Genaro de Jesús Merlín López

Expediente 342/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 13 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
342/2023
Año
2023
Actuaciones
13
Última actuación
04/10/2023

Partes del expediente

  • Genaro de Jesús Merlín López
  • Juez de Control del Juzgado de Garantía del distrito judicial de Valles Centrales, San Francisco Tanivet, Oaxaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    PRAL 342/2023 MESA 4 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. 1. Plazo para interposición de recurso. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada el treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; sin que lo hubiese hecho. 2. Firmeza de la resolución. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. 3. Precisión. Resulta jurídicamente innecesario hacer pronunciamiento respecto al plazo de las autoridades responsables, agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado y tercero interesado, pues al haberse negado el amparo y protección de la justicia federal, ningún agravio les genera la sentencia dictada, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo. 4. Publicación de datos personales. Como las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de la sentencia, sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. 5. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 20 y 23 de este último Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese este expediente como definitivamente concluido. 6. Destino (conservable). Al haberse negado a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso a), de ese Acuerdo General, este expediente es CONSERVABLE; por tanto, una vez transcurrido el plazo de tres años, contados a partir de la fecha de este proveído, procédase a lo dispuesto en primer párrafo del artículo 17 del acuerdo mencionado. 7. Archivo reciente. Se comunica a las partes que, en atención a lo dispuesto en el artículo 17 del multicitado acuerdo, este expediente será conservado en este Juzgado durante tres años y, cumplido tal plazo, se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. 8. Instrucción (certificación). En atención a que en acuerdo inicial se instruyó al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, llevara a cabo la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y verificara que en el expediente electrónico fuera incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, y, una vez concluido el asunto, realizara la certificación correspondiente; por tanto, cúmplase con tal indicación y genérese la certificación relativa. 9. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda que el mismo es CONSERVABLE. 10. Precisión sobre devolución de documentos. Finalmente, no pasa desapercibido que en este juicio obra una memoria USB exhibida por la parte quejosa; sin embargo, no se ordena la devolución respectiva, toda vez que el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, tratándose de asuntos conservables, no prevé la devolución de documentales; sin perjuicio que la parte quejosa acuda a solicitar su devolución. 11. Se devuelve DVD. Mediante oficio que al respecto se envíe, devuélvase a la autoridad responsable juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco, Tanivet, Oaxaca, un disco DVD que contiene el audio y video de la audiencia de formulación de la imputación celebrada en la causa penal ********************, de su índice, que remitió como justificación a su informe, ya que no tiene objeto su permanencia en este Juzgado; sin que haya lugar solicitar acuse de recibo, toda vez que la entrega del mismo se advertirá de la constancia de recepción del oficio que al efecto se envíe. 12. Diligencia de notificación personal a quejoso. Vista la diligencia de notificación personal que antecede, se advierte que el quejoso ******************** ratificó el escrito presentado en este Juzgado el veintidós de septiembre pasado, mediante cual solicitó I) revocar a los autorizados nombrados con anterioridad, II) señaló nuevos autorizados y III) señaló usuario para recibir notificaciones electrónicas; en su atención, se provee: 12.1. Revoca domicilio. Como lo solicita la parte quejosa, se le tiene revocando domicilio y autorizados que señaló con anterioridad. 12.2. Autorizados. Se tiene por autorizados, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a 1) ********************(cédula profesional ********************), 2) ********************(cédula profesional ********************), y 3) ********************(cédula profesional ********************), por encontrarse registrada su cédula en la base de datos del Registro Nacional de Profesionistas (https://cedulaprofesional.sep.gob.mx). Con fundamento en el artículo 24, segundo párrafo, de dicha ley se tiene únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos, a las personas restantes que menciona en su escrito de cuenta, por así solicitarlo. 12.3. Autorización de usuario. Con fundamento en los artículos 35, 36 y 38 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se autoriza a la parte quejosa para accesar al expediente electrónico de este juicio, con el nombre de usuario "********************", a fin de que pueda realizar la consulta correspondiente. 12.4. Notificaciones electrónicas. Como lo solicita la parte quejosa, con apoyo en los artículos 3 y 30 de la Ley de Amparo se ordena notificarle mediante la vía electrónica, a través del usuario "********************", únicamente los autos que deban ser notificados personalmente y que deban comunicarse por la importancia para dicha parte; de ahí que en este expediente los autos de mero trámite se notificarán por lista de acuerdos. Ello, en observancia a lo determinado en la jurisprudencia con registro 2026122. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe..

  2. Principal

    P 342/2023, mesa 4 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. 1. Escrito. Visto el escrito suscrito a nombre del quejoso ********************, mediante el cual pretende revocar a los autorizados nombrados con anterioridad y señalar nuevos para oír y recibir notificaciones, así como indica usuario electrónico para consultar el expediente electrónico y recibir notificaciones a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; atento a su contenido, se provee: 2. Se requiere ratificación de firma. Como la firma que calza el escrito de cuenta, a simple vista, discrepa notablemente con la estampada en su escrito inicial de demanda, como se advierte en el cuadro siguiente: Firma estampada en la demanda de amparo. Firma estampada en el ocurso de cuenta. En consecuencia, con fundamento en los artículos 204 y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, se requiere al quejoso ********************, para que, en el acto de la notificación o en el plazo de tres días, contado a partir de su legal notificación, ratifique la firma estampada en su escrito presentado el veintidós de septiembre del actual; apercibido que, de no cumplir con lo anterior, en el término establecido para ello, se tendrá por no presentado el escrito de cuenta. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo II, página 824, registro 1002810, del rubro: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS. DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA." Así como la tesis sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época del Tomo X correspondiente al mes de septiembre de 1992, página 345, registro 218629, de rubro siguiente: "RATIFICACIÓN DE FIRMAS QUE CALZAN LA DEMANDA DE AMPARO, EL JUEZ DE DISTRITO TIENE FACULTAD PARA ORDENAR LA". 3. Notificación a la parte quejosa. Se comisiona al (la) actuario (a) adscrito (a) para que se presente en las instalaciones que ocupan el reclusorio varonil de Tanivet, Tlacolula, Oaxaca (lugar en el que el quejoso se encuentra interno) y realice lo siguiente: Notifique este proveído de manera personal al quejoso ******************** y le requiera para que, en el acto de la notificación o dentro del término de tres días, manifieste si ratifica o no la firma estampada en su escrito presentado el veintidós de septiembre del actual. Ello, no obstante que el lugar en que se encuentra privado de su libertad el directo quejoso se encuentre en San Francisco, Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, ya que de acuerdo con lo señalado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, así como el Consejo Nacional de Población y la Secretaría de Desarrollo Social, se han reconocido la existencia de dos zonas metropolitanas, entre ellas, la de Valles Centrales, conformada, entre otros, por Tlacolula; como se advierte de la página oficial https://www.oaxaca.gob.mx/zona-metropolitana". Es aplicable al respecto, la jurisprudencia de datos de localización y rubro siguientes: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 164473 Instancia: Primera Sala Novena Época. Materias(s): Común Tesis: 1a./J. 43/2010 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Junio de 2010, página 67 Tipo: Jurisprudencia DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. EL QUEJOSO, TERCERO PERJUDICADO O PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO, PUEDEN SEÑALARLO EN LA ZONA METROPOLITANA O CONURBADA AL MUNICIPIO O CIUDAD DONDE EL JUEZ O TRIBUNAL QUE CONOZCA DEL ASUNTO TENGA SU LUGAR DE RESIDENCIA". Notifíquese; personalmente a la parte quejosa en su centro de reclusión. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    P 342/2023, mesa 4 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Se ordena notificar sentencia. Vistos los autos, toda vez que el día treinta y uno de agosto de este año se dictó sentencia en este expediente, mediante la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, misma que se notificó por lista a las partes. En esas condiciones, a fin de que las partes tengan conocimiento del contenido de dicha sentencia, se ordena al actuario de esta adscripción realice las notificaciones respectivas en forma personal a la parte quejosa, tercera interesada y a la agente del Ministerio Público Federal adscrita a este Juzgado; asimismo, haga entrega de los oficios a las autoridades responsables y autoridad tercera interesada. Notifíquese y cúmplase con lo ordenado. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA, PREVIO AVISO.- Vistos para resolver los autos del juicio de amparo número ********************; y, ********************R E S U L T A N D O:********************PRIMERO. Demanda de amparo.****************************************Mediante escrito depositado el tres de abril de dos mil veintitrés en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, y recepcionada a este órgano jurisdiccional el cuatro de abril siguiente, ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca -denominación correcta-; consistente en el auto de vinculación a proceso, de doce de marzo de dos mil veintitrés y medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, dictados en la causa penal ********************.********************La parte quejosa narró los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 14, 16, 20, apartado B, 103, fracción I y 107 de la de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes.********************SEGUNDO. Registro de la demanda de amparo.********************Por auto de fecha diez de abril de dos mil veintitrés se registró la demanda de amparo con el número ********************; se admitió a trámite, se solicitó de la autoridad señalada como responsable su informe justificado y se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento.********************TERCERO. Emplazamiento de parte tercera interesada.********************En autos de diez de abril y veintitrés de mayo de dos mil veintitrés se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados 1) agente del Ministerio Público llevador de la carpeta de investigación ********************, adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razones de Género y 2) víctima directa en el referido proceso penal, de iniciales ******************** a través de su progenitora ********************; quienes fueron emplazados el catorce de abril y doce de julio de dos mil veintitrés; la primera autoridad se apersonó mediante escrito recibido el diecinueve de abril del año en curso (folio 4727).********************CUARTO. Cita para audiencia.********************En auto de diez de julio de dos mil veintitrés se citó a las partes a la audiencia constitucional, la cual, en sus fases de pruebas y alegatos, consta en los términos que anteceden; y.********************C O N S I D E R A N D O:********************PRIMERO. Competencia.****************************************Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 y 56, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo sexto transitorio del Acuerdo General número 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 3/2013, en sus numerales segundo, fracción XIII, números 1, 2 y 3, así como el cuarto, fracción XIII, segundo párrafo, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un asunto de naturaleza penal y porque tiene ejecución en el territorio en que este Juzgado ejerce jurisdicción.