Génaro Cruz Martínez

Expediente 1413/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 10 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1413/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
28/06/2023

Partes del expediente

  • Génaro Cruz Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó este juicio ha causado ejecutoria. I. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. II. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. III. Debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3, fracción XX, del Acuerdo General de mérito y que el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó, quien provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el precepto 20, fracción I, del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. IV. Una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. V. En términos de los artículos 34 y 44 del multicitado acuerdo, realícense las anotaciones correspondientes. Notifíquese.

  2. Principal

    En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. El Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y en observancia de los requisitos y el trámite establecidos por la Ley de Amparo, procede a dictar la siguiente: S E N T E N C I A ... NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. .

  3. Principal

    (SE NOTIFICO POR LISTA AL QUEJOSO) .En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. El Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y en observancia de los requisitos y el trámite establecidos por la Ley de Amparo, procede a dictar la siguiente: S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 1413/2022 promovido por Genaro Cruz Martínez, por su propio derecho, contra actos del presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Pluma Hidalgo, Oaxaca y de otras autoridades. ANTECEDENTES Refiere el quejoso en su demanda de amparo bajo formal protesta de decir verdad, que es legítimo propietario del predio número dos, actualmente conocido como "RANCHO MANANTIAL", ubicado en la localidad de Santa María Magdalena, municipio de Pluma Hidalgo, Estado de Oaxaca, con una superficie aproximada de veinticinco punto veinte hectáreas, lo que acredita con la copia certificada de la escritura pública número siete mil setecientos sesenta y tres, pasada ente la fe del notario público 115 del Estado de Oaxaca, con residencia en Bahías de Huatulco, Santa María Huatulco, Oaxaca, donde consta el contrato de donación celebrado entre éste y su progenitor. Que el uno de diciembre de dos mil veintidós, personal enviado por la Dirección de Obras del Ayuntamiento de Pluma Hidalgo, realizó una obra de conducción del agua que surge del terreno del colindante del Predio de su propiedad, perteneciente a la Finca Apango, a través de un tubo de material galvanizado de dos pulgadas de diámetro, para una línea de conducción del agua hacia la Localidad del Renacimiento, perteneciente también a la agencia de Santa María Magdalena, Pluma Hidalgo; sin embargo el personal que fue enviado por la Dirección de Obras del Ayuntamiento de Pluma Hidalgo, sin ninguna autorización del quejoso, instaló, aproximadamente doscientos metros lineales del tubo de dos pulgadas de conducción del agua, dentro de la superficie del predio de su propiedad, y que obstruye una entrada de cuatro metros de ancho, de acceso de automóvil a su predio, la cual se encuentra sobre el lado del rio Magdalena, en la línea de colindancia Suroeste. La superficie afectada es de aproximadamente doce metros cuadrados. Ante la afectación al predio de su propiedad con motivo de la referida obra, acudió al Ayuntamiento de Pluma Hidalgo y se entrevistó con el Síndico Municipal y el Regidor de Obras del Ayuntamiento de Pluma Hidalgo, para reclamar la ejecución de dicha obra y que se reinstalara fuera de su predio, quienes le hicieron saber que no se habían dado cuenta de ello, y que ya no podían hacer nada. Ante dichas circunstancias, decidió acudir a esta instancia constitucional. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Genaro Cruz Martínez por su propio derecho, promovió juicio de amparo indirecto mediante escrito presentado el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca. La demanda se turnó en esa misma data a este juzgado, y fue admitida por acuerdo de veinte de diciembre de dos mil veintidós, registrándola bajo el expediente 1413/2022; en ese mismo proveído, se solicitó de las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención que corresponde a la contraparte del quejoso en la instancia de origen como tercera interesada y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de ley. El impetrante señaló como preceptos violados, los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La audiencia constitucional se llevó a cabo el ocho de febrero de dos mil veintitrés, donde se declaró la incompetencia legal de este órgano por razón de territorio, para conocer de la misma, por lo que se remitió con sus anexos al Juzgado de Distrito en turno, con sede en Salina Cruz, Oaxaca. Mediante proveído de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de amparo 81/2023, el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, al que correspondió conocer del juicio por