Gaudencio Celestino Joffre Bonilla
Expediente 1462/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 18 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1462/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 02/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Gaudencio Celestino Joffre Bonilla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte tercero interesada por medio de lista que se fija en los estrados el acuerdo de dos de diciembre de dos mil diecinueve, el cual dice: Se declara cumplida la sentencia de amparo y se ordena el archivo del asunto como concluido. Se hace saber a las partes que quedan a disposición por un plazo de noventa días, los documentos originales que, en su caso, hayan presentado, con el apercibimiento que de no presentarse a recogerlos podrán ser destruidos.
- Principal
Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte tercero interesada por medio de lista que se fija en los estrados el acuerdo de ocho de noviembre de dos mil diecinueve, el cual dice: Cuernavaca, Morelos, ocho de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio signado por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Regional Metropolitana, mediante el cual desahoga el requerimiento realizado en autos. En atención a lo anterior y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 66 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se da vista a la parte quejosa y a los terceros interesados con las actuaciones realizadas en la etapa de ejecución; lo anterior, a fin de que en el plazo de tres días expresen lo que a su interés convenga, apercibidas que de no realizar manifestación alguna, este juzgado de Distrito resolverá respecto del cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el juicio de amparo en que se actúa y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y a los terceros interesados.
- Principal
Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte tercera interesada por medio de lista que se fija en los estrados la sentencia de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, que cual dice: Cuernavaca, Morelos, treinta de septiembre de dos mil diecinueve. Juicio de amparo: 1462/2018 Quejoso: Gaudencio Celestino Joffre Bonilla Juez: Benito Eliseo García Zamudio Secretario: Mac Quetzin Murillón Duarte S E N T E N C I A Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, tiene vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 1462/2018; y R E S U L T A N D O 1. Presentación y datos de la demanda. Por escrito recibido el cinco de septiembre de dos mil diecinueve en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, Gaudencio Celestino Joffre Bonilla, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra la autoridad y actos siguientes: "VII. autoridades responsables: 1.- C. Fiscal Regional Metropolitano adscrito a la Fiscalía General del Estado de Morelos. 2.- C. Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Regional Metropolitana, de la Fiscalía General del Estado de Morelos. VIII. acto reclamado: De las autoridades señaladas como responsables se hace consistir en la negativa a darme acceso a los registros de la carpeta de investigación: SJ01/3191/2014 de manera injustificada y con el argumento de que no pueden darme acceso a dichos registros de la carpeta de investigación, ello a pesar de que el suscrito cuenta con la calidad de imputado ya que fui citado por la autoridad responsable identificada con el número 2, en fecha 23 de agosto del presente año. Los cuales estimó violatorio de los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2. Admisión y trámite del juicio. Por auto de seis de septiembre de dos mil dieciocho, este juzgado admitió la demanda de amparo, pidió a las autoridades responsables su informe justificado, dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación, fijó día y hora para la audiencia constitucional, y posterior a su celebración en auxilió a este órgano jurisdiccional, el diverso Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región dictó sentencia el veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, en la que determinó sobreseer en el juicio de amparo al considerar actualizada la causa establecida en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo, pues sostuvo que el acto reclamado era inexistente ya que el quejoso no allegó alguna prueba que acreditara que había solicitado acceso a la carpeta de investigación que se instruye en su contra, y que la misma se le hubiera negado. Inconforme con dicha determinación el quejoso promovió recurso de revisión del que conoció el Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco Guerrero, en auxilió al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, el cual lo resolvió en sentencia de veinte de junio de dos mil diecinueve, dentro del amparo en revisión auxiliar 90/2019 (expediente de origen 10/2019), en el que determinó revocar la determinación impugnada y reponer el procedimiento. Para arribar a la anterior determinación, precisó que fue incorrecto lo determinado por juzgado de Distrito auxiliar, ya que el agente del ministerio público responsable, al rendir su informe justificado aceptó el acto reclamado, defendiendo su constitucionalidad en términos del numeral 237 del Código de Procedimientos Penales para el Estado vigente en la época de la denuncia, y que dicha certeza del acto reclamado se corroboraba con la constancia de lectura de derechos de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, en el que se hicieron del conocimiento del quejoso sus derechos en carácter de imputado, y en la que designó a su defensor particular quien aceptó el cargo y asentó de puño y letra que "no se me permite revisar la carpeta ni tener datos para mi debida defensa". De lo anterior concluyó implícitamente que el acto reclamado era