Geiser Mortera Arzabal

Expediente 266/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
266/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
24/04/2017

Partes del expediente

  • Geiser Mortera Arzabal

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    III) Toluca, Estado de México; veinticuatro de abril de dos mil diecisiete. Vista la razón de cuenta, a través de la cual el actuario de este órgano de control constitucional manifiesta la imposibilidad de notificar el oficio 9996, dirigido a la autoridad: "Jefe de la Dirección General de Aprehensiones Toluca, Estado de México, por los motivos ahí expuestos. Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese sin mayor proveído, la razón de cuenta, a través de la cual el actuario de este órgano de control constitucional manifiesta la imposibilidad de notificar el oficio 9996, dirigido a la autoridad: "Jefe de la Dirección General de Aprehensiones Toluca, Estado de México", toda vez que mediante auto del diecinueve de enero de dos mil diecisiete, dejó de tener el carácter de autoridad responsable. Notifíquese.

  2. Principal

    III) Toluca, Estado de México; diez de abril de dos mil diecisiete. La certificación de cuenta evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no recurrió la sentencia dictada el diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, por la cual se sobreseyó en este asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha adquirido firmeza procesal para todos los efectos legales conducentes y las anotaciones correspondientes háganse en el Libro de Gobierno. En atención a lo anterior, mediante oficio, devuélvase a las autoridades responsables las constancias que remitieron como complemento a su informe justificado. Por otra parte, del estado procesal de autos se advierte que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa: Este expediente es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, inciso II, del Acuerdo General Conjunto referido), pues se sobreseyó en este asunto. El cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que se negó y se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados; por tanto, se deberá conservar la resolución relativa a su otorgamiento (punto vigésimo primero, inciso III). El duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción (punto vigésimo, inciso III). A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese; y personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Israel Díaz Reyna, que autoriza, firma y da fe.