****************************************SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados.********************De conformidad con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76, de la Ley de Amparo, se establece que los actos reclamados por el quejoso son:********************Del juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca -denominación correcta-:********************El auto de vinculación a proceso dictado el doce de marzo de dos mil veintitrés, en la causa penal ********************, del índice de la responsable.****************************************Medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta el doce de marzo de dos mil veintitrés, en la causa penal ********************, del índice de la responsable.****************************************TERCERO. Existencia del acto reclamado.****************************************La autoridad responsable juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca -denominación correcta-, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia de los actos reclamados por el quejoso.****************************************CUARTO.- Causal de improcedencia.****************************************Las partes no alegaron y este Juzgado de Distrito no advierte causa de sobreseimiento o de improcedencia; por lo que se analiza la litis constitucional.********************QUINTO. Conceptos de violación.****************************************La parte quejosa formuló conceptos de violación que se tienen por reproducidos y no se transcriben, dado que no existe disposición en la Ley de Amparo que obligue a ello, y por encontrar sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, registro 164618, página 830, del rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN".****************************************SEXTO. Suplencia de la queja.********************Con fundamento en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, el acto reclamado será analizado, de ser procedente, bajo el principio de suplencia de la queja; como así lo ilustra la jurisprudencia de rubro siguiente:******************** "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013." **************************************** ********************SÉPTIMO. Estudio de fondo.****************************************En el caso, se procede a analizar los actos reclamados por separado, atendiendo al momento procesal en que acontecieron:********************El auto de vinculación a proceso.********************El quejoso manifestó en sus conceptos de violación, relativos al auto de vinculación a proceso, en síntesis, lo siguiente:********************El auto de vinculación a proceso es violatorio del derecho fundamental de presunción de inocencia porque en la audiencia de término constitucional celebrada el doce de marzo de dos mil veintitrés, no se realizó en las instalaciones de una sala de audiencias, sino en lugar diverso y además se encontraba sujeto con esposas, lo que vulnera los artículos 9, 11, 13, 47 y 56 del Código Nacional de Procedimientos Penales.********************El juez no realizó una justificación del por qué la audiencia se celebraba estando las partes, en lugares distintos a la sala de audiencias o si existía causa excepcional que hiciera necesario confinar al imputado en algún cubículo aislado; tampoco se pronunció respecto a la concurrencia de excepcionalidad establecida en el artículo 56 del citado código que hiciera necesario el uso de candados de mano que durante toda la audiencia llevó puestos el imputado.********************Cita la tesis con rubros "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE TRATO EN SU VERTIENTE EXTRAPROCESAL. INFLUENCIA DE SU VIOLACIÓN EN EL PROCESO PENAL" y "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE TRATO EN SU VERTIENTE EXTRAPROCESAL. LA TRANSGRESIÓN A ESE DERECHO FUNDAMENTAL PUEDE SURGIR DE CUALQUIER AUTORIDAD PÚBLICA".********************Que en la audiencia de término constitucional el juez le concedió al quejoso el derecho a declarar, pero se omitió ordenar que le retiraran los dispositivos de seguridad que tenía puestos el quejoso, por lo que en toda su declaración no estuvo "libre en su persona", lo que viola lo establecido en el artículo 377 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como vulnera el debido proceso y la presunción de inocencia del quejoso.********************Por ello, el juez no debió realizar de oficio el pronunciamiento de ilicitud y excluir dicha declaración del caudal de datos de prueba y no valorarla en su resolución.******************** El juez viola los derechos del quejoso, porque el juez ordena al imputado a contestar una pregunta que le realizó el Ministerio Público, a pesar de que manifestó que se abstenía contestar; por lo que el juez fundó indebidamente su decisión en el artículo segundo párrafo del artículo 372 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual no es aplicable, sino el fundamento legal aplicable era el penúltimo párrafo del artículo 309 del Código Nacional de Procedimientos Penales.********************Sirve de apoyo la tesis con rubro: "DERECHO A LA NO AUTOINCRIMINACIÓN. CASO EN QUE DEBE DECLARARSE NULA Y EXCLUIRSE DEL MATERIAL PROBATORIO SUSCEPTIBLE DE VALORACIÓN LA PRUEBA QUE INTRODUCE AL PROCESO UNA DECLARACIÓN INCRIMINATORIA DEL IMPUTADO".********************El juez viola las reglas del proceso, porque una vez cerrado el debate, antes de resolver solicita al defensor ponerle a la vista las entrevistas y credenciales para observar las firmas contenidas en dichos documentos; ello, porque la representación social afirmó que existía inconsistencia en los datos de identificación de las personas entrevistadas y que las firmas no coincidían con las credenciales de éstas.********************Lo anterior viola el derecho fundamental a la defensa del imputado porque el juez invade funciones de las partes o indebidamente la subsana, trastocando los principios rectores del proceso, específicamente el de contradicción, porque realiza su "ejercicio para mejor proveer", cuando ya había cerrado el debate; y solicitar que le muestren los documentos en pugna, solo le incumbía a la partes realizarlo a través de la técnica de litigación y los mecanismos procesales que el Código establece.********************El juez al valorar los datos de prueba consistentes en la entrevista no les otorgó valor probatorio, porque las personas entrevistadas eran ex internos de un centro de rehabilitación y que por ello infiere eran adictos y debido a ello, no se sabe si estaban en condiciones de percatarse de lo que narraron en las entrevistas; por lo que dicha motivación es discriminatoria y estereotípica, pues dicha opinión no es motivación para negar el alcance probatorio a datos debidamente desahogados e incorporados al proceso.********************Cita la tesis con rubro: VINCULACIÓN A PROCESO. LOS JUECES DE AMPARO NO PUEDEN SUSTITUIR AL JUEZ DE CONTROL EN LA PONDERACIÓN DE LOS DATOS DE PRUEBA INCORPORADOS POR EL IMPUTADO O SU DEFENSA, EN EL PLAZO CONSTITUCIONAL O SU DUPLICIDAD, SIN EMBARGO, SÍ PUEDEN ANALIZAR LA LEGALIDAD DE SU EJERCICIO DE PONDERACIÓN.********************Que la motivación expuesta por el juez de control no demuestra que los hechos concretos se adecuen a los supuestos que la norma prevé, en atención a que no se acreditó un elemento del tipo penal, a saber, la existencia de violencia moral.********************Ello, porque los razonamientos vertidos por el juez de control son alejados de la lógica y la ley, porque la violencia moral implica el uso de la fuerza sobre la psique del sujeto pasivo, con un mal grave presente o inmediato capaz de intimidarla; esto es una amenaza de tal índole que le genere a la pasivo un grado de perturbación mental que de no ceder tendría una consecuencia grave en su persona; porque el hecho de que 1) las promesas realizadas por el quejoso a la víctima en el sentido de que la dejaría salir del centro de tratamiento de adicciones, que la dejaría ver sus papás, que la ayudaría y protegería o que la sacaría y 2) el poder del imputado ostentado dentro del centro de rehabilitación, no reflejan el uso de la fuerza sobre la psique de la víctima que implique un mal grave presente o inmediato o una consecuencia grave en su persona, no implica violencia moral, ni existe dato de prueba que acredite esa circunstancia generó en la víctima un estado mental que le impidiera resistirse a un ataque.********************El juez de control no adoptó medidas para evitar la vulneración del derecho de adecuada defensa, porque en la audiencia se advierte el incumplimiento de los deberes del defensor del imputado, ya que eran manifiestas y evidentes, como son: ********************I. La audiencia en su totalidad fue celebrada en lugar diverso a la sala de audiencias.********************II. El defensor no estuvo con el imputado en la audiencia y no existe manifestación del defensor de solicitar estar físicamente con el imputado.********************III. El imputado en la audiencia estuvo inmovilizado con dispositivos de seguridad y no hay referencia a la existencia de causa excepcional que lo justifique.********************IV. El imputado rindió su declaración inmovilizado y no existe solicitud del defensor que le sean retirados los candados de mano que llevaba puestos o se justifique su imposición.********************V. En la declaración del imputado manifiesta que no es su deseo responder una pregunta y en su intervención el defensor no argumentó lo establecido en el artículo 309 del Código Nacional de Procedimientos Penales, respecto a que era su derecho del imputado abstenerse a contestar. ********************VI. El juez ordenó al imputado responder una pregunta que previamente había manifestado no querer contestar y el defensor no argumentó dicha violación.********************VII. El juez requiere al defensor exhibición de documentos para mejor proveer, sin que las partes lo hayan solicitado y el defensor accede y las pone en pantalla.********************VIII. La fiscalía solicita la imposición de medida cautelar y el defensor no se opone, pues argumento "que se le otorgue lo solicitado por la fiscalía".********************Por ello, aduce que el juez incumplió con el carácter de rector y garante del proceso penal porque estaba obligado a cerciorarse de que el imputado tuviera una defensa adecuada.********************Cita las tesis: ********************"DEFENSA ADECUADA EN SU VERTIENTE MATERIAL. NO SE SATISFACE ESTE DERECHO, CON EL SOLO NOMBRAMIENTO DE UN LICENCIADO EN DERECHO PARA LA DEFENSA DEL IMPUTADO, SINO QUE DEBEN IMPLEMENTARSE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR QUE TIENE LA ASISTENCIA DE UNA PERSONA CAPACITADA PARA DEFENDERLO [ABANDONO PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 1ª./J.12/2012(9ª)" ********************"REPOSICIÓN DE PROCEDIMIENTO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. SI SE ORDENÓ A PARTIR DE LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL PORQUE EL IMPUTADO NO TUVO UNA DEFENSA TÉCNICA ADECUADA, DEBIO A LA FALTA DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS DE SU DEFENSOR, Y SE ADVIERTE QUE ESE MISMO PROFESIONISTA FUE QUIEN LO ASISTIÓ DESDE LA FASE INTERMEDIA, AQUÉLLA DEBE ABARCAR DESDE ESTA ÚLTIMA."********************"AUDIENCIA DE JUICIO ORAL. DEBE ORDENARSE SU REPOSICIÓN TOTAL O PARCIAL, CUANDO EL TRIBUNAL DE EJUICIAMIENTO ADVIERTE UNA MANIFIESTA Y SISTEMÁTICA INCAPACIDAD TÉCNICA DEL DEFENSOR Y NO ACTÚA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 121 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES."****************************************Es de precisarse que mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de junio de dos mil ocho, se reformaron, entre otros, los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo cual se estableció un sistema de justicia penal acusatorio adversarial y oral, que cumple con los principios del debido proceso legal, como el de inmediación, concentración, contradicción, publicidad y continuidad; ello, de acuerdo con lo señalado en la iniciativa respectiva, con el objetivo de garantizar la vigencia del debido proceso en materia penal, recuperar la confianza en la justicia penal y de sus instituciones, así como hacer más eficiente la persecución e investigación de los delitos y el trabajo de los tribunales penales; asegurar la protección, asistencia y participación de las víctimas en el proceso penal.********************Además, de los derechos jurídicos consagrados en la Constitución Federal, como principio rector a salvaguardar, está el conducente a la presunción de inocencia, que conlleva a que el juez de control y, en su momento, el juez del juicio oral, tienen la obligación de velar por los derechos fundamentales de todo gobernado que se encuentre sujeto a su potestad y, con ello, el deber de fundamentar y motivar debidamente sus determinaciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Federal.