Genaro Cruz Martínez
Expediente 1355/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 12 actuaciones registradas, la última del 16 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1355/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 16/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Genaro Cruz Martínez
- Juez Primero de Distrito e el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de enero de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó este juicio ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de enero de dos mil veintitrés. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que se negó la suspensión provisional y en interlocutoria respectiva se declaró sin materia este incidente de suspensión; y que en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se negó la suspensión provisional y en interlocutoria respectiva se declaró sin materia este incidente de suspensión, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, se ordena la destrucción del presente incidente de suspensión, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c) del citado Acuerdo General. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en razón que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del cuaderno original. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de diciembre de dos mil veintidós. Agréguense el oficio y anexo señalados en la cuenta para que surtan sus efectos legales correspondientes; en relación a su contenido, este órgano jurisdiccional toma nota de lo informado por la titular de la delegación Oaxaca del Instituto Federal de Defensoría Pública. Respecto a la nueva designación del defensor público federal para asesorar al aquí quejoso, este juzgado de distrito se encuentra en la espera a efecto que aquél por escrito o mediante diligencia respectiva acepte el cargo conferido. Notifíquese.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 1355/2022, promovido por********************en contra del acto de la autoridad que se menciona más adelante. ANTECEDENTES Según consta en autos, a juicio de la parte quejosa, la autoridad señalada como responsable fue omisa en expedirle copias que solicitó en su escrito de veintisiete de julio de dos mil veintidós. Por ello, estima que dicha autoridad viola en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 8, 14, 16, 17 y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO La demanda de amparo fue recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, el uno de diciembre de dos mil veintidós. Dicho libelo constitucional se turnó el mismo día a este Juzgado de Distrito, donde quedó registrado con el progresivo 1355/2022; se admitió a trámite en su propia data de recepción; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se otorgó intervención al Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, del contenido integral de la demanda de amparo, permite sostener que el impetrante de amparo reclama lo siguiente: Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo de los Bravos. La falta de expedición de copias que solicitó en su escrito de veintisiete de julio de dos mil veintidós. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO La jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto que se le atribuye; sin embargo, realiza manifestaciones evidenciando la legalidad de su actuación. Lo anterior, se corrobora con las copias certificadas que adjuntó a su informe de ley, a las cuales se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable la Jurisprudencia doscientos veintiséis, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su interior integración, publicada en la página ciento cincuenta y tres, del tomo VI, atinente a la materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, que establece: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Conforme a la técnica del juicio de amparo, y de acuerdo con el artículo 62, en relación con el diverso 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, corresponde a este juzgado federal analizar oficiosamente si en la especie se actualiza alguna causal que lo torne improcedente, debido a que así lo exige el orden público; y, de no advertir que así suceda, se procederá entonces a analizar las razones y fundamentos legales que las partes hubiesen expuesto para evidenciar la improcedencia. Tiene aplicación al caso, la tesis jurisprudencial II.1o.J/5, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, del Tomo VII, mayo de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Octava Época, registro 222780, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En efecto, el estudio de las causales de improcedencia es de orden público, y su análisis es previo y preferente, lo aleguen o no las partes, aun cuando se haya tenido por cierto el acto reclamado. Así lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis número 283, visible a foja 190, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, con el número de registro 394239, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales." En el caso, de oficio se estima que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior." De la lectura del artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, se advierte que el juicio de amparo resulta improcedente contra leyes o actos que hayan sido materia en otro juicio de amparo, en términos del artículo 354, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición expresa del artículo 2° de este último ordenamiento, pues la cosa juzgada en aquél es la verdad legal, de modo tal que no es factible realizar ningún examen relacionado con las cuestiones debatidas en el primer juicio de amparo promovido, pues ello atentaría no sólo contra la técnica rectora de la materia, sino contra el principio de seguridad jurídica inmerso en los artículos 14 y 16 de la Ley Suprema. De lo expuesto, se estima que para la existencia de la cosa juzgada, resulta necesario que con anterioridad a la presentación de la demanda en análisis, se haya promovido otro juicio de amparo en el que se haya hecho un pronunciamiento de derecho entre las mismas partes, sobre las mismas pretensiones, el mismo acto reclamado, debiendo existir, por ende, identidad de partes, de objetos o cosas materia de los juicios de que se trate e identidad en la causa de pedir o hecho jurídico generador del derecho que se haga valer en ambos. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible a página 420, Tomo IV, Noviembre de 1996, Novena Época, registro: 200898, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE GARANTÍAS. REQUISITOS QUE SE NECESITAN PARA QUE OPERE LA. Para la existencia de cosa juzgada en el juicio de amparo, es necesario que con anterioridad se haya promovido otro juicio de garantías en el que se haya hecho un pronunciamiento de derecho entre las mismas partes, sobre las mismas acciones, la misma cosa o causa de pedir; debiendo existir por ende, identidad de partes, de objetos o cosas materia de los juicios de que se trate e identidad en la causa de pedir o hecho jurídico generador del derecho que se haga valer." Para justificar, la causa de improcedencia citada, es necesario señalar que la autoridad responsable [jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero] señaló que mediante proveído de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, determinó que conforme al artículo 41 del Código Federal de Procedimientos Penales, no es posible jurídicamente expedir copias de manera gratuita de la causa penal ********************a favor del aquí quejoso, por lo que dejó a salvo sus derechos para solicitarlas a su costa. Asimismo, manifestó que contra dicha determinación el impetrante de amparo promovió juicio de amparo, el cual le correspondió conocer a este órgano jurisdiccional, quedando registrado con el progresivo ********************y mediante sentencia emitida el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se sobreseyó en el juicio. Los antecedentes relatados, constituyen un hecho notorio para quien aquí resuelve en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, porque el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE es un medio electrónico que forma parte de la infraestructura de comunicación del Poder Judicial de la Federación, creada para interconectar computadoras del Máximo Tribunal y todos los Tribunales y Juzgados Federales del País, permitiendo capturar la información de los expedientes de su conocimiento; por tanto, pueden invocarse dichas determinaciones, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa determinación que constituye un hecho notorio. Sustenta la afirmación anterior la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 10, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, Materia Común, Décima Época, registro 2017123 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." En esa tesitura, es fácil advertir, de acuerdo a las constancias detalladas en los párrafos anteriores, que en el juicio ********************se trató el mismo acto que ahora impugna la parte quejosa en el presente juicio; es decir, la falta de expedición de copias que solicitó en su escrito de veintisiete de julio de dos mil veintidós. De ahí que, se advierta que el acto reclamado en la presente vía constitucional ya fue tratado en el juicio de amparo citado, en consecuencia, se pone de manifiesto la improcedencia invocada al inicio de este considerando. En efecto, el acto que se reclamó a la autoridad responsable en el juicio de amparo ********************, no puede ser analizado de nueva cuenta en este juicio de amparo ********************que nos ocupa, pues se insiste, ya fue examinado. Además, la causal de improcedencia que se sostiene en este juicio de amparo, tiene como finalidad evitar que se tramiten tantos juicios como lo estime necesario la parte quejosa, contra el mismo acto reclamado, pues esto podría dar lugar a sentencias contradictorias. No se debe soslayar, que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, por lo que de acuerdo a esta naturaleza, sería ilógico otorgar a la parte quejosa la oportunidad de tramitar tantos juicios como oportunidades de nulificar los actos se estimen necesarias, pues ello abriría la posibilidad de que se dicten sentencias contradictorias y permitiría la proliferación superflua de juicios de amparo, ocasionando con ello inseguridad jurídica en los gobernados. Por consiguiente, resulta improcedente analizar nuevamente el acto atribuido a la autoridad responsable jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo de los Bravos, en razón que aquél ya fue analizado en un diverso juicio de amparo, promovido por la aquí parte quejosa; situación que pone de manifiesto la hipótesis prevista en la fracción XI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, pues se insiste, la finalidad de esta causa de improcedencia, es evitar, precisamente, que se puedan pronunciar sentencias contradictorias y la promoción de nuevos juicios de amparo enderezados con idéntica finalidad. En ese sentido, es patente que en este asunto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, y consecuentemente, procede sobreseer en el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del diverso 63 de la legislación en cita. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 235, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 193, del Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA POR RECLAMARSE EL ACTO EN DOS AMPAROS. Si en un amparo se reclama el mismo acto reclamado en otro juicio, es claro que en el caso concurre la causa de improcedencia, respecto de ese acto, de acuerdo con la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, sin que obste para ello la circunstancia de que en los juicios se reclamen actos de ejecución distintos, porque esta diferencia implica solamente que el sobreseimiento es infundado respecto de los actos de ejecución." Sobreseimiento que impide analizar los conceptos de violación vertidos por el promovente del amparo, conforme al criterio sustentado en la jurisprudencia número mil veintiocho, localizable en la página setecientos ocho del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos noventa y cinco, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente". DECISIÓN Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo. En mérito de lo expuesto, y fundado en los artículos 61, fracción XI, 62, 63, fracción V, 74 y 217, todos de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, respecto del acto reclamado que atribuyó a la autoridad señalada como responsable, por los argumentos que se esgrimen en el apartado VI de este fallo. Notifíquese.
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