Gaston Sanchez Osorio

Expediente 329/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 14 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
329/2023
Año
2023
Actuaciones
14
Última actuación
31/10/2023

Partes del expediente

  • Gaston Sanchez Osorio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. ...Agréguese a los autos, para que obre como corresponda, el oficio firmado por la Jueza de Primera Instancia Especializada en Tribunal de Enjuiciamiento del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, sede Cuautla, mediante el cual solicita una prórroga a efecto cumplir cabalmente con lo requerido, por los motivos que expone. Ahora bien, visto el estado procesal de los autos, dígasele a la autoridad responsable que no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado, toda vez que, el presente juicio de amparo, no ha causado ejecutoria, en virtud de que se encuentra pendiente de resolver el recurso de revisión interpuesto en autos. Notifíquese.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa y tercero interesada del juicio de amparo 329/2023, por medio de lista que se fija en los estrados, y en términos del artículo 26, fracción IV, de la citada Legislación, vía electrónica a la parte quejosa del amparo 425/2023 Cuernavaca, Morelos, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. ...Agréguese a los autos el escrito firmado por ****, autorizado del quejoso *******, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en autos. Con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 82, 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el citado medio de impugnación; distribúyanse entre las partes las copias del escrito de cuenta. En consecuencia, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente asunto con las constancias de notificación realizadas a las partes respecto del presente auto, glósense al expediente principal y, sin mayor proveído, remítase al Tribunal Colegiado que corresponda, el escrito original, así como una copia más del mismo, destinado al agente del Ministerio Público Federal adscrito a ese órgano jurisdiccional, para la substanciación y resolución del citado medio de impugnación; en el entendido de que, en su oportunidad, el presente expediente se habilitará para su consulta electrónica. Ahora, tomando en consideración que se habilitará el expediente electrónico, consecuentemente, se podrá visualizar vía electrónica la totalidad de las constancias que se integran en el mismo, por ello, resulta innecesaria la formación de un cuaderno de antecedentes, pues se cuenta con el cuaderno principal en el que se actúa. Lo anterior, en atención a las políticas de optimización de recursos, así como de consumo responsable de materiales, previstas en el Considerando Décimo y artículo 251, incisos a), d), f) y g), del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo"; así como en el "Programa Interinstitucional de Desarrollo Sustentable del Poder Judicial de la Federación", el cual tiene como uno de sus objetivos principales el modificar los hábitos de consumo que contribuyen al deterioro de nuestro medio ambiente. Se instruye al actuario judicial que corresponda, para que al momento de notificar a las partes y correr traslado con el escrito de agravios, haga constar su entrega, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  3. Principal

    En términos el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se notifica vía electrónica a la parte quejosa en el juicio de amparo 425/2023, y con apoyo en el diverso numeral 29 de la citada legislación, a la diversa parte quejosa y parte tercero interesada por medio de lista que se fija en los estrados la sentencia de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, en la que se determina: S E N T E N C I A Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, tiene vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 329/2023 y su acumulado 425/2023. R E S U L T A N D O ...C O N S I D E R A N D O I. Competencia. ...VI. Estudio de los conceptos de violación expuestos por los quejosos en el juicio principal y acumulado. Previo a abordar el estudio de los conceptos de violación expuestos, se destaca que, los aquí quejosos fueron asistidos de una defensa técnica previo al dictado de la resolución reclamada, como se advierte de la copia del audio y video de la audiencia de quince de febrero de dos mil veintitrés, en la que se determinó que por virtud del recurso de apelación que se encontraba en trámite, interpuesto por la fiscalía y la asesoría jurídica contra la exclusión de diversos medios de prueba, se aplazaba el inicio de la audiencia de juicio; no obstante ello, toda vez que ya estaba radicado el auto de apertura a juicio oral -mediante auto emitido el diecinueve de enero de dos mil veintitrés-, los acusados quedaron a disposición del tribunal de enjuiciamiento bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada, impuesta el nueve de enero de dos mil veintiuno, por lo que en esa diligencia comparecieron, entre otros,******, en su carácter de defensores particulares de ********* -aquí quejosos-, quienes señalaron contar con las cédulas profesionales números ********, expedidas por la Dirección General de Profesiones Dependiente de la Secretaría de Educación Pública, que los acredita como licenciados en derecho, respectivamente. Lo anterior, constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme al ordinal 2 de esta última, pues fueron corroboradas en la página oficial del Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México. Por otro lado, es necesario precisar que el estudio de los conceptos de violación expuestos por los quejosos se abordará en forma conjunta, toda vez que como se especificará en párrafos siguientes, ambos son coincidentes en establecer que se vulneran sus derechos, esencialmente porque el tribunal responsable omitió analizar que su solicitud de cese de la prisión preventiva justificada, se sustentó en que había excedido el tiempo de duración de dicha medida cautelar y no en que habían variado las circunstancias por las que se impuso tal medida, solicitud respecto de lo cual la autoridad responsable no emitió un pronunciamiento. Ello, toda vez que de la demanda de amparo del juicio principal 329/2023, presentada por *********, se desprende que en sus conceptos de violación aduce que la determinación reclamada de uno de marzo de dos mil veintitrés, no está debidamente fundada, toda vez que la defensa particular solicitó el cese de la prisión preventiva del