existente, y razonó que aunque lo conducente podría ser que dicho tribunal colegiado resumiera jurisdicción, ello no acontecía porque advirtió una violación a las reglas del procedimiento, ya que no se ordenó el emplazamiento de la tercero interesada, por lo que determinó revocar la determinación impugnada y reponer el procedimiento para el efecto de que se llamara a juicio a la parte tercera interesada. Recibidos los autos por este Juzgado y una vez sustanciado lo ordenado, se celebró nueva audiencia constitucional el once de septiembre de dos mil diecinueve; y, C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, con fundamento en los artículos 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 48 y 51, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los acuerdo generales número 3/2013 y 32/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, por tratarse además de una determinación emitida por una autoridad judicial local, la cual tiene ejecución dentro de la jurisdicción de este Juzgado. II. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que los actos reclamados en este juicio consisten en la negativa por parte de la agente del Ministerio Público Adscrito a la Fiscalía Regional Metropolitana, de permitir al quejoso en su calidad de imputado que acceda a los registros de la carpeta de investigación SJ01/3191/2014. III. Inexistencia de los actos reclamados. No es cierto el acto reclamado a la Fiscal Regional Metropolitana, pues así lo manifestó en su informe con justificación, sin que el amparista haya desvirtuado tal afirmación, máxime que de autos se advierte que quien instruye la carpeta de investigación cuya negativa para consultar se reclama, es el Agente del Ministerio Público Adscrito a la Fiscalía Regional Metropolitana, por lo que se sobresee respecto al acto reclamado a dicha autoridad conforme al artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. IV. Existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado a la agente del Ministerio Público Adscrita a la Fiscalía Regional Metropolitana, pues así lo señaló al rendir su informe justificado, en el que señaló que hasta dicho momento procesal el quejoso no se encontraba en algún supuesto de los establecidos en el artículo 237 del Código de Procedimientos Penales para el Estado vigente al momento de la indagatoria, por lo que los registros de la misma permanecían secretos. Manifestación que es corroborada con la constancia de lectura de derechos de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, emitida a nombre del quejoso Gaudencio Celestino Joffre Bonilla, en su calidad de imputado, en la que se asentó "En este acto no se me permite revisar la carpeta ni tener datos para mi debida defensa" a la cual se le confiere pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme su numeral 2°, al tratarse de documento público. Sin que se inadvierta que obra diversa certificación levantada por la mencionada agente ministerial, de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, en la que hizo constar que el defensor particular del aquí quejoso solicitó el acceso a los registros de la indagatoria, y que atendiendo a tal petición se le permitió el acceso a un dictamen médico que se le solicitó, no obstante, dicha certificación únicamente acredita que se le permitió el acceso de un dictamen en particular, más no de los demás registros de investigación. V. Procedencia del juicio de amparo. Previamente al estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causales de improcedencia que hagan valer las partes, o bien, de oficio se advierta que se actualicen, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Señala el fiscal investigador responsable, que el acto reclamado no afecta los derechos sustantivos del quejoso, pues la carpeta a la que pretende acceder aún se encuentra en etapa de investigación, por lo que dicho acto no afecta su interés jurídico. De lo anterior que la autoridad responsable plantea que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, ya que el quejoso carece de interés jurídico y legítimo. Es infundado su planteamiento, en tanto que lo que reclama el accionante constitucional en el presente juicio es que no se le permite acceder a los registros de investigación en la carpeta SJ01/3191/2014, a pesar de que considera que se le está dando el carácter de imputado en la misma, por lo que con dicho planteamiento demuestra la existencia de una potencial afectación a su derecho de defensa. Y definir, si el amparista tiene derecho a tener acceso a la investigación por el carácter que se le dé en la misma, constituye el fondo del asunto; es ilustrativa sobre el tema la jurisprudencia PC.I.P. J/50 P (10a.) del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, de la Décima Época Judicial, con registro 2019310, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, página 1594, que establece: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LO TIENE EL QUEJOSO QUE SE OSTENTA CON EL CARÁCTER DE IMPUTADO Y RECLAMA LA NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PERMITIRLE EL ACCESO A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, EN SU ETAPA INICIAL, PARA EJERCER SUS DERECHOS DE DEFENSA. Cuando el quejoso se ostenta como imputado en una demanda de amparo indirecto y señala como acto reclamado la negativa del Ministerio Público de permitirle el acceso a la carpeta de investigación, en su etapa inicial, con base en la afirmación de dicha autoridad de que el promovente no cuenta con la calidad de imputado, debe entenderse que el peticionario tiene interés jurídico para efectos de la procedencia del juicio de amparo, en términos del artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, pues su afirmación será materia de demostración propia del pronunciamiento de fondo del asunto, en