********************En ese entendido, en el análisis que se efectuará de la vinculación a proceso, serán considerados los requisitos que señala el artículo 16 constitucional, pues, acorde a la reforma en mención, ya no se exige la comprobación del cuerpo del delito, ni la justificación de la probable responsabilidad, sino la existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.********************Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 45, agosto 2017, tomo I, página 360, registro 2014800, del rubro siguiente:********************"AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL)". ********************Asimismo, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Febrero de 2009, página 430, registro 167829, del texto siguiente:********************"SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. LA ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO DE REFORMAS CONSTITUCIONALES PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008 TAMBIÉN DEPENDE DE LA EMISIÓN DE LA DECLARATORIA A QUE ALUDEN LOS ARTÍCULOS SEGUNDO Y TERCERO TRANSITORIOS DEL PROPIO DECRETO, LO CUAL ES DETERMINANTE PARA EL ESTUDIO DE CONSTITUCIONALIDAD RELATIVO. El artículo tercero transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, establece que el sistema procesal penal acusatorio entrará en vigor al día siguiente al de la publicación del propio Decreto en el medio oficial mencionado, en las entidades federativas que ya lo hubieren incorporado en sus ordenamientos legales vigentes; sin embargo, la vigencia de las citadas reformas también se condicionó a lo previsto en los artículos segundo y tercero transitorios del indicado Decreto, en el sentido de que los poderes legislativos deben emitir una declaratoria que se publicará en los órganos de difusión oficiales y en la cual se señalará expresamente que el sistema mencionado se ha incorporado a los aludidos ordenamientos y, en consecuencia, que las garantías consagradas en la Constitución Federal empezarán a regular la sustanciación de los procedimientos penales. En ese sentido, si un precepto legal relativo al sistema procesal penal acusatorio se impugna después de la declaratoria referida, es indudable que su confrontación debe hacerse contra el nuevo texto constitucional, pero si la impugnación se realiza con anterioridad a tal declaratoria, la confrontación será a la luz del texto constitucional vigente antes de ser reformado, pues de esa manera todos los actos de autoridad quedan sujetos a control constitucional."********************En ese contexto, el estudio del auto de vinculación se realizará conforme a las cuestiones debatidas en la audiencia respectiva, de doce de marzo de dos mil veintitrés, y que fueron ponderadas por el juez responsable; ello, atendiendo al principio de contradicción que rige en el sistema penal acusatorio, es decir, en este juicio se limitará el análisis de los datos de prueba que le fueron ofrecidos al juez responsable, porque, de considerar otros elementos probatorios, se vulneraría el artículo 20, apartado A, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contiene el principio de contradicción que rige el proceso penal acusatorio, lo que permite el equilibrio procesal entre los sujetos procesales.********************Sirve de apoyo, en lo conducente, la tesis II.1º.8 P (10ª.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 11, Octubre de 2014, tomo III, visible en la página 2902, registro 2007612, del texto siguiente:********************"PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SI SE RECLAMA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN DICTADA DENTRO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, EL JUEZ DE DISTRITO, PARA NO VULNERAR EL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN, DEBE LIMITARSE A ANALIZAR LOS DATOS DE PRUEBA VALORADOS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El segundo párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo establece que en el amparo indirecto, el quejoso podrá ofrecer pruebas cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable. Sin embargo, si el acto reclamado es una orden de aprehensión dictada dentro del sistema penal acusatorio, en la que el Juez de control valoró sólo los datos de prueba que hizo de su conocimiento el Ministerio Público, es inconcuso que el Juez de Distrito debe limitarse a analizar éstos, porque, de considerar otros elementos probatorios, vulneraría el artículo 20, apartado A, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contiene el principio de contradicción que rige el proceso penal acusatorio, lo que permite el equilibrio procesal entre los sujetos procesales".****************************************El auto de vinculación a proceso de doce de marzo de dos mil veintitrés está regido por el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: ********************"Artículo 19.- Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión".********************De conformidad con el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el auto de vinculación a proceso requiere de la justificación de los requisitos siguientes:********************Se haya formulado la imputación.********************Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar.********************El delito que se impute al acusado.********************El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de aquél.********************Los datos que establezcan que:********************Se ha cometido un hecho que la ley señale como delito. ********************Exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión.********************El primer requisito se cumplió, ya que del contenido de los registros de audio y videos contenidos en el disco en formato DVD, carpeta "A3 FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN EN CUMPLIMIENTO A UNA O.", al que se le confiere valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por reenvío de su numeral 2º, se advierte que en audiencia pública de seis de marzo de dos mil veintitrés, la agente del Ministerio Público formuló imputación al quejoso ********************, en términos del artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en presencia del juez de control; esto es, hizo de su conocimiento el hecho que se atribuye al aquí quejoso [disco en formato DVD, carpeta "A3 FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN EN CUMPLIMIENTO A UNA O." archivo "telmex_1"]. ********************El segundo de los requisitos se justifica, porque el juez responsable otorgó al imputado la oportunidad de declarar, respondiendo en un principio que no declararía [carpeta "A3 FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN EN CUMPLIMIENTO A UNA O." archivo "telmex_1", minuto 19:43], pero después su defensa ofreció como medio de prueba su declaración, la que realizó y puede apreciarse en el minuto 00:34:37 al 01:11:05, carpeta "A4 AMPLIACIÓN DE TÉRMINO CONSTITUCIONAL 12-03-2023" archivo "telmex_1".********************El tercer requisito también se justifica, en razón de que el delito que se atribuye al imputado, como se dijo, es el de violación agravada, en agravio de la menor de iniciales ********************, previsto en los artículos 246 y 248 Bis, fracción I, del Código Penal del Estado de Oaxaca, vigente.******************** De igual manera, se cumple con el cuarto requisito, ya que del auto de vinculación se advierte que el juez responsable estableció el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del delito. ********************En cuanto al quinto requisito, incisos a) y b), en la resolución reclamada se determinó que existen datos de prueba que establecen que se había cometido un hecho que la ley señala como delito de violación agravada; así como la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; aspectos que sí fueron cumplidos por el juez de control responsable, pues de la reproducción audiovisual de la audiencia celebrada el doce de marzo de dos mil veintitrés, se aprecia que los datos de prueba expuestos por la representación social ante el juez de Control, hasta ese momento procesal, permiten establecer, razonablemente, que se cometió una serie de hechos que la ley señala como delito de violación agravada y que hacen probable la participación del imputado en su comisión.******************** En efecto, el juez responsable, en diligencia de doce de marzo de dos mil veintitrés dictó auto de vinculación a proceso por el delito de violación agravada, previsto en los artículos 246 y 248 Bis, fracción I, ambos del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, contra ********************, como probable responsable en su comisión [disco carpeta "A4 Ampliación de término constitucional 12-03-2023" archivo "telmex_2"].********************En el caso, los datos de prueba aportados por la agente del Ministerio Público y analizados por el juez responsable evidencian el hecho que la ley señalada como delito de violación agravada, por lo siguiente:********************El juez responsable al emitir el auto de vinculación a proceso tomó como base, para su emisión, los datos de prueba expuestos por las partes representación social y defensa del quejoso, consistentes en: ********************De la representación social:********************Denuncia de ******************** de diez de enero de dos mil veintitrés, realizada ante la representación social [disco en formato DVD, carpeta "A3 FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN EN CUMPLIMIENTO A UNA O." archivo "telmex_1", minuto 21:46].********************Dictamen médico de lesiones, examen ginecológico, proctológico e informe de zonas erógenas realizada a la menor de iniciales ******************** por la médico de la Fiscalía General del Estado [disco en formato DVD, carpeta "A3 FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN EN CUMPLIMIENTO A UNA O." archivo "telmex_1", minuto 28:42].******************** Comparecencia de ********************, de treinta de enero de dos mil veintitrés, realizada ante la representación social [disco en formato DVD, carpeta "A3 FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN EN CUMPLIMIENTO A UNA O." archivo "telmex_1", minuto 32:24].********************Declaración de la menor de iniciales ********************realizada ante la representación social, de fecha treinta de enero de dos mil veintitrés, en compañía de su progenitora ********************, perito en psicología y asesora jurídica [disco en formato DVD, carpeta "A3 FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN EN CUMPLIMIENTO A UNA O." archivo "telmex_1", minuto 33:55].******************** Dictamen psicológico de trece de febrero de dos mil veintitrés, emitido por la perito en psicología de la Fiscalía General del Estado [disco en formato DVD, carpeta "A3 FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN EN CUMPLIMIENTO A UNA O." archivo "telmex_1", minuto 51:52].******************** Diligencia de inspección ocular de dos de febrero de dos mil veintitrés, realizada por la agente Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, a la cual se acompañaron placas fotográficas [disco en formato DVD, carpeta "A3 FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN EN CUMPLIMIENTO A UNA O." archivo "telmex_1", minuto 1:00:56].******************** Acta de nacimiento a nombre de la menor de iniciales ******************** [disco en formato DVD, carpeta "A3 FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN EN CUMPLIMIENTO A UNA O." archivo "telmex_1", minuto 1:03:51].********************Entrevista a ********************, de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, realizada ante el agente Estatal de Investigaciones, en la que exhibió diversas pruebas documentales [disco en formato DVD, carpeta "A3 FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN EN CUMPLIMIENTO A UNA O." archivo "telmex_1", minuto 1:04:21]. ********************Recibo de pago con folio 1027, de uno de septiembre de dos mil veintidós, relativo al pago de la mensualidad que realizó en el ************************************************************La defensa del inculpado ofreció como medios de defensa material los siguientes:****************************************Declaración del imputado.********************Entrevistas realizadas a ********************.****************************************Documentales que obran en la carpeta de investigación que hizo suyas la defensa consistentes en:****************************************Declaración de la menor de iniciales ********************realizada ante la representación social, de fecha treinta de enero de dos mil veintitrés.********************Dictamen médico de lesiones, examen ginecológico, proctológico e informe de zonas erógenas realizado a la menor de iniciales ****************************************Dictamen psicológico de trece de febrero de dos mil veintitrés.