  3. Principal

    Visto para resolver el juicio de amparo indirecto 266/2017-III; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el trece de enero de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Geiser Mortera Arzabal por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos y autoridades siguientes: "III: AUTORIDADES RESPONSABLES: SE SEÑALAN COMO AUTORIDADES RESPONSABLES ORDENADORAS A. A:) AL C. JUEZ DE CONTROL DE TOLUCA CON RESIDENCIA EN ALMOLOYA DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. B.) AL C. JUEZ DE JUICIOS ORALES EN TOLUCA CON RESIDENCIA EN ALMOLOYA DE JUÁREZ. C:) AL C. PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA CON RESIDENCIA EN ALMOLOYA DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. C:) AL C. SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA CON RESIDENCIA EN ALMOLOYA DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. SE SEÑALAN COMO AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS A: A: C. COMISARIO GENERAL DE LA POLICÍA MINISTERIAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO DE MÉXICO CON DOMICILIO José María Morelos oriente 1300. Colonia: San Sebastián. Municipio: Toluca. B: AL C. JEFE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE APREHENSIONES CON DOMICILIO EN GUILLERMO PRIETO 1006, PISO 1, BARRIO SAN SEBASTIÁN, TOLUCA DE LERDO, TOLUCA, MÉXICO. IV ACTO RECLAMADO ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMO DE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES EL HECHO DE QUE PRETENDAN TAL ACTO SIN EXISTIR RAZÓN LEGAL PARA JUSTIFICARLO TAN ARBITRARIA E INJUSTIFICADA PRETENSIÓN YA QUE NO HE COMETIDO FALTA ALGUNA DE NINGÚN DELITO POSTERIOR A MI INGRESO EN EL CENTRO PREVENTIVO ANTES MENCIONADO." SEGUNDO. Derechos humanos violados. El quejoso señaló como derechos humanos violados, los establecidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 18, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Recibida la demanda en el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, a quien por razón de turno tocó su conocimiento, la radicó con el juicio de amparo indirecto 49/2017-VI-B, por auto de trece de enero de dos mil diecisiete, admitió la demanda; solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; dio al Agente del Ministerio Público Federal de su adscripción la intervención que por ley le compete; y, fijó hora y día para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. Por auto de diecinueve de enero de dos mil diecisiete, se dejó de tener con el carácter de autoridad responsable a la denominada por el quejoso como "Jefe de la Dirección General de Aprehensiones de Toluca, Estado de México". El dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, ordenó remitir los autos a este juzgado de Distrito, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga el similar que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, al considerar que contaba con el conocimiento previo del juicio del que deriva el acto reclamado. Por acuerdo de veinte de febrero de dos mil diecisiete, este juzgado se avocó al conocimiento del asunto, se dio la intervención que le compete al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, se señaló hora y día para la audiencia constitucional y se ordenó notificar a las partes la radicación del juicio. Acontecido lo anterior, la audiencia constitucional se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito, es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que se reclama una determinación emitida por autoridad judicial del orden penal que afecta la libertad personal, la cual se pretende ejecutar en el ámbito territorial en el cual este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, este juzgador al momento de dictar resolución se encuentra obligado a precisar los actos reclamados por el quejoso, tomando en consideración todos los datos que emanen de la demanda de amparo e incluso la totalidad de la información del expediente, atendiendo al pensamiento e intencionalidad de su autor y descartando las imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En esa tesitura, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de los datos que emanan del presente expediente, se advierte que el quejoso reclama: - La orden de aprehensión dictada en contra del quejoso y su ejecución. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, México (foja 27); el Juez de Juicio Oral, del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, México (foja 35); y, el Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, México (foja 44),al rendir su informe justificado negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que el quejoso hubiese aportado prueba alguna para desvirtuar dicha negativa. En tal virtud, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, por lo que a dichas autoridades se refiere. CUARTO. Existencia del acto reclamado. El Juez Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, México (foja 42), al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado consistente en la orden de aprehensión dictada el catorce de enero de dos mil diez, en contra del quejoso Geiser Mortera Arzabal en la causa penal 446/2013 por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de robo con modificativa (agravante de haberse cometido en vehículo de motor) y delincuencia organizada; y, su ejecución Asimismo, para sustentar la constitucionalidad de dicho acto, el juez responsable acompañó copia certificada de la causa penal 446/2013 en dos tomos, a las que se le otorga valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, dado que las documentales son públicas por contener actuaciones realizadas por funcionario público, en ejercicio de sus funciones, y respecto de diligencias encomendadas por disposición de la Ley. Por su parte, el Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección General Jurídica y Consultiva en representación del Ex Comisario ahora Coordinador General de la Policía de Investigación (foja 23); al rendir su informe justificado negó la existencia del acto que se le reclama, consistente en la ejecución de