Genaro Lárraga Joachín

Expediente 468/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
468/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
23/06/2022

Partes del expediente

  • Genaro Lárraga Joachín

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintitrés de junio de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO. Visto el estado que guardan los presentes autos, y atendiendo al contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que el artículo 98 de la Ley de Amparo establece para que el peticionario del amparo interpusiera el recurso de queja en contra del proveído nueve de junio de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. ARCHIVO Y ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. De conformidad con los artículos 12 y 21, inciso d, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se desechó la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. TEMPORALIDAD PARA DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTE. Previo transcurso del plazo de tres años que se establece en el primer párrafo del citado artículo 21 del Acuerdo General en comento, este órgano jurisdiccional procederá a su destrucción, con apoyo además en el numeral 24 del mismo ordenamiento. ORDEN DE ARCHIVO. Anótese en la carátula que este expediente que es susceptible de destrucción y la fecha en que se ordena el archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General. Notifíquese y personalmente.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, nueve de junio de dos mil veintidós. IDENTIFICACIÓN PROMOVENTES Y REGISTRO. Vista la demanda de amparo promovida por ... contra actos de Director de la Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca, UASLP, por trasgresión que estima de los artículos 1, 4, 14, 16 y 133 Constitucionales. Regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 468/2022-II-I. RESGUARDO DE IDENTIDAD DEL MENOR. Se informa a las partes que el menor de iniciales ... se le considera de identidad protegida en los presentes autos, en la inteligencia que tanto la identidad como los datos personales del menor debe permanecer reservado en aras de proteger el resguardo de su intimidad, tal y como se previene en los artículos 76, 79, 83, fracción XIII y 86, fracción IV, todos de la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, cuya observancia es obligatoria para todo el territorio nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o de la invocada ley, en concordancia con lo previsto en la Ley de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de San Luis Potosí, en su preceptos 68, 75, fracción XIII y 78, fracción IV. Por ende, obténgase copia del ocurso de demanda que se provee, suprímanse los datos de identificación del menor y déjese como original en el juicio de amparo que nos ocupa, en la inteligencia de que la demanda original será resguardada en el sigilo de la Secretaría como anexo uno. DESECHAMIENTO. Ahora bien, examinada la demanda de amparo, se advierte que es notoria su improcedencia, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe desecharse la misma de acuerdo con las siguientes consideraciones. El artículo 113 de Ley de la Materia, expone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." La parte quejosa señala como autoridad responsable al Director de la Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con residencia en esta ciudad, de quien reclama lo siguiente: "IV. ACTOS RECLAMADOS. 1. De la autoridad de referencia, el contenido del oficio de 30 de mayo de 2022, mediante el cual comunica al M.D. ROBERTO LLAMAS LAMAS, JEFE DE LA DIVISIÓN DE DESARROLLO HUMANO UASLP, que: en virtud de que no hay funciones y/o actividades que se le puedan asignar al C.P. ... en esta Facultad, esta Dirección a mi cargo lo pone a disposición de la División de Desarrollo Humano que tiene a bien Usted dirigir, para que sea comisionado donde la Universidad Autónoma de San Luis Potosí disponga, y exista necesidad. Por lo anterior, esta Dirección no tiene inconveniente en que se aplique esta medida a partir del 01 de junio del año en curso. 2. La omisión de escuchar a mi menor hijo previo a la puesta a disposición que se reclama. 3. De dicha autoridad las consecuencias que deriven del acto reclamado." En esa tesitura, quien aquí resuelve considera que respecto de los actos reclamados se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XXIII, en relación con los numerales 1º, fracción I y 5, fracción II de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; "Artículo 5.Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Previamente, a efecto de lograr una mayor comprensión del presente asunto, se estima necesario precisar que las autoridades son todos aquellos órganos o dependencias dotados de imperatividad y coercitividad, cuyo propósito es establecer, regular y limitar, las relaciones sociales, a través de la creación de exigencias y obligaciones mutuas y necesarias como elemento indispensable para mantener el estado de derecho a través de un poder superior a la voluntad de cada individuo, cuya fuerza obligatoria debe estar garantizado a través de entes oficiales que adquieren la calidad de autoridades. A su vez, la actividad de las autoridades debe también delimitarse con el objeto de evitar los abusos de poder en perjuicio de los derechos de los gobernados y para ello nuestro sistema legal cuenta con los instrumentos jurídicos necesarios determinados en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es menester destacar e insistir en que los actos de autoridad, tienen la cualidad de ser unilaterales y coercitivos, lo primero, porque no necesitan de la aprobación del gobernado, en razón de que se imponen al particular contra su voluntad y, lo segundo, porque su inobservancia