****************************************De conformidad con los artículos 259, 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el juez responsable procedió a la ponderación de los datos de prueba [disco en formato DVD, carpeta "A3 FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN EN CUMPLIMIENTO A UNA O." archivo "telmex_1", minuto 1:04:21] ********************Así, el juez responsable precisó que de la denuncia de ******************** de diez de enero de dos mil veintitrés, se advierte que fue emitida por una persona mayor de edad, no se advierte coacción, tenía capacidad para realizar su declaración, y no se establece un impedimento físico o mental para no realizarlo; hizo alusión de un hecho en el que su hija tuvo una agresión sexual.****************************************Narró que es progenitora de la menor de iniciales ********************y que debido a la conducta de su hija, decidió ingresarla el ocho de julio de dos mil veintidós en el ********************, ubicado en prolongación ******************** refirió que después de un tiempo que estuvo internada su hija, en octubre de dos mil veintidós, tuvo que salir de dicho centro porque la llevaron a la Fiscalía General del Estado por un asunto en el que tenía que declarar, pero fue acompañada por personal del centro, porque no dejaron que se fueran solas; una vez que estuvo sola con su hija ésta le mencionó que en el centro la estaban golpeando y que el director del Centro ******************** le había dado de tablazos; la hincaba y también la pateaba; ese día no le dijo nada a las personas del centro, pero después acudió al Centro y solicitó que le entregaran a su hija, la psicóloga de dicho centro le preguntó los motivos por los cuales se llevaba a su hija y mandó a llamar al director ********************, quien mandó a traer a la adolescente y trató de convencerla que siguiera asistiendo al centro; una vez que se llevó a su hija la notó muy triste y decaída por lo que la llevó a un psiquiatra, quien la canalizó con un psicólogo. Después de varias sesiones la menor hizo del conocimiento del trato que recibió en dicho centro y que ******************** la insultaba y que había tenido varias relaciones sexuales con él, cada ocho días; que su hija tenía miedo de que saliera embarazada y que le hiciera daño o algo malo.****************************************En la comparecencia de ********************, de treinta de enero de dos mil veintitrés, ante el Ministerio Público, además de presentar a su hija, precisó que su hermano le recomendó ese Centro de internamiento; que al ingresar a su hija realizó pagos, exhibió documentos personales y firmó un contrato por tres meses de internamiento; asimismo, en esta fecha presentó a su hija.****************************************En la entrevista de ********************, realizada por la agente Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado, de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, narra que exhibió una constancia firmada por el director del centro de internamiento ********************, en la que consta que su hija estuvo internada en dicho centro; así como recibo de pago 1027 de uno de septiembre de dos mil veintidós, expedido por el imputado, por concepto de pago de ingreso.****************************************A dichos medios de prueba el juez responsable acertadamente otorgó validez y estimación, porque indicó que son verosímiles, tienen congruencia interna y externa, pues no se contraponen y se adminiculan con los otros datos de prueba ofertados por la Ministerio Público y con la declaración de la víctima carpeta "A4 AMPLIACIÓN DE TÉRMINO CONSTITUCIONAL 12-03-2023" archivo "Telmex_2", minuto 25:50].******************** ********************El juez responsable indicó que de la declaración de la víctima ********************realizada ante la representación social, en compañía de su progenitora ********************, perito en psicología y asesora jurídica, se advierte que es una persona menor de edad, lo que se acredita con el acta de nacimiento; el Ministerio Público cumplió con los protocolos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en casos que afecten a niños, niñas y adolescentes, hizo uso del equipo interdisciplinario, primeramente, para establecer que era apta para declarar, respecto a la información de índole sexual y solicitó a la adolescente si quería que fuera o no videograbada, lo cual no aceptó. ********************Por ello, el juez responsable indicó que el hecho de que no haya sido videograbada no afecta su validez y en atención al interés superior del menor, se tomó en consideración su opinión.********************Agregó que la menor estaba en condiciones de rendir su declaración, lo que se robustece del dictamen en psicología emitido por la psicóloga de la Fiscalía General del Estado, en el que refirió que no padece algún trastorno y no tiene algún tipo de padecimiento ni alucinación.********************También agregó la responsable que la declaración es congruente, pertinente e idónea, porque es narrada de forma acorde, no se contrapone entre sí y que su declaración narra los hechos que vivió, esto es, que es hija de la señora ********************, quien decidió ingresarla el ocho de julio de dos mil veintidós en el ********************; se asustó mucho, la tuvieron encerrada en un cuarto que tenía una ventanita donde le pasaban comida; que el diecinueve de julio de dos mil veintidós, aproximadamente siete de la noche, el dueño del centro ******************** le preguntó si quería salir pronto de ahí, a lo que ella le dijo que si, entonces le agarró su mano y se la puso en su pene y le dijo que le hiciera sexo oral como al muchacho del video; en ese momento se quedó en shock y que no lo quería hacer porque le dio miedo y asco, pero el imputado le dijo que la iba a sacar pronto; la protegería y le iba a dar dinero; entonces, se acercó le bajó el pantalón y la pantaleta, le tocó la vagina y le dijo "no querías pero mira estás bien mojadita" y la penetró, después la agachó y le metió el pene en la boca y eyaculó, la menor escupió y le dijo que era la última vez que lo hacía, después se fueron a una junta.********************También refiere que antes de cumplir un mes, su mamá acudió con personal de la Fiscalía para tomarle su declaración pero la psicóloga del centro le dijo que no quería tonterías que no se fuera a quejar.********************Asimismo, mencionó que el veinticuatro de julio de dos mil veintidós, aproximadamente a las diez horas con treinta minutos, se encontraba en el consultorio médico del centro, cuando llegó el imputado, le regaló unos chocolates y le dijo que en dos domingos su papá iría a visitarla y que había hablado con él; se acostó boca arriba en una mesa, el imputado le quitó el pantalón, la blusa se paró frente a ella y la penetró con su pene en la vagina, después le puso el pene en la boca y le eyaculó. Refiere que vio varias veces golpeando a otra interna mujer.********************El veintiocho de agosto de dos mil veintidós, como a las cuatro horas con treinta minutos, cuando se encontraba en el consultorio de la psicóloga el inculpado le besó la boca, le tocó sus glúteos y los senos, le quitó la ropa, su pantaleta, la arrimó hacia la pared, la penetró con su pene en la vagina, le dijo que se vistiera y se bajaron a un festejo. ********************Ese día, se dieron cuenta que ella tomó un teléfono con el que le marco a su papá, por lo que la castigaron y la insultaron.********************Asimismo, refiere como hecho que el ocho de octubre de dos mil veintidós, aproximadamente a las dieciocho horas con veinte minutos, entró el inculpado en su habitación, le dijo muchas cosas bonitas, le quitó la ropa, se bajó el pantalón y la penetró con su pene en la vagina, luego sacó su pene y se lo metió en la boca y eyaculó, después le dijo que se cambiara y arreglara el cuarto.********************Narró que posteriormente el inculpado y otra persona la llevaron a la Fiscalía General del Estado, para que rindiera una declaración respecto a un asunto de un video con otro adolescente; estando sola con su mamá, le platicó todo lo que le hacían en ese centro, que le pegaban y la castigaban, su mamá le dijo que aguantara un poco más.****************************************El juez precisó que al encontrarse la menor en un centro de internamiento, no obstante que los testigos de descargo de la defensa indicaron que en ese centro los trataban bien y que protegían a las mujeres, no desvirtúan lo narrado por la niña victima (minuto 50:44); pues se advierte que ella se encontraba en condiciones de vulnerabilidad graves, y que por su edad, la forma en que fue ingresada al centro de internamiento, es creíble que, además, de ser agredida físicamente, también fue agredida sexualmente; y por sus circunstancias específicas se podía creer que tuvo una relación con el imputado de carácter sentimental.********************Sin que obste que los testigos de descargo hayan manifestado que nunca estaba sola, que siempre la vigilaban, inclusive en la noche la tenían en observación y que en su declaración el imputado haya dicho que es inocente y nunca realizó este tipo de conductas; que en la fecha de los hechos él ni se encontraba en el centro de internamiento, porque se encontraba en otro lugar o estaba enfermo; pues el juez estableció que dada la dependencia emocional en la que se encontraba la menor sí era creíble y verosímil que se haya realizado el abuso sexual, dado la simetría de poder, por el cargo que tenía el imputado en centro de internamiento (condición de poder); y que quizá haya accedido a tener relaciones sexuales con el imputado, pero ese consentimiento está viciado.**************************************** Por ello, de la declaración de la víctima, adminiculada con otros elementos, se robustecen lo narrado y el juez otorgó validez. ********************La declaración se robustece con el dictamen médico de lesiones, examen ginecológico, proctológico e informe de zonas erógenas realizada a la menor de iniciales ********************, y el dictamen psicológico.****************************************En efecto, del dictamen médico se advierte que se indicó que no arroja lesiones recientes, ello dado el tiempo que transcurrió entre la última agresión sexual y la fecha de su emisión, pero dado que las peritos son expertas en la materia, la metodología que aplican y conocimientos de las materias, arribaron a una conclusión; en el dictamen médico se desprende que sí tiene desgarres antiguos, lo que corrobora que la víctima tuvo relaciones sexuales con anterioridad; asimismo, del dictamen psicológico se precisó que se evidencian síntomas clínicos persistentes asociados a eventos traumáticos experimentados, ansiedad, dificultades en reactivación emocional, que estableció una relación víctima-victimario con el imputado ********************, en el medio que se encontraba la adolescente se encontraba en riesgo; la víctima confía ante la situación de la agresión que se convierte en situación de estrés, sorprende y paraliza a la víctima por la situación de querer escapar, por la conducta del agresor; establece manipulación, amenaza, sometimiento continuo, en situaciones donde se ha visto vulnerada su integridad psicológica y sexual, engaño, sufrimiento físico por haber sido vulnerada y sometida a actos sexuales, seducción y manipulación; el agresor forma un vínculo de confianza y se encuentra en una posición afectuosa; como consecuencia de ello, la víctima por su edad fue aprovechada por el imputado para hacer daño sexualmente, agresión en su persona, obligada a tener relaciones sexuales dado su condición de mujer (minuto 1:14:39 a 1:18:10).********************En cuanto a la inspección ocular de dos de febrero de dos mil veintitrés, realizado por la agente estatal de investigaciones, se desprende que es suficiente lo que la denunciante manifestó, en relación a que el centro de internamiento sí existe, adminiculada con el recibo de pago por concepto de pago mensualidad por el internamiento de la menor, emitido por el imputado.****************************************Asimismo, con el acta de nacimiento se establece que la víctima es menor de edad.********************En cuanto a los datos de prueba ofrecidos por la defensa del imputado como entrevistas de los testigos de descargo, el juez responsable acertadamente no otorgó validez, por los motivos que expuso anteriormente al valorar la declaración de la menor, los cuales reiteró [minuto 1:23: 41].