Genaro Esaú Hernández Jiménez
Expediente 1248/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1248/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Genaro Esaú Hernández Jiménez
Actuaciones
- Principal
PRAL. 1248/2022. MESA-1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. 1. Estado de autos. Vistos los autos y la certificación que antecede, advirtiéndose que ha fenecido el plazo concedido al quejoso ************* en proveído de veintiocho de octubre de este año, para que cumpliera con la prevención ahí formulada respecto de la demanda de amparo que promovió contra actos del juez Primero de lo Familiar del distrito judicial del Centro, residente en la ciudad de Oaxaca, del que quedó notificado el ocho de noviembre siguiente, por lo que el término transcurrió del nueve al quince de noviembre del año en curso, sin que la hubiere aclarado. 2. Por no presentada demanda de amparo. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído y ante el incumplimiento a la prevención formulada, en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la promoción inicial constitucional de que se trata. Tiene aplicación al respecto, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo LI, Quinta época, página 208, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, FALTA DE ACLARACIÓN DE LA". Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 1206/2021 MESA 2 Visto, para resolver el juicio de amparo número 1206/2021. R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. 1.1. Mediante escrito presentado el once de noviembre de dos mil veintiuno en el buzón judicial ubicado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio y turnado a este órgano jurisdiccional el doce de noviembre siguiente, Anastacia Contreras Marco y Erica Santiago Ramírez, por propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados siguientes: a) Expedición de la primera convocatoria a la Asamblea de Comuneros del núcleo agrario de San Miguel del Valle, Municipio de Villa Díaz Ordaz, Tlacolula Oaxaca, programada para el diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, a las once horas. b) Riesgo de que se les prive de la libertad y derechos agrarios, por oponerse a la celebración de esa Asamblea. Lo que atribuyen al jefe de Residencia de la Procuraduría Agraria, con sede en la ciudad de Oaxaca. 1.2. La parte quejosa narró los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1, 4, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Segundo. Registro de la demanda de amparo y desechamiento. Por auto de fecha doce de noviembre de dos mil veintiuno se registró la demanda de amparo en el libro de gobierno con el número 1206/2021 y se desechó esa promoción inicial, por las razones ahí expuestas. Tercero. Recurso de queja. El veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno se tuvo a las quejosas Anastacia Contreras Marco y Erica Santiago Ramírez interponiendo recurso de queja contra el proveído dictado el doce de noviembre de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo origen de esta instancia constitucional, del que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito. 3.1. Se declara fundado el recurso de queja y se admite el escrito de demanda. Por ejecutoria de cuatro de mayo del año en curso, emitida en el recurso de queja 515/2021, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito declaró fundado el recurso de queja interpuesto por las quejosas y ordenó se admitiera la demanda; por lo que, en acuerdo de dieciséis de mayo de este año se admitió a trámite dicho ocurso, no se decretó la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados, se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento, se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. Cuarto. Emplazamiento de los terceros interesados. El quince de agosto último se ordenó emplazar como terceros interesados en este juicio de amparo al a) Comisariado de Bienes Comunales y b) Consejo de Vigilancia, ambos de la comunidad de San Miguel del Valle, Municipio de Villa Díaz Ordaz, Tlacolula, Oaxaca, por conducto de sus representantes legales, quienes se apersonaron mediante escrito presentado el veintiocho de septiembre de este año. Quinto. Audiencia constitucional. Previos los trámites relativos, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49, 50 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el Acuerdo General 3/2021, que adiciona el primero (3/2013), publicado en el aludido medio de difusión oficial, el veintidós de