Gaudencio Córdova Córdova
Expediente 423/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 423/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 26/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Gaudencio Córdova Córdova
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintiséis de junio de dos mil veintitrés. Causa estado. ... se declara que causó estado la referida determinación. Precisión. Es jurídicamente innecesario pronunciarse respecto al plazo que tienen las demás partes para inconformarse, ya que al haberse sobreseído fuera de audiencia el juicio de amparo, ningún agravio les genera esa decisión. Archivo. ... archívese este expediente como concluido. Destino Al haberse decretado el sobreseimiento en el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción I, del citado Acuerdo General, este expediente es destruible. Instrucciones a la secretaria. ...
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, a treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Informe justificado. Agréguese el informe que rinde el Encargado del Despacho de la delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, mediante el cual rinde su informe justificado. Delegados y domicilio. Con apoyo en el numeral 9° de la ley de la materia, se tienen como delegados de dicha autoridad, a las personas que menciona; asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 28, fracción I, de dicho ordenamiento legal, por señalado el domicilio que indica para recibir notificaciones. Pruebas. De conformidad con el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba documental de la referida autoridad, la que anexa a su informe. Sobreseimiento fuera de audiencia. Mediante oficio 7103/2023 presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad, el dos de mayo de dos mil veintitrés y recibido el día siguiente por razón de turno en este órgano jurisdiccional; el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, declaró procedente la separación material de juicios, y por razón de turno este juzgado conoció de la demanda presentada por********************, quien solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el siguiente acto: - La omisión de dar contestación y/o respuesta y/o entregarme constancias de inscripción y vigencia de derechos respecto a la solicitud de trámite ********************. En el caso, la parte quejosa aduce que la autoridad responsable con su actuar omisivo vulnera en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 8° Constitucional, respecto al derecho de petición, que prevé que los funcionarios y los empleados públicos deberán respetarlo, poniendo como única limitante que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, teniendo como obligación el ente público acordar respecto a esa petición y hacerlo saber en breve al peticionario. Por su parte, los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, prevén que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable y tiene derecho a un recurso sencillo y rápido. De una interpretación sistemática de tales dispositivos, se desprende el derecho a la tutela judicial efectiva, que se traduce en exigir a los jueces del proceso, que eviten dilaciones y entorpecimientos indebidos que pudiesen conducir a la impunidad y debida protección judicial de los derechos humanos. Ello, supone tomar todas las medidas necesarias para remover los obstáculos que puedan existir para que los individuos puedan disfrutar de los derechos que la Convención reconoce. Sin embargo, del análisis realizado a las constancias que integran el presente juicio se estima que respecto del acto reclamado consistente en la omisión de dar contestación y/o respuesta y/o entregar constancias de inscripción y vigencia de derechos respecto a la solicitud de trámite ********************, se actualiza tal y como lo refiere la autoridad responsable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Porción normativa que establece la abolición de la acción constitucional debido a la cesación de los efectos del acto reclamado, dinámica que significa que la autoridad dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación u omisión, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva del comportamiento de la autoridad (acción o inacción), sino también la desaparición total de los efectos en que se traduce el comportamiento que asumió, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De esta manera, la improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Así, de la interpretación relacionada de lo dispuesto en los artículos 61 fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante su existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Lo anterior es así, ya que como se dijo********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal y reclamó de la autoridad responsable la omisión de dar contestación y/o respuesta y/o entregar constancias de inscripción y vigencia de derechos respecto a la solicitud de trámite ********************. Y del informe justificado del Encargado del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz -que en esta misma fecha se agrega-, se advierte que negó la existencia del acto reclamado, puesto que hizo del conocimiento que con el trámite ******************** CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN Y DE VIGENCIA DE DERECHOS. EXPEDICIÓN, del Poblado MAHUIXTLAN Municipio de Coatepec, Estado de Veracruz, seguido el procedimiento registral fue culminando el trámite de solicitud ********************, generando la constancia de asientos registrales desde el quince de marzo de dos mil veintitrés, la que se encuentra a su disposición y de la cual la responsable remitió a este juzgado copia certificada. Lo anterior, tiene como consecuencia que la omisión reclamada dejara de surtir efectos, pues ya no existe materia de estudio en el presente asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª/J 59/1999, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ante tales consideraciones, se concluye, que han cesado los efectos del acto combatido por la parte quejosa. Es aplicable al caso la tesis I.3o.C.92 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dado que la materia del acto reclamado en esta vía, ya no puede seguir surtiendo efecto legal alguno, toda vez que ya dejó de existir, por lo que se actualiza la causal de improcedencia invocada. En consecuencia, lo que procede en la especie, es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63 fracción V, en relación con el diverso numeral 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. Sin que se inadvierta el hecho de que la constancia de asientos registrales expedida a favor del aquí quejoso, se encuentran a su disposición en el módulo de atención a trámites de dicha delegación, toda vez que el registrar una cita y recogerlo constituye un mero trámite administrativo. Sin efectos audiencia constitucional. En virtud de lo antes expuesto, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las once horas con tres minutos del uno de junio de dos mil veintitrés. Notificación a las partes. Háganse las anotaciones de rigor en el libro correspondiente y comuníquese esta determinación a las partes para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades correspondientes...