********************A la declaración del imputado le otorgó validez, porque hizo una narración coherentemente; sin embargo, no existe congruencia externa, para acreditar lo que asegura, esto es, que nunca realizó los hechos que se le imputan y negó la participación, porque no estaba presente en el centro de internamiento ya que realizó otras actividades y en otra fecha no fue al centro, pues estaba enfermo; porque dicha declaración estaba aislada, pues lo narrado no se corroboró con otros datos de prueba idóneos y suficientes [minuto 1:33:25]. ********************Una vez precisado lo anterior, se estima que fue apegado a derecho que el juez responsable haya indicado que los datos de prueba, relacionados entre sí, son suficientes para acreditar los hechos de la imputación realizada por la representación social a ******************** [minuto 1:40:48].********************El juez responsable indicó que los hechos acreditados constituyen el delito de violación agravada, previsto en los artículos 246 y 248 bis, fracción III, en relación con el 8, fracción I, y 11, fracción II, todos del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, que requiere de diversos elementos para su configuración [minuto 1:46:01], como son:********************a) Que acción de realizar cópula con otra persona, sea cual fuere el sexo de ésta.********************b). Esa cópula se realice empleando violencia física, o moral, contra la persona pasivo.********************c) Que esta cópula se realice sin consentimiento de la víctima o que sea con consentimiento pero viciado.********************Además, en el caso concreto, se considera que el delito de violación es AGRAVADO:********************d). Que el hecho sea cometido por persona que tenga al ofendido bajo su custodia, tutela, guarda o educación, o que aproveche la confianza en él depositada. ****************************************La responsable correctamente tuvo por acreditado cada uno de los citados elementos, con los datos de prueba que previamente había valorado; asimismo, realizó manifestaciones al respecto. ****************************************Por ello, resulta infundado lo manifestado por el quejoso en su concepto de violación marcado con el punto 4, en el que indicó que no se acredita el elemento del tipo penal, esto es, la existencia de la violencia moral, porque no hubo uso de la fuerza sobre la psique del sujeto pasivo con un mal grave presente o inmediato capaz de intimidarla y amenazarla, de tal índole que de no ceder tendría una consecuencia grave en su persona.********************Ya que, como acertadamente el juez responsable lo expresó, sí se acredita la violencia moral, porque en los cuatro hechos realizados los días diecinueve de julio, veinticuatro de julio, veintiocho de agosto y ocho de octubre de dos mil veintidós, al decirle a la víctima que iba a salir pronto, que la iba ayudar y a proteger, que pronto iba a ver a sus papás, sí hay violencia moral, dado las circunstancias particulares de la víctima, que es una niña de catorce años, porque está estableciendo ciertas circunstancias para obligarla a una pretensión; además, el hecho de usar la seducción, engaño y manipulación es también un tipo de violencia moral [minuto 1:51:08]; con el poder que tenía en el centro donde estaba la víctima, su edad, vulnerabilidad y dependencia psicoemocional, contrario a lo que se alega, sí se acredita la violencia moral, por lo que no requiere el uso de fuerza, como lo hizo ver el juez responsable.****************************************Probable participación.********************El juez responsable correctamente determinó que la participación en los hechos que se atribuyen al imputado se encuentra justificada, porque la víctima lo reconoce, lo identifica y lo ubica como la persona que la agredió sexualmente en las fechas y horas que ya se indicaron. ********************Por otra parte, la responsable acertadamente estableció que la conducta o comportamiento realizado por el imputado fue dolosa, pues se advierte que tenía conocimiento que no estaba permitido; pese a ello, lo quiso hacer, por lo que se actualiza la conducta prevista en el artículo 8, fracción I, del Código Penal vigente en el Estado [minuto 1:56:16].********************Consideraciones que son apegadas a derecho, dado que existen datos de prueba que permiten, fundamentalmente, suponer que ******************** realizó los hechos delictivos; pues existe un señalamiento directo por parte de la víctima como la persona que la agredió sexualmente.********************Que es antijurídica, porque es contraria a derecho, no tiene ninguna justificación en términos de lo que establece el artículo 14 del Código Penal vigente en el Estado de Oaxaca. ****************************************Además, no se está en presencia de una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito conforme al artículo 485 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ********************De ahí que la responsable indicó con precisión en qué consistió la conducta ilegítima en que incurrió el sujeto activo para tener por demostrada, hasta el momento, su probable participación, en la comisión del delito de violación agravada; para lo cual, de manera acertada la tuvo por comprobada con el señalamiento directo, claro y preciso que realizó la víctima, quien ante la autoridad investigadora refirió las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedieron los hechos delictivos atribuidos al ahora quejoso.********************En consecuencia, es infundado el concepto de violación formulado por el quejoso, relatado en el punto 1 -enumerado en esta sentencia-, porque, contrario a lo manifestado por el quejoso, si bien es cierto que la audiencia no se realizó en una sala de audiencia, también lo es que el juez responsable sí justificó que no se encontraba en la sede del Juzgado, pero que llevaría la audiencia en la modalidad de videoconferencia [minuto 00:00:20], que se encuentra permitida en el Código Nacional de Procedimientos Penales en su numeral 51; de ahí que dicha circunstancia no viola en perjuicio del quejoso el derecho fundamental de presunción de inocencia.********************Además, que se realizó la identificación de cada una de las partes que intervinieron en la audiencia; de ahí que no obsta que el inculpado no se encontraba en el mismo lugar que su abogado, dada la modalidad de la audiencia.********************De ahí que las tesis que cita, no son aplicables al caso, pues se refieren a la presunción de inocencia, pero no al caso específico, esto es, cuando la audiencia de término constitucional se desarrolla en la modalidad de videoconferencia. ****************************************Es inoperante lo manifestado por el quejoso en los conceptos de violación relatados en los puntos 1 y 2 -enumerados en esta sentencia-, relativos a que el imputado estuvo esposado y que su declaración la rindió sin que se ordenara retirar los dispositivos de seguridad que tenía puestos, lo que viola lo establecido en el artículo 377 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el debido proceso y la presunción de inocencia. En efecto, el referido precepto legal establece lo siguiente:****************************************"377. Declaración del acusado en juicio********************El acusado podrá rendir su declaración en cualquier momento durante la audiencia. En tal caso, el juzgador que preside la audiencia le permitirá que lo haga libremente o conteste las preguntas de las partes. En este caso se podrán utilizar las declaraciones previas rendidas por el acusado, para apoyo de memoria, evidenciar o superar contradicciones. El Órgano jurisdiccional podrá formularle preguntas destinadas a aclarar su dicho.****************************************El acusado podrá solicitar ser oído, con el fin de aclarar o complementar sus manifestaciones, siempre que preserve la disciplina en la audiencia.****************************************En la declaración del acusado se seguirán, en lo conducente, las mismas reglas para el desarrollo del interrogatorio. El imputado deberá declarar con libertad de movimiento, sin el uso de instrumentos de seguridad, salvo cuando sea absolutamente indispensable para evitar su fuga o daños a otras personas".****************************************De la lectura del artículo transcrito se advierte que el mismo es aplicable en fase del juicio oral, siendo que el estudio de esta resolución es respecto a la etapa de vinculación a proceso, esto es, previa a aquélla.********************Asimismo, en el primero de ellos, en lo que aquí interesa, se señala que el acusado podrá rendir declaración en cualquier momento de la audiencia; asimismo, deberá declarar con libertad de movimiento, sin el uso de instrumentos de seguridad, salvo cuando sea absolutamente indispensable para evitar su fuga o daños a otras personas.********************Sin embargo, como ya se estableció, el este juicio de amparo fue promovido contra el auto de vinculación a proceso, fase que es previa a la de juicio oral, y que es la referida en el artículo señalado; inclusive, dicho numeral se encuentra inmerso en el capítulo de juicio oral, por tanto, la referida precisión no es aplicable en la etapa en estudio, donde únicamente se requieren datos de la existencia del hecho señalado en la ley como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión.********************De ahí que el juez responsable no estaba obligado a ordenar que le quitaran los dispositivos de seguridad al inculpado, tampoco a excluir la declaración del imputado porque la realizó esposado; además, al final de la audiencia se puede observar que el imputado ya no tenía esposas.********************En el referido concepto de violación relatado en el punto 3 -enumerado en esta sentencia-, en el que se argumenta que el juez responsable viola las reglas del proceso, porque una vez que se había cerrado el debate, se solicita se ponga a la vista los datos que prueba que se aportaron, consistentes en las entrevistas y credenciales para que pudiera observar las firmas contenidas en dichos documentos, lo que, dice, viola el derecho fundamental a la defensa del imputado.********************También es infundado, porque de la audiencia se desprende que el juez responsable, en atención a las alegaciones realizadas por la representación social y la asesora jurídica de la víctima, en cuanto a la discrepancia de las firmas que contenían las entrevistas de descargo incorporadas por la defensa del quejoso, solicitó a la defensa que le pusiera a la vista el contenido de las entrevistas y las firmas que éstas calzan, pero dicho juzgador justificó que era para mejor resolver, porque no tenía a la vista dichas documentales [carpeta "A4 AMPLIACIÓN DE TÉRMINO CONSTITUCIONAL 12-03-2023" archivo "telmex_1" minuto 3:18:53 a 3.:23:40] y las demás partes habían realizado manifestaciones respecto de dichos documentos, lo cual no invade funciones de las partes o indebidamente las subsana, porque, precisamente, la representación social y la asesora jurídica de la víctima, al tomar el uso de la voz, fueron quienes informaron al juez de las discrepancias que presentaban dichos documentos, circunstancia que estaba en aptitud de corroborar.********************Además, el juez responsable también precisó que la ley no le impedía requerir a la parte oferente de la prueba que le exhibiera los documentos que ya había incorporado previamente. ********************Asimismo, el juez indicó que tuvo que requerir a la defensa del inculpado le presentaran los documentos, ante la falta de lealtad de la parte oferente al incorporar las entrevistas [carpeta "A4 AMPLIACIÓN DE TÉRMINO CONSTITUCIONAL 12-03-2023" archivo "telmex_2" minuto 1:27:30]; de ahí lo infundado del argumento en estudio. ********************De igual manera, es infundado lo manifestado en el punto 3.1 -enumerado en esta sentencia-, porque, contrario a lo manifestado, el juez responsable no otorgó valor probatorio a las entrevistas de descargo, porque haya considerado que las personas entrevistadas eran adictas y debido a ello no se sabe si estaban en condiciones de percatarse de lo que narraron en las entrevistas.********************Ello, porque el juez indicó que no se les dio validez, solo se le estima (sic) [carpeta "A4 AMPLIACIÓN DE TÉRMINO CONSTITUCIONAL 12-03-2023" archivo "telmex_2" minuto 1:24:28], pero porque 1) lo declarado era poco creíble, dado el tiempo que transcurrió de la época de los hechos a la fecha en que se realizaron las entrevistas, no es posible que supieran lo que aconteció meses atrás; 2) en la entrevista de ********************, la constancia que respalda su identidad está expedida por una asociación llamada "Convite" de vecinos, por tanto, no es la persona facultada para emitir dicha constancia; además, esa constancia fue expedida a una persona de nombre ********************por ello, no existía certeza de que la persona a la que entrevistó sea la misma; y en la declaración la persona dice ser originaria de San Luis Potosí, y en la constancia de identidad se precisó que era originaria de Oaxaca de Juárez; 3) en las entrevistas a nombre de ********************, la firma que calzan discrepan de las estampadas en las credenciales de elector, con las que se identificaron.