razón de turno, determinó negarse a conocer de la competencia planteada y planteó ante el Tribunal Colegiado de Circuito en materias civil y administrativa en turno, el conflicto competencial. Por ejecutoria de veintiuno de abril de dos mil veintitrés, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito en materias civil y administrativa, en el toca 6/2023, declaró que este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente por razón de territorio para conocer del juicio de amparo de que se trata. Ante ello, al estar celebrada la audiencia constitucional, se hizo del conocimiento de las partes que mediante oficio SEADS/1011/2023, de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, la Secretaria Ejecutiva de Adscripción hizo del conocimiento del titular de éste órgano jurisdiccional, que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria celebrada el diecinueve de abril de dos mil veintitrés, acordó la comisión temporal del Juez Rodrigo Courtois Yannini, a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, en sustitución del Juez Ricardo Alfonso Morcillo Moguel con efectos a partir del veintisiete de abril de dos mil veintitrés, y mientras subsistan las condiciones o el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal así lo determine. III. COMPETENCIA. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y 48, 49 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el diverso 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, porque este juzgado carece de jurisdicción especial al tratarse de un juzgado de Distrito en materia mixta; el acto reclamado de naturaleza administrativa y tiene ejecución dentro de la circunscripción territorial en que este juzgado ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. En ese sentido, con independencia de la forma en que la parte quejosa fijó los actos, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que Genaro Cruz Martínez, reclama lo siguiente: AUTORIDAD ACTO RECLAMADO Presidente Municipal Constitucional Regidor de Obras Director de obras Todos del Ayuntamiento Constitucional de Pluma Hidalgo, Oaxaca La afectación al inmueble de su propiedad denominado predio número dos o rancho El Manantial, en Santa María Magdalena, Pluma Hidalgo, Oaxaca, con motivo de la obra de conducción de agua potable. Tal precisión se realiza de conformidad con la jurisprudencia 1347 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, registro 1003226, página 1511, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." V. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO El Presidente Municipal Constitucional, Regidor de Obras y Director de obras del Ayuntamiento Constitucional de Pluma Hidalgo, Oaxaca, fueron omisos en rendir su informe justificado, no obstante que fueron debidamente emplazados al juicio constitucional, como se corrobora con la constancia de notificación respectiva; por tal motivo, con fundamento en el artículo 117, cuarto párrafo de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se les reclama. Tiene aplicación al caso, por su contenido, la jurisprudencia aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, con el registro 194401, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. CONSECUENCIAS DEL MOMENTO DE RENDICIÓN O DE SU OMISIÓN (HIPÓTESIS DIVERSAS DEL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO). Del contexto del artículo 149 de la Ley de Amparo, en relación con los efectos que se producen en el juicio de amparo con la rendición u omisión del informe justificado, se advierten las siguientes hipótesis: a) Por regla general, el Juez de Distrito, al solicitar los informes justificados de las autoridades responsables, concede un término de cinco días, contados a partir de la notificación del auto correspondiente; b) Si el Juez Federal lo estima conveniente, por la importancia y trascendencia del caso, a lo que procede agregar que puede haber situaciones de complejidad para la obtención de constancias, es posible discrecionalmente ampliar el término por cinco días más, para que la autoridad responsable rinda su informe con justificación; c) La circunstancia de que las autoridades responsables presenten sus informes justificados con posterioridad al término de cinco días o, en su caso, al de su ampliación discrecional, no trae como consecuencia que se deba tener por presuntivamente cierta la existencia de los actos que se les atribuyen, según se destacará en inciso subsecuente; d) Las autoridades responsables rendirán sus informes con justificación con la anticipación que permita su conocimiento por el quejoso, al menos ocho días antes de la audiencia constitucional; e) La consecuencia de que se rinda el informe justificado con insuficiente anticipación en relación con la fecha de la celebración de la audiencia constitucional, será que el Juez difiera o suspenda tal audiencia, según lo que proceda, a solicitud de las partes, que inclusive podrá hacerse en la misma fecha fijada para la celebración de la diligencia; f) Si el Juez de Distrito omite dar vista a la parte quejosa con el informe justificado rendido con insuficiente anticipación en relación con la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional, el tribunal revisor podrá ordenar la reposición del procedimiento, atento lo que establece el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo; y g) Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Esta parte del precepto se refiere a casos de ausencia de rendición de informe justificado por parte de la autoridad responsable, o bien, para el evento en que dicho informe hubiera sido rendido con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, lo que hace precluir cualquier oportunidad de las partes para apersonarse, presentar promociones o aportar constancias en el juicio de garantías." VI. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Determinada la certeza del acto reclamado, previo a examinar el fondo de la cuestión constitucional planteada, procede analizar la procedencia de este juicio, con independencia de que las partes hayan o no hecho valer causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público, conforme a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 814, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, localizable en la página 553, Tomo VI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, el quejoso Genaro Cruz Martínez, reclama la afectación al predio de su propiedad denominado predio número dos o rancho El Manantial, en Santa María Magdalena, Pluma Hidalgo, Oaxaca, con motivo de la obra de conducción de agua potable. Contra dicho acto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:(.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º. de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;(.)". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.)". Conforme a estas porciones normativas, en lo que interesa, el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten el interés jurídico del quejoso; es decir, cuando éste no acredite ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa por el acto proveniente de las autoridades responsables. Y en el caso, la parte quejosa no acreditó ser titular de un derecho subjetivo que se vea afectado de manera personal y directa por los actos reclamados. Ello es así, pues reclama la afectación al derecho de propiedad y posesión que ejerce sobre el predio número dos o rancho El Manantial, en Santa María Magdalena, Pluma Hidalgo, Oaxaca. Luego, el quejoso debía demostrar su interés jurídico, es decir, la afectación a un derecho subjetivo en su favor por parte de las autoridades responsables, a través de los propios actos reclamados, en términos de la fracción I del artículo 107 Constitucional, en relación con el artículo 5º, fracción I, de la Ley de Amparo. Es así porque, conforme a lo dispuesto en la Ley de Amparo, es deber de la parte quejosa demostrar que con la emisión de los actos que reclama, se afecta un derecho subjetivo de manera personal y directa, el cual, es correlativo al interés jurídico, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1598, del Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 2019456, que textualmente dice: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". Conforme a dicha jurisprudencia los elementos a demostrar en uno -interés jurídico- y otro caso -interés legítimo-, son distintos. En consecuencia, si el quejoso aduce que con motivo de la obra de conducción de agua se afecta el inmueble de su propiedad, entonces el estándar de agravio a demostrar es el relativo al interés jurídico. Ahora bien, la figura del interés jurídico se encuentra íntimamente relacionada con el principio de instancia de parte agraviada establecido por el artículo 6º, de la Ley de Amparo, según el cual el acto que se reclama de la autoridad responsable debe causar un perjuicio a la persona que se estima afectada. De esta manera, el interés jurídico necesario para promover el juicio de amparo contra actos de autoridad solamente lo tiene el titular del derecho afectado y no terceras personas, aun cuando éstas resientan de manera indirecta, mediata o inmediata alguna lesión o afectación por el acto de autoridad, por grave que ésta pudiera parecer. Así, la tutela del derecho sólo comprende bienes jurídicos reales y objetivos; por ello, las afectaciones a ese derecho deben ser igualmente susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio. Además, reiteradamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el interés jurídico para efectos del juicio de amparo debe acreditarse fehacientemente, sin que pueda inferirse con base en presunciones, por el carácter excepcional que tiene el juicio constitucional y los efectos que debe tener la sentencia que conceda el amparo, pues encierra una declaración de restitución de esos derechos afectados o violados por el acto de autoridad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 21/98, consultable en la página 213, Tomo VII, abril de 1998, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 196457, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto y rubro son los siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, POR SÍ SOLAS, NO LO ACREDITAN. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el valor probatorio de las fotografías de documentos, o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios. Esta Suprema Corte, en diversas tesis de jurisprudencia, ha sostenido que el quejoso debe probar fehacientemente su interés jurídico, por ello debe estimarse que las copias fotostáticas sin certificación son insuficientes para demostrarlo, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente los derechos jurídicamente tutelados del quejoso". Así como la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, consultable en la página 225, Tomo XXVII, enero de 2008, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital, de la Primera Sala del Alto Tribunal de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". Entonces, la comprobación del interés jurídico tiene que vincularse directamente con el bien que se dice afectado. En esa medida, cuando el quejoso se ostenta como propietario de un bien o legítimo poseedor no solo debe demostrar que tiene el dominio legal sobre la cosa, sino además, que con la ejecución de los actos que estima violatorio de sus derechos, se afecta dicho bien. En ese contexto, cabe reiterar que la acción de amparo exige, como presupuesto para su procedencia, la existencia de un perjuicio real que faculta a cualquier gobernado para intentar la acción reparadora de garantías ante los tribunales de la Federación. De ahí que en el caso, el quejoso debió acreditar ante esta instancia constitucional, con las pruebas idóneas, verbigracia, la pericial, la afectación efectivamente ocasionada en el inmueble que defiende, pues no basta manifestar que se vulnera directamente el derecho de propiedad, sino que es menester demostrarlo a través de los elementos de convicción eficaces para ello. Orienta lo anterior, la tesis aislada sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, localizable en la página: 294, Tomo X, Noviembre de 1992, Materia(s): Administrativa, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "PRUEBA PERICIAL EN EL AMPARO POR AFECTACION DE LA PROPIEDAD. Si el quejoso reclama una fracción del predio de su propiedad porque considera que está siendo afectada por las autoridades responsables ya que en ella se realizan obras que afectan dicho predio debe rendir prueba pericial que, por su naturaleza, es la idónea para dilucidar la cuestión esencial planteada en la litis constitucional, consistente en dicha afectación". Sin que obste que el quejoso anexara a su demanda: copia certificada del instrumento notarial siete mil setecientos sesenta y tres, volumen ciento setenta y cinco, pasado ante la fe del notario público número 115, donde consta el contrato de donación entre Epifanio Cruz Cruz como donante y Genaro Cruz Martínez como donatario, respecto de una fracción del bien inmueble denominado Cruz Blanca, ubicado en el Municipio de Magdalena Piñas hoy Magdalena Juárez, Pochutla, Oaxaca. Un croquis blanco y negro, de la propiedad de Epifanio Cruz Cruz Tres impresiones a color de un predio sin construcción, la primera con la leyenda entrada. Empero, de tales datos de prueba no se evidencia, como se expuso la afectación al inmueble del quejoso con motivo de la ejecución de los actos reclamados. Ello, tomando en consideración que la parte justiciable no demostró el riesgo alegado, por virtud de la obra que refiere, pues ni siquiera acreditó que la misma se ejecute en su domicilio; esto es, no demostró a través de los medios de convicción suficientes el perjuicio a que hace referencia en su demanda. Por esa razón se concluye que la parte peticionaria no acreditó de manera fehaciente su interés jurídico; elemento indispensable, debido a que en los casos como en el que se actúa, los inconformes deben proporcionar elementos fácticos que pongan en evidencia el perjuicio jurídicamente relevante acarreado por la obra en virtud de la especial situación de la parte quejosa frente al orden jurídico. De manera que, la afectación aducida por el justiciable no reúne las características necesarias para acreditar que los actos reclamados generan un perjuicio palpable, actual o real en su esfera jurídica. Sin que obste para ello, que se hayan presumido ciertos los actos reclamados, pues ante dicha circunstancia, es claro que quedó a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, ya que los actos no son violatorios de garantías en sí mismos, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad depende de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. En esa virtud, si con las pruebas relacionadas, el impetrante del amparo no demostró la afectación causada al inmueble que aduce ser de su propiedad, es innegable que no demostró su interés jurídico. Por ello, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, por las razones aquí expresadas y lo procedente es, sobreseer en el juicio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En mérito de lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E : ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por Genaro Cruz Martínez, por su propio derecho, contra actos del presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Pluma Hidalgo, Oaxaca y de otras autoridades, precisados en el apartado segundo de esta determinación. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de mayo de dos mil veintitrés. ... Notifíquese personalmente.

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