la orden de aprehensión dictada en contra del quejoso; sin embargo, dada su calidad de ejecutora con que fue señalada, así como con la certeza del acto reclamado atribuido a la ordenadora, debe estimarse que el acto reclamado es de inminente ejecución, pues en cualquier momento podría solicitarse la ejecución de la orden de aprehensión dictada en contra del quejoso; por tanto, se tiene como cierto el acto a ella reclamado. Tiene sustento a la anterior determinación, la tesis emitida por el otrora Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 56 del Tomo III, Segunda Parte-1, Enero a Junio de mil novecientos ochenta y nueve, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del texto y rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO. Si las autoridades ejecutoras en su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, pero aquellas a quienes se les atribuye haberlo ordenado lo aceptan, indudablemente que las autoridades ejecutoras por razón de jerarquía tienen obligación de darle cumplimiento a tal orden, por lo tanto, debe tenerse como cierto el acto a ellas reclamado." QUINTO. Causales de improcedencia. En principio, se realiza el examen de las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público y de estudio preferente, acorde a lo previsto en el artículo 62, de la Ley de Amparo. En ese sentido, este Juzgador estima que en el caso se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de la materia, en razón de que los actos reclamados son materia de otro juicio de amparo que fue promovido previamente a este justiciable, admitido y en el que se encuentra pendiente de resolverse el recurso de revisión interpuesto por el quejoso en contra del auto que decretó el sobreseimiento del juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional. El artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;...". De la interpretación literal del precepto legal, se advierte que el amparo es improcedente contra actos que sean materia de otro juicio pendiente de resolver, cuando sea promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. La litispendencia entraña un fenómeno procesal que se traduce en la simultánea tramitación de dos o más juicios en que los elementos esenciales de las acciones respectivas son los mismos. En materia de amparo, la disposición legal transcrita contempla una hipótesis de litispendencia entre dos juicios, con vista a la identidad en cuanto al quejoso, a la autoridad responsable y al acto reclamado. Se trata, de dos juicios de amparo iguales, aunque en los correspondientes conceptos de violación de las demandas se planteen violaciones constitucionales diferentes, debido a que la litispendencia es formal y no material porque la hipótesis legal solo amerita la valoración de la identidad de los elementos formales: quejoso, acto reclamado y autoridad responsable. Es inconcuso que para que opere la litispendencia como causa de improcedencia de un juicio de amparo, se requiere que el anterior haya sido admitido, no se haya resuelto o concluido con sentencia ejecutoria, pues en la hipótesis contraria correspondería analizar diversa fracción del citado numeral 61 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P./J. 24/2014 (10a.), visible en la página 265, del libro 5, abril de 2014, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "LITISPENDENCIA. PARA QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, ES NECESARIO QUE SE HAYAN ADMITIDO LAS DEMANDAS RESPECTIVAS. La causal de improcedencia por litispendencia prevista en el precepto citado, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. Consecuentemente, si una de las finalidades de la causal de improcedencia referida es impedir que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, para que se actualice dicha causal es necesario que se hayan admitido las demandas respectivas; de ahí que esos juzgadores deben asegurarse de que, de actualizarse aquélla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto de autoridad a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. Para este fin, la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 disponía, en su artículo 51, un procedimiento conforme al cual un solo Juez de Distrito debe conocer de los asuntos en cuestión, analizar y valorar con precisión en cuál de los dos expedientes idénticos deba sobreseerse por litispendencia, y a cuál le corresponde superar esta causal para pronunciarse sobre el fondo del asunto e incluso, llegado el caso, también sobreseerlo, pero por motivo legal distinto, así como decidir sobre la imposición de las sanciones que procedan a los responsables de la promoción injustificada de dos juicios, en los casos que así lo ameriten." Por tanto, conforme a lo anterior, el gobernado no está facultado para promover más de un juicio de amparo contra las autoridades y por los actos que considere que afectan su esfera jurídica; por lo que es improcedente el segundo juicio de amparo que promueva contra las mismas autoridades y por los propios actos reclamados, que sean materia de un primer juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución, ya sea en primera o segunda instancia. Ello se funda en que, al actualizarse la litispendencia, atento al artículo 17 constitucional que consagra el derecho a la impartición de justicia, por razones de certeza y seguridad jurídica, por un lado no es razonable la instancia y prosecución de dos juicios respecto de la misma litis; en tanto que debe evitarse dilaciones, cargas procesales y riesgos de disparidad o incongruencia hacia los gobernados que se someten a juicio. Ahora, como se adelantó en el capítulo de resultandos, el presente juicio de amparo 266/2017-IIl, fue promovido por Geiser Mortera Arzabal, por su propio derecho, el quince de enero de dos mil diecisiete, como se desprende del sello recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. Asimismo, se advierte que la demanda de amparo se promovió en contra de la orden de aprehensión de catorce de enero de dos mil diez, dictada en contra del quejoso Geiser Mortera Arzabal en la causa penal 446/2013 por el