********************De ahí que no le haya otorgado estimación probatoria; determinación que se estima apegada a derecho; sin que se tome en consideración la tesis que cita, pues no es aplicable al caso, ya que dicha tesis se refiere a la actuación pero de los jueces de distrito.********************Es inoperante lo manifestado por la parte quejosa en el punto 2.1 -enumerado en esta sentencia-, porque el juez de control ordena al imputado a contestar una pregunta que le realizó el Ministerio Público, aunque manifestó que deseaba abstenerse de contestar; por lo que el juez fundó indebidamente su decisión en el segundo párrafo del artículo 372 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que no es aplicable, sino el fundamento legal aplicable era el penúltimo párrafo del artículo 309 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En efecto, los artículos citados disponen:********************"Artículo 309. Oportunidad para formular la imputación a personas detenidas********************La formulación de la imputación es la comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado, en presencia del Juez de control, de que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos que la ley señala como delito.********************En el caso de detenidos en flagrancia o caso urgente, después que el Juez de control califique de legal la detención, el Ministerio Público deberá formular la imputación, acto seguido solicitará la vinculación del imputado a proceso sin perjuicio del plazo constitucional que pueda invocar el imputado o su Defensor.********************En el caso de que el Ministerio Público o la víctima u ofendido o el Asesor jurídico solicite una medida cautelar y el imputado se haya acogido al plazo constitucional, el debate sobre medidas cautelares sucederá previo a la suspensión de la audiencia.********************El imputado no podrá negarse a proporcionar su completa identidad, debiendo responder las preguntas que se le dirijan con respecto a ésta y se le exhortará para que se conduzca con verdad.********************Se le preguntará al imputado si es su deseo proporcionar sus datos en voz alta o si prefiere que éstos sean anotados por separado y preservados en reserva.********************Si el imputado decidiera declarar en relación a los hechos que se le imputan, se le informarán sus derechos procesales relacionados con este acto y que lo que declare puede ser utilizado en su contra, se le cuestionará si ha sido asesorado por su Defensor y si su decisión es libre.********************Si el imputado decide libremente declarar, el Ministerio Público, el Asesor jurídico de la víctima u ofendido, el acusador privado en su caso y la defensa podrán dirigirle preguntas sobre lo que declaró, pero no estará obligado a responder las que puedan ser en su contra.********************En lo conducente se observarán las reglas previstas en este Código para el desahogo de los medios de prueba."********************"Artículo 372. Desarrollo de interrogatorio********************Otorgada la protesta y realizada su identificación, el juzgador que presida la audiencia de juicio concederá la palabra a la parte que propuso el testigo, perito o al acusado para que lo interrogue, y con posterioridad a los demás sujetos que intervienen en el proceso, respetándose siempre el orden asignado. La parte contraria podrá inmediatamente después contrainterrogar al testigo, perito o al acusado.********************Los testigos, peritos o el acusado responderán directamente a las preguntas que les formulen el Ministerio Público, el Defensor o el Asesor jurídico de la víctima, en su caso. El Órgano jurisdiccional deberá abstenerse de interrumpir dicho interrogatorio salvo que medie objeción fundada de parte, o bien, resulte necesario para mantener el orden y decoro necesarios para la debida diligenciación de la audiencia. Sin perjuicio de lo anterior, el Órgano Jurisdiccional podrá formular preguntas para aclarar lo manifestado por quien deponga, en los términos previstos en este Código.********************A solicitud de algunas de las partes, el Tribunal podrá autorizar un nuevo interrogatorio a los testigos que ya hayan declarado en la audiencia, siempre y cuando no hayan sido liberados; al perito se le podrán formular preguntas con el fin de proponerle hipótesis sobre la materia del dictamen pericial, a las que el perito deberá responder atendiéndose a la ciencia, la profesión y los hechos hipotéticos propuestos.********************Después del contrainterrogatorio el oferente podrá repreguntar al testigo en relación a lo manifestado. En la materia del contrainterrogatorio la parte contraria podrá recontrainterrogar al testigo respecto de la materia de las preguntas."****************************************Como se ve, el primer artículo refiere a la declaración del imputado en la audiencia de imputación, en la cual tiene derecho a declarar libremente, y podrán dirigirle preguntas sobre lo que declaró, pero no estará obligado a responder las que puedan ser en su contra.********************Por su parte, el segundo numeral dispone que en la audiencia de juicio los testigos, peritos o el acusado responderán directamente a las preguntas que les formulen el Ministerio Público, el defensor o el asesor jurídico de la víctima.********************En el caso, en la declaración del imputado el Ministerio Público solicitó realizarle una pregunta, a la cual el inculpado manifestó que no era su deseo responder; el juez responsable precisó que, en términos del artículo 309, penúltimo párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, no estaba obligado a responder, pero que en términos de lo dispuesto por el numeral 372 del Código citado estaba obligado y le dijo que respondiera a la pregunta formulada [carpeta "A4 AMPLIACIÓN DE TÉRMINO CONSTITUCIONAL 12-03-2023" archivo "telmex_2" minuto 1:12:28 a 1:16:18]; ********************Lo anterior no se encuentra debidamente fundado, pues, como ya se estableció, este juicio de amparo fue promovido contra el auto de vinculación a proceso, fase que es previa a la de juicio oral, y el artículo 372 señalado hace referencia a la declaración en la audiencia de juicio; inclusive, dicho numeral se encuentra inmerso en el capítulo de juicio oral; por tanto, se estima, dicha disposición no es aplicable en la etapa en estudio. Sin embargo, lo anterior es inoperante, porque el juez responsable en la audiencia justificó por qué fundó su requerimiento en dicho precepto; además, solicitó a la defensa del inculpado si se oponía o no a ello y ésta respondió que el inculpado debería responder; por tanto, no se advierte la existencia de una violación procesal.********************Máxime que lo que pretende el quejoso con este concepto de violación es que el juez responsable no otorgue valor probatorio a la declaración de su defendido, aquí quejoso; pero, en el caso, de la audiencia de término constitucional se desprende que el juez de control al resolver el auto de vinculación a proceso no otorgó valor probatorio a dicha declaración; solo mencionó que era válida, porque fue narrada de forma congruente, pero también indicó que dicha declaración estaba aislada y lo narrado no se corroboró con otros datos de prueba idóneos y suficientes [carpeta "A4 AMPLIACIÓN DE TÉRMINO CONSTITUCIONAL 12-03-2023" archivo "telmex_2" minuto 1:33:25].********************De ahí lo inoperante del referido concepto de violación.********************Prisión preventiva oficiosa.********************La parte quejosa se duele de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta el doce de marzo de dos mil veintitrés, con motivo de que se le vinculó a proceso por violación agravada.********************Contra dicha determinación manifestó como conceptos de violación, en síntesis, que:********************La imposición de la medida de prisión preventiva es inconvencional y viola los artículos 14 y 16 constitucionales y el principio de presunción de inocencia, porque el juez de control se limita a señalar que no está facultado para desaplicar un precepto constitucional, pues ello es facultad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no obstante que debe interpretar ese conjunto de normas constitucionales o convencionales, en forma armónica y aplicar la que mayor beneficio acarree al gobernado, bajo el principio pro homine o pro persona, privilegiando el principio de presunción de inocencia.********************Que se debe observar la sentencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos, en que se estableció que la prisión preventiva solo se debe imponer cuando sea absolutamente necesaria para la satisfacción de un fin legítimo, como el hecho de que el imputado no se sustraerá (sic) de la acción de la justicia.********************Cita la tesis con rubro: "JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA."********************6.1 Que el juez señala el riesgo de fuga y riesgo a la víctima, no hace razonamiento fundado y motivado acerca de la configuración de esos riesgos procesales, sino evadió el tema, exime su estudio y se pronuncia sobre la prisión preventiva oficiosa incurriendo en una violación procesal, pues la Ministerio Público ofrece datos de prueba para esa fase procedimental y solicita su desahogo sin que el juez admitiera y permitiera dicho desahogo o señalara por qué no era procedente, lo que es violatorio del debido proceso.****************************************El numeral 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone:********************"Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.****************************************El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud".****************************************Del citado precepto se advierte que el juez ordenará prisión preventiva cuando el delito sea violación, entre otros supuestos.********************Por otro lado, los numerales 153 a 157, 165 y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen:********************"Artículo 153. Reglas generales de las medidas cautelares.********************Las medidas cautelares serán impuestas mediante resolución judicial, por el tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento.****************************************Corresponderá a las autoridades competentes de la Federación y de las entidades federativas, para medidas cautelares, vigilar que el mandato de la autoridad judicial sea debidamente cumplido."****************************************"Artículo 154. Procedencia de medidas cautelares****************************************El Juez podrá imponer medidas cautelares a petición del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, en los casos previstos por este Código, cuando ocurran las circunstancias siguientes:****************************************I. Formulada la imputación, el propio imputado se acoja al término constitucional, ya sea éste de una duración de setenta y dos horas o de ciento cuarenta y cuatro, según sea el caso, o****************************************II. Se haya vinculado a proceso al imputado.****************************************En caso de que el Ministerio Público, la víctima, el asesor jurídico, u ofendido, solicite una medida cautelar durante el plazo constitucional, dicha cuestión deberá resolverse inmediatamente después de formulada la imputación. Para tal efecto, las partes podrán ofrecer aquellos medios de prueba pertinentes para analizar la procedencia de la medida solicitada, siempre y cuando la misma sea susceptible de ser desahogada en las siguientes veinticuatro horas."****************************************"Artículo 155. Tipos de medidas cautelares****************************************A solicitud del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, el juez podrá imponer al imputado una o varias de las siguientes medidas cautelares:****************************************I. La presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que aquél designe;********************II. La exhibición de una garantía económica;********************III. El embargo de bienes;********************IV. La inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero;********************V. La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez;********************VI. El sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada o internamiento a institución determinada;********************VII. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse o ciertos lugares;********************VIII. La prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas u ofendidos o testigos, siempre que no se afecte el derecho de defensa;********************IX. La separación inmediata del domicilio;********************X. La suspensión temporal en el ejercicio del cargo cuando se le atribuye un delito cometido por servidores públicos;********************XI. La suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral;********************XII. La colocación de localizadores electrónicos;********************XIII. El resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga, o********************XIV. La prisión preventiva.