quejoso, al haber transcurrido más de dos años sin que se emita sentencia, ya que fue puesto a disposición del juez de control el nueve de enero de dos mil veintiuno y a la fecha de la audiencia de revisión de la medida ese plazo se encontraba rebasado, pues llevaba en prisión dos años y cincuenta días; porque si bien existe una excepción a la regla de que la prisión preventiva no puede exceder a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa, esa circunstancia, a consideración del impetrante de amparo, no ocurre en el caso. Lo anterior, porque refiere el quejoso que su defensa expuso ante la autoridad responsable que el ministerio público interpuso una apelación contra medios de prueba que fueron excluidos el quince de noviembre de dos mil veintidós, recurso que tarda "bastante" en resolverse, por lo que la fiscalía estaba siendo partícipe en el exceso de la prisión preventiva y faltaba al principio de probidad, porque si bien ejerce un derecho, ese ejercicio es un acto dilatorio del proceso penal del aquí impetrante de amparo. Asimismo, refiere que hay un exceso en la resolución reclamada, pues a pregunta expresa de la defensa respecto a cuánto tiempo durará la medida de prisión preventiva, la autoridad responsable señaló que duraría el tiempo que dure el proceso, lo cual dice, restringe el derecho a la libertad personal del quejoso, pues no existe limitante alguna para que pueda ser revisable. De igual forma, aduce el quejoso que la determinación reclamada es incorrecta al exigir que existan nuevos elementos o demuestre con medio de prueba que variaron las condiciones en que fue impuesta, cuando el Código Nacional de Procedimientos Penales es claro en establecer que la prisión preventiva oficiosa o justificada finaliza cuando su duración exceda de dos años, sin que deba realizarse mayor interpretación; es decir, la solicitud no se sustentó en que habían variado las circunstancias por las cuales se impuso la medida, sino que se pidió su cese por virtud de que se había excedido el tiempo de duración de ésta, respecto de lo cual la autoridad responsable no emitió un pronunciamiento. Por tanto, refiere el quejoso que en su perjuicio se vulnera el principio de presunción de inocencia previsto en el artículo 14 de la citada legislación adjetiva penal y diversas disposiciones convencionales, lo cual sustenta en la jurisprudencia con registro digital 2024608 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. PROCEDE REVISAR SU DURACIÓN EN EL PLAZO DE DOS AÑOS, A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 20, APARTADO B, FRACCIÓN IX, CONSTITUCIONAL Y, EN SU CASO, DETERMINAR SI CESA O SE PROLONGA SU APLICACIÓN." Ahora bien, por su parte, en el juicio de amparo acumulado 425/2023, el diverso quejoso *******, por conducto de su defensor particular, señala en el único concepto de violación expuesto, que la resolución de uno de marzo de dos mil veintitrés reclamada, transgrede los artículos 1, 14, 16, 17 y 20, apartado A, fracción I, y B, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como diversas disposiciones convencionales, pues en vulneración al principio de legalidad, al momento de analizar sobre la procedencia de la petición de cese de la prisión preventiva impuesta al quejoso, la autoridad responsable no atendió a lo dispuesto por los artículos 20, apartado B, fracción IX, segundo párrafo, constitucional ni a los numerales 2 y 165, párrafo segundo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecen que el plazo por el que se debe imponer la prisión preventiva, en ningún caso será superior a dos años, excepto si su prolongación se debe al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Para ello, refiere el quejoso, adquieren importancia las manifestaciones vertidas por su defensa particular en el sentido de que la dilación en la carpeta judicial JCC/016/2021 y la carpeta del juicio oral JOC/002/2023, es atribuible exclusivamente a los órganos del Estado que han participado en tales carpetas, pues el quejoso y su defensa se han abstenido de interponer medio de defensa o solicitud diversa cuyo propósito sea la dilación del trámite, lo cual se soslayó por la autoridad responsable, pues no emitió argumento sobre ello más que para establecer que los parámetros expuestos por la defensa particular resultaban aplicables a la prisión preventiva oficiosa y no a la justificada, lo cual es inexacto porque la fracción IX del apartado B del artículo 20 constitucional, no hace distinción sobre prisión preventiva oficiosa o justificada, y esa interpretación de la autoridad responsable impidió que se analizara el planteamiento del quejoso en el sentido de que la prolongación de la medida no ha sido motivada por el ejercicio de defensa del imputado. Además, señala que la autoridad responsable inobservó que el cese de la prisión preventiva no es obstáculo para decretar medidas cautelares distintas, pues la prolongación de la medida cautelar fuera del plazo previsto en la ley, le da el carácter de pena anticipada y trastoca el derecho de presunción de inocencia, sin que justifique la determinación el hecho de que la autoridad responsable refirió también estar obligada a salvaguardar los derechos de la víctima, pues ello se garantiza precisamente con el dictado de diversas medidas cautelares que cumplan con los fines por los cuales se imponen éstas. Ahora bien, como se precisó, el estudio de los conceptos de violación expuestos por los quejosos se abordará en forma conjunta, pues esencialmente reclaman que se vulneran sus derechos, porque el tribunal responsable omitió analizar que su solicitud del cese de la prisión preventiva se sustentó en que se había excedido el tiempo de duración de tal medida cautelar y no en que habían variado las circunstancias por las que se impuso; y, la autoridad responsable no emitió pronunciamiento respecto a ese planteamiento en los términos realizados. Una vez precisado lo anterior, es infundado el argumento expuesto en el concepto de violación del amparo principal 329/2023, por Gastón Sánchez Osorio, en lo relativo a que hay un exceso en la resolución reclamada, pues a pregunta expresa de la defensa respecto a cuánto tiempo durará la medida de prisión preventiva, la autoridad responsable señaló que duraría el tiempo que dure el proceso, lo cual aduce, restringe el derecho a la libertad personal del quejoso, pues no existe limitante alguna para que pueda ser revisable la medida. Lo anterior, porque la aclaración realizada por el tribunal responsable una vez que emitió