Gamaliel Méndez Ibarra (desistido)

Expediente 444/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 47 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
444/2022
Año
2022
Actuaciones
47
Última actuación
22/09/2023

Partes del expediente

  • Gamaliel Méndez Ibarra (desistido)
  • Gamaliel Méndez Ibarra (desistido) y Otros.
  • Juan Pablo Guerrero Martínez y Otros.
  • Luis Alberto Castro Ramos (desistido) y Otros.
  • Juan Pablo Guerrero Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 47.

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Estado de autos. Vista la certificación de esta fecha y el estado que guardan los presentes autos, se desprende que ha transcurrido la vista concedida a las partes por proveído de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, sobre el cumplimiento dado a la sentencia de amparo; por tanto, procede establecer si la ejecutoria constitucional fue acatada por las autoridades responsables con los elementos que obran en autos. En la sentencia dictada el uno de marzo de dos mil veintitrés, este juzgado federal concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para los siguientes efectos: ".1. En primer término, se destaca que lo expuesto evidencia que la sala responsable no patentizó en los razonamientos de referencia ni en algún otro apartado del considerando sexto de la sentencia cuestionada por esta vía constitucional, con qué determinación adoptada en la audiencia de juicio, se sigue que el tribunal de enjuiciamiento concluyó que las preguntas del contrainterrogatorio deben derivar solamente de la información extraída por el oferente de la prueba en el interrogatorio directo; tampoco cómo es que lo destacado en el inciso aquí identificado como a) que antecede, relativo a los lineamientos o prevenciones que la responsable indicó en su fallo, violó los artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales que mencionó. Se afirma ello, pues sobre el primero de esos tópicos la sala responsable únicamente precisó los numerales del Código Nacional de Procedimientos Penales de los que, en su concepto, se desprende que en el contrainterrogatorio no habrá limitantes para que la defensa formule las interrogantes que estime pertinentes, aun cuando no se relacionen con las preguntas formuladas en el interrogatorio directo, pues, según refirió, la codificación adjetiva no establece prohibición al respecto; empero no destacó y examinó, con relación a dichos numerales, la parte de la audiencia en la que supuestamente el órgano jurisdiccional de primer grado estableció ese lineamiento. Lo anterior era indispensable a fin de conocer con exactitud cuál determinación adoptada por el tribunal de enjuiciamiento produjo esa transgresión, sobre todo atendiendo a que en la página cincuenta y nueve de la determinación reclamada, la responsable afirmó que el tribunal de juicio oral, al resolver sobre las objeciones a las preguntas realizadas en contrainterrogatorio por el licenciado ....... abogado defensor de ....... relativas a: "En este caso ¿quién dirigió el operativo?", "En cuál vehículo iba usted de esos cuatro?", estableció el criterio de que en el contrainterrogatorio no se permiten las preguntas que no tuvieran relación con el interrogatorio directo o que fueran repetitivas. Sin embargo, basta el análisis de las fojas cuarenta y nueve y cincuenta para deducir que el tribunal de enjuiciamiento, en la parte relativa de la audiencia de debate que destaca la alzada, no afirmó que en el contrainterrogatorio no se permiten las preguntas que no tengan relación con el interrogatorio directo, sino que solo declaró procedentes las objeciones planteadas por la fiscalía, al estimar que las preguntas condignas eran impertinentes por haber sido ya contestadas por el deponente. Ahora, no se soslaya que en la foja treinta y cuatro del fallo reclamado, se transcribió un segmento de la audiencia de juicio en la que el tribunal de enjuiciamiento determinó: "Ah (sic) lugar la objeción, efectivamente la información que pretende extraer la parte técnica que lleva acabo (sic) el contrainterrogatorio; versará sobre aquélla que el oferente de la prueba extrajo de su órgano de prueba en el interrogatorio respectivo, si la parte técnica en este caso, la defensa y los demás órganos defensivos desean extraer información, pues están las técnicas de litigación correspondientes, para que hagan valer o que extraigan esa información, pero no como lo pretende en esta oportunidad el defensor público, por tanto, se reitera ah (sic) lugar la objeción. No conteste."; determinación que concuerda con el lineamiento aquí identificado como inciso a), que la sala responsable consideró como violatorio de los artículos 335, fracción VII y último párrafo, en relación con el 346, fracción I, inciso b), 372, 373 y 376 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Empero, lo cierto es que la sala omitió señalar expresamente que esa parte de la audiencia era la que consideraba contraventora del principio de legalidad en los términos indicados, a pesar de que para cumplir con la exigencia de motivación mencionada, estaba obligada a ello, así como a examinar el contexto en el que el tribunal de primer grado hizo tal aseveración. Ciertamente, según se infiere de la audiencia de mérito, el defensor de un diverso coacusado pretendió introducir una información de la que hasta ese momento el deponente no había dado cuenta ante el tribunal de enjuiciamiento, alegando que ello era procedente porque esos datos obraban en una entrevista recabada por el agente de la policía ministerial y, por ende, podía formularle preguntas sobre esa declaración; a