abril de dos mil veintiuno, por tratarse de un asunto de naturaleza administrativa y los actos se reclaman de una autoridad residente en la ciudad de Oaxaca, lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76, de la Ley de Amparo se establece que los actos reclamados por la parte quejosa y por los cuales se realizará el análisis relativo, como se advierte del escrito de demanda, consisten en: a) Expedición de la primera convocatoria a la Asamblea de Comuneros del núcleo agrario de San Miguel del Valle, Municipio de Villa Díaz Ordaz, Tlacolula Oaxaca, programada para el diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, a las once horas. b) Riesgo de que se les prive de la libertad y derechos agrarios, por oponerse a la celebración de esa Asamblea. Lo que atribuyen al jefe de Residencia de la Procuraduría Agraria, con sede en la ciudad de Oaxaca. Tercero. Inexistencia de uno de los actos reclamados. La autoridad responsable jefe de Residencia de la Procuraduría Agraria, con sede en la ciudad de Oaxaca, al rendir su informe justificado, negó la existencia de uno de los actos que se le combate, consistente en la privación de la libertad y derechos agrarios de las quejosas; sin que estas últimas hayan objetado o aportado prueba alguna que desvirtúe dicha negativa, no obstante su conocimiento. En esas condiciones, procede sobreseer en este juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, en la jurisprudencia número 284, consultable en la página 236, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, publicada con el rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarto. Certeza de un acto que se combate. En cambio, es cierto el acto reclamado a la citada autoridad responsable, consistente en la expedición de la primera convocatoria a la Asamblea de Comuneros del núcleo agrario de San Miguel del Valle, Municipio de Villa Díaz Ordaz, Tlacolula Oaxaca, programada para el diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, a las once horas, toda vez que al rendir su informe justificado, así lo señaló; lo que se corrobora con las constancias que adjuntó, con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Al respecto, manifestó que el cinco de noviembre de dos mil veintiuno expidió la primera convocatoria para la Asamblea de Elección del Comisariado de Bienes Comunales y Consejo de Vigilancia de la población de San Miguel del Valle, Municipio de Villa Díaz Ordaz, Tlacolula, Oaxaca, la que tuvo verificativo el diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. Quinto. Antecedentes del acto reclamado. Para mejor comprensión del asunto, se describen los antecedentes del acto reclamado por el que la autoridad responsable convino en su existencia, siendo, en lo sustancial, los siguientes: a) Mediante sentencia dictada el doce de marzo de dos mil veinte, en el juicio agrario 1364/2017, por el Tribunal Unitario Agrario Distrito Veintiuno, se declaró la nulidad del acta de asamblea de comuneros de fecha veintidós de abril de dos mil diecisiete, celebrada en el núcleo agrario comunal denominado San Miguel del Valle, Municipio de Villa Díaz Ordaz, distrito de Tlacolula, Oaxaca, concretamente en su punto de acuerdo número cuatro del orden del día sobre el que versó, referente a la elección de los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales y de los miembros del Consejo de Vigilancia del referido núcleo agrario y, como consecuencia de ello, su cancelación en el Registro Agrario Nacional en el Estado. b) Inconformes con esa sentencia, el Comisariado de Bienes Comunales de San Miguel del Valle promovió juicio de amparo directo, que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, radicándolo con el número de expediente 248/2020, el que por sentencia emitida el dos de julio de dos mil veintiuno determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veintiuno emitiera un acuerdo, en el que: I. Ordenara la reposición del procedimiento a partir de la audiencia de cuatro de junio de dos mil diecinueve, en la que dicte las medidas pertinentes para la asignación gratuita de un defensor y un traductor que conozca la cultura zapoteca del poblado de San Miguel del Valle, municipio de Díaz Ordaz, Tlacolula, Oaxaca, hable su lengua, el alcance y consecuencias del proceso en que participan, quienes deberán estar asistidos en todas las diligencias. II. Una vez integrada la litis, recabe todo el material probatorio necesario para resolver la controversia y requiera a las partes para que aporten