Genaro Miranda Baez
Expediente 85/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 22 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 85/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 05/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Genaro Miranda Baez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a lo acordado en proveído de seis de septiembre de dos mil veintiuno (notificado personalmente el siete siguiente), en cuanto a la declaración que hizo este Juzgado Federal en el sentido de que la ejecutoria de amparo quedó cumplida. Con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado del presente proveído sin necesidad de nuevo acuerdo previa anotación en el libro de gobierno correspondiente archívese el presente como asunto concluido. Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de depuración, dado que por resolución dictada por este juzgado el treinta de junio de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y la protección de la justicia de la unión el presente juicio de amparo; motivo por el cual, deberá conservarse la demanda y resolución inherentes al presente juicio de amparo, y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo que deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirá, una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General conjunto número 18/2020. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales,ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos 18 y 21 del Acuerdo General citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, acompañando copia digitalizada, debidamente certificada de la demanda y de la sentencia dictada en el presente juicio; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.
- Principal
Visto el estado procesal de los presentes autos y con la vista que se le hizo al quejoso por autos de once y veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, para que en el término de tres días contados a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación, manifestara lo que a su derecho conviniese, y con el apercibimiento que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las partes. Los citados proveídos se le notificaron a la parte quejosa personalmente el trece y veintisiete de agosto del dos mil veintiuno, sin que se desahogara tal vista. Por tanto, este órgano de control constitucional, con fundamento en los documentos que obran en autos, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento del fallo protector. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de marzo del 2000, Novena Época, bajo el rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia de treinta de junio de dos mil veintiuno, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis, resolvió conceder el amparo solicitado por Genaro Miranda Báez, para los siguientes efectos: ". SEXTO. Efectos del amparo. La concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, considerando que los efectos del amparo se limitan a proteger los derechos violados de la impetrante exclusivamente, esto es, tienen efectos individuales y no generales conforme al principio de relatividad que rige el juicio de amparo, debe ser para el efecto de que la autoridad responsable Dirección de Ingresos del Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, dejen insubsistente cualquier acto privativo de los derechos de propiedad y posesión, así como, en su caso, el "ACTA DE REMATE" del treinta de noviembre de dos mil trece, dictada en el procedimiento administrativo de ejecución DI/PAE/1039/2013 (del bien inmueble ubicado en calle Garza Romero número 2163, fraccionamiento Villas Monterrey Sección I, Los Mochis, Ahome, Sinaloa), así como la adjudicación de dicho inmueble al INFONAVIT, y para el supuesto de considerar la instauración de un procedimiento administrativo de ejecución contra el impetrante de amparo, en relación con el inmueble de mérito otorgue al quejoso la garantía de audiencia establecida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que éste se encuentre en posibilidad de defender sus derechos; mientras que, por lo que hace al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores, deberá cancelar cualquier registro de adjudicación a su favor; además de que deberá realizar los actos necesarios con el fin de reactivar el crédito número 9725204817 a nombre del quejoso. ." La citada sentencia de amparo causó ejecutoria por auto de veintidós de julio de dos mil veintiuno, y se requirió de las responsables su cumplimiento. En ese sentido, mediante oficio sin número recibido en este juzgado el diez de agosto de dos mil veintiuno, el Delegado de la autoridad responsable Presidente Municipal del Ayuntamiento de Ahome, con domicilio en esta ciudad, allegó el oficio número TESO.DCOB.2021.00348 de treinta de julio de dos mil veintiuno, por medio del cual el Director de Cobranza del Municipio de Ahome, le informa y le solicita al Director de Asuntos Jurídicos del Municipio de Ahome, deje sin efectos legales todo lo actuado en procedimiento administrativo de ejecución DI/PAE/1039/2013; por su parte el apoderado legal de la autoridad responsable Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, mediante oficio recibido en este juzgado el veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, manifestó que el crédito número 9725204817 a nombre del aquí quejoso, ya se encuentra activo en los sistemas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, por tal motivo se pueden hacer los pagos correspondientes a la amortización, para lo cual adjuntó a su oficio la pantalla del sistema interno del INFONAVIT, en la cual se observa el apartado de: Status No. Crédito Actual: AC- Activo. En ese tenor, si la protección constitucional se concedió para el efecto de que la autoridad responsable Dirección de Ingresos del Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, dejara insubsistente cualquier acto privativo de los derechos de propiedad y posesión del inmueble controvertido y la autoridad responsable Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores cancelara cualquier registro de adjudicación a su favor y además realizara los actos necesarios con el fin de reactivar el crédito número 9725204817 a nombre del aquí quejoso, lo cual ya aconteció; en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO. Hágase del conocimiento de la parte quejosa este proveído, para los efectos de la fracción I del artículo 201 de la Ley de Amparo.
- Principal
Visto el oficio signado por el licenciado Enrique Roiz Gallardo, apoderado legal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con el cual comunica el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio. Agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar; dese vista a la parte quejosa con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo, para que en el término de tres días contando a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo en el lapso indicado, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable en comento.
- Principal
Agréguese a los autos para que surta los efectos legales que corresponda, el oficio de cuenta mediante el cual el Delegado de la autoridad responsable Dirección de Ingresos del Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, con residencia en esta ciudad, comunica el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio. Por lo anterior, dese vista a la parte quejosa con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo, para que en el término de tres días contando a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo en el lapso indicado, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable en comento. Por otra parte y para los efectos indicados, intégrese a los autos el oficio con el que el apoderado legal de la responsable Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, autoridad responsable en el presente asunto, con el cual solicita prórroga para estar en aptitud de dar debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por las razones que expone. En atención a lo anterior y como lo solicita, con fundamento en el último párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, por única ocasión se le autoriza una prórroga de veinte días hábiles, para dar debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en el entendido que subsiste en su contra el apercibimiento decretado en proveído de veintidós de julio próximo pasado.
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