lo que el tribunal de enjuiciamiento resolvió que la información que los defensores pretendieran extraer de los medios de prueba desahogados por la fiscalía como parte acusadora, con base en un contrainterrogatorio, debía versar sobre aquélla que el oferente de la prueba extrajo de su órgano de prueba en el interrogatorio directo, destacando que si deseaban extraer información, estaban las técnicas de litigación correspondientes para lograr ese cometido. En tales condiciones, si la alzada consideró que esa determinación adoptada por el tribunal de primera instancia era violatoria de las diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales que al efecto invocó, así debió señalarlo expresamente, pero además estaba obligada a examinar reflexiva y motivadamente si precisamente tal postura asumida implica que aquél órgano jurisdiccional fijó el lineamiento relativo a que en el contrainterrogatorio no se permiten las preguntas que no tengan relación con el interrogatorio directo, estudiando para ello el contexto en el que se dio ese debate. Consecuentemente, como se dijo, la responsable, en contravención a la exigencia de debida motivación, no explicó con qué determinación adoptada en la audiencia de juicio, el tribunal de enjuiciamiento concluyó que las preguntas del contrainterrogatorio deben derivar solamente de la información extraída por el oferente de la prueba en el interrogatorio directo; aunado a que tampoco expuso motivadamente en qué medida lo destacado en el inciso identificado en esta sentencia como inciso a), violó los artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales que precisó. 2. En segundo término, esta resolutora estima que la sentencia reclamada carece de motivación, dado que la sala responsable omitió analizar cómo es que los lineamientos y prevenciones reseñados en esta sentencia constitucional en los incisos d) y e) que anteceden, transgreden los artículos 335, fracción VII y último párrafo, en relación con el 346, fracción I, inciso b), 372, 373 y 376 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que se desprende que el tribunal de apelación responsable no efectuó estudio alguno en el que abordara esos tópicos. 3. Aunado a lo anterior, este órgano constitucional advierte que la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en contravención al requisito de debida motivación que debe colmar cualquier resolución jurisdiccional, conforme al ordinal 16, primer párrafo, de la Carta Magna; concluyó que, adversamente a lo considerado por el tribunal de enjuiciamiento, las preguntas eran impertinentes, no por ser repetitivas en cuanto a la información que se obtiene de ellas, sino que con apoyo en lo estatuido por el artículo 346, fracción I, inciso b), del Código Nacional de Procedimientos Penales, los cuestionamientos tenían aquélla calidad cuando no se referían a los hechos controvertidos. Ello resulta ser así, pues la sala responsable omitió exponer pormenorizadamente los razonamientos lógico jurídicos por los que, en su concepto, el citado numeral 346, fracción I, inciso b), de la codificación adjetiva de referencia (que establece algunos de los supuestos en los que los medios de prueba serán excluidos por el juez de control en la etapa intermedia y no podrán ser rendidos en la audiencia de juicio, entre ellos, cuando sean impertinentes por no referirse a los hechos), resulta aplicable al tópico de las objeciones a las preguntas formuladas a los atestes en la audiencia de debate, en términos de los ordinales 373 y 374 del ordenamiento adjetivo multicitado. Ciertamente, a fin de colmar el requisito de debida motivación, el órgano de apelación estaba obligado a expresar detalladamente los razonamientos que lo llevaron a concluir que la definición de medios de prueba impertinentes a que se refiere el artículo 346, fracción I, inciso b), del Código Nacional de Procedimientos Penales, podía hacerse extensiva a la impertinencia de las objeciones a las preguntas realizadas en la audiencia de debate, que prevé el invocado numeral 373 (el cual, cabe mencionar, no define qué debe entenderse por pregunta impertinente), y en su caso, exponer los motivos por los que un cuestionamiento repetitivo, que puede tener la intención de hacer caer en el error al deponente condigno, no puede catalogarse como impertinente; sin que lo haya hecho así. 4. Finalmente, la suscrita juzgadora advierte que lo determinado por la alzada, reseñado en este fallo constitucional en el punto v) que antecede, no se encuentra debidamente motivado. Se sostiene lo anterior, en virtud de que la alzada no expresó en qué segmento de la audiencia de debate, la autoridad responsable incurrió en esa transgresión, menos aún destacó el nombre del perito al que, aduce, el tribunal de enjuiciamiento permitió hacer aclaraciones; máxime que en las transcripciones que efectuó la sala responsable en el fallo ahora controvertido, respecto de lo acontecido en la audiencia de juicio, no se hizo alusión a lo depuesto por algún perito; de ahí que no se tenga certeza a qué intervención se refiere el tribunal revisor. Las deficiencias destacadas líneas anteriores, evidentemente colocan a la parte quejosa en estado de indefensión, al desconocer con certeza cuáles fueron los razonamientos lógico jurídicos por los que la sala responsable arribó a las conclusiones plasmadas en la resolución reclamada, no obstante que aquélla se encuentra obligada a colmar tal exigencia formal conforme a lo previsto en el primer párrafo del artículo 16 constitucional. Más aun cuando como en el caso de estudio, la revocación de la sentencia de primera instancia conlleva la reposición