Juez Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, México, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de robo con modificativa (agravante de haberse cometido en vehículo de motor) y delincuencia organizada. Por otra parte, en este Juzgado Federal se encuentra registrado el juicio de amparo 288/2016-VII, promovido por Geiser Mortera Arzabal, el dos de marzo de dos mil dieciséis, según se desprende del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México (foja 51, vuelta). En el citado juicio constitucional, se señalaron como autoridades responsables y actos reclamados, entre otros, al Juez Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, México, quien aceptó la existencia del acto reclamado consistente en la orden de aprehensión de catorce de enero de dos mil diez, dictada en contra del quejoso Geiser Mortera Arzabal en la causa penal 446/2013 por el Juez Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, México, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de robo con modificativa (agravante de haberse cometido en vehículo de motor) y delincuencia organizada. En dicho juicio, por auto de cuatro de marzo de dos mil dieciséis, se admitió la demanda; y, el trece de octubre de dos mil dieciséis, se decretó el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, en virtud de que el quejoso no desahogó el requerimiento formulado el treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, a través del cual se dejaron a su disposición los edictos correspondientes para emplazar a juicio al tercero interesado Servando Lujan Alcantara. Inconforme con dicha determinación, el citado quejoso interpuso recurso de revisión, el cual se encuentra pendiente de resolución. Lo anterior constituye un hecho notorio para quien aquí resuelve de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número XXII. J/12, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, publicada en la página 295 del Tomo V, Enero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro a la letra dice: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN". En esas condiciones, al confrontarse las constancias del diverso juicio de amparo 288/2016-VII del índice de este Juzgado de Distrito, con las constancias que integran el presente juicio de amparo 266/2017-III, se pone de manifiesto que en el caso en estudio cobra vigencia la causa de improcedencia antes invocada, prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de la materia, dado que el propio quejoso, reclama los mismos actos a las mismas autoridades responsables, solo que la primera demanda de amparo fue promovida el dos de marzo de dos mil dieciséis, correspondiendo al número de expediente 288/2016-VII y la segunda demanda se presentó el trece de enero de dos mil diecisiete, es decir diez meses después la que corresponde al presente asunto 266/2017-III. Establecido lo anterior, se está en condiciones de destacar que los actos que reclama el quejoso son materia de la litis en el juicio de amparo 288/2016-VII del índice de este juzgado el cual aún se encuentra pendiente de resolución en segunda instancia. En ese sentido, se surte la causal de improcedencia invocada, por estarse tramitando otro juicio de amparo pendiente de resolución en segunda instancia, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por los propios actos reclamados, con anterioridad a la presentación de la demanda que originó el presente juicio biinstancial. Tiene aplicación al caso concreto, la jurisprudencia 235, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento noventa y tres, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que no ha sido superada, que dice: "IMPROCEDENCIA POR RECLAMARSE EL ACTO EN DOS AMPAROS. Si en un amparo se reclama el mismo acto reclamado en otro juicio, es claro que en el caso concurre la causa de improcedencia, respecto de ese acto, de acuerdo con la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, sin que obste para ello la circunstancia de que en los juicios se reclamen actos de ejecución distintos, porque esta diferencia implica solamente que el sobreseimiento es infundado respecto de los actos de ejecución". En consecuencia, en términos de lo anteriormente expuesto, con fundamento en la fracción X del artículo 61, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos que se les atribuye a las autoridades ejecutoras, en virtud de que los actos que se combaten, no se reclaman por vicios propios, sino en vía de consecuencia, ello de conformidad con la jurisprudencia 231, publicada en la página 156 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, tomo VI, parte SCJN, bajo el rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN, ACTOS DE. SOBRESEIMIENTO. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a las autoridades que sean o que tengan el carácter de ejecutoras de los mismos actos, porque debiendo sobreseerse con respecto a aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." Finalmente, no pasa desapercibido para este Juzgador el hecho de que no han sido emplazados los terceros interesados, pues dado el sentido del presente fallo, es innecesario su llamamiento en virtud de que ningún perjuicio le depara, por lo que, al omitirse lo anterior, no se viola el procedimiento que rige el juicio de amparo. En mérito de lo expuesto, fundado, motivado, y con apoyo, además, en los artículos s 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se, R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Geiser Mortera Arzabal, en contra de las autoridades y por los actos precisados en los considerandos segundo y tercero, por las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto de la presente sentencia. NOTIFÍQUESE; Y, PERSONALMENTE AL QUEJOSO EN EL LUGAR DE SU RECLUSIÓN. Así lo resolvió y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa asistido del Secretario Israel Díaz Reyna, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    VI. Toluca, Estado de México; veintitrés de febrero de dos mil diecisiete. De la certificación de cuenta se advierte que feneció el plazo de tres días, inserto en proveído de