Gema Aguayo Vazquez
Expediente 1079/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 9 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1079/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 24/11/2016
Partes del expediente
- Gema Aguayo Vazquez
- Legislatura del Estado de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
III. Toluca, Estado de México; veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis. La certificación de cuenta patentiza que la parte quejosa dentro del plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, no se inconformó contra el auto de veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, en el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria del presente juicio de amparo; en tal virtud, se tiene por consentida para los efectos legales procedentes. En otro orden, el estado procesal del presente juicio de amparo, evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, en el Libro de Gobierno háganse las anotaciones respectivas. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. El cuaderno principal es susceptible de depuración, pues respecto de unos actos reclamados se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión; por tanto, se deberá conservar la demanda y la sentencia respectivas. (punto vigésimo primero, inciso IV). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. Por otra parte, toda vez que en el presente asunto obran constancias originales, en términos del punto décimo primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 citado, hágase del conocimiento de la quejosa que cuenta con un plazo de noventa días, con la finalidad de comparecer a este órgano jurisdiccional a recoger los documentos adjuntados, debiéndose dejar copia simple de los mismos. Con el apercibimiento que de no hacerlo, éstos podrán ser destruidos junto con el expediente. Además, quien comparezca para tal efecto, deberá exhibir copia simple de su identificación oficial vigente, a fin de que se certifique y sea glosada para constancia legal debida. De igual forma, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Israel Díaz Reyna que autoriza, firma y da fe.
- Principal
III. Toluca, Estado de México; veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis. La certificación de cuenta evidencia que la quejosa Gema Aguayo Vázquez, no desahogó la vista formulada en el proveído de diez de octubre de dos mil dieciséis, en relación con la forma en que la autoridad responsable Directora Técnico Jurídica del Instituto de la Función Registral del Estado de México, comunicó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Ahora, con la finalidad de apreciar si la protección constitucional concedida a la quejosa ha sido cumplida, se estima necesario hacer una relación de los antecedentes que conforman este asunto, en los términos siguientes: 1. Tramitado el juicio de amparo en sus etapas correspondientes, el ocho de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 97 a 116), se dictó la sentencia correspondiente, en la que se determinó lo siguiente: "ÚNICO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Gema Aguayo Vázquez, contra el acto atribuido a las autoridades responsables, para los efectos expuestos en el último considerando de esta sentencia." 2. Determinación que causó ejecutoria el treinta de septiembre de dos mil dieciséis y en esa misma fecha se requirió cumplimiento a la autoridad responsable Directora General del Instituto de la Función Registral del Estado de México (fojas 122 y 123). 3. La concesión de amparo fue para el efecto de que la autoridad responsable Directora General del Instituto de la Función Registral del Estado de México, realizara lo siguiente: a) No se aplique a la quejosa, el artículo 95 fracción I, inciso c), rango 6 de la Tarifa, y 95 fracción II, rango 6 de la Tarifa, del Código Financiero del Estado de México y Municipios vigente en dos mil quince. b) Asimismo, se devuelva a la quejosa, la cantidad que resulte de la diferencia entre lo que pagó el solicitante de amparo y la cuota mínima establecida en el precepto referido en párrafo precedente. 4. Mediante oficio recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito el siete de octubre del año en curso (fojas 126 a 128), la Directora Técnico-Jurídica del Instituto de la Función Registral del Estado de México, comunicó el cumplimiento al fallo protector, para lo cual remitió como complemento copia certificada del cheque 0004334. Constancia de la cual se puede apreciar que la autoridad responsable cumplió lo encomendado en sentencia de ocho de septiembre de dos mil dieciséis, pues devolvió a la quejosa la cantidad que ampara el monto total a restituir, aplicando la tarifa mínima prevista en el artículo impugnado. Consecuentemente, de lo hasta aquí expuesto se arriba a la conclusión de que se ha restituido a la quejosa en el goce de los derechos que estimó violados, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo y al no haberse inconformado dentro del plazo que refiere el numeral 196 de la ley de la materia, en tales condiciones, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. A lo anterior, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, publicada en la página 301 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 2009, Tomo XXX, Novena Época, con número de registro 165807, cuyo rubro y texto son: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Notifíquese; y personalmente a la quejosa. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario, Israel Díaz Reyna, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
III. Toluca, Estado de México; diez de octubre de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese a los autos el oficio signado por la Directora Técnico Jurídica del Instituto de la Función Registral del Estado de México, a haber cumplido con lo determinado en la sentencia de ocho de septiembre del año en curso, y para acreditarlo remite copia certificada del cheque 0004334, original que se encuentra disponible para su entrega a la quejosa en el lugar y horario señalado en el oficio de cuenta. En atención a lo anterior, se tiene por cumplido el requerimiento formulado a la autoridad de referencia mediante auto de treinta de este año y se deja sin efecto el apercibimiento con el cual se conminó. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo dése vista a la parte quejosa, con el oficio y anexo de cuenta enviados por la autoridad responsable, por el plazo de tres días, contado legalmente, a fin de que manifieste lo conducente a sus intereses en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, apercibida que de no hacerlo, este juzgado resolverá lo conducente con las constancias de autos. Al caso es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 247 publicada en las páginas 203 y 204 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, Tomo VI, Materia Común del rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Notifíquese, y personalmente a la quejosa. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Israel Díaz Reyna, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
III. Toluca, Estado de México; treinta de septiembre de dos mil dieciséis. Estado de autos y ejecutoria. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial que antecede de los que se advierte que las partes dentro del término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, no interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en el presente sumario constitucional, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia en términos de su artículo 2º, se declara que ésta ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones de estilo en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Efectos de la sentencia concesoria de amparo. Ahora, en el citado fallo protector se determinó que el acto que debe realizar la autoridad obligada al cumplimiento es el siguiente: "a) ..no se aplique a la quejosa el artículo 95 fracción I inciso c), rango 6 de la Tarifa, y 95 fracción II, rango 6 de la Tarifa, ambos del Código Financiero del Estado de México y Municipios vigente en dos mil quince b) Dicha protección constitucional se hace extensiva al acto de aplicación consistente en el cobro y liquidación del derecho combatido que le fue efectuado a la agraviada, por ende, se deberá devolver, la cantidad que resulte de la diferencia entre lo que pagó el solicitante de amparo y la cuota mínima establecida en el precepto impugnado. c) En la inteligencia de que el efecto del amparo no tiene el alcance de liberar en su totalidad al gobernado del pago de la contribución y obligar al Estado a prestar el servicio registral, pues, ello implicaría un despropósito; sino que la protección constitucional tiende a desincorporar de la esfera de la quejosa la porción normativa estimada inconstitucional; sin que ello implique que no deba pagar por el servicio, lo que, en todo caso, deberá hacer con base en la menor tarifa que establece la ley, por ser ese el parámetro mínimo que representa para el Estado el costo del servicio de que se trata." Requerimiento de cumplimiento a la autoridad responsable. En consecuencia, con fundamento en los párrafos primero y segundo del artículo 192 y 193 de la Ley de Amparo en vigor, requiérase a la autoridad responsable Directora General del Instituto de la Función Registral del Estado de México, por ser a quien le compete su cumplimiento, para que realice lo ordenado en el fallo protector dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que reciba la notificación del presente proveído, lo cual deberá informar dentro del mismo término y deberá acompañar las constancias que así lo acrediten; apercibida que de no hacerlo así sin justa causa, de conformidad con los artículos antes citados, en relación con el diverso 258 de la propia legislación, se le impondrá multa de cien a mil días, de la unidad de medida y actualización, en términos del "Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario, Israel Díaz Reyna, que autoriza, firma y da fe.
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