del procedimiento de origen, lo que implica dejar insubsistentes todas las jornadas de juicio; de ahí que las razones para ordenar la aludida reposición tienen que estar debidamente reforzadas, justificadas y no traducirse en la simple inobservancia de derechos procesales que no vulneren derechos fundamentales o que no trasciendan a la sentencia, en términos del último párrafo del ordinal 482 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Así, ante las deficiencias apuntadas, este juzgado federal considera que se encuentra impedido para analizar el fondo de la determinación reclamada, ya que de hacerlo se estaría sustituyendo a la sala responsable, lo cual no es posible, atendiendo a la técnica del juicio de amparo." "a) Deje insubsistente la resolución reclamada de once de abril de dos mil veintidós, dictada en el toca de apelación ......únicamente por lo que hace a dicho agraviado y solo en lo que respecta al considerando sexto de esa determinación. b) En su lugar, con plenitud de jurisdicción, emita otra determinación en la que resuelva el recurso de apelación interpuesto por el citado acusado y su defensa, ya sea en el mismo sentido de la anterior, purgando los vicios formales que la afectaban en los términos precisados en los puntos 1, 2, 3, y 4 que anteceden, o en uno diverso, sin más limitante que la de ceñirse al requisito de motivación previsto en el numeral 16 de la Constitución Federal. Por auto de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, se declaró ejecutoriada la sentencia dictada en los presentes autos, y se requirió el cumplimiento a las autoridades responsables (foja 191). Análisis del cumplimiento. Mediante oficio ....... remitido por el Juez Presidente de Tribunal Colegiado de Juicio Oral, Constituido a la Cuarta Región Judicial en el Estado, Sala Sede Ciudad Valles, San Luis Potosí, se tuvo por informando que derivado a la suspensión de plano concedida en el diverso juicio de amparo 529/2022 promovido por el quejoso de iniciales ....... dentro del toca ..... se reservó señalar fecha y hora para la celebración de reposición de juicio oral (foja 194). Por otra parte, de autos se advierte que por oficio 964/2023 de veintiséis de mayo del año en curso, dentro del toca de apelación ....... la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitió copia certificada de la resolución emitida el veintiséis de mayo de dos mil veintitrés (fojas 203 a 259), en la que siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, precisó lo siguiente: ( Dejó insubsistente la resolución reclamada de once de abril de dos mil veintidós, únicamente por lo que hace a la aquí quejoso Juan Pablo Guerrero Martínez, y solo en lo que respecta al considerando sexto de esa determinación (foja 209). ( De igual forma, con plenitud de jurisdicción emitió otra determinación en la que resolvió el recurso de apelación interpuesto por el acusado y su defensa, purgando los vicios que la afectaban en términos de lo destacado en los puntos 1, 2 y 3 precisados en el fallo amparatorio, y cumpliendo con el requisito de motivación expresó los razonamientos por los que, en su concepto, en el caso se advertía violación a los principios de contradicción y de igualdad procesal o de armas y, consecuentemente, del derecho humano de defensa: En primer término, transcribió la parte conducente de la audiencia en la que obraban las transgresiones respectivas, y posterior a ello, realizó el estudio correspondiente en tres apartados diversos, en cada uno de los cuales, de manera concreta, destacó la parte de la audiencia en la que aconteció la violación al derecho humano que señaló, y en el primer apartado incluso citó su contexto; los artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales que transgredió el criterio o lineamiento determinado por el tribunal de enjuiciamiento; y, finalmente, el derecho humano que se contravino y su trascendencia (fojas 216 a 230). Derivado del examen anterior, concluyó que las transgresiones a los derechos humanos mencionados fue en perjuicio de los sentenciados, al habérseles dictado sentencia condenatoria ante la imposibilidad de sus abogados defensores de llevar a cabo una defensa adecuada, conforme a los principios de contradicción y de igualdad de armas (foja 234 vuelta), actualizando con ello las causas de reposición total de la audiencia de juicio ante un Tribunal de Enjuiciamiento distinto, en términos del numeral 482, fracciones I y III, del Código Nacional de Procedimientos Penales (fojas 230 vuelta a 240). En cuanto al punto cuatro, citó que las intervenciones en la audiencia que trasgredieron Derechos Humanos fueron el atesto de la víctima, el dicho del testigo 4, testigo 6, testigo 15, así como la indebida calificación de las objeciones, pues ello incidió en la limitación probada a una adecuada defensa. También señaló que existió una manifiesta y sistemática incapacidad técnica del defensor público, no solo en la audiencia, sino en todo el desarrollo del juicio. En consecuencia, revocó la sentencia dictada el treinta de julio de dos mil veinte, ordenando la reposición total del juicio oral dentro de la causa penal ********************. Finalmente en atención al requerimiento de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, informó el estado procesal de la causa (reposición de procedimiento suspendida) (fojas 348 a 360). Cumplimiento de la ejecutoria de amparo. La suscrita estima que el fallo protector se encuentra cumplido sin exceso ni defecto. Lo anterior, en virtud que de las constancias que integran el presente juicio de amparo, se desprende que la Sala responsable el veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, en lo que interesa, dejó insubsistente la resolución combatida y, con plenitud de jurisdicción emitió otra resolución en los términos antes puntualizados. Conclusión. En las relatadas consideraciones, con fundamento en el artículo 77, fracción I, y 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se considera que los titulares del amparo fueron restituidos en el goce de los derechos constitucionales vulnerados y, por ende, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, sin exceso ni defecto. Archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro electrónico de control respectivo y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental cuaderno principal. De conformidad con los artículos 12 y 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, este expediente es conservable, toda vez que cuenta con valor jurídico al haberse concedido el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Cuaderno incidental original. Por otra parte, acorde a la fracción III inciso b) del artículo 17 del citado Acuerdo General en consulta, el cuaderno incidental es conservable, por haberse concedido la suspensión definitiva, y dado que no existen documentos originales, remítase físicamente al archivo de este Juzgado junto con el expediente principal. Temporalidad para transferencia. Transcurrido el plazo de tres años que se establece en el referido artículo 17, transfiérase el expediente principal e incidental a los depósitos documentales de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, en los términos indicados en el Capítulo Noveno del citado acuerdo, previa solicitud que realice este Juzgado Federal. Cuaderno incidental duplicado. Por lo que respecta al duplicado del cuaderno incidental procédase a su destrucción dentro del plazo de seis meses, en términos de lo previsto en los artículos 19, fracción II, inciso a) y 23 del indicado Acuerdo. Temporalidad para destrucción de expediente. Previo transcurso del plazo de tres años que se establece en el primer párrafo del citado artículo 20 del Acuerdo General en comento, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción de los expedientes principal e incidentes de suspensión condignos. Anotación de valoración documental y fecha de archivo en carátula de expediente. Inscríbase tales datos, así como la fecha de este acuerdo en la carátula de los citados expedientes, en observancia a lo dispuesto en el artículo 34, párrafo segundo, del Acuerdo General invocado. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, doce de septiembre de dos mil veintitrés. Se informa adscripción de titular. Se hace del conocimiento de las partes procesales que mediante oficio SEADS/1941/2023, de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, signado por la Secretaria Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó la adscripción de la Jueza Sandra Guzmán Gutiérrez a este órgano constitucional, con efectos a partir del uno de septiembre de dos mil veintitrés. Por tanto, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 26 y 51, de la Ley de Amparo y 297, fracción ll, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para que, en caso de estimarlo pertinente, en el término de tres días, legalmente computados, manifiesten lo que a su derecho corresponda. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Se agrega oficio. Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2°, agréguese a los presentes autos el oficio signado por el Juez Presidente de Tribunal Colegiado de Juicio Oral a Constituirse al Centro Integral de Justicia Penal de la Cuarta Región, con sede en Ciudad Valles, San Luis Potosí, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el contenido del oficio de cuenta y con los diversos recibidos el veintiséis de mayo, veintinueve de mayo, dos y quince de junio, todos del año en curso, dese vista a las partes por el término de tres días, computados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga; con el apercibimiento de que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este órgano de control constitucional resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que se encuentra localizada a foja 243, tomo XI, marzo de 2000 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). ........ Notifíquese; personalmente a las partes.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 27 fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista la determinación de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, a la quejosa.... que dice: "Ciudad Valles, San Luis Potosí, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Se agrega oficio. Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2°, agréguese a los presentes autos el oficio signado por el Juez Presidente de Tribunal Colegiado de Juicio Oral a Constituirse al Centro Integral de Justicia Penal de la Cuarta Región, con sede en Ciudad Valles, San Luis Potosí, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el contenido del oficio de cuenta y con los diversos recibidos el veintiséis de mayo, veintinueve de mayo, dos y quince de junio, todos del año en curso, dese vista a las partes por el término de tres días, computados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga; con el apercibimiento de que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este órgano de control constitucional resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que se encuentra localizada a foja 243, tomo XI, marzo de 2000 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). ........ Notifíquese; personalmente a las partes."

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