catorce de febrero de dos mil diecisiete, para manifestar lo conducente en relación al cumplimiento que dio al fallo protector la Agente del Ministerio Público, Titular de la Unidad de Investigación Número Quince, de la Agencia Especial de Investigación para Secuestros "C", dependiente de la Fiscalía Especial de Investigación para la Atención del Delito de Secuestro denominada "Fuerza Antisecuestro" (FAS). Por ende, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran el juicio para verificar el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Sobre el particular se invoca, la jurisprudencia publicada con el número 247, en las páginas 203 y 204, de la actualización 2002, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, cuyos rubro y texto son: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Para determinar si en el caso la autoridad responsable dio o no cumplimiento al fallo protector, se hacen las precisiones siguientes: La quejosa Amalia Elba Solís Flores, señaló como acto reclamado la orden de detención y/o aprehensión y/o citatorio girado en su contra por parte del Agente del Ministerio Público Adscrito a la Unidad de Investigación Quince de la Agencia Especial de Investigación para Secuestros "C" de la Fiscalía Especial de Investigación para la atención del Delito de Secuestro denominada Fuerza Antisecuestro (FAS), de la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, así como su ejecución por parte del Comisario General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. Mediante sentencia dictada por este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, el siete de septiembre de dos mil dieciséis, se resolvió: "ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Amalia Elba Solís Flores, en contra del acto y autoridades precisados en el considerando segundo y tercero, para los efectos y por las consideraciones expuestas en el último considerando de la presente resolución." Los efectos por los cuales se concedió el amparo y Protección de la Justicia Federal, fueron para que la responsable realizara lo siguiente: "(.) a). Deje insubsistente la orden de citación reclamada, emitida en autos de la averiguación previa FAS/T3/521/15-05; b). Hecho lo anterior, en la hipótesis que aún estime necesaria la presentación de la aquí quejosa, podrá emitir la orden correspondiente, pero purgando los vicios formales que le fueron precisados." Así, por acuerdo de veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, se declaró ejecutoriada la sentencia de amparo, y se requirió a la Agente del Ministerio Público, Titular de la Unidad de Investigación Número Quince, de la Agencia Especial de Investigación para Secuestros "C", dependiente de la Fiscalía Especial de Investigación para la Atención del Delito de Secuestro denominada "Fuerza Antisecuestro" (FAS), el cumplimiento al fallo protector. En ese orden, por oficio recibido en este juzgado de Distrito el trece de diciembre de dos mil dieciséis, la autoridad responsable comunicó que mediante acuerdo de veintidós de noviembre del año pasado, dejó insubsistente la orden de citación reclamada. Ante tal situación, por auto de catorce de diciembre del año pasado, se dio vista a la parte quejosa; por lo que después de realizar un análisis minucioso de las constancias enviadas por la responsable, este juzgado consideró que con su actuar no cumplía con el fallo protector, en los términos establecidos, por las consideraciones expuestas en proveído de veintidós de diciembre de dos mil dieciséis. Motivo por el cual, se requirió a la Agente del Ministerio Público, Titular de la Unidad de Investigación Número Quince, de la Agencia Especial de Investigación para Secuestros "C", dependiente de la Fiscalía Especial de Investigación para la Atención del Delito de Secuestro denominada "Fuerza Antisecuestro" (FAS), para que diera cabal cumplimiento a la sentencia de amparo, y mediante oficio recibido en este órgano jurisdiccional el tres de febrero de dos mil diecisiete, remitió copias certificadas del acuerdo de veinticuatro de enero del año en curso. La Agente del Ministerio Público, Titular de la Unidad de Investigación Número Quince, de la Agencia Especial de Investigación para Secuestros "C", dependiente de la Fiscalía Especial de Investigación para la Atención del Delito de Secuestro denominada "Fuerza Antisecuestro" (FAS), en cumplimiento a la sentencia de amparo, mediante acuerdo de veinticuatro de enero pasado, determinó innecesaria, ociosa e inconducente la citación de la quejosa Amalia Elba Solís Flores, a la averiguación previa FAS/T3/521/15-05, dejando sin efectos la orden de citación impugnada en este juicio, precisando los fundamentos que tomó en consideración para su emisión. En las relatadas condiciones, después de realizar un análisis minucioso de la forma en que la responsable manifestó dar cumplimiento a la sentencia de amparo, este juzgado considera que con su actuar se obtiene el cumplimiento del fallo protector, pues se satisfacen los lineamientos ahí expuestos. Consecuentemente, en términos del artículo 196, párrafo segundo y tercero de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia publicada con el número 2ª./CXIV/97, en la página 414, del Tomo VI, octubre de 1997, Novena Época, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Finalmente, de conformidad con los artículos 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, glósese a los autos sin mayor proveer, el oficio de cuenta a través del cual la Directora de amparos en ausencia del Procurador General de Justicia del Distrito Federal, comunica las gestiones realizadas para dar cumplimiento al fallo protector, porque el veinte de febrero de dos mil diecisiete, se acordó similar promoción. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Israel Díaz Reyna, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por licencia del titular, en terminos del articulo 43 de la Ley Organica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa con el Secretario Emmanuel Ramírez Gómora que autoriza, firma y da fe.

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