Genaro Guillermo Ignacio Aquino

Expediente 400/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 32 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
400/2016
Año
2016
Actuaciones
32
Última actuación
03/08/2017

Partes del expediente

  • Genaro Guillermo Ignacio Aquino

Actuaciones

Las 4 más recientes de 32.

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, tres de agosto de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales conducentes, el oficio de cuenta, signado por el la Secretaría del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, por el que transcribe el diverso acuerdo de veinticinco de julio del año en curso, en el que se aceptó la competencia declinada; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro de gobierno respectivo. Por tanto, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos del párrafo que antecede se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Se hace el conocimiento de las partes, que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En otro aspecto, tomando en consideración que en este juicio de garantías, se formaron cuadernos de suspensión, en consecuencia, remítanse al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, el original y duplicado del incidente de suspensión relativo a este juicio, y como lo solicita el Juez declinante remítansele las copias certificas del legajo de investigación deducidas de la causa penal 20/2012, que en su momento el Juez Octavo de Distrito en el Estado, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, remitió como justificación a su informe; solicitando el acuse correspondiente. Finalmente, se hace saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General e Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese. I-B

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintiocho de junio de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos, advirtiéndose que el Juez Octavo de Distrito en el estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, al rendir su informe justificado (foja 71), refirió ser cierto el acto reclamado por el quejoso Genaro Guillermo Ignacio Aquino, toda vez que el quince de noviembre de dos mil trece, en la causa penal 22/2015, de su índice, libró orden de reaprehensión en su contra, para la continuación del procedimiento que se le atribuye, por el delito de daño o destrucción de un monumento arqueológico, por cualquier otro medio distinto al incendio, inundación o explosión, previsto y sancionado por el artículo 52, segundo párrafo, de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos (el cual no está catalogado como grave); por su parte, las autoridades señaladas como ejecutoras, negaron categóricamente el acto que se les reclama, sin embargo, dicha negativa se desvirtúa toda vez que al existir el mandamiento de captura, es inminente el de ejecución que se les reclama. Ahora bien, la competencia constituye un presupuesto procesal que es de orden público, lo cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 37 de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El transcrito numeral establece tres reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito, a saber: a) El del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se éste ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. b) Cuando el acto pueda tener ejecución en más de un Distrito, o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, será competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Las dos primeras reglas establecen como presupuesto fundamental la ejecución de los actos, pero la diferencia entre una y otra, es que ello ocurra en la jurisdicción de uno o de varios Jueces de Distrito, ya que la primera regla prevé todos los supuestos en que pueda encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que su ejecución se efectúe en la jurisdicción; en cambio, la segunda regla se refiere a la ejecución en dos distritos diferentes al precisar que el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro. Por otro lado, la tercera regla prevé el caso en el que el acto o resolución reclamado no requiere ejecución material, lo que da competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el caso concreto, el acto reclamado por el quejoso y que resulta cierto es la orden de reaprehensión y su ejecución. Ahora de la demanda se advierte que se señalaron como autoridades responsables a los Jueces: 1) Primero; 2) Segundo; 3) Tercero; 4) Cuarto; 5) Quinto; 6) Sexto; y, 7) Séptimo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, residentes en Santa María Ixcotel, Oaxaca. Jueces: 8) Primero; 9) Segundo; 10) Tercero; 11) Cuarto; 12) Quinto; 13) Octavo; y, 14) Noveno de Distrito en el Estado, todos con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. 15) Delegada de la Procuraduría General de la República en el Estado; 16) Subdelegado de Procedimientos Penales "A" de la Procuraduría General de la Republica en el Estado; 17) Jefe de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado; 18) Vice Fiscales Generales; 19) Fiscales Especializados; 20) Directores; 21) Titulares de las Unidades Administrativas; 22) Unidades Administrativas todas ellas de la Fiscalía General. 23) Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF); 24) Director de Averiguaciones Previas y Consignaciones dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, todas residentes en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. 25) Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones y Comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones de Oaxaca, ambos residentes en San Antonio de la Cal, Oaxaca. También se advierte que únicamente el Juez Octavo de Distrito en el estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, al rendir su informe justificado aceptó como cierto el acto reclamado por el quejoso Genaro Guillermo Ignacio Aquino, como ya se ha hecho referencia. Acorde a lo anterior, este órgano de control constitucional considera que conforme al numeral 37, párrafo primero, la competencia para seguir conocimiento del trámite de la demanda de amparo, se surte a favor de los Jueces Décimo o Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, pues en su jurisdicción residen tanto las autoridades ejecutoras como el Juez Octavo de Distrito, que aceptó el acto reclamado en la demanda de amparo. Es así, porque el veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el Acuerdo General número 46/2016, acordó la creación y funcionamiento a partir del dieciséis de octubre de dos mil dieciséis, de los Juzgados Décimo y Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, es decir, en el mismo lugar en que residen las autoridades tanto ordenadoras, como ejecutoras; por tanto, si bien es cierto que al momento de declararse incompetente el Juez Primero de Distrito en el Estado, residente en aquella ciudad (veinte de septiembre de dos mil dieciséis), consideró se surtía a favor de este órgano jurisdiccional, la competencia, por ser el más inmediato dentro de la jurisdicción de los Juzgados de Distrito en el Estado, acorde a lo previsto en el numeral 38 de la Ley de Amparo, empero, dada la creación de los juzgados Décimo y Decimoprimero de Distrito, este juzgador considera que deben ser cualquiera de ellos, los que deben seguir conociendo de este juicio, pues al ser la competencia, un presupuesto procesal, la sentencia que se llegue a dictar, debe ser emitida por un juez competente, que en el caso, resultan ser cualquiera de los mencionados, aun cuando no existían, al momento de presentación de la demanda, mayormente que a ninguno de ellos les resulta el carácter de responsable. No es óbice a lo anterior, que por auto de veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 13 a 18), este Juzgador hubiera aceptado la competencia declinada a su favor, pues ello obedeció precisamente en que en esa fecha, era el más inmediato dentro de la jurisdicción de los Juzgados de Distrito en el Estado que fueron señalados como responsables, empero, de seguir conociendo del juicio de amparo, la sentencia que llegara a dictarse, se haría por un juez incompetente, de ahí que deba declinarse competencia a favor de los jueces Décimo y Decimoprimero de Distrito, residentes en el lugar en que tendrá ejecución la orden de reaprehensión. Lo anterior, en virtud de que conforme a las citadas reglas de competencia, el acto reclamado tendrá ejecución material en la ciudad de Oaxaca de Juárez, pues la orden de reaprehensión reclamada por el quejoso, fue aceptada por el Juez Octavo de Distrito en el Estado, de ahí que resulta inminente el acto de ejecución que se reclama, por lo que se itera, la ejecución material por regla general se da precisamente en el lugar de residencia de las autoridades ejecutoras, mayormente que el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad, que su domicilio se encuentra en el mismo lugar en que aquéllas ejercen jurisdicción (Santa Cruz Xoxocotlán). Sirve de apoyo, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia 1a./J. 118/2011 (9a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2183, materia común, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad. De ahí que, si las autoridades ejecutoras, tienen su residencia en San Bartolo Coyotepec y San Antonio de la Cal, ambos del estado de Oaxaca, de acuerdo con la división territorial en que se divide el estado de Oaxaca, compete a uno de los Juzgados de Distrito, con residencia en Oaxaca de Juárez, conocer de este asunto, toda vez que el referido Distrito se encuentra dentro del ámbito territorial en el que los Juzgados de Distrito en esta entidad, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ejercen competencia, por razón de territorio, de conformidad con lo dispuesto en el punto cuarto, apartado XIII, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece: CUARTO. La jurisdicción territorial de los Juzgados de Distrito es la siguiente: --- XIII. DÉCIMO TERCER CIRCUITO: Los Juzgados de Distrito en el estado de Oaxaca, con residencia en la ciudad del mismo nombre, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa, excepto en el distrito judicial en el que ejercen jurisdicción territorial los juzgados de Distrito con residencia en Salina Cruz. --- Los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Asunción Ixtaltepec, Ciudad Ixtepec, Chauites, El Barrio de la Soledad, El Espinal, Guevea de Humboldt, Juchitán de Zaragoza, Magdalena Tequisistlán, Magdalena Tlacotepec, Matías Romero, Reforma de Pineda, Salina Cruz, San Blás Atempa, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, San Francisco Ixhuatán, San Juan Guichicovi, San Mateo del Mar, San Miguel Chimalapa, San Miguel del Puerto, San Miguel Tenango, San Pedro Comitancillo, San Pedro Huamelula, San Pedro Huilotepec, San Pedro Mixtepec, San Pedro Pochutla, San Pedro Tapanatepec, Santa María Colotepec, Santa María Chimalapa, Santa María Guienagati, Santa María Huatulco, Santa María Jalapa del Marqués, Santa María Mixtequilla, Santa María Petapa, Santa María Tonameca, Santa María Totolapilla, Santa María Xadani, Santiago Astata, Santiago Lachiguiri, Santiago Laollaga, Santiago Niltepec, Santo Domingo Chihuitán, Santo Domingo Ingenio, Santo Domingo Petapa, Santo Domingo Tehuantepec, Santo Domingo Zanatepec y Unión Hidalgo." Por consiguiente, con apoyo en lo previsto por el artículo 48, de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito, declara carecer de competencia legal para seguir conociendo de la demanda de amparo, promovida por Genaro Guillermo Ignacio Aquino, y, por ello, se declina competencia a favor de los Juzgados Décimo o Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, según el turno, a los que se estiman competentes para conocer de la misma, debiéndose remitir el presente expediente, una vez notificado este auto a la parte quejosa, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, solicitando el acuse de estilo correspondiente. Fórmese el cuaderno de antecedentes relativo. Por lo anterior, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente. IB-A

