Gema Arroyo Cessa
Expediente 730/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 6 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 730/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 11/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Gema Arroyo Cessa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
... Causa estado. ...se declara que causó estado el referido acuerdo. Archivo. ... archívese este expediente como concluido. Relevancia documental. ... Destino ... este expediente es destruible. Instrucciones al secretario(a)....
- Principal
...el escrito firmado por Jair Iván Sánchez Herrera, en su carácter de apoderado legal de Gema Arroyo Cessa,.... devuélvase al promovente o a las personas que autoriza para tal efecto, el instrumento público que refiere, previo cotejo y certificación que haga la Secretaria adscrita a este Juzgado, de la copia simple del mismo, debiendo dejar constancia de su recibo. ....
- Principal
...NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA... EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A NOTIFICARSE DE LA RESOLUCION DE VEINTISÉIS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, DENTRO DE LOS DOS DÍAS POSTERIORES AL DEL AVISO DEJADO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS Y EN LO CONDUCENTE DICE: Desechamiento. Ahora, previo a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la admisión de la demanda que se intenta, en atención al artículo 113 de la Ley de Amparo, se analiza la procedencia de ésta, puesto que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar ese presupuesto procesal, para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. ...En ese contexto, si del escrito de demanda y aclaratorio se desprende que el acto reclamado, entre otros, es la negativa del Director General de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General del Estado, con sede en esta ciudad y otras autoridades, de darle intervención a Jair Iván Sánchez Herrera, en la audiencia inicial de veintiocho de junio de dos mil veintidós, celebrada en el procedimiento de responsabilidad administrativa 021/2021, en representación de Gema Arroyo Cessa; entonces, es inconcuso que nos encontramos ante un acto que por su naturaleza no puede ser combatido a través del juicio de amparo. En efecto, se sostiene lo anterior, porque de acuerdo con los artículos 61, fracción XXIII, 62, y 107, fracción III, de la Ley de Amparo, cuando se trata de violaciones cometidas dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, solamente procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, es decir, que ocasionen una afectación directa e inmediata a derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Cabe indicar que el Poder Judicial de la Federación ha destacado que por procedimiento administrativo seguido "en forma de juicio" debe entenderse no sólo los procedimientos en que la autoridad decide una controversia entre partes contendientes, sino también todos aquellos procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara, estudia o previene su resolución definitiva, aunque sólo sea para cumplir con el derecho de audiencia. De lo anterior, se tiene que la interpretación realizada por el Tribunal del país en torno a la legislación constitucional y secundaria que rige actualmente la procedencia del juicio de amparo contra actos dictados tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, ha sido en el sentido de que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados por la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, de libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga resolución favorable a sus pretensiones. Así, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyen para que el fallo sea adverso a los intereses del quejoso; en cambio, salvo excepciones, la afectación a derechos adjetivos, sólo produce efectos de carácter formal o intraprocesal, que inciden dentro del procedimiento legal, según la intervención de las partes con vista a la obtención de una resolución favorable; por lo que si ésta se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación a los derechos sustantivos del gobernado. Luego entonces, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento. Por lo tanto, no puede ser considerado como acto de imposible reparación aquél que tiene como consecuencia una afectación de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de actos son formales y desaparecen si el afectado obtiene un fallo favorable. ----En ese orden de ideas, es evidente que el acto reclamado por el solicitante de la protección constitucional, si bien fue dictado dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, el mismo no es de imposible reparación, pues no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, ya que si bien refiere que no se le dio intervención en la audiencia inicial como representante de Gema Arroyo Cessa, al sostener que la imputada debía comparecer en forma personal, también lo es que señala que ese procedimiento de responsabilidad aún se encuentra en trámite ya que se remitió Tribunal Estatal de Justicia Administrativa para su continuación, pues es la autoridad competente para seguir la secuela procesal del mismo e imponer las sanciones correspondientes, tal como lo dispone el artículo 209 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en relación con el diversos 46 de la Ley de Responsabilidades del Estado de Veracruz. De ahí que, contrario a lo que sostiene el promovente, no se ha impedido el libre ejercicio de algún derecho pues el perjuicio que, eventualmente, podría ocasionarse a la directa interesada, se materializaría hasta que se dicte la resolución respectiva en el procedimiento de responsabilidad administrativa, esto es, la afectación a los derechos sustantivos no es actual ni presente, sino futura, la que puede llegar a no concretarse si finalmente la parte imputada en el procedimiento administrativo obtiene una resolución favorable a sus intereses y si esto no acontece de esta forma, tiene expeditos sus derechos para hacerlos valer en la vía legal que estime procedente. En consecuencia, del análisis del acto reclamado se tiene que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia del juicio, prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción III, de la Ley de Amparo; por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la citada ley, se desecha la demanda de amparo origen de este asunto.
