De igual forma, cobra aplicación la tesis VI.1o.151 K, del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable a página 303, Tomo XV-II, Febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, de título siguiente: "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA O HUELLA DEL PROMOVENTE. ES CORRECTO DESECHARLA". Así como, en lo conducente la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable a página 96, Volumen 175-180, Sexta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "FIRMA DE LA DEMANDA DE AMPARO, FALTA DE. EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA ES CORRECTO, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTICULO 145 DE LA LEY DE AMPARO, POR SER UNA MANIFIESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA". En tales condiciones se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación a los numerales 5 y 6, de la ley invocada, por tanto, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA, con apoyo en el artículo 113, del citado ordenamiento legal. No pasa inadvertido para este órgano de control constitucional, la jurisprudencia 2ª/J. 32/2011 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 3632, Libro IV, Tomo IV, enero de 2012, Décima Época, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, intitulada "PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA"; sin embargo, no es aplicable al caso concreto, porque en ésta, al Más Alto Tribunal del país se circunscribió a establecer que, cuando los oficiales de partes de los órganos jurisdiccionales, quienes ".son servidores públicos que, aun cuando pertenecen a la rama jurisdiccional, realizan funciones materialmente administrativas vinculadas directamente con la recepción, registro y turno de las promociones vinculadas con los órganos jurisdiccionales a los que se encuentran adscritos, entre las que destaca, para lo que al caso interesa y en términos del numeral 8 arriba aludido, la de denegar las promociones que no cumplan con los requisitos de ley.", al recibir una copia de la promoción sin firma en calidad de original, empero, entregan por error, como acuse, el original con la firma autógrafa del quejoso, el cual adquiere valor probatorio pleno, es un elemento que permite presumir que la presentación de la demanda original sí contaba con tal signatura, en la medida de que el oficial de partes la recibió sin asentar razón alguna de ese defecto, por lo que ".a efecto de garantizar el cumplimiento de los principios de legalidad y certeza a los que se ha hecho alusión, es menester que las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales desempeñen sus funciones diligentemente, razón por la que deben relacionar con precisión los documentos que reciben y anotar si éstos se entregaron en original y con la firma autógrafa del promovente. Ello, en la lógica de que lo asentado en el acuse de recibo o razón que levanten, será un elemento determinante para verificar qué escritos se presentaron, los anexos que se recibieron, en qué fecha, y si éstos cumplían los requisitos legales, entre los que se encuentra, en el juicio de amparo, el de contar con la firma autógrafa del promovente.". Sin embargo, y como se adelantó, lo así dicho no beneficia al promovente de amparo, porque en el presente caso no existió la intervención de algún servidor público adscrito a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, que estuviera en la aptitud de observar y calificar que la demanda por él recibida tuviera firma autógrafa y, por consiguiente, asentar la razón de tal defecto; por tanto, si en algún momento existió alguna irregularidad en la presentación de la demanda de amparo, es totalmente imputable al quejoso. En efecto, la citada demanda de amparo se presentó en el Buzón Judicial que se encuentra en la entrada principal del edificio sede del Poder Judicial de la Federación, en Los Mochis, Sinaloa, pues así se advierte de la boleta con número de folio 513523 y sello checador "OCC JD. LOS MOCHIS, SIN"; por su parte, el servidor público que tomó la presente demanda de amparo del citado Buzón Judicial, la registró en el sistema correspondiente (que turna a los distintos Juzgados de Distrito de esta circunscripción territorial, las demandas y promociones presentadas en dicho buzón), y apuntó en la boleta condigna, lo siguiente: "LA PRESENTE CUENTA CON FIRMA EN COPIA ."; por tanto, como ningún servidor público intervino en la recepción de la demanda de amparo en estudio, que pudiera denegar la recepción del documento o asentar las posibles irregularidades en su recepción, es que, el promovente es el único responsable de la omisión aquí detectada, en el sentido de que su demanda de amparo no cuenta firma autógrafa, y ello origina que deba desecharse por notoriamente improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XVII.7 K(10ª), del Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible a páginas 2154, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, correspondiente al mes de mayo de dos mil quince, Tomo III, Décima Época, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN LOS BUZONES JUDICIALES DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO DE PLANO SI CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 32/2011 (10a.)]. En el caso específico del depósito de documentos en los Buzones Judiciales de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, para la recepción de asuntos nuevos y promociones de término que no tengan el carácter de urgentes en horario nocturno, es inconcuso que, al operar fuera del horario de oficina, no obra intervención alguna por el personal adscrito para poder revisar y denegar las promociones que no cumplan con los requisitos de ley, o bien, para asentar esta circunstancia en el acuse o razón correspondiente, conforme al Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el 17 de mayo de 2011 en el Diario Oficial de la Federación. Por esta razón, la obligación de verificar que los asuntos y promociones depositados estén debidamente firmados, integrados y dirigidos a los Tribunales de Circuito o Juzgados de Distrito a los que presta servicio la Oficina de Correspondencia Común de que se trate, recae en los usuarios de dichos buzones. En consecuencia, si el Juez de Distrito que recibe la demanda de amparo presentada en los Buzones Judiciales advierte que carece de firma autógrafa, requisito sine qua non que manifiesta la voluntad de quien suscribe el documento y que no es susceptible de ser sobrentendida ni inferirse a través de la búsqueda o deducción de la presentación de la demanda, debe desecharla de plano, por existir una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, en esta hipótesis es inaplicable la jurisprudencia 2a./J. 32/2011 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro IV, Tomo 4, enero de 2012, página 3632, de rubro: "PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA."" Por única ocasión, se ordena notificar la presente determinación en el domicilio señalado en el escrito de demanda. Sin que se tenga como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en el escrito de demanda, ni con el carácter de autorizados a las personas señaladas, puesto que al no contar con firma dicho escrito no hay voluntad expresa de designarlos. Finalmente, en virtud de la carga de trabajo que prevalece en este órgano jurisdiccional y a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2, se habilitan días y horas inhábiles respecto a todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal.

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