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LAS PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DE LA RESOLUCIÓN DE TREINTA Y UNO DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL AVISO DEJADO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS LA RESOLUCION DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE:Xalapa-Enríquez, Veracruz, a treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Informe justificado. Agréguese el informe que rinde el Encargado del Despacho de la delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, mediante el cual rinde su informe justificado. Delegados y domicilio. Con apoyo en el numeral 9° de la ley de la materia, se tienen como delegados de dicha autoridad, a las personas que menciona; asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 28, fracción I, de dicho ordenamiento legal, por señalado el domicilio que indica para recibir notificaciones. Pruebas. De conformidad con el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba documental de la referida autoridad, la que anexa a su informe. Sobreseimiento fuera de audiencia. Mediante oficio 7103/2023 presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad, el dos de mayo de dos mil veintitrés y recibido el día siguiente por razón de turno en este órgano jurisdiccional; el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, declaró procedente la separación material de juicios, y por razón de turno este juzgado conoció de la demanda presentada por********************, quien solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el siguiente acto: - La omisión de dar contestación y/o respuesta y/o entregarme constancias de inscripción y vigencia de derechos respecto a la solicitud de trámite ********************. En el caso, la parte quejosa aduce que la autoridad responsable con su actuar omisivo vulnera en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 8° Constitucional, respecto al derecho de petición, que prevé que los funcionarios y los empleados públicos deberán respetarlo, poniendo como única limitante que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, teniendo como obligación el ente público acordar respecto a esa petición y hacerlo saber en breve al peticionario. Por su parte, los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, prevén que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable y tiene derecho a un recurso sencillo y rápido. De una interpretación sistemática de tales dispositivos, se desprende el derecho a la tutela judicial efectiva, que se traduce en exigir a los jueces del proceso, que eviten dilaciones y entorpecimientos indebidos que pudiesen conducir a la impunidad y debida protección judicial de los derechos humanos. Ello, supone tomar todas las medidas necesarias para remover los obstáculos que puedan existir para que los individuos puedan disfrutar de los derechos que la Convención reconoce. Sin embargo, del análisis realizado a las constancias que integran el presente juicio se estima que respecto del acto reclamado consistente en la omisión de dar contestación y/o respuesta y/o entregar constancias de inscripción y vigencia de derechos respecto a la solicitud de trámite ********************, se actualiza tal y como lo refiere la autoridad responsable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Porción normativa que establece la abolición de la acción constitucional debido a la cesación de los efectos del acto reclamado, dinámica que significa que la autoridad dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación u omisión, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva del comportamiento de la autoridad (acción o inacción), sino también la desaparición total de los efectos en que se traduce el comportamiento que asumió, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De esta manera, la improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Así, de la interpretación relacionada de lo dispuesto en los artículos 61 fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante su existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Lo anterior es así, ya que como se dijo********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal y reclamó de la autoridad responsable la omisión de dar contestación y/o respuesta y/o entregar constancias de inscripción y vigencia de derechos respecto a la solicitud de trámite ********************. Y del informe justificado del Encargado del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz -que en esta misma fecha se agrega-, se advierte que negó la existencia del acto reclamado, puesto que hizo del conocimiento que con el trámite ******************** CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN Y DE VIGENCIA DE DERECHOS. EXPEDICIÓN, del Poblado MAHUIXTLAN Municipio de Coatepec, Estado de Veracruz, seguido el procedimiento registral fue culminando el trámite de solicitud ********************, generando la constancia de asientos registrales desde el quince de marzo de dos mil veintitrés, la que se encuentra a su disposición y de la cual la responsable remitió a este juzgado copia certificada. Lo anterior, tiene como consecuencia que la omisión reclamada dejara de surtir efectos, pues ya no existe materia de estudio en el presente asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª/J 59/1999, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ante tales consideraciones, se concluye, que han cesado los efectos del acto combatido por la parte quejosa. Es aplicable al caso la tesis I.3o.C.92 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dado que la materia del acto reclamado en esta vía, ya no puede seguir surtiendo efecto legal alguno, toda vez que ya dejó de existir, por lo que se actualiza la causal de improcedencia invocada. En consecuencia, lo que procede en la especie, es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63 fracción V, en relación con el diverso numeral 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. Sin que se inadvierta el hecho de que la constancia de asientos registrales expedida a favor del aquí quejoso, se encuentran a su disposición en el módulo de atención a trámites de dicha delegación, toda vez que el registrar una cita y recogerlo constituye un mero trámite administrativo. Sin efectos audiencia constitucional. En virtud de lo antes expuesto, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las once horas con tres minutos del uno de junio de dos mil veintitrés. Notificación a las partes. Háganse las anotaciones de rigor en el libro correspondiente y comuníquese esta determinación a las partes para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades correspondientes... ...
- Principal
... Cumplimiento de sentencia. Agréguese el oficio de la Juez Décima de Primera Instancia Especializada en Materia de Familia del Decimoprimer Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite las constancias relativas al cumplimiento dado a la sentencia dictada en este juicio. Vista. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo y con las referidas constancias, dese vista a la parte quejosa y tercera interesada para que en el término de tres días manifiesten lo que a su interés convenga. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercero interesada. ...
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