- Principal
...el escrito firmado por Jair Iván Sánchez Herrera, en su carácter de apoderado legal de Gema Arroyo Cessa, mediante el cual, da cumplimiento a la prevención de veintiuno de julio del año en curso, toda vez que precisa que en el procedimiento de responsabilidad administrativa 021/2021, no se ha dictado resolución alguna que lo concluya, pues únicamente se remitió al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa para su continuación, sin saber a qué sala le correspondió conocer del mismo. Desechamiento. Ahora, previo a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la admisión de la demanda que se intenta, en atención al artículo 113 de la Ley de Amparo, se analiza la procedencia de ésta, puesto que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar ese presupuesto procesal, para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. ...En ese contexto, si del escrito de demanda y aclaratorio se desprende que el acto reclamado, entre otros, es la negativa del Director General de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General del Estado, con sede en esta ciudad y otras autoridades, de darle intervención a Jair Iván Sánchez Herrera, en la audiencia inicial de veintiocho de junio de dos mil veintidós, celebrada en el procedimiento de responsabilidad administrativa 021/2021, en representación de Gema Arroyo Cessa; entonces, es inconcuso que nos encontramos ante un acto que por su naturaleza no puede ser combatido a través del juicio de amparo. En efecto, se sostiene lo anterior, porque de acuerdo con los artículos 61, fracción XXIII, 62, y 107, fracción III, de la Ley de Amparo, cuando se trata de violaciones cometidas dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, solamente procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, es decir, que ocasionen una afectación directa e inmediata a derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Cabe indicar que el Poder Judicial de la Federación ha destacado que por procedimiento administrativo seguido "en forma de juicio" debe entenderse no sólo los procedimientos en que la autoridad decide una controversia entre partes contendientes, sino también todos aquellos procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara, estudia o previene su resolución definitiva, aunque sólo sea para cumplir con el derecho de audiencia. De lo anterior, se tiene que la interpretación realizada por el Tribunal del país en torno a la legislación constitucional y secundaria que rige actualmente la procedencia del juicio de amparo contra actos dictados tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, ha sido en el sentido de que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados por la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, de libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga resolución favorable a sus pretensiones. Así, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyen para que el fallo sea adverso a los intereses del quejoso; en cambio, salvo excepciones, la afectación a derechos adjetivos, sólo produce efectos de carácter formal o intraprocesal, que inciden dentro del procedimiento legal, según la intervención de las partes con vista a la obtención de una resolución favorable; por lo que si ésta se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación a los derechos sustantivos del gobernado. Luego entonces, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento. Por lo tanto, no puede ser considerado como acto de imposible reparación aquél que tiene como consecuencia una afectación de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de actos son formales y desaparecen si el afectado obtiene un fallo favorable. ----En ese orden de ideas, es evidente que el acto reclamado por el solicitante de la protección constitucional, si bien fue dictado dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, el mismo no es de imposible reparación, pues no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, ya que si bien refiere que no se le dio intervención en la audiencia inicial como representante de Gema Arroyo Cessa, al sostener que la imputada debía comparecer en forma personal, también lo es que señala que ese procedimiento de responsabilidad aún se encuentra en trámite ya que se remitió Tribunal Estatal de Justicia Administrativa para su continuación, pues es la autoridad competente para seguir la secuela procesal del mismo e imponer las sanciones correspondientes, tal como lo dispone el artículo 209 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en relación con el diversos 46 de la Ley de Responsabilidades del Estado de Veracruz. De ahí que, contrario a lo que sostiene el promovente, no se ha impedido el libre ejercicio de algún derecho pues el perjuicio que, eventualmente, podría ocasionarse a la directa interesada, se materializaría hasta que se dicte la resolución respectiva en el procedimiento de responsabilidad administrativa, esto es, la afectación a los derechos sustantivos no es actual ni presente, sino futura, la que puede llegar a no concretarse si finalmente la parte imputada en el procedimiento administrativo obtiene una resolución favorable a sus intereses y si esto no acontece de esta forma, tiene expeditos sus derechos para hacerlos valer en la vía legal que estime procedente. ----En consecuencia, del análisis del acto reclamado se tiene que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia del juicio, prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción III, de la Ley de Amparo; por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la citada ley, se desecha la demanda de amparo origen de este asunto. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
Quedan 2 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · 10,474 expedientes
- Gastón Santos Mora Pérez622/2020
- Gaudencio Córdova Córdova422/2023
- Gaudencio Córdova Córdova423/2023
- Gaudencio Córdova Córdova424/2023
- Gaudencio de los Santos y Grajales1553/2014
- Gelacio Hernández Reyes823/2016
- Gema Aurora Lozano y Nathal684/2015
- Gema Dolores Gracia Zaragoza84/2021
- Gema Muñoz García1259/2014
- Genaro Garza Ávalos97/2017
- Genaro Hernández Mendoza650/2021
- Genaro Hernández Mendoza140/2022