pruebas relacionadas con la publicidad y permanencia de las cédulas de convocatorias a que se refiere el artículo 25 de la Ley Agraria; y, III. Hecho lo anterior, se continúe con el procedimiento. c) Mediante oficio 1857/2021 de veinte de septiembre de dos mil veintiuno (foja 146 del tomo anexo), el magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veintiuno ordenó al jefe de Residencia de la Procuraduría Agraria que, en acatamiento al fallo protector, convocara a la brevedad posible a una Asamblea de Comuneros del núcleo agrario de San Miguel del Valle, Municipio de Villa Díaz Ordaz, Tlacolula, Oaxaca, en la que se nombren a los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales y Consejo de Vigilancia del mencionado núcleo agrario. d) En acatamiento a dicho mandato, el jefe de Residencia de la Procuraduría Agraria responsable emitió la convocatoria que ahora se reclama (fojas 167 a 170 del tomo anexo); determinación que constituye el acto reclamado en este juicio de amparo. Sexto. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó sus respectivos conceptos de violación, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en aras del principio de economía procesal, toda vez que no es necesaria su transcripción, ni existe precepto alguno de la Ley de Amparo que obligue a este juzgado a transcribirlos, sin que ello conlleve a incumplir con los principios de exhaustividad y congruencia que toda sentencia de amparo debe observar. Las agraviadas, sustancialmente, alegan que: 1. La autoridad responsable vulnera en su perjuicio el artículo 1º de la Constitución Federal, ya que no puede convocar a la Asamblea, cuando aún está pendiente que se resuelva el juicio agrario 1364/2017, en acatamiento a la ejecutoria de amparo. 2. El acto de convocar a la Asamblea, cuando está pendiente de resolverse el juicio agrario, en acatamiento al juicio de amparo, vulnera sus derechos humanos. 3. La determinación reclamada no está suficientemente fundada y motivada, ni se explica el por qué, aun cuando está pendiente el juicio agrario, se toma la atribución de relevar al Tribunal Agrario para convocar a la Asamblea. En el tercero motivo de desacuerdo, la parte quejosa, sustancialmente, dice que la responsable vulnera el numeral 17 constitucional, porque no señala el por qué se releva al Tribunal Agrario en la convocatoria reclamada, ya que no da una explicación legal; luego, refiere la parte quejosa, las garantías que derivan del contenido del precepto 17 constitucional. Los sintetizados conceptos de violación son jurídicamente ineficaces y serán analizados conjuntamente, dada su vinculación. Lo anterior es así, porque es inexacto que la responsable actuara en forma ilegal y vulnerando el artículo 1 constitucional, en perjuicio de las quejosas, al haber emitido la convocatoria para que se llevara a cabo la Asamblea de Comuneros de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, porque de las constancias procesales y los antecedentes que informan el asunto, se puede colegir que la responsable está actuando en acatamiento al mandato que recibió del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veintiuno, en el juicio agrario que las propias quejosas aducen está pendiente de resolución, en cumplimiento a una ejecutoria de amparo dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa de este Decimotercer Circuito. Cierto, el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veintiuno, en auto de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, emitido en el juicio agrario 1364/2017, que fue comunicado el jefe de residencia de la Procuraduría Agraria, mediante oficio 1857/2021, en lo sustancial, señaló: IMAGEN En acatamiento a dicho mandato, el jefe de Residencia de la Procuraduría Agraria en Oaxaca emitió el oficio siguiente: Así también, emitió la convocatoria datada el cinco de noviembre de dos mil veintiuno, en la que se citó a los integrantes de la referida Comunidad Agraria a la Asamblea de Comuneros a celebrarse el diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. De lo que puede concluirse que, diverso a lo que alega la parte quejosa, el jefe de Residencia de la Procuraduría Agraria no actuó en forma ilegal, ya que lo hizo en acatamiento al mandato del Tribunal Unitario Agrario, el que está actuando en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo directo 248/2020, del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito; con lo que de manera alguna se pueda concluir que con la actuación de la responsable se estén vulnerando los derechos de las quejosas. De la misma forma, diverso a lo que alegan las agraviadas, la responsable sí fundó y motivó su actuar, ya que en el oficio PAROAX/322/2021, antes digitalizado, citó el artículo 24 de la Ley Agraria, y aun cuando invocó el precepto 5, fracción XIV, del Reglamento Interior de la Procuraduría Agraria, en tanto que la aplicable es la fracción XV de dicho numeral, como se verá, ello no es suficiente para que se conceda el amparo, ya que dichos preceptos disponen: Ley Agraria. "Artículo 24.