correlación con las condiciones jurídicas previstas en los artículos 112, 113 y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales." Por tanto, al no actualizarse la causa de improcedencia en estudio y al no haber planteado alguna diversa las partes, ni advertirla este juzgador de oficio, se procede al estudio de fondo del asunto. VI. Estudio de fondo. Es fundado el concepto de violación sostenido por el quejoso, por lo que debe concederse la protección constitucional solicitada. El amparista sostiene que se viola en su perjuicio el artículo 20, apartado B, fracción VI, constitucional, al no darle acceso a los registros de la carpeta de investigación SJ01/3191/2014 a pesar de que es señalado como imputado. Y como se adelantó, es fundado su planteamiento, ya que el artículo 20, apartado B, fracción VI, constitucional, establece el derecho del imputado a que le sean facilitados todos los datos de investigación que requiera para su defensa, en lo que interesa cuando se pretenda rendir su declaración o entrevista. Ahora bien, debe precisarse la manera en que concreta ese derecho fundamental la legislación penal ordinaria aplicable, para ello debe tenerse en cuenta que la indagatoria inició el veinte de marzo de dos mil catorce, por hechos acontecidos en el dos mil trece, y en tales términos la legislación aplicable al caso es el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Morelos. Se afirma lo anterior, puesto que el código procesal punitivo local en mención, resultó aplicable de forma gradual en el Estado, para hechos acontecidos hasta el primero de enero de dos mil doce, momento en que resultó aplicable en toda la Entidad Federativa. De allí, que resulte aplicable dicha normatividad al caso al tratarse de hechos que acontecieron -dos mil trece- durante su vigencia, y puesto que el Código Nacional de Procedimientos Penales, conforme a sus transitorios segundo y tercero, sólo resulta aplicable para procedimientos penales que iniciaron con posterioridad a su entrada en vigor conforme a las declaratorias que se emitieron en cada Entidad Federativa, que en el caso de Morelos aconteció el nueve de marzo de dos mil quince, conforme al artículo primero del "DECRETO NÚMERO DOS MIL CINCUENTA Y DOS POR EL QUE SE EMITE LA DECLARATORIA DE LA ENTRADA EN VIGOR EN EL ESTADO DE MORELOS, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES", publicado el siete de enero de dos mil quince en el periódico oficial del Estado, "Tierra y Libertad". En ese contexto, el ordinal 237 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos, establece la regla de reserva de los datos de investigación, la cual consiste en que los registros donde consten actuaciones de investigación realizadas por el Ministerio Público y por la policía serán secretas, empero, que tratándose del imputado, tiene el derecho fundamental a examinar los registros y documentos de investigación y obtener copias de los mismos, en lo que interesa, cuando sea citado para comparecer; y que con posterioridad a ello, sólo pueden ser mantenidos en reserva siempre que el Ministerio Público investigador identifique las actuaciones o registros respectivos, y fije un plazo no superior a veinte días para la preservación de la misma, contados a partir de que el imputado solicita acceso o copia de los mismos. Por tanto, de la interpretación sistemática de los artículos 20, apartado B, fracción VI, constitucional y 237 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos, se tiene que establecen como un derecho humano del imputado el que se le permita el acceso a los registros de investigación, una vez que sea citado, y si bien constitucionalmente se estableció como un parámetro mínimo, que ello ocurre cuando dicha citación es para que rinda declaración o entrevista, el código adjetivo punitivo local amplia dicho derecho, en tanto establece que ello acontece desde que es citado "para comparecer", sin limitar que debe ser para una audiencia especifica. Luego, basta con que se le cite a comparecer a una persona en calidad de imputado, para que deba de permitírsele el acceso a los registros de la investigación. Apoya lo anterior, por analogía la tesis I.6o.P.102 P (10a.), sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, durante la Décima Época, con registro 2016618, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 53, abril de 2018, Tomo III, página 1985, que establece: "DERECHO AL ACCESO A LOS REGISTROS DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN Y A OBTENER COPIA DE ÉSTOS EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO Y ORAL. SE CONFIGURA A FAVOR DEL IMPUTADO, SIEMPRE QUE SE ENCUENTRE DETENIDO, SEA OBJETO DE UN ACTO DE MOLESTIA, O HAYA SIDO CITADO A ENTREVISTA POR EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO. El artículo 20, apartado A, fracción V, apartado B, fracciones III, IV y VI, y apartado C, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el principio de igualdad como eje rector del proceso penal acusatorio y oral, garantizando que el imputado y el acusador, constituido por la víctima y el Ministerio Público, cuenten con "igualdad procesal" para sostener sus respectivas hipótesis durante las tres etapas del proceso penal, entre ellas, la de investigación en su fase inicial. En ese sentido, para efecto de que las partes cuenten con la misma posibilidad de sostener sus posturas durante ésta, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece el mismo derecho para la víctima y el imputado, sobre el acceso a los registros de investigación, así como la oportunidad de que obtengan una reproducción de éstos, conforme a los parámetros que dicha normativa prevé en sus artículos 109, fracción XXII y 113, fracción VIII. Ahora bien, el artículo 218 del mismo ordenamiento dispone que la carpeta de investigación no tendrá