da lugar a la imposición de alguna sanción prevista en la Ley; entonces la relación que en la especie se surte es de supra a subordinación, es decir, surge entre dos personas ubicadas en posiciones distintas. Al respecto, cabe señalar que cuando la relación que se da entre dos sujetos que actúan como particulares, aunque uno sea ente oficial (autoridad), jurídicamente se está en presencia de una relación de coordinación que puede ser de naturaleza privada y, por ende, sujeta al derecho privado. Ahora bien, si la autoridad no despliega en sus relaciones con el gobernado actos imperativos y coercitivos, para efectos del juicio de amparo tampoco puede estimarse que actúe en carácter de autoridad en términos del artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, pues en todo caso su conducta es a consecuencia de una relación de coordinación o de supraordinación. Al respecto es aplicable el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Tesis 2a. CCIV/2001, publicada en la página 39, Tomo XIV, Noviembre de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. ... De lo anterior, se evidencia que el acto del cual se duele el promovente del amparo, no es de aquellos a que se refiere la fracción II del artículo 5º de la Ley de Amparo, pues la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio biinstancial, porque de conformidad con lo preceptuado en la fracción II del numeral 5º de la citada ley, es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, esto es, cuando sus actos se encuentran revestidos de unilateralidad, imperatividad y coercitividad, lo que en el caso no acontece. Lo anterior es así, atendiendo a que del artículo 3, fracción VII, de la Constitución Federal, se desprende que las universidades públicas son organismos públicos descentralizados con autonomía especial, que implica autonormación y autogobierno, derivado de lo cual este tipo de instituciones están facultadas para gobernarse a sí mismas, a través de sus propios órganos, así como para autonormarse o autoregularse, es decir, aprobar las normas que habrán de regir a su interior, lo que se traduce necesariamente en la aprobación y emisión de su propia legislación, así como en la creación de sus propios órganos de gobierno, entre ellos los encargados de resolver las controversias que se deriven del incumplimiento de su propia normativa. Lo anterior, así se refleja del contenido de la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Mayo de 2003, Materia(s): Administrativa, Tesis: 1a. XI/2003, Página 239, que dice: "AUTONOMÍA UNIVERSITARIA. SU ALCANCE. ... En este contexto, la autonomía de las universidades públicas se traduce, como ya se expuso, en el hecho de autogobernarse y autoregularse, de lo cual derivan diversas competencias, a saber: a) Normativas. Acorde con éstas dichos organismos pueden dictar normas en desarrollo a lo establecido en su ley de creación. b) Ejecutivas. Son inherentes al desarrollo y ejecución tanto de los principios constitucionales consagrados en el artículo 3° constitucional como en cualquier otro precepto fundamental, como lo es la designación de los funcionarios de las universidades; y, c) De supervisión. Son referentes a las facultades de inspección y control con el fin de supervisar la actividad que desarrollan. Lo anterior, según se desprende de la ejecutoria que dio lugar a la tesis recién transcrita. En este orden de ideas, es claro que las determinaciones de las universidades autónomas, relativas al lugar en donde debe cumplir con las funciones inherentes a su cargo, son decisiones que encuadran dentro de esas facultades de autogobernación y regulación, pues son en ejercicio de su competencia ejecutiva y de inspección ya descritas. Así las cosas, si el reclamo del gobernado, como ya se destacó, versa sobre aspectos inherentes al lugar en donde debe cumplir con las funciones inherentes a su cargo, entonces es innegable que aquélla se refiere a cuestiones relativas a la facultad de autogobernación y autoregulación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí; y, por tanto, con el acto que reclama el quejoso, no se ejerce un poder público que afecte de manera unilateral la esfera jurídica del aquí inconforme y, por ende, no puede tenérsele como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo pues, se insiste, se trata de una decisión derivada precisamente de la autonomía de que se encuentra investida la señalada Universidad. Aunado a lo anterior, del oficio que adjunta la parte quejosa a su demanda, se advierte que el Rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, informa al impetrante ...que se le ha designado con carácter de definitivo como Secretario Administrativo de Facultad o Escuela, nivel "D", adscrito a la Universidad Multidisciplinaria Zona Huasteca de dicha Universidad, con categoría funcionario, jornada semanal de cuarenta y ocho horas, en el que deberá cumplir con las funciones inherentes a su puesto, sujetándose a los señalado en el capítulo VII del Estatuto Orgánico de esa Universidad, nombramiento vigente a partir de uno de julio de dos mil dieciocho, cuya vigencia además dependerá del cumplimiento satisfactorio de las actividades propias del cargo y necesidades de la dependencia. No pasa inadvertido que el mencionado oficio se adjuntó en copia simple, al cual en principio se le concede valor probatorio de indicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, sin embargo, al valorarse conjuntamente con el dicho del quejoso, da certeza de la designación que se le hizo como Secretario Administrativo de Facultad o Escuela, nivel "D", bajo lo señalado en el capítulo VII del Estatuto Orgánico de esa Universidad, de conformidad con los artículos 95 y 210 de la codificación procesal ya invocada. Además es ilustrativa