- La asamblea podrá ser convocada por el comisariado ejidal o por el consejo de vigilancia, ya sea a iniciativa propia o si así lo solicitan al menos veinte ejidatarios o el veinte por ciento del total de ejidatarios que integren el núcleo de población ejidal. Si el comisariado o el consejo no lo hicieren en un plazo de cinco días hábiles a partir de la solicitud, el mismo número de ejidatarios podrá solicitar a la Procuraduría Agraria que convoque a la asamblea". Reglamento Interior de la Procuraduría Agraria. "Artículo 5.- La Procuraduría, para el logro de sus objetivos, tiene las atribuciones siguientes . . . XV. Convocar a asambleas de los ejidos y comunidades, en los supuestos establecidos en la Ley y a petición de los Sujetos Agrarios o de las autoridades facultadas para ello; - -- - . . ." Es decir, la responsable, aun cuando equívocamente citó la fracción XIV del numeral 5 de su Reglamento Interior, cuando la correcta es la XV, sí señaló los motivos por los que actuaba en la forma en la que lo hizo (en acatamiento a lo ordenado por el Tribunal Agrario); por lo que la cita incorrecta de la citada fracción no puede trascender en el resultado de esta sentencia; en tanto que ningún efecto práctico tendría que únicamente se concediera el amparo para que invocara la fracción correcta, porque con ello, incluso, se retardaría la impartición de justicia en contravención al numeral 17 de la Constitución Federal. Por ende, aun cuando está pendiente de dictarse el fallo en el juicio agrario 1364/2017, es evidente que la responsable está actuando en cumplimiento a lo que el propio Tribunal Agrario determinó debe realizarse para acatar el fallo del amparo directo 248/2020, ya mencionado. Por lo que, si las quejosas consideran que se está excediendo en el cumplimiento de dicha ejecutoria de amparo, en su caso, pueden hacer valer sus derechos ante el Tribunal Colegiado que conoce de ese procedimiento. Por tanto, diferente a lo que se aduce, la responsable está actuando legalmente y ello evidencia que no es verdad que se vulnere el artículo 17 constitucional, pues, por el contrario, el jefe de Residencia de la procuraduría Agraria está acatando los mandatos del Tribunal Unitario Agrario, que pretende cumplir con la ejecutoria de amparo, por lo que de forma alguna está relevando al Tribunal Unitario Agrario de sus funciones, sino más bien está cumpliendo con los mandatos que éste emite. En las relacionadas consideraciones, dada la ineficacia jurídica de los motivos de disenso formulados, sin que se actualice motivo legal para suplir su deficiencia en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, procede negar la protección Federal solicitada. Séptimo. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la misma se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la ley. Por lo expuesto y fundado además en los artículos 1, 74 y 76 de la Ley de Amparo, se: R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por Anastacia Contreras Marco y Erica Santiago Ramírez, respecto del acto reclamado, consistente en la privación de su libertad y derechos agrarios, en términos del considerando tercero de esta sentencia. Segundo. La Justicia Federal no ampara ni protege a las quejosas Anastacia Contreras Marco y Erica Santiago Ramírez, por cuanto hace al diverso acto que se combate, relativo al expedición de la primera convocatoria a la Asamblea de Comuneros del núcleo agrario de San Miguel del Valle, Municipio de Villa Díaz Ordaz, Tlacolula Oaxaca, programada para el diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, en términos del considerando sexto de esta sentencia. Tercero. En su oportunidad dese cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió el juez Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, hasta el día de hoy, veintiocho de octubre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Conste.
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