su resolución en la que determinó que subsistía la medida cautelar impuesta, no implica que se haya establecido una limitante para que la medida cautelar de prisión preventiva impuesta no pueda ser revisable en el momento que lo solicite el impetrante de amparo, pues no fue determinado en esa forma por la autoridad responsable, sino que derivado de que el tribunal responsable consideró en esa audiencia de revisión de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, que no se había demostrado que variaron las circunstancias por las cuales se impuso tal medida, es que ésta subsistía, pero no se pronunció en el sentido que refiere el impetrante de amparo de que ya no estuviera en condiciones de solicitar su revisión, como en forma inexacta se expone en este juicio; de ahí lo infundado de ese argumento. Ahora, son esencialmente fundados los restantes conceptos de violación expuestos por los quejosos, suplidos en su deficiencia en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, y suficientes para conceder la protección constitucional solicitada, por los motivos que se expondrán a continuación. Como se dijo, en esencia tales conceptos de violación están encaminados a evidenciar que la autoridad responsable no atendió en forma puntual a lo solicitado por los quejosos, en el sentido de que a su consideración, debía cesar la prisión preventiva que les fue impuesta el nueve de enero de dos mil veintiuno, por haber transcurrido, a la fecha de la celebración de la audiencia de revisión de la medida cautelar -uno de marzo de dos mil veintitrés-, el plazo de dos años que prevén los artículos 20, apartado B, fracción IX, segundo párrafo, constitucional y 165, párrafo segundo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, sin que se justifique su prolongación. Al respecto, se tiene que los artículos 14 y 16 constitucionales, establecen los principios de legalidad y seguridad jurídica, conforme a los cuales toda autoridad debe ajustar su actuación a las leyes que la rigen, y a su vez debe garantizar a toda persona certidumbre jurídica de que su actuar se encuentra limitado, de manera que la posible afectación a la esfera jurídica de dicha persona, no resulte caprichosa o arbitraria; de allí que, se imponga a las autoridades la obligación de fundar y motivar los actos que emitan; es decir, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado. De igual forma, toda resolución debe cumplir con el principio de congruencia, que consiste en desarrollar su estructura de manera lógica, debiendo existir correspondencia entre el estudio realizado y lo determinado; asimismo, tal estudio debe ser exhaustivo, lo cual impone a las autoridades la obligación de analizar en su integridad el problema y decidir sobre los puntos que verse éste. En cumplimiento a tales principios, en el caso, resultaba necesario que el tribunal responsable, al emitir la resolución reclamada se pronunciara en forma frontal a lo solicitado por los aquí quejosos, en los términos que le fue planteada la solicitud de revisión de la medida cautelar, lo cual debió analizar en forma congruente y completa; sin embargo, esto no ocurrió así, por los motivos que se explican. De las constancias de la carpeta de juicio oral JOC/002/2023 que en copia certificada fueron remitidas por el tribunal responsable, así como del disco versátil digital que contiene el audio y video de las audiencias llevadas a cabo en dicha carpeta, se advierte lo siguiente: El diecinueve de enero de dos mil veintitrés, el tribunal de enjuiciamiento tuvo por recibido el auto de apertura a juicio oral de quince de noviembre de dos mil veintidós dictado en la carpeta penal JCC/016/2021, la cual se radicó para dar trámite en cumplimiento al artículo 349 del Código Nacional de Procedimientos Penales; asimismo, se señalaron las doce horas del quince de febrero de dos mil veintitrés, para el verificativo de la audiencia de juicio oral, en contra de Gastón Sánchez Osorio, Roberto Carlos Clara Cortés y otras personas más, por el delito de extorsión agravada, cometido en agravio de la víctima J.M.M., así como en contra de Roberto Carlos Clara Cortés y otra persona más, por el delito de resistencia de particulares y desobediencia, en agravio de la sociedad, se dejó a disposición del tribunal de enjuiciamiento a los acusados, bajo la medida de prisión preventiva justificada, impuesta el nueve de enero de dos mil veintiuno y se acordó lo relativo a los medios de prueba. El quince de febrero de dos mil veintitrés, tuvo verificativo la audiencia de juicio oral señalada, en la que se determinó que por virtud del recurso de apelación que se encontraba en trámite, interpuesto por la fiscalía y la asesoría jurídica contra la exclusión de diversos medios de prueba, se aplazaba el inicio de la audiencia de juicio, pero que los acusados estaban a disposición del tribunal de enjuiciamiento bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada, impuesta el nueve de enero de dos mil veintiuno, toda vez que ya estaba radicado el auto de apertura a juicio oral -radicación que se realizó el diecinueve de enero de dos mil veintitrés-. El uno de marzo de dos mil veintitrés, tuvo verificativo la audiencia de revisión de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, solicitada por el aquí quejoso Roberto Carlos Clara Cortés, así como por Mario Alberto Tamayo García, defensor particular de Gastón Sánchez Osorio -aquí quejoso-, petición a la que se adhirieron los diversos coacusados. En esa audiencia, el defensor particular de Roberto Carlos Clara Cortés, solicitó el cese de la prisión preventiva justificada impuesta a su defendido el diez (sic) de enero de dos mil veintiuno, por considerar que ya había excedido el plazo de dos años, conforme a lo previsto en los artículos 20, apartado B, fracción IX, segundo párrafo, constitucional y 165, párrafo segundo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, sin que se actualizara el supuesto de excepción para su prolongación, porque si bien estaba pendiente de resolver un recurso de apelación interpuesto por la fiscalía y la asesora legal desde noviembre de dos mil veintidós, adujo que en esa dilación había incurrido el juez de la causa al no dar trámite a dicho medio ordinario de defensa de manera inmediata. Además, precisó que en términos de la jurisprudencia con número de registro 20246008, la autoridad jurisdiccional debía tomar en consideración para resolver sobre la revisión de la medida cautelar: a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del