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintiuno de junio de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos; advirtiéndose que el Juez Octavo de Distrito en el estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, aceptó el acto que se le reclama; en consecuencia, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso e) de la Ley de Amparo, se le tiene como tercero interesado al Agente del Ministerio Público adscrito a dicho juzgado, por tanto, con transcripción de este auto, así como con la copia simple de la demanda y copia certificada del auto de admisión, notifíquesele y emplácesele por medio de oficio, en términos del artículo 26, fracción II, inciso c), del indicado ordenamiento legal. Funda lo expuesto, la Jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, visible a foja 872, Tomo XXVII, Mayo de 2008, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. LA FALTA DE NOTIFICACIÓN SOBRE SU ADMISIÓN Y TRAMITACIÓN O SU AMPLIACIÓN AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO QUE ACTÚA EN EL PROCESO PENAL, IMPLICA UNA VIOLACIÓN A LAS REGLAS DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN". Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha, fijándose las ONCE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL SIETE DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE, para su celebración. Notifíquese. IB-A

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintidós de mayo de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos, tomando en consideración que en proveído que antecede, se dio vista a las partes con las copias certificadas deducidas de diversos juicios de amparo, que remitió la autoridad responsable Juez Primero de Distrito en el estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, los cuales no se recibieron por lo menos con ocho días de anticipación a la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, como lo establece el artículo 117, de la Ley de Amparo; en consecuencia, para no dejar en estado de indefensión a las partes, a efecto de que estén en aptitud de imponerse de su contenido, preparar y ofrecer en su caso, las pruebas que estimen pertinentes, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose las diez horas con cincuenta y cinco minutos del veintiuno de junio de dos mil diecisiete, para su celebración. Se invoca en apoyo, por identidad de razones jurídicas, la Jurisprudencia 54/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página cinco, Tomo XI, del mes de Abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, bajo el rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO" Notifíquese. IB-A

Quedan 28 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · 5,328 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano