Genara Martínez Hernández y Otros.
Expediente 187/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 187/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Genara Martínez Hernández y Otros.
Actuaciones
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, a veintiocho de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiere interpuesto recurso de revisión contra el acuerdo dictado el ocho de junio de dos mil dieciocho (fojas 57 a 60), en el que se decretó el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia constitucional; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia y con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En otro aspecto, se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión y no se tramitó incidente de violación a la medida cautelar. Finalmente, se hace saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese. III-A
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, a ocho de junio de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes, el informe justificado rendido por el Agente del Ministerio Público, residente en Santa Cruz Huatulco, Oaxaca. Ahora bien, advirtiéndose de las constancias certificadas que dicha autoridad responsable adjuntó como justificación de su informe, las que tienen pleno valor probatorio en términos de lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que procede decretar el sobreseimiento en este juicio fuera de audiencia constitucional, por los motivos legales que más adelante se precisarán y al tenor de lo dispuesto en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página trescientos ochenta y seis, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 184572, cuyo epígrafe y texto son como sigue: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En efecto, de la demanda que dio origen a este juicio, se advierte que la quejosa Genara Martínez Hernádez, por propio derecho y en representación de sus menores hijas E C, C E K J, de apellidos H, M de quienes se omiten sus nombres y apellidos completos, en atención al Protocolo de Actuaciones para quienes importen justicia en caso de que afecten a niñas, niños y adolescentes, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reclamó del Agente del Ministerio Público, residente en Santa Cruz Huatulco, Oaxaca, lo siguiente: "IV. ACTOS RECLAMADOS: La omisión e injustificado retardo para actuar con el deber de debida diligencia y bajo el principio de eficiencia a que se refieren los artículos 129, y fracciones IX y XXII del artículo 31, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, dentro de la carpeta de investigación número LI. 3413/FBSCH/2017."(sic.) Por su parte, el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Santa Cruz, Huatuco, Oaxaca, por oficio sin número de cuatro de junio de dos mil dieciocho (fojas 38 a 55), derivado del legajo de investigación número 3413/FBSCH/2017 de su índice, en términos del artículo 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales, formuló imputación en contra de Bernard Wilfred Healy III, por su probable comisión o participación en la comisión del hecho que la Ley señala como el delito de ATENTAR CONTRA LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA, cometido en agravio de GENARA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ y los menores sus menores hijas E C, C E K J, de apellidos H, M de quienes se omiten sus nombres y apellidos completos, en atención al Protocolo de Actuaciones para quienes importen justicia en caso de que afecten a niñas, niños y adolescentes, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que solicitó se citara al imputado con el apercibimiento de ley. Oficio que se recibió en el Juzgado de Control de Pochutla, Oaxaca, el cuatro de junio del actual, formándose la causa penal número 180/2018 (foja 53). En consecuencia, toda vez que el fiscal responsable el cuatro de junio de dos mil dieciocho, presentó ante la autoridad judicial el oficio por el que formuló imputación en contra de Bernard Wilfred Healy III, en el legajo de investigación número 3413/FBSCH/2017 de su índice, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de ATENTAR CONTRA LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA, es inconcuso que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que prevé que el juicio es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, en virtud de que con posterioridad a la presentación de la demanda, que lo fue el veintiséis de abril de dos mil dieciocho, la autoridad responsable integró el legajo de investigación número 3413/FBSCH/2017 de su índice, y el cuatro de junio del dos mil dieciocho, formuló ante el Juez competente la imputación correspondiente, por lo que, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del invocado ordenamiento legal, se sobresee en el juicio fuera de audiencia constitucional, quedando sin efecto la fecha y hora señaladas para llevar a cabo la misma. Funda lo expuesto, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página treinta y ocho, del tomo IX, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 193758, cuyo tenor literal es: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese; por personalmente a la quejosa. III-A
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintiocho de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos; advirtiéndose que no obra constancia alguna por la que se acredite que la autoridad responsable, Agente del Ministerio Público, residente en Santa Cruz Huatulco, Oaxaca, haya quedado legalmente notificada del acuerdo por el cual se le requirió rindiera su informe justificado; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy, fijándose las diez horas con treinta y cinco minutos del veintiuno de junio de dos mil dieciocho, para su celebración. Notifíquese. III-A
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, cuatro de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito firmado por la quejosa Genera Martínez Hernández; atento a su contenido, téngasele en tiempo y forma dando cumplimiento a la prevención formulada en proveído que antecede. DATOS DE LA DEMANDA. Ahora bien, vista la demanda de amparo promovida por Genara Martínez Hernández, por propio derecho y en representación de sus menores hijos Estrella Crystal, Cole Edgar y Kristen Jennifer, de apellidos Healy Martínez, personalidad que acredita con la copia certificada del acta de nacimiento correspondiente, contra actos del Agente del Ministerio Público, residente en Santa Cruz Huatulco, Oaxaca. ACTOS U OMISIONES RECLAMADAS. Los actos reclamados se hacen consistir literalmente en: "IV.- ACTO RECLAMADO.- La omisión e injustificado retardo para actuar con el deber de debida diligencia y bajo el principio de eficiencia a que se refieren los artículos 129, y fracciones IX y XXII del artículo 31, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, dentro de la carpeta de investigación número LI. 3413/FBSCH/2017". (sic). Con fundamento en los artículos 103, fracción I, de la Constitución Federal; 1o. fracción I, 33, 37, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117, y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda en sus términos. TRAMITE DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin tramitarse incidente de suspensión por no haberse solicitado expresamente. SOLICITUD DE INFORMES. Con apoyo en los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe justificado, el que deberá rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciban el oficio que lo solicita, donde expondrá las razones y fundamentos para sostener la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, y en su caso, la improcedencia del juicio o la actualización de alguna causa de sobreseimiento, y según el caso, acompañará copia certificada completa y legible de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe. Con el mismo fundamento, apercíbasele que de no rendir su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario; además, de no rendirlo o no hacerlo en el término señalado, es decir, quince días, o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, o de no comunicar las causas notorias de sobreseimiento que se produzcan, con fundamento en los artículos 17 Constitucional, 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa por cantidad equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al momento de incurrir en la conducta sancionada. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las diez horas con cuarenta y cinco minutos del veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, para la celebración de la audiencia constitucional; en términos del precepto 115 de la ley de la materia. INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO. Dése la intervención que corresponda al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, en términos del artículo 5°, fracción IV de la Ley de Amparo. EMPLAZAMIENTO A LOS TERCEROS INTERESADOS. Se reserva proveer sobre el emplazamiento al tercero interesado, hasta en tanto obre en autos el informe de la autoridad responsable. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el citado en el proemio de la demanda y como autorizados para tales efectos, a las personas ahí mencionadas. APERCIBIMIENTO. Se precisa a la parte quejosa, que para el caso de que la autoridad señalada como responsable no exista, o bien, la denominación que indica no sea la correcta, con fundamento en el numeral 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que le impone la obligación de precisar en la demanda la autoridad o autoridades responsables, sin ulterior acuerdo, se dejará de tenerlas con tal carácter y cesará toda comunicación con ella, lo anterior, acorde con el principio consagrado por el artículo 17 Constitucional, de que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez de Distrito, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Secretario del Juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 127/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO. Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dése cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal. LEY DE TRANSPARENCIA. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General e Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese. III-A
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