solicitante y, c) la conducta de las autoridades; y, en ese sentido, no se estaba ante un asunto en el que se justificara la prolongación de la medida cautelar de prisión preventiva justificada por la complejidad del asunto, que no estaba pendiente ningún medio tendiente a la defensa del solicitante, pues no había una sola diligencia que se difiriera por causas atribuibles al acusado; y que en cambio, el agente del ministerio público sí realizó actos tendientes a entorpecer el procedimiento, o si bien, no fueron necesariamente con ese propósito, sí prolongaron en el tiempo el mismo, por los motivos que expuso en dicha audiencia, lo cual indicó que no debía ser resentido por su defendido. Por su parte, el defensor particular del aquí quejoso Gastón Sánchez Osorio, en su intervención señaló que la prisión preventiva decretada a su defendido había excedido de los dos años, pues llevaba privado de su libertad dos años y cincuenta días desde que se impuso la medida el diez (sic) de enero de dos mil veintiuno hasta la fecha de celebración de la audiencia de revisión de la medida. Igualmente refirió que, si bien se encontraba pendiente de resolver el recurso de apelación interpuesto por la fiscalía y la asesora legal desde el dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, contra la exclusión de diversos medios de prueba, hasta esa data no habían sido notificados de dicho medio de impugnación; y que, por cuanto a la finalidad por la cual se impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, tendiente a la protección de la víctima y los testigos, en esos dos años transcurridos no se había presentado ninguna incidencia de que tales partes se encontraran en riesgo. Por otro lado, el tribunal responsable dio intervención a los defensores de los demás coacusados, los cuales se adhirieron a las peticiones de los aquí quejosos. En intervención que se otorgó a la fiscalía, señaló que el diez (sic) de enero de dos mil veintiuno, se impuso a los acusados la medida de prisión preventiva justificada considerando que existía riesgo para la víctima y testigos, sin que hubieren variado las condiciones por las que se impuso, a efecto de que se pudiera modificar, que sí hubo dilación en el proceso atribuible a los acusados, porque tenían una defensa distinta y estuvieron cambiando, razón por la cual no se pudo llevar a cabo la audiencia intermedia, así como por incomparecencias de los defensores y los acusados por código rojo, así como por la pandemia por covid 19 se suspendieron labores de las autoridades del ocho de noviembre de dos mil veintiuno hasta el ocho de febrero de dos mil veintidós; que además, los solicitantes se encontraban sujetos a prisión preventiva por diversa causa, por lo que en caso de imponerles otra medida distinta no estarían en condiciones de cumplirla. Asimismo, la asesora jurídica de la víctima realizó diversos argumentos tendientes a evidenciar que la dilación en el proceso se debió a causas imputables a la defensa de los aquí quejosos y por cuanto a que no demostraron que cambiaron las condiciones por las que se impuso la medida de prisión preventiva justificada, así como que están sujetos a la medida de prisión preventiva en causa penal diversa. En contra réplica las respectivas defensas de los aquí quejosos realizaron diversas argumentaciones que consideraron pertinentes, respecto a los plazos observados en el procedimiento y diversas diligencias realizadas; además, la defensa particular del quejoso **********, solicitó se realizara control difuso de convencionalidad y constitucionalidad a efecto de que se inaplicaran los artículos 168, 169 y 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque a su consideración resultaban contrarios a lo establecido en el artículo 20, apartado B, fracción IX, constitucional, de igual forma se hizo referencia a diversas cuestiones derivadas de la sentencia emitida en el caso Tzompaxtle Tecpile y otros vs México. Una vez escuchado el debate, el tribunal responsable emitió la resolución correspondiente, en la cual determinó que no había lugar a acordar de conformidad el cese de la prisión preventiva justificada que les fue impuesta a ********* -aquí quejosos- y demás acusados; por lo que subsistía tal medida, esencialmente por las razones siguientes: Que la medida cautelar había sido impuesta en su momento por el juez de control, por lo que ese tribunal únicamente estaba revisando tal medida, sin que se justificara en términos del artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales que hubieren variado de manera objetiva las circunstancias por las que se impuso, pues se advirtió un riesgo para la víctima y testigos, sin que el tribunal percibiera medio de prueba objetivo por el que se hubieren variado tales circunstancias, es decir, respecto a la necesidad de protección de la víctima o testigos. Que si bien en contra réplica uno de los defensores solicitó la inaplicación de los artículos 168 y 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales (sic), a través de un control difuso para favorecer a los acusados, ello resultaba inexacto, porque se desprotegería en contra de la víctima los derechos contemplados en el artículo 20, apartado C, constitucional, que es un derecho que también debía ponderar al igual que los derechos de los acusados. Que por cuanto a los tres puntos señalados por uno de los defensores, con relación a la jurisprudencia con registro 20246008, relativos a la complejidad del asunto, a la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades que participen en el juicio, y que por el correr del tiempo debe cambiarse la medida; ese criterio hablaba de la medida cautelar impuesta de carácter oficioso y en el asunto se impuso de manera justificada, por lo que el estudio era distinto al de carácter oficioso. Con relación al caso Tzompaxtle Tecpile y otros vs México, respecto a las reparaciones que menciona la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mientras tanto la legislación se ajuste a la sanción que ha recibido el Estado Mexicano, los juzgadores se obligarán a observar lo que determine el máximo tribunal del país. De lo anterior se advierte que, como lo señalan los quejosos resulta inexacto lo determinado por el tribunal responsable, toda vez que no se pronunció en forma puntual a lo solicitado por éstos, en el sentido de que a su consideración, debía cesar la prisión preventiva que les fue impuesta el nueve de enero de dos mil veintiuno, por haber transcurrido, a la fecha de la celebración de