el carácter de reservada para el imputado y su defensa y, por consiguiente, tendrán acceso a ella cuando aquél se encuentre detenido, sea citado a comparecer, o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista; asimismo, el diverso 219 prevé que una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su defensor tienen derecho a consultar los registros de la investigación y a "obtener copia", con la oportunidad debida para preparar la defensa; y, finalmente, el segundo párrafo del numeral 337 dispone que el acceso y obtención de copias de todos los registros de la investigación, cobra vigencia en los momentos procesales previstos en el artículo 218 citado. Por tanto, cuando en la investigación inicial el imputado se encuentre detenido, sea objeto de un acto de molestia o citado a entrevista por el agente del Ministerio Público, tiene derecho al acceso de los registros de investigación, así como a la obtención de copias de éstos, ya sea mediante copia fotostática o registro fotográfico o electrónico, para sostener su defensa durante la investigación inicial." Ahora bien, en el caso, el veintinueve de mayo de dos mil quince, previo citatorio, el aquí quejoso, compareció ante la agente del Ministerio Público responsable para una diligencia ministerial, en la cual, declaró sobre los hechos investigados, sin que se le tuviera con el carácter de imputado, y por tanto, sin que contara con defensor. Posteriormente, el doce de julio de dos mil dieciocho, el fiscal investigador emitió citatorio dirigido al aquí quejoso, en el que precisó que el mismo era para efecto de que compareciera en "calidad de imputado", con la finalidad de que se llevara a cabo una diligencia de acuerdos reparatorios en términos de los ordinales 204 y 205 del Código de Procedimientos penales para el Estado. Además, el veintitrés de agosto del mismo año, derivado de diverso citatorio, el aquí amparista compareció ante el agente ministerial investigador y se le hicieron saber sus derechos como "imputado", los cuales prevé el artículo 20, apartado B, constitucional, y ante el requerimiento del fiscal respectivo, designó defensor particular. En consecuencia se obtiene que en este momento procesal al aquí quejoso se le atribuyó el carácter de imputado, tan es así, que se le requirió para que acudiera a celebrar un diligencia de acuerdos reparatorios, la cual en términos del artículo 204 del código procesal local en la materia, únicamente puede llevarse a cabo con el imputado, además se le requirió para que designara defensor, y se hicieron de su conocimiento los derechos con que cuenta un imputado. Aunado a lo anterior, también se obtiene que se le citó a comparecer con ese carácter de imputado, para el efecto de desahogar diligencias ministeriales -audiencia sobre acuerdos reparatorios y para designación de defensor y lectura de derechos-. Por tanto, en el caso, se actualiza el supuesto previstos por el artículo 237 del Código de Procedimientos Penales para el Estado, ya que el aquí quejoso fue citado a comparecer con el carácter de imputado, para el desahogó de diligencias ministeriales. Y es en tales términos, que la autoridad responsable debió permitirle el acceso a los registros de investigación que contiene la carpeta SJ01/3191/2014, y al no hacerlo, vulneró su derecho reconocido en los artículos 20, apartado B, fracción VI, constitucional y 237 del Código de Procedimientos Penales del Estado. En tales condiciones, se concede la protección constitucional solicitada por el quejoso, para los efectos precisados en el siguiente considerando. VII. Efectos de la concesión. Acorde al artículo 74, fracción V, de la Ley de Amparo, se especifica que el efecto de la concesión del amparo consiste en que la autoridad responsable le otorgue al quejoso el acceso a los registros de la carpeta de investigación SC01/3191/2014, a fin de garantizar una adecuada defensa, salvo que advirtiera alguna de las excepciones previstas en la ley, lo que, en su caso, fundada y motivadamente tendrá que justificar. Así con fundamento, en los artículos 73 al 77 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio, respecto a los actos atribuidos a la Fiscal Regional Metropolitana, en los términos y por las razones precisadas en el considerando III de esta ejecutoria. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Gaudencio Celestino Joffre Bonilla, en contra de la negativa de permitir que en su calidad de imputado acceda a los registros de la carpeta de investigación SJ01/3191/2014, integrada por el agente del Ministerio Público Adscrito a la Fiscalía Regional Metropolitana, por las razones expuestas en el penúltimo considerando y para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente; y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resuelve y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el Secretario Mac Quetzin Murillón Duarte, quien autoriza y da fe, el treinta de septiembre de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, cuatro de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos así como las constancias de emplazamiento realizados a las terceras interesadas ********** víctima y ********** asesora jurídica de la víctima, de las cuales se advierte que para la celebración de la audiencia constitucional señalada el día de hoy, no ha transcurrido el tiempo necesario para que dicha parte pueda imponerse de los presentes autos, a fin de cumplir con lo establecido por el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose de nueva cuenta las diez horas con veintidós minutos del once de septiembre de dos mil diecinueve, para su celebración. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos; quien actúa asistido de Rosa María Luna Mercado, secretaria que autoriza y da fe.
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