al respecto, la jurisprudencia número I.3o.C. J/37, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1759, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Mayo de 2007, Novena Época, Materia Civil, registro 172557, que dice: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS. ... Ahora, el capítulo VII del Estatuto Orgánico de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, dispone: "Capítulo Séptimo Del Personal Administrativo de la Universidad Artículo 148. Para atender las labores de apoyo y servicios, la Universidad contará con el personal que se requiera, dentro de las posibilidades del presupuesto. Artículo 149. La normativa universitaria distinguirá los cargos cuyas actividades sean de naturaleza administrativa o académica. También distinguirá las y los funcionarios de las y los empleados, y con respecto de estos últimos, establecerá quienes se consideran como de confianza y los de base sindical. Artículo 150. Las clasificaciones, categorías, derechos y obligaciones y demás prevenciones relativas a las y los trabajadores administrativos, serán objeto de regulación en el Reglamento que emita el Consejo Directivo, de acuerdo a la ley de la materia. Artículo 151. Las condiciones ordinarias y normales de labores, se regularán en los reglamentos interiores de trabajo que celebre la Universidad con sus trabajadores y trabajadoras. Artículo 152. La relación existente entre las y los empleados y la Universidad, se considera como de derecho laboral. Artículo 153. El personal administrativo tiene el derecho de asociarse para fines gremiales. Durante su gestión, las y los funcionarios de la Universidad no podrán pertenecer a asociaciones de naturaleza sindical de personal administrativo." De las disposiciones transcritas se advierte que las condiciones ordinarias y normales de trabajo, se regularan en los reglamentos interiores de trabajo que celebre la Universidad con sus trabajadores, y la relación que existe entre ellos se considera como derecho laboral. En ese sentido, la puesta a disposición del quejoso ... para que sea comisionado donde la Universidad Autónoa de San Luis Potosí disponga y exista necesidad, únicamente tiende a afectar sus derechos laborales; por tanto, resulta que los actos reclamados tienen su origen en una relación de coordinación y no de supra a subordinación. En virtud de ello es que no se pueda analizar en la vía constitucional, como lo pretende el quejoso, si los actos reclamados del Director de la Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, son violatorios de algún derecho, ya que esto es jurisdicción del órgano ordinario competente para dirimir los conflictos derivados de dicha relación laboral y no del Juez de amparo. En esta tesitura, es inconcuso que la Universidad Autónoma en comento, en la especie no tiene dicho carácter para efectos del juicio de amparo, pues como ya se expuso, ello es inherente al ejercicio de su autonomía y que sólo tiene consecuencias jurídicas al interior de la institución, por lo que no emerge del imperio que corresponde a aquélla como parte de la Administración Pública Estatal en la prestación de un servicio a cargo del Estado, de ahí que carezca del carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo. Al respecto se invoca la jurisprudencia 2a./J. 102/2002, se la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, Octubre de 2002, página 298, del tenor siguiente: "UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR AUTÓNOMAS POR LEY. LOS CONFLICTOS ORIGINADOS CON MOTIVO DE LAS RELACIONES LABORALES CON SU PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ACADÉMICO, DEBEN RESOLVERSE POR LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. ... Así como la tesis P. XXVIII/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, Febrero de 1997, página 119, que dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO SON LOS FUNCIONARIOS DE UNA UNIVERSIDAD CUANDO EL ACTO QUE SE LES ATRIBUYE DERIVA DE UNA RELACION LABORAL. .... Sirve de apoyo además a las citadas consideraciones, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Octubre de 2009, Materia(s): Administrativa, Tesis: 2a. CXIII/2009, Página 135, que es del tenor siguiente: "UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO. SU COMISIÓN DE RECTORÍA NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL NOMBRAR A SU RECTOR. .... Por último, se cita en apoyo de lo anterior, la tesis del entonces Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXI, Junio de 2013, Tomo 2, Materia(s): Común, Tesis: IX.1o.3 A (10a.), Página: 1409, que dice: "UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE LE RECLAMA LA OMISIÓN DE RESPONDER UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN, RELATIVA A SUS FACULTADES DE AUTONORMACIÓN Y AUTOGOBIERNO..... Sin que se desatienda que el aquí quejoso de identidad reservada de iniciales ... sea un menor de edad y se aduzca que se inobservó el interés superior de la niñez como principio rector para todas las autoridades involucradas en asuntos de menores, bajo el cual se deben tomar acciones y privilegiar los mecanismos que permitan a los infantes y adolescentes un crecimiento y desarrollo integral plenos y, en su caso, instrumentar las medidas de protección y de restitución integrales procedentes; sin embargo, ello no implica que en cualquier juicio de amparo promovido por un menor, el tribunal de amparo soslaye los presupuestos de procedencia del juicio y deba resolver si niega o concede la protección solicitada, ya que ese proceder equivaldría a que se dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales, como los de seguridad jurídica e igualdad procesal, que rigen su función jurisdiccional, lo que origina un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio. Al respecto, se invoca la tesis XXVII.3o.130 K (10a.), publicada en la página 2390, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ. LA APLICACIÓN DE ESTE PRINCIPIO NO IMPLICA SOSLAYAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. .... Tampoco es óbice a lo expuesto, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo la voz: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO", pues tal criterio se refiere a la regla general, cuando en la especie, se actualiza una excepción a esa regla, consistente en que de las manifestaciones de la quejosa, realizadas bajo protesta de decir verdad, así como de las documentales que exhibe, se advierte de manera clara y manifiesta que el acto reclamado no proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo, conforme los razonamientos expuestos en la presente determinación, ya que aun y cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes, pues de todas suertes se arribaría a la conclusión anotada. Por todo lo expuesto, con fundamento en los artículos 5 fracción II y 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 1 todos de la Ley de Amparo, así como 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha de plano la demanda promovida por ... contra actos de Director de la Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca, UASLP. CONSULTA Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. Respecto a su petición de que se autorice consultar y notificarse en el expediente electrónico a través del usuario .... dígase al promovente que se le autoriza en la forma propuesta. Ello de conformidad con los artículos 35, 36 y 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; en tal virtud, instrúyase a la Secretaria de Acuerdos para que realice las autorizaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En la inteligencia que su representado se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el carácter de persona física, por lo que deberá ingresar con tal carácter al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que pueda consultar el expediente electrónico en que se actúa, conforme lo establece el artículo 34 del referido acuerdo general. En el entendido que de conformidad con el último párrafo del artículo 60 del citado Acuerdo General, la notificación se tendrá por hecha a partir de que las personas autorizadas consulten el expediente o de que el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación genere automáticamente constancia de notificación ante la falta la consulta al expediente electrónico dentro de los plazos previstos en el numeral 62 de ese mismo acuerdo. AUTORIZADOS. Por otra parte, con fundamento en el artículo 12, de la Ley de Amparo, téngase como autorizados en términos amplios a los profesionistas que refiere en su escrito de demanda, por así haber sido solicitado. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que no ha lugar a acordar favorablemente su diversa solicitud, en relación a tenerla por señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta; toda vez que, en párrafos que anteceden se autorizó al usuario "u72859", para recibirlas de forma electrónica. DATOS DE CONTACTO. Por otra parte, se le tiene proporcionando como datos de contacto la dirección electrónica y número de teléfono que refiere en su ocurso de demanda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA". En otro aspecto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, tomando en consideración el estado de contingencia que actualmente se vive en el país, en estricta observancia a las medidas adoptadas para evitar la concentración de personas y la propagación del virus, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación de este juicio en forma electrónica, mediante el esquema de "juicio en línea", a través del uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma). HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. NOTIFICACIÓN A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Se ordena notificar a las autoridades responsables únicamente aquellas determinaciones que resulten trascendentes dentro del presente sumario constitucional, en términos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción II, en relación con la fracción I, inciso k) del aludido precepto, de la Ley de Amparo, así como de acuerdo con el criterio jurisprudencial 2a./J. 176/2012 (10a.), sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS."; lo anterior, sin perjuicio de que las autoridades responsables tienen expedito su derecho para realizar la consulta del expediente, a través de la lista de acuerdos que se publica en el local de este juzgado, así como en el portal de internet del poder judicial de la federación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la invocada ley. DIGITALIZACIÓN. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace saber a las partes que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de esta juzgadora y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales publicado el diez de octubre de dos mil dieciocho; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve; aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no contravenga las disposiciones señaladas en la legislación en cita. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, el presente expediente está sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 de la última ley en cita; hágase del conocimiento de las partes que, atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, una vez que se dicte la sentencia o en su caso la resolución que ponga fin al procedimiento en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes, de conformidad con el artículo 21 de la ley de referencia. Notifíquese y personalmente.

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