la audiencia de revisión de la medida cautelar -uno de marzo de dos mil veintitrés-, el plazo de dos años que prevén los artículos 20, apartado B, fracción IX, segundo párrafo, constitucional y 165, párrafo segundo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, sin que se justifique su prolongación. Lo anterior, porque de la determinación tomada por el tribunal responsable en la audiencia de revisión de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, se desprende que se indicó que no se advertía que hubieren variado de manera objetiva las circunstancias por las que se impuso ésta y, que no se atendía a los tres puntos establecidos en la jurisprudencia con registro 20246008, respecto a la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades participantes en el juicio, toda vez que tal criterio se refiere a la medida cautelar impuesta de carácter oficioso y en el asunto se impuso de manera justificada. Sin embargo, contrario a lo determinado, el tribunal responsable sí debió emitir un pronunciamiento al respecto, a efecto de justificar la determinación adoptada, pues es factible prolongar la medida cautelar de prisión preventiva, siempre que se justifique dicha circunstancia, por los motivos que se explicarán. Desde luego que, lo anterior no implica que por el hecho de que el tribunal responsable esté obligado a pronunciarse sobre la revisión de la medida cautelar, necesariamente ésta deba cesar y, en su caso, modificarse por una menos gravosa; sino que, para prolongar su duración, el tribunal responsable está constreñido a expresar de manera fundada y motivada las razones de esa determinación. En ese sentido, se tiene que el artículo 20, apartado B, fracción IX, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (.) B. De los derechos de toda persona imputada: (.) IX. (.) La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares. (.)" Por su parte, el numeral 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece: "Artículo 165. Aplicación de la prisión preventiva Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. La prisión preventiva será ordenada conforme a los términos y las condiciones de este Código. La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares." De lo transcrito se observa que la medida cautelar de prisión preventiva no podrá exceder el tiempo de pena máximo que merezca el delito que motivare el proceso penal, y en ningún caso se extenderá por un lapso superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Así, el límite absoluto e inamovible de duración de la prisión preventiva, es el tiempo de pena máxima que merezca el delito del que nace el proceso penal. De ahí que, como se dijo, es factible prolongar la prisión preventiva decretada, pero ello debe realizarse de manera justificada. Lo anterior, atendiendo a que en el amparo en revisión 408/2015, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó las reglas de duración y la interpretación que debía primar en la prolongación de la prisión preventiva conforme a lo dispuesto por el artículo 20, apartado B, fracción IX, de la norma fundamental. En tal precedente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación retomó el contenido general del derecho a la libertad que establecen los tratados internacionales y la Corte Interamericana de Derechos Humanos; de este modo, distinguió que en el sistema interamericano de derechos humanos, la imposición de la prisión preventiva tiene un enfoque sustentado en los fines legítimos que persigue, los principios para dictarla y su duración. Así, por cuanto a lo referente a la legitimidad, se acotó que la existencia de un fin legítimo, constituye el motivo por el cual la prisión preventiva se vuelve "indispensable"; por ende, es la base para dictarla y que justifica que esté presente todo el tiempo que dure la medida cautelar; de forma que, si ese fin desaparece, la medida cautelar tiene que cesar al no tener un fundamento que perseguir o proteger. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que es una obligación para las autoridades justificar los elementos que demuestren que la persona imputada obstaculizará la realización del proceso penal. De igual forma, se enfatizó que las características personales del imputado, su peligrosidad, la gravedad del delito que se le atribuye o su repercusión social, no son motivos suficientes para decretar la prisión preventiva, pues ello equivaldría darle el tratamiento de una pena anticipada; por tal razón, para determinar la necesidad de imponer prisión preventiva o en su caso, su prolongación, se requiere analizar de forma conjunta, de otros factores, como el tipo de delito, la reincidencia y la severidad de la pena. Así, concerniente a los principios que rigen el dictado la prisión preventiva, el máximo tribunal del país distinguió a partir de la doctrina interamericana, que la medida cautelar en análisis tiene el carácter de excepcional al constituir la libertad de los imputados la regla, por lo tanto en su imposición debían observarse, entre otras máximas, las de excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad. Por cuanto a la excepcionalidad, la Corte acotó que su contenido atiende al tratamiento diferencial que debe tener la medida, pues no constituye una sanción punitiva, sino únicamente el tratamiento procesal dirigido a asegurar el proceso penal. En lo relativo a la necesidad, estableció que dicho principio estaba íntimamente ligado con el fin legítimo que persigue la prisión preventiva, pues se sustenta en que la prisión preventiva tiene que ser indispensable o el único medio para conseguir la finalidad que persigue el proceso y que dicha medida cautelar "no puede prolongarse cuando el Estado no pueda justificar su necesidad de la misma"; de esa forma, el principio en cuestión, es relevante para imponer la prisión preventiva, pero también para justificar su prolongación. Por cuanto a la duración, la Primera Sala acotó que la naturaleza excepcional de la prisión preventiva, impone que su vigencia se sostenga en la preeminencia de un fin legítimo, lo que hace que dicha medida cautelar necesariamente esté sujeta a un plazo razonable; es decir, debe estar limitada a una revisión periódica, pues no debe conservar vigencia si han dejado de existir las razones que hayan motivado su imposición, destacando al efecto, que la Corte Interamericana ha considerado que la restricción de la libertad producida por la prisión preventiva no podía durar más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que el acusado no obstaculizará el desarrollo del procedimiento penal. De esta manera, si no existen razones relevantes que la justifiquen, el Estado ha perdido la oportunidad de continuar asegurando el fin del proceso por medio de la privación de la libertad de la persona sujeta al mismo. En ese sentido, también estimó que al resolver el amparo en revisión 205/2014, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, realizó un análisis respecto a la razonabilidad del plazo transcurrido para enjuiciar a una persona que conlleve a que se prolongue o no de manera justificada la prisión preventiva. Ahora bien, en dicho amparo en revisión se estableció que para valorar si es o no razonable el plazo transcurrido en un proceso penal sin que se hubiere dictado la sentencia definitiva, es necesario tomar en cuenta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, atendiendo a la doctrina constitucional del plazo razonable, ha considerado que no siempre es posible para las autoridades judiciales cumplir con los plazos legalmente establecidos y, por tanto, ciertos retrasos justificados pueden ser válidos para resolver de mejor forma el caso; y, por ello, en cada caso en concreto, se debe analizar si hay motivos que justifiquen la dilación o si, por el contrario, se trata de un retraso indebido o arbitrario. Así, dicho tribunal internacional estableció como elementos que deben analizarse para determinar la razonabilidad del plazo del proceso penal: a) La complejidad del asunto; b) La actividad procesal del interesado; y, c) La conducta de las autoridades judiciales. Este criterio fue adoptado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al precisar como elementos a tomar en cuenta, para valorar si es o no razonable el plazo transcurrido en un proceso penal sin que se hubiere dictado la sentencia definitiva, cuando el procesado se encuentra sujeto a prisión preventiva, los cuales son los siguientes: La complejidad del asunto, para lo que se puede ponderar, entre otras muchas cuestiones, la dificultad de obtener pruebas y de su desahogo, la pluralidad de los sujetos procesales o la cantidad de víctimas, el tiempo transcurrido desde la comisión de los hechos, las características del proceso correspondiente establecidas en la legislación y el contexto en el que ocurrieron los hechos; La actividad procesal del interesado; debiéndose analizar la conducta del inculpado en el proceso, en donde impera su derecho de defensa; y, La conducta de las autoridades que participen en el juicio; para lo que se puede tomar en cuenta la destreza procesal del juzgador en la instrucción y substanciación del juicio, así como el accionar de otras autoridades que puedan influir en el proceso. Lo antes determinado en el amparo en revisión 205/2014, dio origen a la tesis 1a. XLI/2017 (10a.), emitida por la citada Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2014014, de la Décima Época, de rubro y texto siguientes: "PRISIÓN PREVENTIVA. ELEMENTOS QUE DEBE VALORAR EL JUZGADOR PARA DETERMINAR SI HA TRANSCURRIDO UN PLAZO RAZONABLE EN EL PROCESO PENAL SIN EL DICTADO DE UNA SENTENCIA DEFINITIVA QUE JUSTIFIQUE LA PROLONGACIÓN DE DICHA MEDIDA CAUTELAR. Con fundamento en los artículos 16, 18, 19 y 20, apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, XXV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, así como 7 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en atención a diversos precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para valorar si es o no razonable el plazo transcurrido en un proceso penal sin que se hubiere dictado la sentencia definitiva para efectos de justificar o no la prolongación de la prisión preventiva, deben tomarse en cuenta los siguientes elementos: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; y, c) la conducta de las autoridades que participen en el juicio. En relación con la complejidad del asunto deberán analizarse, entre otras cuestiones, la dificultad de las pruebas y de su desahogo; la pluralidad de los sujetos procesales o la cantidad de víctimas; el tiempo transcurrido desde la violación; las características del recurso correspondiente establecidas en la legislación y el contexto en el que ocurrieron los hechos. De la actividad procesal del interesado y la actuación de las autoridades, tendrá que estudiarse la conducta del inculpado en el proceso, en donde imperan su derecho de defensa, así como la diligencia procesal del juzgador en la instrucción del juicio y de los diferentes recursos (valorando la complejidad del caso y la actividad investigativa) y el accionar de otras autoridades que puedan influir en el proceso. En ese sentido, no podrá justificarse la prolongación de la prisión preventiva por la utilización de los recursos procesales previstos normativamente por el inculpado; sin embargo, sí podrá permitirse la continuación de tal medida cautelar si el imputado ha obstaculizado, deliberadamente, el transcurso del juicio." Criterio que se reitera respecto a los citados elementos que deben tomarse en cuenta, para valorar si es o no razonable el plazo transcurrido en un proceso penal, en la jurisprudencia 1a./J. 32/2022 (11a.), con registro digital 2024608, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Undécima Época, de rubro y texto siguientes: "PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. PROCEDE REVISAR SU DURACIÓN EN EL PLAZO DE DOS AÑOS, A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 20, APARTADO B, FRACCIÓN IX, CONSTITUCIONAL Y, EN SU CASO, DETERMINAR SI CESA O SE PROLONGA SU APLICACIÓN. Hechos: Una persona fue vinculada a proceso por el delito de privación de la libertad para cometer el delito de robo; consecuentemente, se le impuso como medida cautelar prisión preventiva oficiosa. Durante el desarrollo del procedimiento, la defensa solicitó audiencia para debatir el cese y sustitución de la medida cautelar, al haber transcurrido más de dos años sin que le fuera dictada sentencia; la Jueza de Control determinó negar la petición, lo que fue confirmado en apelación. En contra de la anterior determinación, la defensa promovió juicio de amparo indirecto, el cual se negó por el Tribunal Unitario de Amparo bajo el argumento de que no puede analizarse el párrafo segundo, de la fracción IX, apartado B, del artículo 20 de la Constitución General sin considerar lo que a su vez establece el diverso 19 del mismo ordenamiento, respecto a tal medida excepcional y la justificación de la prisión preventiva oficiosa, cuya imposición obedece a diversos factores tales como el tipo de delito cometido y los medios comisivos. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que de la exposición de motivos que permite conocer el origen causal de la creación de la prisión preventiva oficiosa, prevista en el artículo 19 constitucional, así como de la interpretación que esta Primera Sala ha fijado respecto al artículo 20, apartado B, fracción IX, constitucional, no se advierte impedimento constitucional o legal alguno para que la prisión preventiva, impuesta oficiosamente por un Juez de Control en el sistema penal acusatorio, pueda ser revisada en el plazo de dos años posterior a su aplicación, para el efecto de que dicha autoridad determine su cese o prolongación. Justificación: Bajo el entendimiento de que la prisión preventiva oficiosa es una restricción constitucional a la libertad personal, que bajo la normatividad internacional debe ser una medida excepcional para su imposición, se puede afirmar que ni el legislador de la Constitución ni el legislador ordinario propiciaron distinción alguna de aquella figura en cuanto a la posibilidad de su revisión, cese o prolongación, a los dos años de su imposición. Por tanto, en caso de que el plazo de duración de la prisión preventiva oficiosa deba prolongarse, esta decisión de la autoridad jurisdiccional deberá estar sujeta a un escrutinio elevado en justificación, que evitará que esta medida cautelar se extienda innecesariamente. De conformidad con los estándares internacionales y los precedentes emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para realizar este escrutinio, las autoridades respectivas tomarán en cuenta tres elementos: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; y, c) la conducta de las autoridades. En el entendido de que corresponde al Fiscal la carga de probar ante la autoridad judicial que, en el caso concreto, se actualizan dichos elementos, esto es, que el asunto es complejo, que la actividad procesal del interesado es la detonante de la dilación para la culminación del proceso y que la conducta de las autoridades ha sido diligente en la conducción del proceso. Y, en su caso, el Ministerio Público deberá acreditar la necesidad de que continúe la medida cautelar. La consecuencia de no demostrar debidamente lo anterior, será el cese de la prisión preventiva oficiosa y dará lugar, entonces, a que se debata en la audiencia respectiva la imposición de otra u otras de las medidas cautelares que prevé el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, todo ello conforme a lo establecido en el artículo 161 y demás aplicables de dicho código procesal. La prisión preventiva (en cualquier modalidad) es profundamente restrictiva del derecho a la libertad personal de los imputados en el proceso penal acusatorio y, por tanto, debe ser revisable." En ese sentido se tiene que, el criterio antes transcrito fue invocado por la defensa del aquí quejoso Roberto Carlos Clara Cortés, a efecto de que el tribunal responsable al resolver sobre la solicitud de cese de la medida cautelar de prisión preventiva, analizara la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades judiciales, respecto de lo cual la autoridad responsable señaló que ese criterio hablaba de la medida cautelar impuesta de carácter oficioso y en el asunto se impuso de manera justificada, por lo que no abordó su análisis. Sin embargo, como ya se analizó, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, adoptó tales supuestos con base en lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, atendiendo a la doctrina constitucional del plazo razonable y no a la gravedad del delito. Lo anterior, pues en el amparo en revisión 205/2014, si bien analizó lo previsto en la fracción I del apartado A del artículo 20 constitucional, anterior a la reforma del dieciocho de junio de dos mil ocho (que estableció el sistema acusatorio adversarial que actualmente rige en materia penal en México), en lo relativo a la solicitud de libertad bajo caución, la cual procedía inmediatamente después que lo requiriera el inculpado, siempre y cuando la legislación secundaria concediera tal prerrogativa en atención a la gravedad del delito, también es cierto que estimó que dicho supuesto resultaba diferenciado del previsto por los artículos 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que también tienen un estatus constitucional al fijar el alcance de los derechos humanos a la libertad personal y la presunción de inocencia, pues regulan el supuesto de la razonabilidad del plazo transcurrido para juzgar a una persona para determinar si puede continuar o no con la prisión preventiva. De ahí que, dicha Primera Sala del máximo tribunal, estimó conveniente adoptar el estándar de análisis del artículo 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, realizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con un agregado que tiene como finalidad acatar lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Federal. Por lo que en ese sentido señaló lo siguiente: "91. Aunque es cierto que el ámbito de aplicación de ambas normas se podría traslapar, pues la irracionabilidad de la prisión preventiva se dará en alguna etapa del proceso penal, esta Primera Sala opta por darle mayor alcance a los derechos de libertad personal y presunción de inocencia en atención al principio pro persona, debido a que el artículo 20, Apartado A, fracción I, constitucional no restringe de manera expresa el ejercicio de esos derechos humanos, pues habla de la libertad bajo caución en términos generalizados y jamás se refiere en específico al supuesto de prolongación de prisión preventiva por razonabilidad del plazo del juicio, lo que sí ocurre en las citadas normas de tratados internacionales. Lo recién argumentado no significa que la naturaleza del delito, en cuanto a su relación con el posible riesgo de fuga, vaya a ser un factor ajeno al juzgador al momento de tomar la decisión sobre la libertad del inculpado, sino que este factor se deberá de valorar junto con otros elementos para concluir si se ha excedido o no un plazo razonable para juzgar a una persona privada de su libertad y, por ende, si se puede extender o no la ejecución de la prisión preventiva. Esta diferenciación interpretativa, se recalca, es consecuencia de la distinción conceptual y normativa entre la justificación inicial de la prisión preventiva, en la que el juez no tiene mayores elementos más que los aportados por el Ministerio Público, y la justificación de la prolongación de la prisión preventiva por la actualización de un plazo razonable en el juicio, momento en el que el juzgador cuenta con otros elementos que le permiten valorar si es necesario o no continuar con dicha medida cautelar." Por tanto, contrario a lo afirmado por el tribunal responsable, sí debió emitir pronunciamiento de la solicitud de revisión de la medida cautelar de prisión preventiva, en los términos solicitados por los aquí quejosos (respecto a que se había excedido el tiempo de duración de tal medida cautelar); y, de considerarlo así, analizar las circunstancias antes señaladas -a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado y c) la conducta de las autoridades judiciales-, a efecto de justificar en su caso, si es factible prolongar dicha medida cautelar de prisión preventiva. En el entendido, que como se dijo, ese análisis no implica que necesariamente deba cesar dicha medida cautelar y, en su caso, modificarla por una menos gravosa; sino que, de estimar que se ha excedido el tiempo de duración de la medida cautelar de prisión preventiva impuesta a los aquí quejosos, para prolongar su duración, el tribunal responsable está constreñido a justificar esa determinación, con base en lo que al efecto expusieron y acreditaron las partes en el audiencia. De ahí que, deberá abordar dicho estudio con la precisión de que en el presente juicio no se le está dando lineamiento alguno en el sentido en el cual deba resolver, sino que la concesión de amparo es para el efecto de que emita el pronunciamiento respecto del análisis de la solicitud en los términos en que le fue planteada (respecto a que se había excedido el tiempo de duración de la medida cautelar de prisión preventiva). En el entendido que, sólo en caso que del análisis realizado llegare a estimar que se ha excedido el tiempo de duración de la medida cautelar impuesta a los quejosos y que no es factible su prolongación, en dicha audiencia se debata sobre la imposición de otra u otras medidas cautelares diversas, que prevé el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, conforme a lo establecido en el numeral 161 y demás aplicables del citado ordenamiento legal. Por otro lado, respecto a las manifestaciones realizadas por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, en vía de alegatos; tales planteamientos no forman parte de la litis, por lo que es innecesario su análisis. En consecuencia, ante lo fundado de los conceptos de violación, aunque suplidos en su deficiencia de la queja, se concede el amparo solicitado, para los efectos precisados en el siguiente considerando. Concesión de amparo que se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos al [2] Titular de la Dirección del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos", al no haberse reclamado por vicios propios, sino como una consecuencia de la resolución reclamada al tribunal responsable. VII. Efectos de la concesión de amparo. Para restituir a los quejosos en el uso y goce del derecho vulnerado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, la concesión consiste en que, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, las autoridades responsables realicen lo siguiente: El [1] Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Único del Estado de Morelos, con sede en Cuautla, realice lo siguiente: Deje insubsistente la resolución de uno de marzo de dos mil veintitrés, dictada en la carpeta de juicio oral JOC/002/2023, relativa a la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, únicamente respecto de los aquí quejosos Gastón Sánchez Osorio y Roberto Carlos Clara Cortés; por tanto, deberá reiterar todo aquello que no fue materia de la presente concesión de amparo y respecto de los demás coacusados. Reponga el procedimiento, a fin de que señale fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia para resolver sobre las solicitudes de revisión de medida cautelar de prisión preventiva justificada de los quejosos Gastón Sánchez Osorio y Roberto Carlos Clara Cortés, en la que deberá retomar el dictado de la resolución relativa a la revisión de dicha medida cautelar, únicamente por cuanto a los aquí quejosos, en la que con libertad de atribuciones resuelva las solicitudes en los términos que le fueron planteadas; es decir, deberá abordar el estudio en lo relativo a que se ha excedido el tiempo de duración de la medida cautelar de prisión preventiva, conforme a los lineamientos establecidos en la presente sentencia, para lo cual deberá analizar a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado y c) la conducta de las autoridades judiciales, a efecto de justificar en su caso, la prolongación de tal medida. Con la precisión de que en el presente juicio no se le está dando lineamiento alguno en el sentido en el cual deba resolver, sino que la concesión de amparo es para el efecto de que emita el pronunciamiento respecto del análisis de las solicitudes en los términos en que le fueron planteadas (respecto a que se ha excedido el tiempo de duración de la medida cautelar de prisión preventiva). En el entendido que, sólo en caso que del análisis realizado llegare a determinar que se ha excedido el tiempo de duración de la medida cautelar impuesta a los aquí quejosos y que no es factible prolongar ésta, en dicha audiencia se debata sobre la imposición de otra u otras medidas cautelares diversas, que prevé el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, conforme a lo establecido en el numeral 161 y demás aplicables del citado ordenamiento legal. El [2] Titular de la Dirección del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos": Dentro del ámbito de sus atribuciones, realice todos aquellos actos tendientes al cumplimiento de la presente sentencia. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74 a 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Único. Se CONCEDE EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a ********, así como a ************, contra los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas, por las razones analizadas en el penúltimo considerando y para los efectos precisados en la última parte de esta sentencia. Notifíquese personalmente, y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resuelve y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Erika de la Cruz Uribe, quien autoriza y da fe, el veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado.

  4. Principal

    ACTA DE CELEBRACIÓN DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL

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