********************Las medidas cautelares no podrán ser usadas como medio para obtener un reconocimiento de culpabilidad o como sanción penal anticipada."****************************************"Artículo 156. Proporcionalidad****************************************El Juez de control, al imponer una o varias de las medidas cautelares previstas en este Código, deberá tomar en consideración los argumentos que las partes ofrezcan o la justificación que el Ministerio Público realice, aplicando el criterio de mínima intervención según las circunstancias particulares de cada persona, en términos de lo dispuesto en el artículo 19 de la Constitución.****************************************Para determinar la idoneidad y proporcionalidad de la medida, se podrá tomar en consideración el análisis de evaluación de riesgo realizado por personal especializado en la materia, de manera objetiva, imparcial y neutral en términos de la legislación aplicable.****************************************En la resolución respectiva, el Juez de control deberá justificar las razones por las que la medida cautelar impuesta es la que resulta menos lesiva para el imputado."****************************************"Artículo 157. Imposición de medidas cautelares****************************************Las solicitudes de medidas cautelares serán resueltas por el Juez de control, en audiencia y con presencia de las partes.****************************************El Juez de control podrá imponer una de las medidas cautelares previstas en este Código, o combinar varias de ellas según resulte adecuado al caso, o imponer una diversa a la solicitada siempre que no sea más grave. Sólo el Ministerio Público podrá solicitar la prisión preventiva, la cual no podrá combinarse con otras medidas cautelares previstas en este Código, salvo el embargo precautorio o la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren en el sistema financiero.****************************************En ningún caso el Juez de control está autorizado a aplicar medidas cautelares sin tomar en cuenta el objeto o la finalidad de las mismas ni a aplicar medidas más graves que las previstas en el presente Código."************************************************************"Artículo 165. Aplicación de la prisión preventiva****************************************Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. La prisión preventiva será ordenada conforme a los términos y las condiciones de este Código.********************La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares.********************Artículo 167. Causas de procedencia****************************************El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez de control la prisión preventiva o el resguardo domiciliario cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa en los términos del presente Código.****************************************En el supuesto de que el imputado esté siendo procesado por otro delito distinto de aquel en el que se solicite la prisión preventiva, deberá analizarse si ambos procesos son susceptibles de acumulación, en cuyo caso la existencia de proceso previo no dará lugar por si sola a la procedencia de la prisión preventiva.****************************************El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.****************************************Las leyes generales de salud, secuestro y trata de personas establecerán los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa.****************************************La ley en materia de delincuencia organizada establecerá los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa.****************************************Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en el Código Penal Federal de la manera siguiente:****************************************I. Homicidio doloso previsto en los artículos 302 en relación al 307, 313, 315, 315 Bis, 320 y 323;********************II. Genocidio, previsto en el artículo 149 Bis;********************III. Violación prevista en los artículos 265, 266 y 266 Bis;********************IV. Traición a la patria, previsto en los artículos 123, 124, 125 y 126;********************V. Espionaje, previsto en los artículos 127 y 128;********************VI. Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 Ter y terrorismo internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter;********************VII. Sabotaje, previsto en el artículo 140, párrafo primero;********************VIII. Los previstos en los artículos 142, párrafo segundo y 145;********************IX. Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 201; Pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 202; Turismo sexual en contra de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en los artículos 203 y 203 Bis; Lenocinio de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 204 y Pederastia, previsto en el artículo 209 Bis;****************************************X. Tráfico de menores, previsto en el artículo 366 Ter;********************XI. Contra la salud, previsto en los artículos 194, 195, 196 Bis, 196 Ter, 197, párrafo primero y 198, parte primera del párrafo tercero.********************El juez no impondrá la prisión preventiva oficiosa y la sustituirá por otra medida cautelar, únicamente cuando lo solicite el Ministerio Público por no resultar proporcional para garantizar la comparecencia del imputado en el proceso, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima y de los testigos o de la comunidad. Dicha solicitud deberá contar con la autorización del titular de la Procuraduría o el funcionario que en él delegue esa facultad."************************************************************ Los preceptos reproducidos establecen las previsiones generales para imponer la prisión preventiva como medida cautelar, a saber:******************** Se decretará sólo en caso de delito que merezca penal corporal.********************Se ordenará oficiosamente, entre otros supuestos, cuando se trate de los delitos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, ilícitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.********************Será a solicitud del Ministerio Público cuando, una vez formulada la imputación, el propio imputado se acoja al plazo constitucional, ya sea éste de una duración de setenta y dos horas o de ciento cuarenta y cuatro, según sea el caso, o se le haya vinculado a proceso y exista una presunción razonable de que la medida es necesaria, porque se estima que no comparecerá al proceso; para permitir el desarrollo de la investigación o para proteger a la víctima, a los testigos o a terceros, o cuando esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso.********************El juez podrá imponer una o varias medidas cautelares, pero la prisión preventiva no podrá combinarse con otras, salvo la prohibición de comunicación con la víctima o testigos que depongan contra el imputado.********************La prisión preventiva sólo es aplicable cuando, mediante la imposición de una o varias de aquellas que resulten menos gravosas, no pueda evitarse razonablemente la sustracción del imputado a la acción de la justicia, la obstaculización a la investigación o el proceso, o el riesgo para la víctima u ofendido. Salvo que por disposición expresa de la Constitución Federal o de la ley deba aplicarse la prisión preventiva.********************La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Cumplido ese término sin que se pronuncie sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se continúa el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares.********************En el caso, la responsable, al dictar la medida cautelar relativa a la prisión preventiva oficiosa el doce de marzo de dos mil veintitrés, determinó que:******************** La imposición de una medida cautelar se debe justificar con la necesidad de imponerla y el requisito de proporcionalidad.****************************************Se actualiza el requisito de procedencia que establece el artículo 154, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque con anterioridad se vinculó a proceso a ******************** como probable responsable del delito violación agravada.********************En el auto de vinculación a proceso se estableció hechos consistentes en que el quejoso tuvo copula con una menor de edad sin consentimiento o con consentimiento viciado.****************************************El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 267 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que en los delitos como violación agravada se ordenará prisión preventiva; por ello, conforme a tal precepto, impuso como medida cautelar prisión preventiva oficiosa a ********************, hasta en tanto se termine con la investigación.********************[Carpeta "A4 AMPLIACIÓN DE TÉRMINO CONSTITUCIONAL 12-03-2023" archivo "telmex_2", minuto 02:08:09 a ]********************Consideraciones que son apegadas a derecho, pues, contrario a lo considerado por la parte quejosa, se actualiza el supuesto para la imposición de la medida cautelar consistente en prisión preventiva oficiosa, como acertadamente lo consideró el juez responsable.********************Además, contrario a lo manifestado por el quejoso en su concepto de violación precisado en el punto 6 -enumerado en esta sentencia- el juez de control no está obligado a interpretar ese conjunto de normas constitucionales o convencionales, en forma armónica y aplicar la que genera beneficio al gobernado, bajo el principio pro homine o pro persona, privilegiando el principio de presunción de inocencia; esto es, observando la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en que se estableció que la prisión preventiva solo se debe imponer cuando sea absolutamente necesaria para la satisfacción de un fin legítimo.********************Para contestar este concepto de violación es necesario precisar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 293/2011; ahí estableció, en lo sustancial, que los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional. Sin embargo, cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de estos derechos, se debe estar a lo que establece el texto constitucional.******************** Con motivo del asunto se emitió la siguiente jurisprudencia, de rubro:******************** "DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL". ****************************************Así, el referido criterio estableció el imperativo de los juzgadores de reconocer el valor aplicativo de las restricciones expresas contenidas en la Constitución Federal. ********************Por tanto, la medida cautelar de la prisión preventiva es una restricción al derecho humano de la libertad con validez constitucional, porque el artículo 19, segundo párrafo, de la Constitución Federal así lo instituye, como una limitación expresa al derecho de libertad.******************** Tal posicionamiento se refuerza con el criterio adoptado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión penal 315/2021, al estudiar el tema relativo a la revisión de la duración de la prisión preventiva oficiosa que prevé el artículo 19 constitucional, en el plazo de dos años a que se refiere la fracción IX, apartado B, del artículo 20 de la Carta Magna y, en su caso, determinar si cesa o se prolonga su aplicación; en el párrafo 69 de dicha ejecutoria se estableció ".bajo el entendimiento de que la prisión preventiva oficiosa es una restricción constitucional a la libertad personal, que bajo la normatividad internacional debe ser una medida excepcional para su imposición.". ********************De ahí que, contrario a lo que pretende el quejoso, no es posible, jurídicamente, que el juez responsable realizara el control de convencionalidad de una restricción expresa a un derecho fundamental contenido en la Constitución Federal de acuerdo con lo resuelto en la referida contradicción de tesis 293/2011, donde, se insiste, se estableció que cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos se debe estar a lo que dice el texto constitucional. ********************Aunado a que en la jurisprudencia 2a./J. 119/2014, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a puesto de manifiesto que cuando se esté en presencia de una restricción, prohibición, limitación o excepción constitucional, prevalece o tiene aplicación directa el texto de la Carta Magna frente a cualquier norma de carácter internacional.********************En la sentencia dictada el once de mayo de dos mil quince por el Pleno del Alto Tribunal en el expediente de varios 1396/2011, se tuvo como punto jurídico destacado determinar qué medidas deben adoptarse en el orden jurídico nacional para la recepción de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana en los casos Fernández Ortega y Rosendo Cantú, en específico en el Poder Judicial de la Federación.********************En dicho precedente, para tal efecto, se estimó adecuado analizar siempre la correspondencia que debe existir entre los derechos humanos que estimó vulnerados la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con aquellos que se encuentran dispuestos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o en los tratados que el Estado Mexicano celebre y que, por tanto, se comprometió a respetar; en el entendido de que si alguno de los deberes del fallo implica el desconocimiento de una restricción constitucional, deberá prevalecer el texto fundamental, en términos de lo determinado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de criterios 293/2011, que originó la citada jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a), intitulada: "DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL"********************Con base en lo anterior, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el expediente de varios 1396/2011 emitió la tesis aislada P. XVI/2015 (10a.)15, que establece:********************"DERECHOS HUMANOS. DIRECTRICES PARA ESTABLECER Y CONCRETAR LAS OBLIGACIONES QUE DEBE CUMPLIR EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN TRATÁNDOSE DE RESTRICCIONES CONSTITUCIONALES. La jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es aceptada por el Estado Mexicano y, en esa medida, en tanto se esté frente al incumplimiento de obligaciones expresamente contraídas por éste, no corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizar, revisar, calificar o decidir si una sentencia dictada por aquel organismo internacional es correcta o no, lo que debe entenderse en forma unímoda y dogmática, ya que la competencia del Máximo Tribunal Constitucional del país, como garante de la supremacía constitucional, descansa ontológica e inmanentemente en su actuación, de acuerdo con el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, para establecer y concretar las obligaciones que debe cumplir el Poder Judicial de la Federación en atención a las sentencias internacionales, se estima necesario analizar siempre: (I) los débitos que expresamente se desprenden de tales fallos para el Poder Judicial de la Federación, como parte del Estado Mexicano; y, (II) la correspondencia que debe existir entre los derechos humanos que estimó vulnerados la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con los reconocidos por la Constitución General de la República o los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano y que, por tanto, se comprometió a respetar. En el entendido de que si alguno de los deberes del fallo implica desconocer una restricción constitucional, ésta deberá prevalecer, en términos de la jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.) (*)."****************************************De lo anterior se advierte que el Alto Tribunal indica que, además de no poderse realizar un control convencional, ni aplicarse el principio pro persona tratándose de restricciones constitucionales, tampoco se puede oponer a éstas las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; de ahí lo infundado de su concepto de violación del quejoso.********************En ese sentido, la restricción constitucional prevista en el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos debe prevalecer en términos de la jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.) citada, aun cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el ********************, en el párrafo 219 de la sentencia de condena, se haya establecido lo contrario.********************Pues no obstante esa consideración, en la sentencia dictada el once de mayo de dos mil quince, por el Pleno del Alto Tribunal en el expediente de varios 1396/2011, se adoptó el criterio relativo a que si el cumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos implica el desconocimiento de una restricción constitucional, deberá prevalecer la Constitución en términos de lo determinado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 293/2011.********************En el entendido que en los ********************, la Corte Interamericana de Derechos Humanos si bien declaró que el Estado Mexicano es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial cometidas contra Jorge Marcial y Gerardo, ambos de apellidos ********************, en el marco de su detención y privación a la libertad, como parte del proceso penal del que fueron objeto, lo cierto es que no hizo pronunciamiento expreso sobre la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa regulada en el artículo 19 de la Carta Magna, pues en dicha resolución, en su párrafo 158, mencionó:********************"158. El alegato de los representantes se refiere a la figura de la prisión preventiva oficiosa que, según arguyen, sería contraria a varias disposiciones de la Convención Americana. La Corte advierte que esta figura no fue aplicada al caso concreto, por esta razón no corresponde entrar en su análisis. La figura de la prisión preventiva, se encuentra actualmente establecida en diversos cuerpos normativos internos de México (supra párrs. 42 a 46). A su vez, esas disposiciones de derecho interno que contienen esa figura fueron variando a lo largo del tiempo. En el presente caso, al momento en que se produjeron los hechos, el Código Federal Procesal Penal de 1999 se refería a la prisión preventiva en sus artículos 161 y 168 (supra párrs. 43 a 44). Es recién a partir del año 2011, que la llamada prisión preventiva oficiosa fue introducida en el régimen jurídico mexicano (supra párr. 45). En el presente acápite, la Corte centrará su análisis en la figura de la prisión preventiva que fue aplicada al caso concreto.".****************************************El estudio versó sobre los artículos 161 y 168 del Código Federal de Procedimientos Penales; y no respecto del artículo 19 constitucional que prevé la prisión preventiva oficiosa para determinados delitos. ********************De donde se sigue que dicho tribunal internacional dijo que no se ocuparía de indicar si la prisión preventiva oficiosa regulada en el artículo constitucional referido era, o no, contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque no fue la aplicada al caso que analizaba, sino la prisión regulada en el Código Federal de Procedimientos Penales, aunque en diverso apartado dice que las irregularidades que advirtió a la prisión regulada en este último ordenamiento legal, subsistían en la actual legislación nacional, pero no dijo nada sobre su inconvencionalidad, precisamente, por no ser materia de análisis. ********************No obsta a lo anterior que en diversa porción de la citada resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se indicara que el Estado Parte no puede invocar su derecho interno que, en el caso, lo serían las jurisprudencias emitidas por nuestro Máximo Tribunal, para no atender las resoluciones de aquella, toda vez que, en su caso, corresponde, como lo refirió la responsable, a la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación pronunciarse y declarar la no vigencia de su jurisprudencia, no a los jueces de control, al carecer de facultades para ello; lo anterior, así ilustra lo anterior, la contradicción de tesis 299/2013 de la que emanó la diversa jurisprudencia P./J. 64/2014 (10ª.) con registro digital 2008148, de rubro:********************"JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. NO ES SUSCEPTIBLE DE SOMETERSE A CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y/O CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO POR ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE MENOR JERARQUÍA".****************************************Sin que lo anterior se traduzca, como lo argumenta el quejoso, violación al principio pro persona, ya que, como lo resolvió la responsable, no implica que lo planteado por la parte quejosa deba ser resuelto en el sentido que le favorezca, ni el principio de presunción de inocencia, pues, contrario a lo manifestado, es criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la prisión preventiva no transgrede dicho principio, como se desprende de la jurisprudencia con registro 2001432, de rubro "PRISIÓN PREVENTIVA. NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA".********************Por lo anterior no es procedente aplicar la tesis que cita en su concepto de violación, pues dicho criterio no realiza el estudio en relación a si la observancia de la jurisprudencia de la corte interamericana es vinculante cuando existe un precepto en la Constitución Federal que se contrapone a lo resuelto por dicha corte.********************Asimismo, es infundado lo manifestado por el quejoso en el sentido que no hizo razonamiento fundado ni motivado acerca de la configuración de los riesgos procesales; pues, contrario a lo manifestado, del minuto 02:08:48 a 02:10:11 se aprecia que el juez responsable sí fundó y motivo su actuación, ya que determinó que, como el Ministerio Público estableció dos riesgos procesales, a saber, 1) peligro de sustracción del imputado y 2) riesgo para la víctima, esos riesgos deben tenerse en cuenta, para imponer la medida cautelar, atendiendo a la mecánica de los hechos y la apariencia del buen derecho, resulta evidente que existe un riesgo para la víctima; asimismo, precisó que no obstaba que existieran las resoluciones de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en relación a la prisión preventiva, porque la Constitución Federal no se había reformado y seguía teniendo vigencia, por lo que no tenía facultades para desaplicar dicho precepto.********************Además, contrario lo expuesto por el quejoso, para emitir su resolución sí tomo en consideración los datos de prueba ofertados por el Ministerio Público los cuales ya habían sido incorporados y se tuvieron por reproducidos [carpeta "A4 AMPLIACIÓN DE TÉRMINO CONSTITUCIONAL 12-03-2023" archivo "telmex_2", minuto 02:09:36].********************También es infundado su último concepto -marcado con el punto 5-, pues no se advierte que exista vulneración al derecho de defensa adecuada, ya que en el desahogo de la audiencia no se acredita que el defensor del inculpado haya incumplido a sus deberes, pues se advierte que sí otorgó asistencia a su defendido, aportó pruebas, las incorporó y realizó diversas manifestaciones durante la audiencia.********************Además, como se precisó al contestar los diversos conceptos de violación, los ejemplos que cita el quejoso en este concepto de supuestas irregularidades en las que incurrió el defensor que lo asistió, se declararon infundados.********************Por ello, las tesis que cita el quejoso en apoyo a sus argumentos, se estima que no le generan beneficio alguno, en virtud de que los argumentos por los cuales sustentó su aplicación fueron desestimados al contestar los diversos conceptos y, ante ello, no deben, jurídicamente, abordarse lo relativo a la aplicabilidad o inaplicabilidad de esos criterios invocados; como así lo ilustra la jurisprudencia de registro 160604, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, de rubro: ********************"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SU CALIFICACIÓN DE INOPERANTES O INATENDIBLES IMPIDE ABORDAR EL ANÁLISIS DE LAS JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS INVOCADAS PARA SUSTENTAR EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS QUE EN ELLOS SE PLANTEA."********************En consecuencia, al resultar infundados e inoperantes los conceptos de violación, sin que se advierta deficiencia de queja que suplir, lo procedente es NEGAR el amparo y protección de la Justicia Federal que se solicita.********************OCTAVO. Publicación de datos personales.********************Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal , ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley.********************En relación con lo anterior, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de la sentencia sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación.********************Por lo expuesto y fundado, se: ********************R E S U E L V E:********************PRIMERO. La Justicia Federal no ampara ni protege a ********************, contra actos juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, que hizo consistir en el auto de vinculación a proceso, de doce de marzo de dos mil veintitrés y medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, dictados en la causa penal ********************; por los motivos y fundamentos precisados en el considerando séptimo de esta sentencia.********************SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. ********************Notifíquese.********************Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, hasta el día de hoy, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, en que se estuvo en condiciones de dictar la sentencia respectiva.

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